El Gobernador Sergio Uñac participó de la firma de convenio con el BICE que permite a las empresas sanjuaninas que financien sus proyectos por este organismo, sumar 4 y 6 puntos el subsidio de tasa a las bonificaciones que otorga la provincia. El monto a otorgar es de 150 millones de pesos. Las empresas sanjuaninas que tomen sus proyectos de inversión productiva por medio del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) podrán beneficiarse, sumado a las bonificaciones que ya ofrece la provincia. Se trata de una modificación que permitirá ampliar la ventaja a quienes soliciten créditos frente a esa entidad bancaria. Los créditos recibirán una tasa bonificada por parte del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de San Juan de hasta seis (6) puntos porcentuales, con un periodo de gracia de hasta dos años y por un plazo máximo para su devolución de cinco años. Esta bonificación se podrá incrementar hasta doce (12) puntos porcentuales anuales, en función del destino de los fondos. A ese beneficio se le podrá adicionar otras bonificaciones otorgadas por dependencias del Estado Nacional que van de los cuatro (4) a seis (6) puntos porcentuales anuales. Las medidas alcanzan a las empresas de todos los segmentos que realicen su actividad en los sectores industrial, agroindustrial, agrícola y de servicios vinculados a la industria. La entidad financiera será la encargada de otorgar los fondos por un monto total de 150 millones de pesos. El ministro de la Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano, consideró que la adenda que se firmó mejorará la situación del sector productivo local, puesto que la tasa subsidiada en este caso para un empresario puede llegar a 18 puntos. A esto se suma la entrega a dos empresas del medio, Gonzalo Valverde y Agrícola Rawson, de certificados donde la provincia ha subsidiado la tasa de estos préstamos. Se ha ofrecido a los directivos del Banco contar con un espacio físico para asesor más cómodamente a los empresarios sanjuaninos sobre la línea de estos créditos. Para agradecer la relación entre la entidad y el gobierno provincial, habló el vicepresidente del BICE, Carlos Pirovano, quien destacó el trabajo en conjunto que se realiza. Sería más fácil que tanto Nación como Provincia buscarán sus tasas subsidiadas en beneficio propio, pero no es lo que ocurre en este caso. Se comparte un trabajo donde los protagonistas son las PyMEs, el empresariado que toma riesgo, da empleo y genera progreso para la zona. En tanto el primer mandatario mencionó que es gratificante poder alcanzar este acuerdo que significa esfuerzo de las partes. La provincia tiene clara la posición de promocionar la inversión con tasas que no superen los dos dígitos, donde en algunos casos estuvo por encima del 20 por ciento casi llegando al 30. El papel del estado es mantener reglas de juego claras, manteniendo la seguridad jurídica para darle apoyo a quienes deseen invertir en San Juan. Así, el sector privado puede crecer y crear fuente de empleo genuino. Uñac agradeció a los empresarios de la provincia nucleados en las diferentes cámaras y federaciones que colaboran con el gobierno provincial cuando se trata de generar mayores posibilidades de trabajo para los sanjuaninos. «Estos convenios nos permiten subsidiar la tasa y hacer que los préstamos sean competitivos parar crear inversión. Este gobierno está abierto al diálogo y a las propuestas que nos permitan seguir creciendo a todos los sanjuaninos», cerró el gobernador. Con este convenio se busca impulsar las inversiones productivas que generen empleo y permitan el desarrollo de los sectores económicos estratégicos de San Juan.

