El Tribunal Oral en lo Criminal Federal sobreseyó al ex ministro de Economía en la causa que fue promovida por el fiscal Guillermo Marijuan y gestionada por el juez Claudio Bonadio, en la que se lo acusaba de falsificar los formularios 04 y 08 de transferencia de un automóvil importado. Además de absolver al ex funcionario, el Tribunal dictaminó la prescripción del caso y levantó el embargo que pesaba sobe sus bienes. A Boudou se lo acusaba de haber falsificado los papeles de transferencia de propiedad de un Honda CRX del año 1992. “Ni yo ni Agustina Seguín (su ex pareja) insertamos ni hicimos insertar ningún dato falso”, había asegurado el ex vicepresidente esta mañana ante el tribunal, lo mismo que había dicho cuando comenzó el juicio a principios de mayo pasado. De hecho, el gestor que estuvo a cargo de la transferencia, Andrés Soto, admitió que fue él quien llenó los formularios. Las firmas, los sellos, la verificación vehicular y la declaración de un domicilio inexistente, todo presentado en 2001 ante el Registro del Automotor, estuvieron en sus manos. La acusación, no obstante, le atribuía la responsabilidad a Boudou por ser el titular del automóvil. Según el dictamen de Marijuan, tanto él como Seguín habrían actuado «coordinadamente» para transferir de manera irregular el vehículo”. “Nada quise ocultar, nada quise esconder. Lo que busqué fue que la situación registral del automotor fuera la misma de la tenencia”, y en eso “no hubo riesgo ni perjuicio real a terceros”, agregó el ex funcionario frente a los jueces, antes de pedir su sobreseimiento. El proceso judicial iniciado hace ocho años atrás por Bonadio, en una de las tantas causas mediáticas contra dirigentes vinculados al kirchnerismo, no era el único que enfrenta el ex vicepresidente. El caso más relevante es el de la ex imprenta Ciccone, expropiada en agosto de 2012. Se lo acusa por supuestas negociaciones incompatibles con la función que ocupaba por entonces. Fuente: Pagina/12

Pasados tres meses desde la sanción de la ley que garantiza el servicio gratuito, el Gobierno no la implementa. Usuarios que requieren el servicio eléctrico de manera permanente por razones de salud continúan recibiendo facturas de hasta siete mil pesos e intimaciones de corte por la demora del Ejecutivo en reglamentar la norma que los ampara. El Gobierno acumula más de tres meses dilatando la reglamentación de la ley de gratuidad de la tarifa eléctrica para usuarios electrodependientes por cuestiones de salud. Mientras, los hogares con esa problemática continúan enfrentando abultadas facturas, de hasta 7000 pesos, y avisos de corte de las distribuidoras por reclamo de deudas impagas. El 26 de abril el Congreso convirtió en ley el proyecto que establece la prestación del servicio sin cargo, garantiza su provisión permanente y con niveles de tensión adecuados a personas que lo requieran por motivos de salud. “Nada cambió en relación a la situación del año pasado, cuando todavía no contábamos con una legislación que nos ampare. La ley no se reglamentó y quedamos a merced de la decisión de las distribuidoras”, se quejó ante PáginaI12 Mauro Stefanizzi, miembro de la Asociación Argentina de Electrodependientes y papá de Joaquín, quien requiere de este servicio de manera permanente. Ante la consulta de este diario, el Ministerio de Energía reconoció la demora en la implementación de la norma y atribuyó el atraso en la distribución de los generadores a la necesidad de resolver cuestiones medioambientales. La ley garantiza la provisión de grupos electrógenos sin cargo para cubrir los eventuales cortes de luz, establece que es el Ministerio de Salud y no las prestadoras quien decide qué hogar encuadra en el beneficio, contempla la realización de campañas de concientización y la apertura de una línea telefónica gratuita para casos de emergencia. Sin embargo, hasta la fecha nada de eso se está cumpliendo. “Entendemos que se tienen que establecer reglas para ver qué área del Ministerio de Salud debe llevar a cabo el registro de electrodependientes, para que se pueden entregar los generadores y el combustible. Esto queda a cargo del Ejecutivo”, señaló Stefanizzi. “Lo que queda claro es que no le interesa esta ley”, agregó. La norma quedó promulgada per se tras pasar los diez días hábiles desde su aprobación sin veto presidencial. El Congreso le giró al Ejecutivo el texto convertido en ley el 4 de mayo, por lo que comenzó a regir el 18 de ese mes. Pero en medio de ese período, el 11 de mayo, el Ministerio de Energía decidió imponer un techo al consumo de esas familias que, por cuestiones de salud, requieren de ese servicio. La cartera que conduce Juan José Aranguren ratificó un consumo máximo gratuito de 600 kilovatios por hora, por encima del cual estos usuarios comenzarán a pagar por un supuesto uso excedente eléctrico, un valor que asciende a entre 300 y 600 pesos por megavatio/hora. Los topes máximos y las tarifas por consumo excesivos contradicen lo dispuesto en la ley que sancionó el Congreso para electrodependientes. Esta resolución se contradice con el artículo 3 de la ley aprobada, que establece la gratuidad de la “totalidad de la facturación del servicio público de provisión de energía eléctrica”. No obstante, a través de la normativa firmada por el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, se corrigió una resolución anterior, la número 256 del pasado 2 de mayo, y se estableció la bonificación limitada y los cargos extras, con los precios más altos. “A mí me vino ahora una factura de mil pesos y la anterior había sido de unos 6000. Cuando vamos a las distribuidoras, argumentan que la ley no está reglamentada”, explicó el padre de Joaquín. Esto lleva a que sean las compañías las que están identificando los equipos de los hogares electrodependientes y auditan con sus médicos la documentación y, eventualmente, envían un profesional al hogar. En muchos casos niegan el beneficio. Un caso que se denunció ante la Asociación fue la negativa para un hogar en el que había una persona conectada las 24 horas a una bomba de alimentación por una grave enfermedad en el sistema digestivo, y que para la distribuidora no era electrodependiente. Desde la entidad se inició una campaña de identificación de equipos y de domicilios para alertar a las cuadrillas que intenten realizar un corte en el suministro por acumulación de deuda que se trata de una familia electrodependiente. Las distribuidoras continúan intimando a varios hogares con cortes. “Empezamos a pegar unos calcos en las casas y edificios”, explicó Stefanizzi. Hace un mes el Ministerio de Energía, como medida paliativa, instó a las distribuidoras a que otorguen la gratuidad del suministro. La instrumentación estaba a cargo del ENRE, que recién la semana pasada comenzó con la implementación de la gratuidad de la tarifa, que se aplicará de manera retroactivo a mayo para las distribuidoras Edenor y Edesur, donde tiene jurisdicción el organismo. El resto de las provincias debe acogerse a la norma, pero para ello debe estar reglamentada y en vigencia. De todos modos, aún queda pendiente la creación de un registro y la distribución de los generadores, algo tan importante como la tarifa cero, pero que depende de que el Ejecutivo tenga la voluntad política de reglamentar la ley. El 29 de mayo la Asociación elevó una carta a la Casa Rosada para pedir una audiencia con el presidente Mauricio Macri, a fin de insistir con el reclamo de reglamentación de la medida. Sin embargo, la entidad no fue recibida. La semana pasada hizo lo mismo con las autoridades del Ministerio de Salud, de quienes tampoco obtuvo respuesta. Fuente: Pagina/12

