El reclamo que ya lleva cuatro días suma apoyos de distintos sectores sociales. Mientras tanto el municipio y las empresas continúan intentando desacreditar a los trabajadores que reclaman y el conflicto sigue sin solución y mantiene sin transporte a miles de cordobeses. Los trabajadores del transporte urbano de la ciudad de Córdoba, nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), realizan un paro total desde el lunes en reclamo por la intervención del gremio, aumentos salariales, condiciones laborales y además señalan intereses entre la gestión municipal de la ciudad de Córdoba, a cargo del intendente de la Alianza Cambiemos, Ramón Mestre, y las empresas de transporte. En declaraciones a Radio La Ronda, Ilda Bustos, Secretaria General del gremio de gráficos en la CGT, se refirió a la intervención del sindicato: “La UTA elige a las autoridades  de su seccional democráticamente como debe ser y el año pasado había elegido una nueva conducción y se generó la intervención de la seccional córdoba, de manera no muy clara, desde la intervención hasta ahora muchas empresas han solicitado el desafuero gremial de muchos delegados, para aplicarles sanciones o despedirlos”. Mientras sigue agudizándose el conflicto del gremio de transporte urbano en la ciudad de Córdoba, ya han adherido a los reclamos los sindicatos SUOEM, SURRBaC, Peones de Taxis y Luz y Fuerza. Iván, trabajador de  la empresa ERSA contó que “el conflicto viene de larga data aunque se estaba peleando de manera administrativa y ahora estalló porque tocaron los sueldos y la dignidad de los trabajadores. Cerraron de manera irregular la paritaria con un 8% de aumento de sueldo, que son apenas 800 pesos más y otro aumento que se pagará en febrero próximo. A esto se suma el mal estado de las unidades, que no se cumple con las frecuencias con las que deben circular los colectivos, entre tantas otras cosas”. Por otro lado, la CGT Nacional y Popular Rodríguez Peña, Ciencia y Técnica del Conicet, CONADU, CONADU Histórica, Partido Obrero, Patria Grande y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), entre otros, manifestaron también su solidaridad y apoyo a la lucha de los trabajadores. Durante la mañana de hoy, el Ministerio de Trabajo de la provincia informó que se encuentran dispuestos a dialogar por los ya 87 despidos anunciados por la patronal en lo que lleva el paro de 4 días de transporte. Por otra parte, Facundo Sapiola, abogado de la Municipalidad de Córdoba presentó una denuncia penal contra los colectiveros por atentar contra la paz social. Fuente: Farco

La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó la edición 2016 del Registro Nacional de Femicidios. Los resultados del informe señalan que en el último año se contabilizaron 254 femicidios (asesinatos de mujeres por razones de género), lo que representa un aumento en relación al año anterior (235) y a 2014 (225). De esta manera, en la Argentina se comete un femicidio cada 35 horas. Esta medición surgió después de la multitudinaria marcha #NiUnaMenos y fue la primera oficial en brindar datos sobre la problemática. En esta oportunidad, hubo un cambio metodológico: se incorporaron al análisis los travesticidios y transfemicidios, es decir, crímenes hacia aquellas personas asignadas al género masculino al nacer que se identifican como travestis o como mujeres, respectivamente. En 2016 se registraron cinco casos de travesticidios/transfemicidios que tuvieron lugar en las provincias de Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones y Río Negro. Sobre este tema, ver: Un crimen de odio en la ciudad del poder. En estos tres años las cifras muestran que la mayoría de las víctimas tenían entre 21 y 40 años. Sin embargo, se destaca un aumento de los asesinatos de mujeres menores de edad y jóvenes adultas (entre 0 y 20 años): entre 2014 y 2016, estos casos se elevaron un 155% (pasaron de 20 a 51 femicidios). También aumentó la cantidad de casos en los que las víctimas del femicidio habían denunciado agresiones previas. Año