El Gobierno se mostró activo en el sector de la comunicación a través de medidas que favorecieron a los grandes grupos mediáticos. La contracara es la situación crítica de los sin fines de lucro. El informe de las universidades denuncia “persecución y ahogo financiero”. l gobierno se ha mostrado activo en el sector de la comunicación a través de una serie de medidas que favorecieron a los grandes grupos mediáticos, como extensión de licencias, facilidades para transferir licencias y fusionar sociedades, flexibilización de límites a la concentración de mercado y otorgamiento de espectro sin licitación. La contracara de ese proceso es la difícil situación que atraviesan los medios comunitarios, populares y alternativos. Un trabajo realizado por un grupo de investigadores de cinco universidades nacionales advierte que “la actual gestión del gobierno argentino restaura las políticas que privilegian a las grandes empresas audiovisuales y de telecomunicaciones en desmedro de las radios y televisoras del sector social”. El documento se titula “Regresión. Las nuevas políticas para medios comunitarios en Argentina” y forma parte de una investigación realizada por María Soledad Segura (Universidad Nacional de Córdoba), Verónica Longo (Universidad Nacional de San Luis), Emilia Villagra (Universidad Nacional de Salta), Ana Laura Hidalgo (Universidad Nacional de San Luis), Natalia Traversaro (Universidad Nacional de Córdoba), Alejandro Linares (Universidad Nacional de La Pampa), Larisa Kejval (Universidad de Buenos Aires) y Natalia Vinelli (Universidad de Buenos Aires), con financiamiento del Conicet y de la Defensoría del Público. El texto comienza destacando que las políticas de comunicación en el país contribuyeron históricamente a construir una posición de profunda desventaja en términos de sostenibilidad económica de los medios comunitarios con respecto a los medios de propiedad privada con fines de lucro y a los de propiedad estatal. La ley de Radiodifusión 22.285 establecida por la última dictadura militar en 1980 vedaba la posibilidad de las organizaciones sin fines de lucro de ser licenciatarias de servicios de comunicación audiovisual. Pese a ello, en los primeros años de la transición democrática múltiples movimientos populares –de derechos humanos, género, ambientalistas, pueblos originarios, etc.– montaron radios y televisoras comunitarias de modo ilegal para acompañar los reclamos de esas organizaciones al mismo tiempo que plantearon el debate por el reconocimiento de sus derechos comunicacionales. Desde ese lugar de resistencia, cuestionaron las políticas de comunicación de los sucesivos gobiernos que posibilitaron los procesos de concentración y trasnacionalización del sistema mediático. A su vez, como parte de ese proceso las asociaciones que agrupan a las radiodifusoras comunitarias fueron protagonistas de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, alianza que propuso los 21 puntos por una Radiodifusión para la Democracia, en base a los cuales se formuló el proyecto que en 2009 se convertiría en la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. La lucha de los medios comunitarios contó con el respaldo de numerosos organismos intergubernamentales, como la ONU, la OEA y la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, ya que, como destaca el informe de las universidades, “los medios sin fines de lucro son centrales para garantizar el derecho a la comunicación en sociedades democráticas en un doble sentido. Por un lado, su presencia contribuye a configurar sistemas de medios más plurales y diversos, dado que se multiplican los sectores que participan de él. Por otro lado, constituyen escenarios de participación ciudadana que permiten la intervención de sujetos, temas y perspectivas que no suelen tener cabida en los medios privados-comerciales ni estatales”. La prohibición a los medios comunitarios comenzó a revertirse en 2003 cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del artículo 45 de la ley 22.285 que impedía a los medios no lucrativos prestar servicios de radiodifusión. En 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Congreso Nacional sancionó la ley 26.053 que sustituyó ese artículo y permitió que personas jurídicas sin fines de lucro sean titulares de licencias de radiodifusión. Luego