El portal busca promover «la construcción de conocimientos mediados por las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) para lograr la inclusión de las personas con discapacidad y cambiar la manera de ser, pensar y actuar de la comunidad». Un nuevo portal educativo sobre discapacidad y tecnología inclusiva, llamado Desarrollar Inclusión, se abrió a la comunidad con el objetivo de concientizar contra la discriminación y por la integración del sector, informaron hoy fuentes especializadas. Especialistas en tecnología y educación y ONG vinculadas con diferentes tipos de discapacidad, como la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (Faica), de Sordos (Fundasor), ALPI y Cascos Verdes, integran este sitio dirigido por Cilsa -una entidad especializada en el tema- que se garantiza el acceso, la comunicación y la participación de todos los usuarios. Bajo la denominación Desarrollar Inclusión, la iniciativa cuenta con secciones temáticas como tecnología inclusiva, donde hay una selección de conceptos claves sobre tecnología y accesibilidad; Di Capacidad, que expone definiciones y enfoques sobre la discapacidad; Ideas Inspiradoras, donde se acercan necesidades con soluciones posibles y una de Novedades, para dar a conocer información relevante.

El caso de la chica que cursaba el cuarto año en el Colegio Nacional de La Plata no es el único. Según Unicef, unos 3.533 niños, niñas y adolescentes entre 10 y 19 años tuvieron muertes evitables: accidentes, suicidios o agresiones en 2015, año en el que se hizo el relevamiento. Las causas. La tasa de suicidios entre los adolescentes argentinos creció más del doble en las últimas dos décadas, según un informe realizado por Unicef que alertó de la situación de vulnerabilidad que vive ese sector de la población. En las últimas horas, el país se conmovió por el caso de una chica que cursaba el cuarto año en el Colegio Nacional de La Plata que se disparó en la cabeza tras anunciarlo en una red social. «La tasa de mortalidad de adolescentes por suicidios pasó de 2,5 durante el trienio 1990-1992 a 6,9 durante el trienio 2013/2015 cada 100.000 habitantes», resaltó el documento «Para cada adolescente, una oportunidad. Posicionamiento sobre adolescencia en el país», presentado a mediados de julio a la prensa. Al respecto, Unicef Argentina mencionó que en 2015 «se registraron 438 casos» de suicidios y que el 75 por ciento fueron varones. Ese mismo año, unos 3.533 niños, niñas y adolescentes entre 10 y 19 años —diez por día— murieron por causas evitables: accidentes, suicidios o agresiones. El incremento de las conductas de riesgo, los suicidios y la violencia «apuntan a problemas complejos que afectan a la salud y el bienestar de los adolescentes y que es preciso abordar desde una perspectiva intersectorial», indicó la organización internacional. Según el estudio, las expresiones más graves de violencia ocurren en privado y en los propios hogares, lo que vuelve difícil su detección. En ese sentido, resalta que uno de cada tres adolescentes entre los 12 y 14 años y uno de cada cuatro entre los 15 y 17 años sufre castigos físicos por parte de sus padres. A esta situación se agrega que una de cada 10 víctimas de trata para explotación sexual o laboral es menor de 18 años. «Lo que vemos es que muchos indicadores se complican en la adolescencia», dijo Florence Bauer, representante de Unicef Argentina, en la presentación del documento. «Quiero hacer un directo, pero no sé por dónde transmitirlo, ustedes díganme así ya voy arreglando bien todo para el jueves (por ayer)», expresó y puntualizó: «Si no se lo quieren perder, van a tener que estar atentos a las 7.50 de la mañana», habría anunciado la menor platense en Voxed. La publicación estaba acompañada de una imagen del disco «Dawn of the Black Hearts» de la banda noruega «Mayhem», de black metal, cuya tapa es famosa por tener la fotografía del cadáver del vocalista Dead (Per Yngve Ohlin), tras su suicidio en abril de 1991. En la madrugada de este viernes, la chica seguía internada en grave estado.