Con la excusa de promover la inclusión laboral, el gobierno otorga capacitaciones para uno de los sectores con más altos índices de informalidad y explotación. A lo largo de un año y medio de gestión, Cambiemos demostró ser una fuerza enemiga de las mujeres. Sólo durante la última semana, se conoció un recorte de fondos para el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales por $3.699.756. Este nuevo ajuste se suma al cierre de programas de salud sexual y reproductiva, la falta de presupuesto para las víctimas de violencia machista y los constantes ataques a las trabajadoras. Los “parches” que el gobierno impulsó para paliar esta situación han sido tan insuficientes como descarados. En noviembre de 2016, se despertaron fuertes críticas por el plan de capacitación “Belleza para un futuro”, patrocinado por Carolina Stanley y la multinacional L’Oreal. Éste reproducía el estereotipo que ubica a las mujeres en oficios relacionados con la estética y además pretendía contrarrestar la desocupación –de la cual el Estado es responsable- mediante trabajos donde priman las contrataciones precarias y “en negro”. Un verdadero sucesor del “Plan Primer Empleo” que empuja a miles de jóvenes sin empleo a Mac Donalds. Cambiemos no desiste en su cinismo. Ahora, es la cartera de Jorge Triaca la que impulsa el “Servicio de Limpieza Superior”, un curso impartido en la Unidad penitenciaria nº 45 de La Plata y destinado a mujeres pobres. El mismo puede encontrarse en la sección de búsqueda laboral de la página oficial bajo el rubro “Servicio integral en casas particulares”, y certifica que las trabajadoras domésticas realizan sus tareas según los estándares planteados por los funcionarios del ministerio de Trabajo. Quizás los diseñadores de la capacitación le pidieron consejo a Mercedes de las Casas, la política oficialista quien escribió un libro titulado Cómo conseguir una mucama…y no perderla en 7 días. Allí, esta legisladora porteña, militante del PRO desde 2003, delineaba una serie de “tips” patronales cargados de discriminación, donde trataba a las trabajadoras domésticas como potenciales ladronas, sucias y carentes de instrucción, al tiempo que instaba a la utilización de uniformes y una “voz firme”. Según un informe publicado el año pasado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 90% de los 67 millones de trabajadores de casas particulares en el mundo están excluidos de cualquier tipo de cobertura de seguridad social. A su vez, el 80% de ese universo lo constituyen mujeres -la mayoría oriundas de Asia y Latinoamérica-. En Argentina se repiten estas condiciones de desprotección. Mientras desmantela la educación pública, estigmatiza a los pobres y destruye puestos de trabajo, Cambiemos se burla de millones que se encuentran sin posibilidades laborales. A través de un mensaje marcadamente clasista y machista, lo único que les ofrece a las mujeres es limpiar y lavar –tareas supuestamente “femeninas”- en casas ajenas a cambio de salarios de miseria. Otra muestra de la ideología y política macrista en su máxima expresión. Fuente: La Izquierda Diario  

El alto tribunal confirmó que la tierra debe ser desocupada. Los vocales Gandur, Goane y Sbdar dijeron que la Comunidad del Tolombón no probó los derechos invocados La Corte Suprema de Justicia de Tucumán sentenció en contra del demandado Donato Nieva y de la comunidad indígena del Pueblo del Tolombón, y confirmó la orden de desalojo favorable a la sucesión de Fernando Justo López de Zavalía. El fallo, que corroboró el pronunciamiento de la Sala II de la Cámara en Documentos y Locaciones de esta capital, agota la discusión judicial en la provincia respecto de dos hectáreas de la Estancia “Rearte” o “Riarte” ubicada en Trancas, cerca del límite con la provincia de Salta. Este pleito llevaba 12 años de desarrollo. Los vocales Antonio Gandur (preopinante), René Goane y Claudia Sbdar (con su voto) manifestaron que la comunidad indígena no logró probar la posesión tradicional y ancestral que había invocado para oponerse a la desocupación de los terrenos (el vocal Antonio Estofán se excusó porque uno de sus relatores, Fernando López de Zavalía -h- era parte en el expediente y el vocal Daniel Posse hizo lo propio por su amistad con el funcionario judicial mencionado). Se trata de un fallo con posibles