La directora de la ONG Casa del Encuentro, Ada Rico, afirma que la nueva ley repara a los chicos más vulnerables. La primera vez que La Casa del Encuentro presentó el proyecto para que los femicidas pierdan derechos ante sus hijos fue en 2014. Entonces todavía se hablaba de pérdida de patria potestad, término que fue modificado en el Nuevo Código Civil de 2015. Los fundamentos de aquel proyecto eran claros: “Los niños y niñas víctimas del Femicidio deben sobrevivir al horror, han sido víctimas de la violencia y testigos del asesinato de la propia madre. Han convivido con la violencia extrema, en muchos casos la han padecido físicamente, sexual y en todos los casos psicológicamente. La vivencia del asesinato de la propia madre a manos del padre constituye un trauma severo. La situación se vuelve desoladora no sólo porque pierden a su madre sino también a su padre, quien estará ausente, por encontrarse prófugo, suicidado o preso. Es indispensable que el padre que asesinó a su madre quede privado de cualquier decisión y contacto respecto de ellas y ellos”. Finalmente ayer se convirtió en ley. “Es muy importante que se haya aprobado, y en realidad la ley avanza sobre lo que nosotros habíamos planteado, ya que también se pierde la responsabilidad parental por un intento de femicidio y por el abuso sexual a los hijos”, explica Ada a Clarín. Justamente el Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro -que hace prácticamente las únicas estadísticas que hay en el país desde 2008- fue nombrado Adriana Marisel Zambrano en homenaje a una joven de 28 años de Palpalá, Jujuy, que fue asesinada a golpes por José Manuel Alejandro Zerda, de 29 años, que fue condenado por “homicidio preterintencional” y sentenciado a 5 años de prisión por asesinar a su ex pareja y madre de su hija que en ese momento tenía sólo nueve meses. Zerda está por salir de la cárcel y pide ver a su hija, que no quiere. La privación de responsabilidad parental entonces se dará en los casos de condenados por homicidio agravado por el vínculo, femicidios, lesiones gravísimas contra el otro progenitor o contra un hijo, y abuso sexual contra un hijo. Las mujeres que hayan matado a sus parejas no serán suspendidas en su patria potestad si hay indicios de que mataron en caso de sufrir episodios de violencia de género. El Senado también aprobó la Ley Brisa, que consiste en una reparación económica para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género y violencia intrafamiliar hacia sus progenitores. Es que con su madre muerta y su padre preso, prófugo o suicidado estos niños suelen terminar viviendo con familiares que en muchos casos no pueden mantenerlos. Así, esto no está planteado como una ayuda ni un subsidio, sino como una reparación económica por parte del Estado hasta que cumplan 21 años y brinda también cobertura integral de salud para los niños, niñas y adolescentes. Ahora deberá tratarlo Diputados. Dice Ada: “Es importante que salga esta ley porque es una reparación económica para víctimas colaterales de femicidio. Sirve para que se cumplan sus derechos”.

La Cámara alta dio media sanción por unanimidad el proyecto de ley de protección de los derechos y garantías de las víctimas de delito, que crea la figura del defensor público de la víctima. La iniciativa fue aprobada con 58 votos a favor y, debido a que fue modificada, volvió a la Cámara de Diputados, donde había sido aprobada el año pasado con el impulso del Frente Renovador de Sergio Massa. El proyecto plantea la creación de Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas en todo el país y establece que las víctimas de delitos deben ser notificadas sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias que se le otorguen a los condenados y acusados. La principal modificación que introdujo el Senado al texto de Diputados es la creación de la figura del defensor público de víctimas, cargo que ocupará un magistrado por cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Minuto Uno

Testimonios de quiénes fueron a buscar trabajo pero solo se encontraron con largas filas, folletos, direcciones de mails y más precarización laboral. Decenas de miles de jóvenes salieron en las madrugadas de ayer y hoy a buscar trabajo en la Expo Empleo Joven organizada por el macrismo. Sin embargo, la búsqueda en la Expo, sería un capítulo más en la odisea que viven todos los días a la hora de enviar cvs, recorrer agencias o golpear la puerta de alguna empresa. Los comentarios que corrían de boca en boca en las interminables filas, adelantaban lo que iba a ser una gran decepción para aquellos que iban con expectativas. A través de las distintas redes sociales llegaron centenares de mensajes, fotos y videos que expresaban la bronca que generaba lo que para muchos fue «una tomada de pelo». Ale, indignado, escribía: «tres horas para entrar y de los doscientos stands solo cuatro o cinco te tomaban un currículum. Una vergüenza. Es todo propaganda del PRO». María, se imagina lo que hubiese sido si la convocatoria hubiera sido sin restricción edad, «hubiera sido contundente e inocultable la tremenda desocupación que hay». Y para cerrar, Maxi sentenció: «fiesta de la precarización. ¿Alguno Lo duda?»