llegó la sanción de la ley 26.522 que les reservó a los sin fines de lucro un tercio del espectro radioeléctrico, no les impuso restricciones de alcance ni financiamiento, estableció un fondo de fomento del 10 por ciento del gravamen recaudado por la autoridad regulatoria, les dio representación en el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Cofeca) y agregó la posibilidad de otorgar licencias de modo directo a emisoras de baja potencia en zonas de no conflicto. Desde entonces, aún con demoras y problemas, la situación de los medios comunitarios comenzó a mejorar. Entre 2012, cuando AFSCA puso en marcha el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca), y 2015, el organismo realizó 18 concursos públicos y concedió 380 premios a los equipos técnicos, infraestructura tecnológica, la producción de radio y televisión y la gestión de los medios comunitarios. Los Fomeca le permitieron a los medios del sector social equiparse para avanzar en la transición digital, producir contenidos gratuitos y abiertos y regularizar la gestión de radios, canales y productoras audiovisuales. El trabajo de las universidades describe luego cómo esos avances se detuvieron en diciembre de 2015. “Todas las políticas desarrolladas desde entonces se caracterizan por la persecución y el ahogo financiero, mientras el Estado incumple con su obligación de legalizar y fomentar a estas radios y televisoras”, se remarca. “Las nuevas políticas se expresan, por un lado, en decomisos e intimidaciones a emisoras comunitarias que padecen la ilegalidad en diferentes puntos del país y, por otro, en la dilación en la ejecución de fondos de fomento, intimidaciones por supuestas irregularidades en la rendición de fondos y desprestigio del fondo y de las radios y emisoras comunitarias”, agrega el escrito que fue presentado por la doctora Soledad Segura, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora del Conicet, en el último Encuentro de Carreras de Comunicación que se realizó en la ciudad de Paraná entre el miércoles 13 y el viernes 15 de este mes. En el documento de las universidades se destaca también que a abril de 2017, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) adeudaba pagos de cuotas a más de 200
Cambiemos: Miguel del Sel fue declarado culpable de corrupción y no podrá ejercer cargos públicos
La justicia electoral de Santa Fe encontró culpable al humorista PRO y exembajador argentino ante Panamá de manejos turbios de dinero público en campaña durante 2011, por un balance económico en que es imposible conocer el «origen y destino de los fondos de campaña». Quedó inhabilitado para cargos y candidaturas. Parece que la rendición de cuentas públicas del PRO estuvo carente de papeles en algunos distritos, como Santa Fe, en las elecciones disputas en los últimos años. Es que el humorista macrista y exembajador argentino ante Panamá Miguel del Sel fue encontrado culpable de corrupción con fondos públicos durante la campaña electoral 2011, por lo cual fue inhabilitado para ejercer cargos y ser candidato por 6 meses. El juez electoral santafecino Reynaldo Rodríguez inhabilitó a Del Sel y otros dos dirigentes del Pro santafecino para ejercer cargos públicos. La razón de la sanción es un balance donde es imposible conocer el «origen y destino de los fondos de campaña». La pena tiene una duración de seis meses para ejercer cargos públicos y ser candidato, y junto al Midachi macrista deberán cumplirla el intendente de Funes, Diego Barreto, y Norberto Principato, tesoreros del partido. La causa por la cual fue condenado el humorista está vinculada con el balance 2012 del Pro santafecino, que lleva la firma del ex embajador en Panamá y de los tesoreros. En este sentido y según el juez, la presentación «impide conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos de la campaña». «El PRO no presentó los extractos bancarios de las dos cuentas declaradas y registradas en el Banco de la Nación Argentina, por lo que no se pudo hacer un análisis de las mismas», aseguró Rodríguez, y resaltó que faltan la «acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos por parte del presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de la campaña». El magistrado advirtió que los líderes del Pro en Santa Fe no corrigieron las observaciones formuladas por la Cámara Nacional Electoral y omitieron informar partidas pendientes de cobro provenientes de aportes públicos del 2011 por más de $50000 pesos. De la misma forma, no explicaron el destino de los aportes públicos para boletas de diputados por más de $213.000, aportes por diferencia de Campaña Diputados Primaria por la suma de $5188,88 y un listado de aportes privados de $5004. Fuente: Politica Argentina