repercusiones en otros conflictos judiciales relativos a la posesión de tierras reivindicadas por comunidades precolombinas. Los demandantes habían solicitado el desalojo de Nieva con el argumento de que este vivía en el inmueble en disputa como tenedor precario en virtud de un contrato de comodato que suscribieron en 1999. Tal acuerdo suponía un préstamo a título gratuito con la obligación de restitución de las tierras. A lo largo del proceso, la comunidad indígena, que dijo que Nieva era comunero, fue admitida con la calidad de tercera interesada mientras que un testigo puso en duda que el demandado descendiera de pobladores precolombinos. El Pueblo del Tolombón negó que Nieva ocupara las tierras como comodatario. La comunidad afirmó que el acuerdo había sido cerrado con engaños y como consecuencia de “un trato cuasi esclavista”, y que históricamente había sido víctima de las usurpaciones de gobernantes y terratenientes. Fuente: La Gaceta

La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto el sobreseimiento de Luis Muiña, el represor del Hospital Posadas que generó el polémico fallo de la Corte Suprema sobre la aplicación del «dos por uno». La Sala IV de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, revocó por unanimidad el sobreseimiento de Muiña y ordenó que prosiga su juicio ante el Tribunal Oral Federal 2, acusado de participar en los homicidios agravados del médico del Hospital Posadas Jorge Mario Roitman -desaparecido- y de Jacobo Chester, ex empleado del Departamento de Estadísticas y Registros del mismo nosocomio. Como ex integrante del autodenominado «Grupo SWAT», Muiña había sido condenado en un juicio anterior por la privación ilegal de la libertad y la imposición de torturas a múltiples víctimas. Pero un tribunal oral lo desvinculó de este nuevo proceso en el que está acusado de haber perpetrado los asesinatos de Roitman y Chester (y que lo expone a una posible condena a prisión perpetua), con el fundamento de que los hechos son los mismos que los de la causa previa, pero calificados jurídicamente de manera más grave, en violación a la garantía constitucional contra la persecución penal múltiple (ne bis in ídem). Con esta resolución, Casación obliga a Muiña a enfrentar un nuevo juicio que ponga en juego el beneficio de la excarcelación que se le había concedido, dijeron a DyN fuentes judiciales. Precisamente, Muiña ya estaba libre cuando se firmó la resolución de la Corte Suprema que generó polémicas y una masiva movilización en contra. En el voto del juez Hornos, quien lideró el acuerdo, y a cuyas conclusiones adhirieron los demás integrantes de la Sala, el magistrado enfatizó que «el ‘ne bis in ídem’ alcanza a los juicios por graves crímenes contra la humanidad, que deben llevarse adelante con todas las garantías de la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos». No obstante, se entendió también que en el caso no se encuentra acreditada la afectación a ese principio porque las conductas por las que acusa a Muiña en esta oportunidad resultan -por el momento, y de acuerdo a la manera en que fueron descriptas por la fiscalía y las querellas- distintas y escindibles de las torturas y las privaciones de la libertad por las que ya fue juzgado. «Lo cierto es que los planteos del Ministerio Público Fiscal lucen razonables en el caso concreto. En efecto, no es posible concluir -al menos en la etapa en la que se encuentra actualmente el proceso- que los hechos que integran el objeto procesal de la presente causa revistan identidad con los que fueron materia de acusación y condena», se indicó. «Es que, si bien en aquella oportunidad se describió en su totalidad el trágico devenir que atravesaron Jacobo Chester y Jorge Mario Roitman, desde su aprehensión por parte de agentes de la represión estatal los días 26 de noviembre y 2 de diciembre de 1976, respectivamente, hasta su «traslado», al interior del centro clandestino de detención «El Chalet», para su ejecución (Chester, entre el 26 y el 30 de noviembre del mismo año; y Roitman entre los días 2 y 8 de diciembre) lo cierto es que la acusación que medió por esos hechos respecto de Luis Muiña se circunscribió únicamente a los hechos que dieron sustento a la condena por privación ilegal de la libertad agravada en concurso con imposición de tormentos», se añadió.