Los siete principales funcionarios del área declaran un patrimonio total de $ 364 millones; el 51% de esos bienes son inversiones o depósitos en cuentas en el exterior. Los $ 18 millones que le aparecieron, el año pasado, en las Bahamas por el cambio de domicilio legal del Merrill Lynch le dieron semejante dolor de cabeza a Mauricio Macri que anunció que los repatriaría. Pero no todos sus subalternos siguieron su ejemplo. El ala económica del Gobierno, representada por sus principales siete funcionarios de la materia, suma un patrimonio en conjunto de $ 364.059.569, según sus declaraciones juradas 2016, publicadas en la Oficina Anticorrupción (OA). Y del total de los bienes que informaron los ministros Nicolás Dujovne (Economía), Juan José Aranguren (Energía), Ricardo Buryaile (Agricultura) y Francisco Cabrera (Producción); los viceministros de Gabinete Gustavo Lopetegui y Mario Quintana; y Federico Sturzenegger (presidente del Banco Central); unos $ 187.178.676, es decir un 51%, figuran en el exterior, ya sea en forma de bonos o acciones o en cajas de ahorro. Aranguren, que sufrió acusaciones el año pasado por mantener durante unos meses las acciones de la petrolera Shell cuando había sido su CEO local, tienen el 83% de su fortuna de $ 104,7 (un 20% de suba con respecto a 2015) en dos cajas de ahorro en el exterior: una en euros (en Holanda) con $ 27,6 millones y otra en los Estados Unidos con $ 60,3 millones. Dujovne empató con su antecesor Alfonso Prat-Gay, que el año pasado también figuraba segundo en el ranking con mayor patrimonio exteriorizado: el nuevo ministro posee el 82% de su patrimonio lejos del país, apenas un punto por debajo de Aranguren. En su primera y única declaración ante la OA, declaró fuera $ 79,6 millones (en dos depósitos, acciones en la desconocida Florentine Global y en un lote en Uruguay). En total, informó $ 96,9 millones. Con el 45% de su fortuna detrás de las fronteras, Sturzenegger vuelve a ocupar el tercer puesto. El presidente del Central informó que $ 13,1 millones de sus $ 29,1 totales (un 60% de aumento con respecto a 2015) están en el exterior. Declaró dos cuentas en los Estados Unidos (con $ 6,2 y $ 1,09 millones), Bonos 2017 y acciones en Pan American Energy. Casi el 10% de los activos de Quintana no están el país: unos $ 6,3 de su fortuna de $ 64,9 millones, patrimonio que sólo aumentó un 5% con respecto al año anterior. El ex Farmacity se desprendió de los papeles del Grupo Clarín, Pampa Energía, Tenaris y Siderar; y apostó por Value Foods. En cambio, sí mantuvo sus inversiones afuera en JIC Investments (que pasó de valer $ 4,5 a $ 6,1 millones) y en el Grupo Pegasus de Colombia. Si bien hay ahorros en dólares, no hay fondos exteriorizados en los $ 41.2 millones de Lopetegui (suba del 63% con respecto a 2015), los $ 16.7 millones de Cabrera (aumento del 83%); ni en los $4,3 declarados por Buryaile (arriba un 77%).

El Premio Nobel de la Paz advirtió que la líder de la Tupac Amaru “es una presa política que está condenada antes de ser juzgada”. Luego de que el gobernador Gerardo Morales adelantara que acatará el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó la excarcelación de Milagro Sala, el Premio Nobel de la Paz Aldolfo Pérez Esquivel criticó que la prisión domiciliaria “no resuelve el problema de fondo” porque la líder de la Tupac Amaru “está condenada antes de ser juzgada y es una presa política”. Advirtió también que en Jujuy “está en riesgo la continuidad de la democracia”. “Ahora hay una alternativa para que salga de la cárcel y pase a detención domiciliaria, pero eso no resuelve el problema central porque Milagro Sala es una presa política que está condenada antes de ser juzgada”, dijo el Nobel. Y agregó: “Lo hablé con el gobernador Gerardo Morales cuando fui a visitarla al penal y él dice que es un problema judicial. Pero el poder judicial, lamentablemente, está supeditado al poder político”. Pérez Esquivel advirtió que la justicia de esa provincia no “escucha” la recomendación de las Naciones Unidas, que consideró arbitraria la detención de Sala y pidió su liberación en octubre pasado, ni del resto de los organismos internacionales, ni el reclamo popular. “Como gobernador (Morales” tomó este revanchismo contra Milagro”, dijo y advirtió que eso lesiona no solo a la provincia, sino al país y al estado de derecho. El pedido de libertad se produjo luego de que el titular del Ministerio Público de Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, adelantara que recomendará a los jueces que opten por «el arresto domiciliario» de la líder social jujeña como alternativa a la prisión preventiva por la que está en el Penal de Alto Comedero desde el 16 de enero de 2016. En la cautelar divulgada el viernes último, la CIDH ratificó la resolución del Grupo de Trabajo de la ONU que el año pasado pidió la libertad inmediata de Milagro Sala y solicitó al Estado argentino medidas inmediatas «alternativas a la detención preventiva».  