La institución afectada es el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). Por un paro por despidos, el servicio de sanidad permanecerá paralizado durante tres días. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria permanece paralizado desde hoy y hasta el viernes por un paro convocado por los trabajadores nucleados en ATE que denuncian el desfinanciamiento del organismo, temen por 700 despidos y alertan que podrían dejar de hacerse los controles que garantizan la salubridad de los alimentos que consumen los argentinos. El presupuesto de este año del Senasa será de 721 millones de pesos, mientras que en 2016 había sido de 1300 millones, es decir que hubo un recorte de casi el 50 por ciento. A esto hay que sumar la inflación interanual que superó el 40% y que erosionó ese monto. «La decisión pone en riesgo las fuentes laborales de 700 trabajadores. Todo parece ir camino a una privatización y tercerización del servicio de sanidad», explicó a El Destape Jorge Ravetti, coordinador nacional de la ATE-Senasa. El referente sindical además explicó que los empresarios del campo piden hacerse así mismo la inspección sanitaria de alimentos. «El problema es que son alimentos, el Estado debería regularlos. Es algo grave», dijo. El SENASA controla la cadena alimentaria del país, desde la faena, hasta el embutido final para garantizar que los productos que se exportan, importan y consumen en el país estén en buen estado y libres de enfermedades. «Es muy probable que las empresas trabajen sin la inspección sanitaria correspondiente», dijo Ravetti. El sindicalista además dijo que ya comenzaron con el primer paso de la privatización con la desregulación de la actividad en control de aceites y alimentos balanceados. «Ahora lo hacen los propios privados y esto le quita presupuesto al Senasa», contó. Fuente: ATE

En el marco de su exposición ante los legisladores, el jefe de Gabinete consideró que será «el año con mayor crecimiento desde 2011». Además, destacó el aumento del empleo formal en el país. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó en la Cámara de Diputados que este año el gobierno estima que la inflación será «la más baja desde el 2009» y aseguró que «Argentina salió de la recesión», según datos oficiales del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). «No creemos en un ajuste fuerte que vaya contra los más vulnerables», manifestó, además, y ratificó la elección de «un camino gradual» para reordenar la economía, para lo que dijo «tener que dar un debate presupuestario responsables y real». En una sesión informativa, la segunda que brinda en Diputados en el curso del año parlamentario, Peña precisó también que «para el mes de julio la inflación interanual va a estar en torno al 21 por ciento», a la vez que ratificó que el gobierno va a «seguir trabajando para cumplir con el meta marcada por el Banco Central» y reiteró la aspiración de que «en 2019» la inflación será «de un dígito».

Luego de trascender que la Inspección General de Justicia (IGJ) pidiera los balances de la empresa Odebrecht Argentina, su titular, Sergio Brodsky, señaló que se realizará una «fiscalización permanente», en el marco de la causa que investiga presunta corrupción en obras públicas. «Vamos a hacer una fiscalización permanente pidiendo documentación y explicaciones sobre la empresa argentina», dijo Brodsky en declaraciones a radio Continental, al tiempo que reveló que la firma «se inscribió con un capital de 50 mil pesos» en el país. Sus dichos trascendieron luego de que el organismo que conduce intimó el viernes pasado a Odebrecht Argentina SA que presente los balances de 2015 y 2016 adeudados. «Estamos intimando a la empresa por los balances 2015 y 2016, los demás están presentados. Estos balances son de la empresa argentina», indicó el funcionario. «La empresa argentina tiene presentado balances hasta el 2014, que fue aprobado en su momento», añadió. «Dispuse que el Departamento Contable de la IGJ lo revisara nuevamente y ahí se advierte que no hay ninguna explicación respecto a la actividad objeto de la sociedad que es la construcción, por lo cual firmé una resolución ampliando la fiscalización de esta sociedad», manifestó. Fuente: Ambito