¿Dónde está Santiago Maldonado? Sergio Maldonado: «Sigo creyendo en la Justicia»
El hermano de Santiago Maldonado manifestó que tiene «esperanzas» con la designación del nuevo juez a cargo de la investigación y señaló que «el Gobierno encubrió 100 por ciento a la Gendarmería». Luego de que se apartara de la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado al juez federal de Esquel, Guido Otranto, el hermano del joven de 28 años opinó que tiene «esperanzas» con el nuevo magistrado, Guillermo Lleral, pero lamentó «que se haya perdido tanto tiempo». Al respecto, Sergio Maldonado manifestó que «se perdió tiempo por un mal accionar desde la ministro de Seguridad (Patricia Bullrich) para abajo, todos en cadena», por lo que manifestó sentir «mucha bronca». En esta línea, manifestó que «Bullrich es la mentirosa» y afirmó que «el Gobierno encubrió 100 por ciento a la Gendamería». En diálogo con El fin de la Metáfora, por Radio 10, el hermano mayor del joven desaparecido, manifestó que «al Gobierno no le interesa Santiago» ya que, si le importara, «Macri se hubiera puesto a disposición. Es la máxima autoridad y no hizo nada». En esta línea, también criticó a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y afirmó que «no se con qué cara sigue estando en un cargo para el que no está capacitada. Está demostrado que Bullrich es la mentirosa y la que no colaboró fue ella. Hay que investigarla por su accionar». La separación de otranto llegó este viernes, tras una decisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Había sido recusado por la familia y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en una presentación a la que luego adhirió la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). En el planteo, se da cuenta la imparcialidad del Juez, quien dio dos entrevistas al diario La Nación donde afirmó que Maldonado «se ahogó» en el río Chubut y se mostró partidario a desvincular a la Gendarmería. Tras la designación de Lleral al frente de la causa, con dedicación exclusiva al caso Maldonado por 60 días, Sergio sostuvo que «tengo todas las esperanzas con el nuevo magistrado. Sigo creyendo en la Justicia, es una herramienta para defendernos». Finalmente, pidió que, cuanto antes, «aparezca Santiago y se haga Justicia con todos los involucrados».
Grave: en un año las denuncias de abuso sexual aumentaron más del 25 por ciento
Es la primera vez se conocen datos estadísticos de los casos judiciales en San Juan. una de las cifras que alarman son los casos de abusos contra la integridad sexual, que desde el 2013 y hasta el 2016 forman un total de 1480 causas. Lo llamativo es que entre 2015 y el 2016 las presentaciones por este tipo de delito aumentaron un 25 por ciento. Durante la tarde del jueves el Poder Judicial publicó las estadísticas de los casos que ingresaron en la Justicia y cuántos de ellos se lograron resolver. El resultado es preocupante ya que menos del 70 por ciento de los casos que ingresan por año tienen resolución. De los delitos penales los que más preocupan son aquellos que atentan y afectan la integridad sexual: abuso sexual, violación, rapto, corrupción de menores, pornografía entre otros. De un total de 73.813 delitos que ingresaron a la Justicia, en cuatro años, 1480 son por abuso. Pero otro punto llamativo es que desde el 2013 hasta el 2016, las causas contra la integridad sexual disminuyeron. Estadísticas sobre cantidad de casos -2013: ingresaron 447 casos contra la integridad sexual de 23.740 causas penales, de las cuales se resolvieron 1.931. -2014: ingresaron 369 casos contra la integridad sexual de un total de 26.169 causas penales de las cuales se resolvieron apenas 2.320. -2015: ingresaron 285 casos contra la integridad sexual de un total de 23.904 de los cuales se resolvieron 1739 causas. -2016: ingresaron 379 casos de abusos de un total de 44.172 penales de los cuales se resolvieron 4.031 causas.