El Ministerio de Salud, a través de la Resolución 1050-E/2017 publicada hoy en el Boletín Oficial, autorizó a las empresas de medicina prepaga a aumentar a partir del 1ª de septiembre un 5% el valor de las cuotas. El incremento es “complementario y acumulativo” a las subas del 6% aplicada en julio y al 5% de agosto. Ahora, las prepagas deben informar el incremento de la cuota a sus afiliados. Este aumento es el cuarto en lo que va del año. El primero –del 6% — fue en febrero, para compensar los incrementos de costos de 2016. Luego hubo otro 11% desdoblado en julio y agosto, y ahora este 5% desde el mes próximo. Así en lo que va del año, las prepagas tienen cuatro aumentos por un total del 23,5%. Y se espera otro ajuste del valor de la cuota para octubre, como pidieron las empresas y la Superintendencia de Servicios de Salud. En total, el sistema tiene unos 5 millones de beneficiarios, de los cuales cerca de un millón son voluntarios. El resto deriva sus aportes de obras sociales que tienen convenios con las prepagas, pagando una diferencia el afiliado si el valor del plan es superior al aporte de la Seguridad Social. Un plan familiar medio –matrimonio y dos hijos menores o un matrimonio de adultos mayores– ronda entre los 6.000 y 9.000 pesos mensuales, según el alcance y los servicios del plan. El costo del plan se calcula por la cantidad de integrantes de la familia. Un aliciente para los de mayores sueldos o ingresos es que un porcentaje de los gastos médicos, incluidos los pagos a la prepagas, pueden ser deducidos del impuesto a las Ganancias. Para las prepagas, estos aumentos apenas cubren los costos por el incremento de los salarios acordados en la paritaria de Sanidad –aumento del 13% en junio y 10% a partir de agosto– y los mayores precios de los equipos y la extensión de las coberturas médicas.  

En números: 50 mil millones de pesos anuales. La cuestión, según confiaron fuentes provinciales, es que tal como avanza la demanda en la Corte, en caso de un fallo a favor de Buenos Aires, las otras 22 jurisdicciones del país perderían recursos porque esos 50 mil millones extra para las arcas bonaerenses se sacarían del porcentaje de la coparticipación que va a las provincias. Por ese motivo, los gobernadores quieren acortar una posición uniforme ante la demanda bonaerense. La línea argumental es simple: entender el reclamo de Buenos Aires pero que no afecte sus cuestas, es decir que esos fondos los resigne Nación. «Cuando se armó el fondo del conurbano, se coparticipa a las provincias el 50% de los fondos, pero ahora se coparticipa el 35%. Así que la parte de Buenos Aires, debe salir del 65% restante» coincidieron, número más número menos, varios funcionarios provinciales. ? Gobernadores, fiscales de Estado y ministros de Economía están con la lapicera afilada. Unos para contestar las demandas: la Corte notificó sobre la presentación bonaerense y les dio un plazo de 60 días hábiles que vencen entre fines de septiembre y principios de octubre. Otros haciendo cálculos sobre cómo los afecta. Ejemplos: Roberto Gattoni, ministro de Economía de San Juan, estimó que perdería 2.200 millones lo que equivale a casi el 10% de los fondos que recibe de la Nación anualmente. Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, dijo que para su provincia significaría perder 3.600 millones de pesos. Algo más dejaría de recibir el Chaco y un poco menos Tucumán. Más de $2.000 millones perdería Salta y un poco menos Formosa. Los ministros hacen cuentas. «Las provincias que tienen las cuentas ordenadas, se desordenan. Las que están mal pasan a estar mucho peor» confió un funcionario provincial. Una provincia del norte estimo que pierde el equivalente a una masa salarial. Ricardo Guerra, ministro riojano, dijo que esa provincia dejaría de percibir 1.300 millones anuales lo que equivale al 12% de