La ex presidenta mantuvo una reunión de dos horas con el candidato del Partido Justicialista en el barrio porteño de Recoleta. A pocas horas del cierre de las listas, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el candidato del Partido Justicialista, Florencio Randazzo, se reunieron en la casa de la ex mandataria en la ciudad de Buenos Aires. Según información,  Cristina recalcó a Randazzo la necesidad de pensar en los intendentes que lo estaban acompañando. En el encuentro, que duró dos horas, la ex mandataria remarcó la importancia de pensar en la gente y los municipios más castigados por el ajuste impuesto por el gobierno de Mauricio Macri, como en el último discurso en la cancha de Arsenal. Ambas partes señalaron que no hubo negociación de listas. Randazzo indicó a la ex presidenta que él siempre pensó que no iba a ser candidata y que, tras la confirmación, consideró un revival del contexto de 2015. Según las fuentes, en las próximas horas ambos volverán a comunicarse en vistas de acercar la mejor solución para el país.

  Denuncia penal contra Baby Etchecopar por incitación a la violencia contra las mujeres. Desde La Campaña Nacional Contra las Violencias Hacia las Mujeres con el apoyo y asesoramiento de CORREPI y el Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega querellaremos contra Baby Etchecopar por el grave delito de incitar a la violencia y el hostigamiento hacia tres voceras de nuestra organización. La denuncia fue presentada en la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Los hechos denunciados se produjeron el pasado 4 de mayo, cuando un grupo de compañeras nos dirigimos hasta la puerta Radio 10 donde Etchecopar realiza su programa “El ángel del mediodía”, con el objetivo de repudiar los dichos del periodista tras el femicidio de Micaela García. Dicho comunicador, había expresado en su programa que «Si tu hija de 12 años sale mostrando las tetas y haciendo trompita, hay una provocación». «El problema es la provocación, porque no es casual que de golpe aparezcan tantos violadores». Consideramos estos dichos totalmente repudiables por expresar contenido violento y misógino, por avalar y ser cómplice de la cultura de la violación, cargando la responsabilidad de la violencia machista a las mujeres. Es por eso que decidimos realizar un escrache que consistió en trasladarnos a las inmediaciones del estudio de radio, con carteles, bombos y banderas de nuestra organización. La respuesta por parte de Baby Etchecopar fue inmediata y fiel a su estilo violento y misógino. Además de agredir al aire a quienes nos encontrábamos manifestándonos anunció los números de teléfono y los nombres de pila de las tres voceras de nuestra organización, pidiendo a su audiencia que las llamen para escracharlas y violentarlas. En los días posteriores se encargó de repetir una y otra vez los números de teléfono y de seguir agrediendo. A partir de ese momento nuestras compañeras comenzaron a recibir decenas de llamados y mensajes con contenido violento, amenazas de violación y muerte, pornografía, y todo tipo de agresiones que continúan hasta el día de la fecha. Por esta razón radicamos nuestra denuncia en la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) por instigación a cometer delito, intimidación pública, y apología del crimen. Consideramos que la violencia machista que ejerció Etchecopar hacia nosotras no puede quedar impune y es absolutamente necesario ponerle un freno a las empresas periodísticas que, bajo la lógica del rating, la ganancia y a través de la explotación del morbo, promueven la violencia contra las mujeres. Entendemos que el derecho a la libertad de expresión no puede amparar a un periodista que, de manera continua, dispone de un micrófono abierto para emitir mensajes denigrantes y machistas. Por eso señalamos que es urgente que el Estado tome cartas en el asunto y se implementen acciones contra la violencia mediática, estableciendo multas para los medios de comunicación que promuevan la cosificación y la violencia hacia las mujeres y que lo recaudado se destine para fortalecer programas de prevención de la violencia. ¡Basta de violencia machista en los medios! ¡Por una comunicación que promueva la igualdad y el respeto! ¡No estamos solas, estamos organizadas!