Omar Félix, titular del PJ mendocino, apunta a tomar medidas de ‘protección, promoción y mejoramiento de la vid’. La industria vitivinícola busca salir del amesetamiento de los últimos años y volver a crecer. El terreno que fue ganando la cerveza por sobre el vino, sumado a las dificultades impositivas, cambiarias y de marketing, comenzó a hacer reaccionar al sector y el eslabón más débil de la cadena productiva también pelea para poder avanzar. En el medio de este contexto, un legislador nacional justicialista por Mendoza presentó en el Congreso un proyecto de ley para que se prohíba durante una década la importación de vinos a granel. La iniciativa fue elevada la semana pasada a la Cámara de Diputados por Omar Félix, titular del PJ mendocino, quien apunta a tomar medidas de «protección, promoción y mejoramiento de la vid». En diálogo con LA NACION el sanrafaelino dejó en claro que su proyecto busca disparar el debate en torno a la necesidad de que «a toda la cadena productiva le vaya bien». El legislador dijo, también, que no le gusta ver vinos en las góndolas locales con la etiqueta de otro país, como Chile. Y señaló: «Es un cachetazo al orgullo mendocino». «Cuando hay excedentes vínicos la uva no vale para el productor porque hay demasiado stock. Cuando no hay excedentes, traemos vino de afuera. En definitiva para el productor la ley de la oferta y la demanda no funciona, está anulada. La realidad es que no se toman los recaudos, ni se inician las políticas para que esto no pase», indicó Félix, quien destaca la importancia que tiene el país en la producción de Latinoamérica: ocupa el primer lugar en la región y el quinto en el mundo, detrás de Francia, Italia, España y Estados Unidos. Por tal motivo, el exintendente de San Rafael propone, entre otras acciones, optimizar los sistemas de riego, facilitar la colocación de mallas antigranizos, mecanizar las áreas de producción, controlar de manera integral las plagas y realizar tratamientos posteriores a la cosecha. Al mismo tiempo, aspira a que haya mayor acceso crediticio e incentivos impositivos para los productores. Además, busca que todos los programas de financiamiento nacionales y externos estén centralizados, con tasas de interés subsidiadas en 25% y con un plazo de gracias de 24 meses. Y agregó: «Desde los sectores industrializadores se piensa en la rentabilidad del sector y no en el cuidado de toda la cadena productiva. Los vinos que se han importado están por debajo de los estándares de calidad que se solicita en la Argentina, por lo que esto, también, atenta contra el mercado. Por eso, queremos que esta iniciativa sirva para generar el debate que se necesita para que la cadena no se corte por el eslabón más débil, para que haya un criterio de solidaridad». Así como el legislador recibió avales políticos y del sector, sobre todo de los viñateros, las críticas a su propuesta también aparecieron. En las redes sociales hubo quienes salieron a cuestionarlo, sobre todo porque nada garantiza que, con esa medida, la industria mejorará los precios al consumidor y la situación de los viñateros locales. De todas maneras, se espera que la iniciativa sea llevada al recinto para su tratamiento. Esta idea comenzó a tomar forma durante la campaña electoral del año pasado. En los actos proselitistas, el ahora legislador nacional, hizo referencia a este proyecto y mostró que la importación de vino en la primera parte del 2017 fue un 90% superior a la efectuada entre los años 2011 y 2016. «Es necesario frenar la importación del vino para que Mendoza vuelva a crecer», decía uno de los spots. Ahora, la propuesta ha sido materializada en un proyecto de ley que ingresó a la Casa de las Leyes de la Nación. Fuente: La Nación  

