La vicepresidenta de la Corta Suprema de Justicia comparó las cifras del país con la ciudad de Ciudad de Juárez, Méxicoe, en la década de los 90. La titular de la Oficina de la Mujer del alto tribunal, Elena Highton de Nolasco, advirtió que en Argentina «hay indudablemente una emergencia» por la violencia de género, dado que ya hubo 714 femicidios entre 2014 y 2016, una cifra que supera a la del «peor momento» de esta problemática, registrado en Ciudad Juárez, de México, en los años ’90. «Cada vez hay más femicidios: de nuestro primer registro al segundo (2014-2015) hubo 10 casos más, y desde el segundo al tercero (2015-2016), 19», remarcó la magistrada donde además cuestionó la falta de políticas preventivas del Gobierno, el «machismo» presente en el Poder Judicial y la «liberación temprana» de muchos acusados por violencia doméstica. Desde 2014, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema realiza un relevamiento anual de los femicidios cometidos en el país, que arrojó como resultado 714 víctimas y 591 niños que perdieron a sus madres. «Hay una emergencia las cifras nuestras son más altas que las que hubo en Ciudad Juárez en el peor momento» «Hay una emergencia, indudablemente, las cifras nuestras son más altas que las que hubo en Ciudad Juárez en el peor momento», cuando las estadísticas oficiales anotaron algo más de 600 asesinatos de mujeres desde la década del 90, reflexionó Highton. Sin embargo, aceptó que hubo «avances» en el país, en referencia a una «mayor concientización» social y que los «femicidios sean computados como femicidios» en la Justicia. La ministra evaluó que faltan «políticas preventivas» de parte del Ejecutivo, como instalar «más refugios (para mujeres víctimas de violencia), más políticas educativas y más centros de asistencia», similares a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que funciona las 24 horas bajo coordinación de la Corte Suprema. «Las mujeres que se acercan a la OVD tienen muchas posibilidades de salvarse de un femicidio», advirtió la vicepresidenta de la Corte sobre la oficina que recibe «cualquier día del año y a cualquier hora» a mujeres que padecen todo tipo de violencia doméstica. «Hay mucha probation y esto es muy peligroso porque los mandan a hacer trabajos sociales y con posibilidades de acceder a la mujer» Con todo, Highton elogió el hecho de que el Gobierno haya lanzado el Plan Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, al que consideró «muy bueno» porque contempla -entre otras cuestiones- dispositivos de acompañamiento a las agredidas y el uso de tobilleras con geolocalización para los agresores. «Leyes no faltan, tenemos muchas y muy buenas, sólo falta que las políticas trasvasen del Poder Ejecutivo al Judicial, con una mirada común», apuntó. Highton cuestionó la «liberación temprana» de los acusados y marcó su desacuerdo con la suspensión del juicio a prueba o «probation» para los condenados por violencia de género. «Hay mucha probation y esto es muy peligroso porque los mandan (a los agresores) a hacer trabajos sociales, sin control y con posibilidades de acceder a la mujer», argumentó. Además, la jueza dijo que descree en la posibilidad de que los violentos puedan «recuperarse», más allá de «algunas excepciones».

El ministro de Educación dijo que el sistema acordado se aplicará directamente desde Hacienda en caso de que se supere el parámetro del 22 por ciento. En el marco del reinicio del ciclo lectivo, los salarios docentes son un tema de primera agenda ante la escalada de precios. En ese sentido, el ministro de Educación de la Provincia, Felipe De los Ríos afirmó este lunes a Canal 13 que, de ser necesario y de existir una solicitud por parte de los docentes, la cláusula gatillo entrará en vigencia, sin necesidad de convocar a paritaria nuevamente. Cabe recordar, que, en la última negociación paritaria docente entre entidades gremiales, Felipe De los Ríos y el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni se acordó un porcentaje de aumento de 22%, en dos tramos y con cláusula gatillo, en caso de incremento de los índices inflacionarios. Es por eso, que el titular de la cartera de Educación manifestó que esta cláusula entrará en juego sin llamar a paritaria          

Se trasladarán unas 350 personas y la idea es que todo esté concluido en dos años. Carlotto aseguró que no se oponen a la mudanza. En los próximos días, se presentará el croquis del proyecto al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, para su aprobación. Una vez que esté aceptado, se iniciará el trámite para contratar las obras. De acuerdo a lo consignado por el diario La Nación, el Ministerio tiene asignado el que será su lugar, el «edificio 11», hoy desocupado, dentro del que fuera el centro clandestino de detención más emblemático de la última dictadura. Los diálogos con referentes de los organismos de derechos humanos empezaron hace meses. Una de las interlocutoras fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien aseguró al matutino que las entidades no se oponen al traslado. Las oficinas que piensa mudar el gobierno de Macri están hoy en el edificio de Sarmiento 329. Incluyen la Unidad Ministro y la Secretaría de Justicia, es decir que el número uno y el número dos del ministerio trabajarían desde la ex ESMA. Hoy ya funciona en este predio, emplazado en Avenida del Libertador 8151, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Además, hace meses que el ministro Germán Garavano se instala allí varias veces por semana.  