tras año se identificó a la pareja o ex pareja de la víctima como el imputado en la mayoría de los femicidios registrados. Además, aumentó la cantidad de niños y niñas y adolescentes que perdieron a su madre a causa de un femicidio. En 2016 fueron 244, 100 chicos y chicas más que dos años atrás. Por esto último, el Senado aprobó esta semana un proyecto de ley que quita la patria potestad a los condenados por femicidio, lesiones contra la madre o los hijos y abuso sexual infantil. La suspensión de la responsabilidad parental se aplicará cuando la Justicia ordene el procesamiento, salvo cuando se trate de una mujer que mató a su pareja en legítima defensa. Ante esta situación, Paola Bergallo, doctora en Derecho y profesora de la Universidad Torcuato Di Tella señaló  que “tras #NiUnaMenos se puede observar una mayor conciencia y educación sobre el tema y una mayor reacción del Estado, incluyendo al Poder Judicial”. Sin embargo, “también podría haber un recrudecimiento porque las mujeres se sienten más empoderadas y se rebelan más, lo que genera más disciplinamiento o un aumento de la violencia”, sostuvo Bergallo, y agregó que “para poder aislar variables sería necesario un estudio más riguroso con fines explicativos”. Fuente: Chequeado.com y Casa del Encuentro

Unicef estimó que el 47,7 por ciento de los hogares con niños y adolescentes no cubre la canasta básica El estudio es una foto de 2016, que no se puede comparar con años anteriores por los cambios metodológicos que aplicó el Indec. Hay 5,6 millones de niños pobres y, de ellos, 1,3 millón está en la indigencia. La pobreza por ingresos entre niños y adolescentes que viven en hogares donde el jefe o jefa está desocupado llega al 85 por ciento. El 47,7 por ciento de los hogares en donde residen niñas, niños y adolescentes no cuenta con suficientes ingresos para acceder a la canasta de bienes que define la línea pobreza. El dato está por encima del 29,7 por ciento de pobreza que afecta al conjunto de la población. Además, la pobreza extrema afecta al 10,8 por ciento de los niños y adolescentes del país, frente al 5,6 por ciento de la población general. En términos absolutos, esto implica que hay en la Argentina 5,6 millones de niñas y niños en situación de pobreza monetaria, de los que 1,3 millones están en situación de extrema pobreza, es decir que residen en hogares cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos. Los datos fueron calculados por Unicef en base a la información del Indec. La aclaración inicial necesaria para analizar los datos es que el organismo oficial de estadísticas endureció el año pasado el criterio para definir la pobreza. Según el investigador de la UMET Daniel Schteingart, el Indec encareció la canasta en un 35 por ciento. Esa modificación metodológica explica 12 de los 30 puntos del nivel actual de pobreza. El cambio de medición, además, impide la comparación con los valores previos de la serie de pobreza, con lo cual el gobierno se ahorró mostrar el deterioro de la situación socioeconómica en 2016 frente a 2015. Schteingart calculó que si en los países de la región se adoptara la metodología del Indec, en 2014 la pobreza en Brasil habría alcanzado el 43,7 por ciento; en Perú se ubicaría en el 49,6; en Colombia, en el 56,6; en México, en el 69,8 y en Ecuador, en el 61 por ciento. En tanto, Chile estaría en una línea similar a la Argentina, unos 10 puntos por encima de Uruguay. El estudio de Unicef muestra el dato de pobreza en los hogares donde residen niños y adolescentes con un alto nivel de desagregación. El promedio general marca que la pobreza afecta al 47,7 por ciento de los niños, niñas y adolescentes, pero la tasa aumenta al 85 por ciento cuando el niño reside en un hogar cuyo jefe o jefa está desocupado. La diferencia es también muy importante entre los niños y adolescentes que dependen de un jefe o jefa de hogar que cuenta con un empleo registrado, en donde la pobreza es del 26,9 por ciento, frente al jefe o jefa con trabajo informal, que implica que la