los fondos coparticipables. «Sería muy peligroso, pero es acertada la decisión de la Corte de pedir opinión de los gobiernos provinciales». Hay varias cuestiones técnicas que encendieron todas las alarmas. Una refiere a la respuesta del Estado nacional cuando la Corte le dio corrimiento. Bernardo Saravia Frias, por entonces secretario Legal y Administrativo de Nicolás Dujovne, respondió que el tema no afectaba a Nación sino a las provincias. El otro punto tiene que ver con la velocidad con que avanza el expediente en la Corte y, entienden fuentes provinciales, tiene que ver con que la Casa Rosada está a favor de que aumente el monto de recursos que recibe la provincia. Por eso, aunque al principio pareció un tema accesorio, la demanda de Vidal por el Fondo del Conurbano se convirtió en un asunto central en la reunión de gobernadores de este jueves a la que ya confirmaron Bordet -es el anfitrión, pone la casa de Entre Ríos-, Juan Schiaretti (Córdoba), Domingo Peppo (Chaco), Sergio Uñac (San Juan), Lucía Corpacci (Catamarca), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Sergio Casas (La Rioja) y Juan Manzur (Tucumán). El salteño Juan Manuel Urtubey todavía no confirmó, pero es probable que esté presente. Desde La Pampa no hubo información oficial respecto a si Carlos Verna, uno de los peronistas más más aguerrido contra Macri, estará en el almuerzo o no. No está claro que harán los peronistas que orbitan más cerca de Cristina de Kirchner. su cuñada Alicia, el puntano Alberto Rodríguez Saá -su sobrino, Nicolás, es candidato de Unidad Ciudadana bonaerense- ni Gildo Insfrán. Fuente: Clarin

El Buenos Aires Herald era uno de los diarios más antiguos y más respetados de Argentina. Se publicó durante 140 años y era uno de los diarios más antiguos de Argentina. También fue el primer diario escrito en inglés de América Latina. El Buenos Aires Herald anunció su cierre después de enfrentar varios años de problemas económicos y en medio de una crisis que afecta a todo el sector de la prensa. El periódico será recordado en Argentina no sólo por ser el único de habla inglesa. Se destacó, además, porque fue el único diario impreso que denunció las violaciones a los derechos humanos durante el último régimen militar argentino (1976-1983). Su director de entonces, el periodista británico Robert Cox, debió dejar el país en 1979 por las amenazas y detenciones que sufrió como consecuencia de su trabajo. Histórico El Herald -como es comúnmente llamado en Aregentina- estaba por cumplir 141 años. Fue fundado el 15 de septiembre de 1876 por el inmigrante escocés William Cathcart. Su nombre original era The Buenos Ayres Herald. El diario dio a conocer la noticia de su cierre a través de un post en su cuenta de Twitter, el lunes por la noche. El mensaje era escueto: «Los empleados del Herald han sido informados que el diario está cerrando». El post incluyó la imagen de la portada del diario del pasado 15 de septiembre, cuando la publicación cumplió 140 años. El Herald fue el referente de la comunidad anglosajona radicada en Argentina. Estuvo siempre en manos extranjeras hasta 2007, cuando fue comprado por el empresario Sergio Szpolski, dueño de varios medios. Luego cambió de manos dos veces hasta formar parte del Grupo Indalo, del empresario Cristóbal López, quien al igual que Szpolski estaba fuertemente asociado con el gobierno kirchnerista que gobernó Argentina entre 2003 y 2015. En noviembre pasado, ya sumido en una profunda crisis, el diario empezó a publicarse una sola vez por semana, los viernes. La mayoría de los periodistas fueron despedidos y quedó un pequeño grupo, que ahora también dejará de trabajar. El cierre del Herald se da en el contexto de una crisis en el sector de los medios en Argentina y de la desaparición de medios impresos en el mundo. Clarín explicó que la noticia formó parte de la «reducción y ajuste» del Grupo Indalo desde que concluyó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ese ajuste incluyó el cierre de un histórico diario del interior, El Ciudadano, el cierre del tabloide El Argentino y el despido de decenas de empleados de la cadena de noticias CN23. Por su parte, La Nación rindió tributo al Herald, afirmando que su cierre representa «un duro golpe para los medios gráficos». Fuente: BBC Mundo