Más de 3 mil chicos perdieron a sus madres por femicidios En el 2016 aumentaron un 8% Miles de personas marcharon tras el femicidio de Emma. Los femicidios dejaron sin madre a 3.158 niños y adolescentes en todo el país desde 2008 hasta el primer semestre de este año. En el 63% de esos casos están involucrados menores de 18 años. Según cifras del Observatorio de Femicidios de la organización civil La Casa del Encuentro, los femicidios dejaron sin madre a 3.158 niños y adolescentes en todo el país desde 2008 hasta el primer semestre de este año, es decir que en menos de una década casi todos los días algún chico quedó sin su mamá, asesinada en hechos de violencia de género En el 63 por ciento de esos casos están involucrados menores de 18 años (2.012 niños y adolescentes), advirtió Ada Rico, quien preside esa ONG. «El femicidio es la última y más grave instancia de la violencia de género, casi siempre precedida por violencia doméstica, amenazas y maltratos en todas sus variantes, un círculo que suele tener cautivos durante muchos años a los hijos, quienes, aunque no reciban golpes, siempre resultan agredidos por la situación que se vive en su casa y la victimización de su mamá», explicó Rico. Este año, sólo en el primer semestre, 239 hijas e hijos perdieron a su mamá. De ellos, 153 tenían menos de 18 años cuando ocurrieron los crímenes. En el 2016 aumentaron un 8 por ciento. En 2016, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes intervino en 29.839 casos registrados en la Capital Federal, de los cuales la mitad estuvo relacionada con situaciones de violencia y, de ellos, el 25 por ciento fueron graves. Además, el 40 por ciento del total de llamados recibidos en la línea telefónica gratuita 102 del Consejo, que funciona las 24 horas, correspondió a «alguna situación de maltrato físico, psicológico u otra forma de violencia sufrida por menores de 18 años». «Hay que abandonar la creencia que ubica a las situaciones de maltrato infanto-juvenil en la órbita privada de las familias; son actos que lesionan los derechos de los chicos y deben poner en alerta a toda la sociedad», reflexionó Karina Leguizamón, titular del consejo. El coordinador de la unidad técnica especializada en Maltrato Infanto-juvenil del Consejo, Mauro Pineli, explicó a Télam que es común que los chicos inmersos en situaciones de maltrato doméstico terminen «identificándose con la víctima o con el agresor», porque esas experiencias «condicionan el modo en que los niños construyen su subjetividad». La violencia deja «huellas» y las secuelas pueden ir desde problemas para dormir, de aprendizaje y miedos hasta dificultades para relacionarse con sus pares, reacciones exageradas o, por el contrario, poca capacidad de autodefensa. En los casos extremos, como los femicidios, además de perder a su madre, el padre «queda destituido de su función de padre» a los ojos de los niños. María Eva Sanz, coordinadora del Grupo Buenos Ayres, dispositivo de rehabilitación para hombres violentos, declaró que «generalmente existe una gran distancia emocional entre los varones que cumplen al pie de la letra el mandato patriarcal, y sus hijos». «Papá empezó a matar a mamá y yo bajé corriendo por las escaleras», contó en cámara Gesell el hijo de 9 años de Elke Yvars Beck, asesinada de 40 puñaladas en diciembre de 2015 por su ex marido, Claudio López Rossi. Por ese femicidio la Justicia condenó este año a prisión perpetua a López Rossi y los psicólogos que declararon como testigos explicaron que los niños también «son víctimas de la violencia de género» que sufren sus madres. «Presencian la violencia entre sus padres o simplemente viven en un entorno donde las relaciones violentas y el abuso de poder -que justifica, legitima y desencadena la violencia- es parte de las relaciones afectivas y personales. Por eso, internalizan un modelo negativo de relación que daña su desarrollo», argumentaron. Miles de personas marcharon tras el femicidio de Emma Este año, el Congreso convirtió en ley una modificación al Código Civil que establece que quedan privados de la responsabilidad parental quienes son condenados por delitos de violencia de género o que atenten contra la integridad sexual. Hasta ahora, un hombre acusado de femicidio perdía la patria