Desde ATAP quieren que el boleto llegue a los 12 pesos
Los empresarios de las líneas de transporte de San Juan esperan que llegue a ese monto. Según el presidente de ATAP, Ernesto Moyano, el aumento en realidad dependerá de los subsidios nacionales, pero quieren que suba como en otras provincias que rondan a los 18 pesos. El presidente de ATAP, Ernesto Moyano, comentó, sobre el posible aumento del boleto de transporte público. «Estimo que no menos de 12 será la tarifa, por supuestos será el resultado de estudios de costo que se está evaluando y lógicamente conjugarlo con el sistema de subsidios de transporte», expresó. «Se presume en una tarifa de 12 pesos. En otras provincias están por encima de ese precio, como Mendoza, Córdoba y en Tucumán, Corriente tiene una tarifa de 18 pesos», agregó. «Esa es la realidad que reflejan los costos de explotación y que por supuesto está en directa relación con los subsidios o con fondos de compensación tarifaria fijados por el Gobierno Nacional y que regularmente la Nación está depositando a la provincia para hacer el pago de ese importe», finalizó.
Otro sismo en México de 6.2º causó pánico y detuvo tareas de rescate
Un sismo de magnitud 6.2 sacudió el sábado la Ciudad de México precipitando a las calles a muchas personas que salieron asustadas de sus casas, cuatro días después de que un brutal terremoto dejó casi 300 muertos en el centro del país y colapsó decenas de edificios. El epicentro se ubicó a 19.3 kilómetros de Matías Romero, en el suroriental estado de Oaxaca, a una profundidad de 32 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). «Yo pesé que era la televisión, estaba viendo un reportaje sobre el rescate en Tlalpan y escuché más fuerte la alarma y bajé con mi familia», dijo Sergio Cedillo, de 49 años. El jefe de los servicios de emergencia de México, Luis Felipe Puente, dijo que el sismo, además de en Oaxaca y la capital mexicana, también fue sentido en Guerrero, Chiapas, Veracruz, Estado de México y Tabasco, pero que hasta el momento no había reportes de daños. Inmediatamente después del sismo, fueron detenidas las labores de rescate que se están llevando a cabo en la capital para chequear que las estructuras previamente dañadas por el sismo del martes no terminaran de colapsar, agregó. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dijo que se activaron los protocolos de seguridad. El servicio sismológico nacional informó de al menos de dos réplicas posteriores.
El gobierno prometió apoyar la prórroga de la ley que frena los desalojos de comunidades indígenas
Así lo manifestó el jefe de gabinete Marcos Peña a través del Twitter. Mientras tanto, ayer se desarrolló un debate público en el Senado, en el que se expresó la necesidad de prorrogar la ley 26.160. Ayer se realizó un debate público en el Senado nacional en el que se discutió la necesidad de aprobar la prórroga a la Ley 26.160 que declara la emergencia territorial de las tierras que ocupan las comunidades indígenas. La ley, sancionada en 2006, ordena al Estado realizar un relevamiento territorial para determinar cuáles son los territorios que pertenecen a las comunidades originarias y prohíbe mientras tanto los desalojos. Los pueblos originarios de todo el país insisten en la urgencia porque la última prórroga que se dictó para esta ley vencerá el próximo 23 de noviembre y los relevamientos no han sido concluidos. Sin embargo, los legisladores rechazaron su debate en la última sesión y lo pospusieron para la próxima semana. La audiencia pública de ayer fue convocada por el senador Fernando Pino Solanas, uno de los impulsores de la prórroga de la ley. Allí, el representante de la Confederación Mapuche Neuquina, Jorge Nahuel señaló que “la ley 26.160 es una obligación del Estado y estamos llegando al año 11 de su aprobación y hay un absoluto incumplimiento tanto de los gobiernos provinciales como el nacional.” “Detrás de la no aprobación de la prórroga hay un clima de represión organizado”, denunció Nahuel y dijo que “estando vigente la ley hoy los territorios están militarizados y están violando todo tipo de procedimiento para ingresar”. También relató que “en Neuquén la semana pasada realizaron allanamientos en territorios comunitarios sin orden judicial, y el argumento esgrimido por el comandante de Gendarmería es que no estaban violando ningún domicilio, ni propiedad porque solamente estaban recorriendo el territorio. A esta altura de la historia, con 25 años de reconocimiento constitucional y más años de vigencia del convenio 169 hay que estar explicando que el territorio comunitario es equivalente a la propiedad privada de cualquier habitante de este país”. Las organizaciones indígenas de distintos puntos del país preparan una movilización al Congreso para el miércoles que viene 27 de septiembre, en el marco de la discusión de la prórroga en el Senado. El jefe de Gabinete, Marcos Peña desde su cuenta oficial de Twitter dijo que “acompañaremos la prórroga de la Ley 26.160 pedida por las comunidades originarias. Seguiremos trabajando desde el INAI en el relevamiento de tierras que permita solucionar el tema”. Fuente: Farco