Los productores de Salta, Jujuy y Formosa realizarán este miércoles un «bananazo» en Plaza de Mayo para protestar por la crítica situación que atraviesa el sector por la importación «indiscriminada» y prometieron entregar 30 mil kilos de bananas. Los productores reclaman la asistencia del Gobierno para intentar revertir el panorama complicado que enfrenta al mercado interno a raíz del ingreso desde otros países de productos a muy bajo precio. Al respecto, el presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta, José Luis Checa, explicó: «Estamos preparando la fruta de la zona de Salta y Formosa para regalarle a la gente y de esta manera llamar la atención para que el presidente Mauricio Macri nos dé cinco minutos de su agenda». Agregó que «la situación no da para más» y señaló que «las medidas políticas que llevan a cabo son tibias y no nos acompañan». Explicó que «hay un problema de exceso de bananas y que por esto la venta está paralizada hace tres meses», aunque en la mayoría de las verdulerías de Capital Federal se vende a 25 pesos el kilo. Para el dirigente, al existir mucha oferta e ingresar banana de otros países como Paraguay a un «precio menor», afecta las ventas de los productores nacionales. «Queremos que se acomoden los volúmenes para que podamos vender la nuestra y si hay que tirar bananas que sean las de afuera», sostuvo. El director de la Federación Agraria Argentina (FAA) de Formosa, Pánfilo Ayala, manifestó que la protesta fue decidida junto a productores de Salta y Jujuy «para proteger la comercialización» de bananas producidas en el país y en reclamo de la aplicación de políticas diferenciadas para economías regionales». Ayala señaló que en Formosa las inundaciones y las heladas afectaron la producción y se quejó porque no fueron incluidos en la emergencia agropecuaria, ya que «las pérdidas son millonarias y el pequeño productor no podrá afrontar los gastos de la próxima campaña». Recordó que fue girado un pedido de audiencia a autoridades nacionales para explicar «directamente cuál es la situación del productor bananero y cómo incide en nuestras vidas el ingreso de banana extranjera, pero hasta el momento no tuvimos respuestas». «Nos están haciendo desaparecer como sujetos agrarios y nosotros queremos seguir siendo hombres de campo y desarrollarnos como cualquier otro trabajador en nuestra chacra», manifestó. La protesta en esta modalidad ya fue efectuada, en su momento, por productores yerbateros de Misiones, quienes en marzo pasado regalaron paquetes de yerba en la Plaza de Mayo en el marco de la discusión que mantenían con el sector privado por el precio de la materia prima. En dos oportunidades, productores hortícolas del cordón verde de La Plata, la capital bonaerense, repartieron frente a la Casa Rosada, en cada ocasión, 30 toneladas de verduras que la gente buscaba ávidamente en changuitos y bolsas.

Así lo manifestó el presidente de la Federación de Viñateros. Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros de San Juan, opinó sobre los rumores de nuevos impuestos a los vinos. En este sentido manifestó que “sostenemos que no es necesario traer vino de Chile. No cumple la reglamentación. Vamos a tomar medidas y hasta tirar el vino y cortar la ruta”. Garcés advirtió también que, en algunas zonas de Chile, como El Maule, el vino es rebajado con agua, algo a lo que en San Juan no estamos acostumbrados.