potestad recién cuando la condena estuviera firme y, a veces, ni siquiera en esa instancia, como por ejemplo en el caso emblemático de Rosana Galliano. José Arce mandó a matar a su exmujer, Galliano, en el 2008, con la ayuda de su madre, Elsa Aguilar, según dictaminó la Justicia. Los hijos de ambos, que entonces tenían 3 y 4 años, permanecieron viviendo junto a Arce, beneficiado con prisión domiciliaria, y con su abuela paterna, pese a los infructuosos intentos de la familia materna por conseguir la tenencia. Los servicios de Protección de la Niñez de la Nación y de la provincia de Buenos Aires presentaron varios pedidos para que los niños fueran a vivir con los padres de Rosana, pero el juez de familia de San Isidro Carlos Ruiz nunca contestó, ni siquiera cuando la Corte Suprema dejó firme la condena a prisión perpetua para Arce y su madre. «Se inscribe en el patriarcado que regula de manera invisible y naturaliza mitos y prejuicios a la hora de pensar el abordaje de lo familiar», opinó Pineli. Para la titular del Consejo Nacional de los Derechos de las Mujeres, Fabiana Túñez, «hay una mala interpretación de los derechos del niño: los jueces apuntan a que el niño no pierda la vinculación con el padre desde un desconocimiento absoluto de lo que significa convivir con un padre violento, que además mató a la madre». El Congreso viene dando pasos hacia un cambio cultural en materia de violencia de género. El Senado tiene previsto debatir un proyecto para que el Estado otorgue una reparación económica a hijos de víctimas de femicidio (ley Brisa), que incluye también una cobertura de salud integral. Además, en junio último, la Cámara de Diputados convirtió en ley la creación

La crisis económica se profundiza en numerosos sectores, y el de las pequeñas y medianas empresas industriales es uno de los más afectados. Para mal, en junio «un factor que ayudó a deteriorar el ánimo fue la suba del dólar». «El 63 por ciento, dice que el incremento de la divisa incidió en sus costos de producción», advirtió un informe de la CAME. La producción de las pymes industriales bajó 0,5 por ciento en junio respecto de mismo mes del año pasado y acumuló así 21 meses consecutivos con tendencia negativa, señaló la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El informe aclaró que, si bien el sector cumplió 21 meses seguidos en baja, en junio «se desaceleró significativamente la tasa de descenso». «A pesar de cierta mejora a nivel general en la industria pyme, la información que surge de la encuesta cualitativa es menos alentadora», advirtió el estudio y argumentó que «el 61% de las firmas tiene decidido no realizar nuevas inversiones este año y otro 10% lo está evaluando». En ese sentido, puntualizó que «un 29% eligió invertir, a pesar de que la mayoría dice que no es el mejor momento». Los datos surgen de la encuesta mensual industrial realizada por la CAME entre 250 pymes del rubro en el país. El sondeo arrojó, de ese modo, que la producción de las pymes industriales cayó 0,5% en junio frente a igual mes del año pasado. «La proporción de empresas con alzas anuales subió a 38% mostrando un universo mayor de firmas en recuperación», destacó el presidente de la entidad, Fabián Tarrío. En cambio, la cantidad de firmas en baja representó el 43,5 por ciento del total, mientras el 18,5% se mantuvo sin variación. De los 11 sectores mejoraron Material de Transporte con 9,8 por ciento; Alimentos y bebidas con 1,2 por ciento y Productos de Caucho y plástico con 7 por ciento. En el otro extremo se ubicaron Calzado y marroquinería con una caída de 7,7 por ciento, Minerales no metálicos con un descenso de 4,9 por ciento y Maderas y Muebles con una baja de 4,5 por ciento. Consideró que «un factor que ayudó a deteriorar un poco el ánimo de los industriales en junio fue la suba del dólar» y subrayó que «el 63 por ciento dice que el incremento de la divisa incidió en sus costos de producción, aunque sólo el 36 por ciento lo trasladó a sus precios de ventas». Con relación a la situación de cada industria, indicó que «el 53 por ciento de los empresarios la definió entre regular y mala, mientras otro 7 por ciento dijo que es crítica». Además, señaló que «el 35 por ciento, la consideró buena y sólo el 2 por ciento como muy buena».