Escándalo: un tribunal absolvió a cuatro genocidas por considerar que cumplieron órdenes
A más de cuatro meses del fallo de la Corte a favor del 2×1 para represores, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia absolvió por unanimidad a dos exjefes de inteligencia militar, a un jefe policial y a un exauditor del Ejército por el secuestro de una pareja en 1978. El fiscal general apelará la sentencia. A más de cuatro meses de la fuerte polémica -que incluyó una multitudinaria marcha de rechazo- por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de declarar aplicable el cómputo del 2×1 para la prisión en casos de delitos de lesa humanidad, un tribunal chubutense desató un escándalo en derechos humanos al emitir un fallo de absolución a cuatro genocidas enmarcable en la olvidada figura de la Obediencia Debida. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia absolvió ayer por unanimidad a dos exjefes de inteligencia militar, al jefe de la Unidad Regional de la Policía chubutense en esa ciudad y a un exauditor del Ejército por haber secuestrado a una pareja en 1978, con los insólitos argumentos de que actuaron en cumplimiento de órdenes que no creyeron ilegales y que no tenían poder de decisión sobre las víctimas. El fiscal general Teodoro Nünrberg, que había pedido condena para tres de los acusados, adelantó a Fiscales que apelará la decisión. La jueza Nora Cabrera de Monella lideró el acuerdo y sus colegas Enrique Jorge Guanziroli y Luis Alberto Giménez se pronunciaron en el mismo sentido y con votos propios. Curiosamente, los tres consideraron que los delitos se cometieron y que alcanzan la categoría de crímenes de lesa humanidad porque «ocurrieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático, imperante en la República Argentina en esa época, instrumentado contra parte de la población civil», pero desvincularon a los represores por juzgar que se les ordenó secuestrar personas, que no sabían que eso es ilegal y que no tenían capacidad de decisión. «Ninguno de estos acusados tuvo intervención en el alojamiento de Chill Groshaus (uno de los secuestrados) en la unidad militar (Regimiento 8, donde Andrada y Ferrucci (militares de inteligencia) interrogaron a la víctima en dos oportunidades), no dieron la orden para ello, y no dirigían el establecimiento donde estaba detenida la víctima, aunque sí tuvieron contacto con ella y cumplieron actos vinculados a esa detención», argumentó la jueza Cabrera de Monella en su voto. Los beneficiados por la escandalosa determinación judicial son Esteban Pompilio Ferrucci y Omar Andrada, jefe y segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 183 del Ejército, para quienes Nünrberg había reclamado una pena de seis años de prisión; el exjefe de la Unidad Regional de la Policía, Guillermo Jones, sobre quien pesaba un pedido de cuatro años de prisión; y el exauditor del Comando de la Brigada de Infantería IX, José Roberto Abba, a quien el fiscal decidió no acusar. Abba, por su parte, tuvo una semana de viento a favor: obtuvo su segunda absolución por crímenes de lesa humanidad en menos de 7 días, ya que el viernes pasado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán lo absolvió por el beneficio de la duda en la causa Operativo Independencia. En el juicio se investigó la responsabilidad de los represores en la privación ilegal de la libertad del matrimonio compuesto por Groshaus y Alicia Beatriz Levich entre junio y septiembre de 1978, las cuales fueron registradas en documentos de la Policía provincial y del Ejército. La magistrada Cabrera de Monella agregó que «en esa cadena de mando que se ha descripto la injerencia de Ferrucci y Andrada no aparece necesaria –ni accesoria- para que esa detención ilegal se mantuviera» y remarcó: «Repito no dieron la orden, el establecimiento donde se cometía el delito no estaba bajo sus mandos, pero lo más importante podían entender -tanto uno como el otro- que la orden emanada de su superior que se interrogara a Groshaus era legal. En efecto, Ferrucci la recibía del General Gamen y Andrada de su jefe inmediato, y la manda consistía en hacer algo de su incumbencia funcional». Si bien la acusación fiscal fue por el delito de privación ilegal de la libertad, la jueza indicó que «tal como lo señaló el Defensor Oficial no se les ordenó (a los militares) cometer acciones aberrantes como producir tormentos, asesinar o hacer desparecer a una persona, esto es, manifiestamente ilícitas que podían y debían desobedecer sino la averiguación de hechos que en esa época se consideraban amenazantes del nuevo orden establecido». En tren de esa afirmación, razonó que «en ese contexto histórico, cumpliendo funciones en un Destacamento de Inteligencia que un superior le mandara investigar si un sospechoso tenía vinculación con actividades subversivas, entraba en los parámetros de sus funciones y órdenes a acatar».