En un intento por explicar que para conseguir «competitividad» hay que ceder «conquistas laborales», el presidente del Banco Nación sugirió que los trabajadores de sindicatos que no flexibilizaron sus acuerdos colectivos ganan «más por dormir que por trabajar». Además, dijo que bajar la inflación es algo «artesanal». El autor de célebres frases como “tener dinero afuera es una necesidad para sobrevivir”, «hay que ver qué tan pobres son los pobres” o, la última, en que apuntó que «las familias» ya no compran «un celular o zapatillas» para «guardar dólares para comprar una casa», volvió a la carga. Es que, para el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, debido a los convenios colectivos de trabajo “los empleados» cobran «más por dormir que por trabajar». Es que, para el polémico economista radical, con «el caso» de la flexibilización del convenio petrolero «de Vaca Muerta», el sindicalista y senador nacional «Guillermo Pereyra se dio cuenta de que los empleados no pueden cobrar más por dormir que por trabajar». «Está el caso de Vaca Muerta. Guillermo Pereyra se dio cuenta de que los empleados no pueden cobrar más por dormir que por trabajar. Hay que defender el salario real pero también la ocupación. Si las conquistas premian el ausentismo, no sirve. Necesitamos aumento de productividad», disparó el titular del Banco Nación en una entrevista con El Cronista. A lo que se refiere González Fraga para decir que los trabajadores cobran «más por dormir que por trabajar» es a la mayoría de los convenios colectivos de trabajo que no accedieron a la flexibilización que sí impulsó Pereyra en el sindicato de Petróleo y Gas privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. ¿Qué hicieron allí el macrismo y Pereyra para evitar que los petroleros ganen dinero «por dormir»? Introdujeron una adenda cuyos puntos centrales son: 1) eliminación de las “horas taxi” por las cuales la jornada laboral se consideraba iniciada cuando el trabajador salía de su domicilio; 2) reducción de la cantidad mínima de operarios por pozo; 3) jornada laboral de 8 horas para operación y mantenimiento de pozos, de lunes a viernes, en reemplazo de la actual, que incluye fines de semana y feriados con salario por lo menos duplicado, y eliminación horas extra; 4) incorporación de tareas nocturnas a la jornada regular; y 5) la operación a nivel de superficie continua normalmente sea cual fuere la velocidad del viento y en altura se suspenderá al superarse una velocidad de 60 kilómetros por hora, por encima del límite de 30 km que rige en la actualidad. Algunos de esas modificaciones en el convenio se venían discutiendo hace dos años por presión de las empresas, aunque tomaron otra velocidad con el macrismo. Finalmente, en el marco del 10 Coloquio Industrial organizado por la Unión Industrial de Córdoba, lanzó una curiosa explicación respecto de la manera en que el Gobierno de Mauricio Macri combate contra la inflación. «La política antiinflacionaria está más relacionada con lo artesanal, por cuanto hay que generar expectativas y provocar comportamientos», sostuvo, para luego agregar que «a veces hacer política monetaria no es cuestión de poner un científico».

El informe toma la cifras difundidas por el Ministerio de Trabajo y la provincia está entre las que menor reducción muestra. Un informe realizado por el especialista en estadísticas socioeconómicas Daniel Schteingart en base a datos del Ministerio de Trabajo detalla cómo bajó o evolucionó el empleo privado en Argentina desde la gestión de Mauricio Macri. En él, la provincia se encuentra en la media del sector que mostró un descenso. De acuerdo con el ranking elaborado por Schteingart y reflejado por El Cronista, en nuestra provincia el empleo privado registró una baja acumulada de 2,1%. En tanto, el Top 5 de provincias con la peor situación de empleo desde diciembre de 2015 son Tierra del Fuego (-12,1%), Santa Cruz (-10,5%), San Luis (-8%), Formosa (-8%) y Río Negro (-4,9%). En el extremo opuesto, el Top 5 de las jurisdicciones más beneficiadas por la administración nacional son La Rioja (+3,5%), Tucumán (+2,7%), Catamarca (+2,3%), Jujuy (+1,8%) y La Pampa (+1%). Con estas cifras, la región patagónica lidera por lejos la región que peores resultados tuvo en lo que va del gobierno de Mauricio Macri, mientras que el NOA tienen los mejores índices de creación de empleo privado. La media del país, sin embargo, representa una caída acumulada de -0,7% desde diciembre de 2015. La provincia de Buenos Aires, en tanto, está cerca del promedio nacional, ya que registra una contracción de 0,6% en cantidad de puestos de trabajo desde diciembre de 2015.