A contramano de la operación de los medios monopólicos , los peritajes balísticos y de registro de pólvora por la muerte del joven barilochense a causa de un disparo por la espalda, sostendrían que la bala 9 milímetros que lo asesinó correspondería al arma usada por un agente ya identificado de la fuerza que comanda Bullrich, y que no hay rastros de explosivo en las manos de la víctima. A casi cuatro meses del 25 de noviembre, cuando Rafael Nahuel fue asesinado por un disparo por la espalda, estarían a punto de conocerse dos peritajes fundamentales que dejarían expuesto que se trata de un caso de gatillo fácil bajo el paraguas protector de la «nueva doctrina» de Patricia Bullrich: la bala 9 milímetros que terminó con la vida del joven mapuche correspondería a un arma utilizada por un prefecto, quien ya estaría identificado, y no se hallaron rastros de explosivo en las manos de la víctima. Tal como publicó Letra P en un artículo de Sebastián Lacunza, fuentes «con acceso al expediente» señalaron que los peritajes balísticos y de registro de pólvora ordenados por el juez Gustavo Vilanueva indicarían ambas novedades respecto de la investigación y, por el contrario, determinarían que sí se encontró presencia de rastros de explosivo en las manos de uno o los dos jóvenes mapuches que rescataron a Nahuel en el momento en que éste recibió el disparo que le quitó la vida. El portal En Estos Días reveló que el informe del Centro Atómico Bariloche (CAB) descartó que el joven asesinado por efectivos de Prefectura haya disparado o estuviese armado. De la muestra correspondiente al joven mapuche asesinado se analizaron 4163 partículas y ninguna arrojó como resultado la presencia de los tres elementos constitutivos de la pólvora (bario, plomo y antimonio). De las cintas de carbono correspondientes a Fausto Jones Huala -uno de los dos jóvenes que bajó el cuerpo de Nahuel hasta la ruta 40- de un total de 4001 partículas analizadas sólo una contenía los tres elementos (bario, plomo, antinomio). Según consta en el expediente, recogió casquillos de las balas 9 milímetros disparadas por los Albatros. En el caso de Lautaro González -quien también llevó el cuerpo de Nahuel- una sóla de las 3534 partículas estudiadas arrojó resultado positivo. Fue hallada en su mano izquierda, pero el joven es diestro. Del estudio surge que la bala extraída del cuerpo del joven barilochense es compatible con una de las armas inspeccionadas por los peritos oficiales Roberto Nigris y Karina Uribe y la perita de la querella, Silvia Bufalini. Por eso las fuentes citadas por ese portal sostienen que es un hecho la identificación de cuál de los ocho prefectos involucrados en el operativo fue el autor del disparo. Luego de la inspección sobre el terreno que encabezó Villanueva el 7 de diciembre pasado en la que se halló una gran cantidad de municiones coincidentes con las utilizadas por los albatros y de estos nuevos resultados, quedó aún más descartada la versión que había dado el Gobierno nacional de que un reducido grupo de prefectos se vio sorprendido y acorralado por más de veinte mapuches que bajaron de la montaña disparando armamento de grueso calibre. Según el Ministerio de Seguridad que conduce Bullrich, los proyectiles de los mapuches habían provocado que fueran arrancados árboles de cuajo y, según la vicepresidenta Gabriela Michetti, los supuestos atacantes tiraron “con todo”, desde poderosos explosivos hasta lanzas y boleadoras. Bufalini declaró que la versión oficial resultó incompatible con la escena porque no hubo rastros de fuertes explosiones en la flora del bosque de Villa Mascardi ni fueron levantadas otras vainas que no fueran las de Prefectura. Se supone que es imposible que alguien hubiera limpiado la escena con tanta meticulosidad como para sólo dejar los restos de balas de la fuerza pública, algunos de ellos, bajo tierra, como fueron hallados. Para Bullrich, sin embargo, los prefectos debían estar fuera de sospecha, porque, según argumentó, encararon una «acción legítima, enmarcada en la ley frente a la acción violenta, ilegal e inaceptable para la democracia de un país que quiere vivir en paz». El diario Clarín indicó el 8 de febrero que el microscopio del Instituto Balseiro habría detectado restos de pólvora en las manos del fallecido Nahuel, versión desmentida de inmediato por las autoridades de ese centro científico.