Audio de Gendarmería: «Dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana»
El audio fue difundido por La Nación. El mismo diario informa de otro audio donde se habla de “esconder los vehículos”. El diario La Nación dio a conocer un audio que habla abiertamente de Santiago Maldonado en una camioneta. El mismo es uno de los audios que surgen de los peritajes de las llamadas y mensajes entre celulares de los gendarmes. El peritaje de las llamadas corre a cargo de la Policía Federal Argentina. En el textual –que se puede escuchar en el sitio de La Nación- se escucha “ahí está hablando todavía. Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana». Se trata de un audio de Whatsapp enviado entre dos gendarmes. Según señala el diario que difundió el audio, «la sargento» es Sergio Sartirana, quien era el chofer de una de las camionetas Ford Ranger que actuó en el operativo represivo del pasado 1° de agosto. El mismo, medio consigna que Sartirana era parte de la patrulla que integraban Emmanuel Echazú, el cabo Darío Zoilán, y su compañero Juan Carlos Pelozo. Otro audio, también difundido en estas horas, habla de «esconder los vehículos». El mensaje es del 4 de agosto y dice, textualmente, «ahí dicen que saquen los vehículos, que escondan». Estos mensajes aparecen en el marco de las múltiples versiones y afirmaciones cruzadas de las últimas semanas. Al mismo tiempo, tanto las fuentes judiciales colmo oficiales hacen un filtrado selectivo de la información con la que cuentan.
Curas en Opción por los Pobres llamó a votar contra las políticas de Cambiemos
De cara a las elecciones legislativas aseguraron que «un cristiano no puede darle el voto a un gobierno como éste, que multiplica las ayudas fraudulentas a sus amigos». Además, se preguntaron ¿dónde está Santiago Maldonado? y dejaron en claro que “no se puede ser cristiano y neoliberal”. El Grupo de Curas en Opción por los Pobres se pronunció sobre las propuestas que se presentan en la campaña hacia las elecciones legislativas del 23 de octubre y convocaron a votar en contra de las políticas del Gobierno de Mauricio Macri considerando que «están en juego dos modelos antagónicos de país: un país injusto y dependiente, que concentra la riqueza en una minoría o un país con la gente adentro, distributivo, soberano e inclusivo». «Frente a esta coyuntura, como cristianos, sabemos que el resultado de estas elecciones puede confirmar o revocar el rumbo elegido por el gobierno, influyendo a su favor o en su contra en la relación de fuerzas, fortaleciendo o debilitando su poder político. Un gobierno que maltrata así a su población, y vive construyendo falsedades, es un gobierno que le da la espalda a los preferidos de Dios. Matar de hambre, desamparo o indiferencia al pobre es un pecado. Votar un gobierno que asfixia a los pobres, creemos que también lo es. Sin ningún temor o prejuicio sostenemos firmemente que un cristiano no puede darle el voto a un gobierno como éste, que multiplica las ayudas fraudulentas a sus amigos, facilita las ganancias de los ricos y condena a los pobres a la marginalidad y lo hace a la luz del día con mentiras y desparpajo», aseguraron mediante un comunicado en las redes sociales. Los curas consideraron que “no se puede ser cristiano y neoliberal” y concluyeron con un mensaje claro: «Mientras nos encaminamos a esta crucial elección del 22 de octubre, nos seguimos preguntando: ¿Dónde está Santiago Maldonado?».