Sólo entre mayo de 2016 y julio de 2017, la suba fue superior al 100 por ciento. Así advierte un informe de la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO). Para DEUCO, «es consecuencia de la eliminación de las retenciones a las exportaciones que mantenían contenido el valor de ese producto». En el año 2008 «se impuso una retención a las exportaciones de oleaginosas del 1,2% sobre las partidas declaradas», indicó la entidad que dirige Pedro Busetti, que sostuvo que «con esa recaudación se llegó a un acuerdo con los exportadores y la industria aceitera». «Con los fondos provenientes de las retenciones se creó un fideicomiso por el cual se fijaban precios regulados para el aceite comestible consumido en el mercado interno y se subsidiaba a todas las empresas productoras de aceite comercializadoras del producto abonando las diferencias correspondientes», consideró DEUCO. «Ello permitió que todos los hogares argentinos pudieran adquirir aceite comestible a precios accesibles», señaló el informe. Un ejemplo de las fuertes subas, elaborado por DEUCO en base a datos obtenidos de listados oficiales (Precios Cuidados, Precios Claros) se da con un aceite de primera marca de 900 centímetros cúbicos que en diciembre de 2015 estaba a $ 8,40, en julio de 2016 a $ 21,93 y en julio de 2017 está a $ 32,99. La variación entre 2015 y 2017 fue de un 290% y entre 2016 y 2017 de 167%.

Facundo Romero inició acciones legales junto con INADI para cambiar el cuestionario de donantes que realizan en los hospitales para donar sangre, el cual discrimina a las personas que no son heterosexuales como «grupos de riesgo». Facundo Romero fue discriminado a fin de junio cuando con una amiga se presentó en el Instituto Provincial de Hemoterapia de San Juan para donar sangre. Tras completar el cuestionario y realizarse una serie de estudios, una mujer le dijo que no podía hacerlo por el simple hecho de ser gay. Las preguntas discriminatorias que en muchos lugres ya lograron sacarse. «Cuando me dijo eso me quedé bastante shockeado. Al ver mi cara, ella empezó con una serie de justificaciones baratas y sin sentido», agregó. Todavía en varios lugares del país el cuestionario de donantes consulta sobre si una persona mantuvo relaciones sexuales con otra persona del mismo sexo. Gracias a la denuncia de Facundo, el instituto Provincial de Hemoterapia eliminó dicha pregunta del cuestionario y evita hablar de «grupos de riesgo». «En el INADI me facilitaron un formulario de denuncia y me dijeron que mi caso no era el primero y supongo que, desgraciadamente no será el último, por lo que quiero que esto se comparta. La impotencia que hoy tuve, el sentirme distinto y excluido no se lo deseo a nadie», publicó ese día Facundo en su Facebook. En el 2015 el Ministerio de Salud de la Nación decretó una resolución para que los hospitales del todo el país pongan énfasis únicamente en las «prácticas de riesgo» de las personas a la hora de donar sangre y no estigmatiza a nadie llamando «grupo de riesgo», una expresión discriminatoria. Sin embargo, la provincia de San Juan no adhirió legalmente a dicha resolución. La norma nacional fue impulsada por el INADI junto a organizaciones de la sociedad civil y representó un histórico cambio de paradigma en cuestiones sanitarias.