pobreza en los niños se eleva al 64,8 por ciento. Los hogares cuyos ingresos dependen de un cuentapropista profesional tienen un nivel de pobreza infantil del 28,4 por ciento, mientras en los hogares con un cuentapropista no profesional la pobreza se eleva al 62,2 por ciento. De este modo, el informe muestra el enorme impacto que puede tener una modificación de las condiciones laborales de los jefes y jefas de hogar en los niños y niñas y adolescentes que forman el grupo familiar. Las diferencias se replican para la medición de pobreza infantil extrema, que se ubica en 10,8 por ciento en general pero asciende al 12,4 en los hogares con asalariados informales, al 16,2 para hijos e hijas de los cuentapropistas no profesionales y llega al 40,6 por ciento para los hogares cuyo jefe o jefa de hogar está sin empleo. El nivel de pobreza en la infancia también se vincula a la cantidad de años de escolaridad del jefe o jefa de hogar. En los hogares en donde el ingreso principal está a cargo de una persona con más de 12 años de estudios (primaria y secundaria completa y estudios superiores incompletos), la pobreza extrema en los chicos es del 1,7 por ciento, pero ese porcentaje sube al 12,7 para los que estudiaron entre 7 y 11 años y llega al 17,4 por ciento para los que estudiaron menos de 7 años. Fuente. Pagina/12

Sorpresivamente, los abuelos se enteraron a través del organismo local que dejaron de ser atendidos en tres importantes centros de salud mendocinos. Desde el Gobierno de Cornejo no se hacen cargo y culpan al de Macri, ambos aliados en Cambiemos. Mientras que hoy se conoció que el Gobierno de Mauricio Macri piensa que se debería flexibilizar la edad jubilatoria para que «sea voluntaria», en Mendoza el PAMI dejó a 25 mil jubilados sin atención, ya que sorpresivamente se enteraron que dejaron de ser atendidos en tres reconocidos centros de salud y sin soluciones por parte del organismo provincial, que no se hace cargo y apunta contra el Ejecutivo nacional. Es que mientras el gobernador mendocino Alfredo Cornejo dice que la solución tiene que llegar desde el gobierno nacional de Macri -ambos aliados en Cambiemos-, durante mayo se realizó la renovación de contrato con los centros de salud pero se puso fin a la relación contractual con tres dependencias: con el moderno Hospital Santa Isabel de Hungría, del gremio Camioneros, en Guaymallén; con la Sociedad Española de Socorros Mutuos, en Ciudad; y con una clínica oftalmológica del microcentro mendocino. Según una nota de La Nación, en el caso del Santa Isabel de Hungría, esa institución decidió dejar de ser prestador de la mutual, con lo que se ven afectados unos 4 mil afiliados, mientras que en cuanto a la Sociedad Española de Socorros Mutuos, fue apartado -según el PAMI- por deficiencias edilicias, y unos 21 mil jubilados son perjudicados. Según el organismo, de estos últimos la mitad sería reubicado en la clínica Santa Clara. El titular del PAMI en Mendoza, Carlos Valcarcel, prometió a los jubilados que no perderán la calidad de las prestaciones, aunque los abuelos parecen no confiar en estas versiones. «Esto ya lo vivimos. Sabemos lo que es estar en clínicas abarrotadas y vaciadas de recursos. Habíamos logrado ingresar al hospital Santa Isabel y de un plumazo nos sacan. Es un manoseo constante, estamos desesperados por tanta injusticia y desidia», se quejó una jubilada de Guaymallén, según el mismo medio. Desde el Ministerio de Salud provincial, a cargo de Claudia Najul le tiraron la pelota al Ejecutivo nacional, al asegurar que el caso debe ser solucionado por la Casa Rosada. Por su parte, en la Legislatura mendocina, la oposición a Cornejo reclama a los responsables de esta decisión a que den explicaciones. Por ahora, el oficialismo de Cambia Mendoza rechazó un proyecto del senador justicialista, Gustavo Arenas, para citar a la Casa de las Leyes a Valcarcel; a la ministra Najul y a los directivos del hospital Santa Isabel de Hungría y la Sociedad Española de Socorros Mutuos.   Fuente: Política Argentina