Apartaron al juez que investigaba la desaparición de Santiago Maldonado
Finalmente, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, fue separado de la causa que investiga la desaparición del artesano Santiago Maldonado, de quien no se sabe nada desde el 1 de agosto y que según testigos fue detenido por la Gendarmería durante un operativo sobre la Ruta 40 para desalojar una protesta de la comunidad mapuche. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia admitió el planteo recusatorio presentado por la familia del joven y avalado por el fiscal Norberto Bellver, y dispuso que sea reemplazada por el titular del Juzgado Federal N° 2 de Rawson, Gustavo Lleral. Según se difundió a través del Centro de Información Judicial (CIJ), la decisión fue con fundamento en el alegado temor de parcialidad evidenciado por la familia de Santiago Maldonado. En la resolución, el tribunal -integrado por los jueces Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman- señaló que «no existen elementos que nos permitan abrigar ninguna duda acerca de la honestidad intelectual y apego al cumplimiento de sus funciones del juez Otranto, más dicha circunstancia no resultan óbice para resolver del modo que lo hacemos». En su dictamen, el fiscal Bellver consideró: «Creo que hay fundamentos serios como para apartarlo. Pero todo esto es subjetivo y lo que para mí puede ser causa necesaria para apartarlo, para la Cámara puede ser que no. Hemos estudiado y nos pareció más que sólido y que había que hacer el pedido», sostuvo en declaraciones a radio Rivadavia. Con el patrocinio de la abogada Verónica Heredia, la familia de Maldonado había pedido la semana pasada que el juez federal de Esquel fuera apartado de la causa por el «nulo avance» registrado en la investigación. «El juez Otranto nos decía una cosa a nosotros y otra a los medios, y fue terrible cuando habló de que la hipótesis más firme era que Santiago se ahogó», aseguró Sergio Maldonado, quien señaló que, de esa manera, el magistrado a cargo de la investigación estaba dando por desestimada la hipótesis de la desaparición forzada de su hermano. «Jamás lo había planteado y fue terrible para la familia escuchar del juez decir semejante cosa», sostuvo el hermano del joven de 28 años visto por última vez el 1 de agosto, durante un operativo realizado por Gendarmería en el campo habitado por familias mapuches del Pu Lof en Resistencia de Cushamen. En la audiencia ante la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Comodoro Rivadavia, Sergio Maldonado detalló los pasos que dieron durante los días que siguieron a la desaparición de su hermano, en la primera semana de agosto último. «El lunes 7 me presenté ante el juez, antes había hecho lo propio ante la fiscalía, donde me hicieron un informe y el juez se dedicó a cuestionar todos los puntos del informe fiscal», relató Sergio, tras lo cual apuntó: «En síntesis, no me dio ni cinco de bolilla; siempre me atendieron con una soberbia impresionante». La audiencia se inició con la exposición de Verónica Heredia, la abogada de la familia Maldonado ante la corte presidida por el juez Javier Leal de Ibarra e integrada por los magistrados Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman. «Nosotros simplemente estamos utilizando los mecanismos legales y cuestionando la falta de imparcialidad del juez, que descarta una y otra vez la única hipótesis seria que hay, que es la desaparición forzada de Santiago», dijo tras la audiencia a la prensa. En este marco, vinculó la desestimación de esa hipótesis por parte de Otranto con «las fuerzas de seguridad que están actuando con una violencia inusitada (en comunidades mapuches del departamento de Cushamen, en Chubut), razón por la cual hemos pedido una medida cautelar para la protección de testigos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos».