Definida la estrategia de impulsar la reforma laboral por capítulos, Mauricio Macri dio la orden de volver a la carga con el proyecto oficial, cuyo tratamiento se empantanó en diciembre en el Senado por la falta de un acuerdo con el PJ y con el sector de la CGT que comulga con Hugo Moyano. El plan del Gobierno será aprobar antes del primer semestre los puntos en los que domina un consenso con los bloques legislativos y con la CGT, en la que ya no tiene más injerencia el jefe camionero. En la primera tanda, que sería tal vez después del debate sobre el aborto, se avanzaría sin problemas con el blanqueo de trabajadores informales, la ampliación de licencias por paternidad y las pasantías como capacitación laboral. Llegaría después la pulseada por las modificaciones que generan más resistencia, como el cálculo de las indemnizaciones, la posible creación de un fondo de desempleo en determinados sectores y la rebaja de los aportes patronales a la seguridad social, que ya fue incluida en la reforma tributaria sancionada al cierre de 2017. Ese debate se daría en junio, según afirmaron dirigentes sindicales con buena llegada al oficialismo y fuentes legislativas de Cambiemos. La fecha no sería casual: durante ese mes comienza el Mundial de fútbol, un punto en el calendario que nada tiene que ver con los gremios, pero que se vislumbra ya como una suerte de bisagra en la trastienda política. En la Casa Rosada se entusiasman con un «efecto dominó»: si avanzan con blanqueo laboral, licencias y pasantías, difícilmente se frenen los otros puntos. La expectativa crece a partir de un acuerdo, hasta ahora retórico, que se dio entre los principales dirigentes de la CGT y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para aprobar el blanqueo laboral durante el primer semestre. «La CGT nos va acompañar, la mayoría entendió que no es una reforma salvaje. Vamos a depender de los legisladores», pronosticó un jerárquico de la cartera laboral. Triaca y la CGT reflotaron hace algunas semanas el borrador del proyecto que se había frenado el año pasado en el Senado. Coincidieron en que no buscarán modificaciones en la letra chica y en la necesidad de tratar con urgencia la iniciativa de blanqueo y el proyecto para crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud, cuya finalidad será la de reducir el nivel de litigiosidad que existe hoy en contra de las obras sociales sindicales. Tan allanada estaría la negociación que un jefe de un gremio industrial exageró: «Estamos tan de acuerdo con el blanqueo, las capacitaciones y la agencia médica que si es necesario levantamos las dos manos en el Congreso». El plan oficial de blanqueo prevé eximir por ley del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus trabajadores y en el que el Estado reconocerá a cuenta los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad. También se les reconocerán el escalafón y la antigüedad. En el país hay actualmente 4,5 millones de asalariados que están en negro, que no aportan al sistema y que no cuentan con obra social ni derechos laborales. «Es una irresponsabilidad haber tirado un tema como este y no resolverlo. Esto va a salir sí o sí, pero no avanzarán con las indemnizaciones», planteó un referente de la CGT que tiene trato casi a diario con Triaca y otros funcionarios macristas. ¿Se enciende un foco de tensión por los cambios en las indemnizaciones? «Cuando lo intenten, veremos», desafió el gremialista. Tal vez para cuando llegue ese debate, la central obrera tenga un nuevo consejo directivo, integrado en su mayoría por dirigentes de buen diálogo con el Gobierno, de acuerdo con los actores que están gestando la reconstrucción. Con las reformas tributarias y previsionales en marcha tras un agitado fin de año legislativo, Macri ubicó ahora la laboral entre una de sus prioridades. Busca dar mayor previsibilidad al mercado y precisar los costos. «Hoy no se sabe cuánto cuesta contratar o despedir», argumentó un funcionario. La pulseada por las indemnización ya se anticipa complicada. El proyecto oficial contemplaría excluir del cálculo las horas extras, bonificaciones y compensación de gastos. También todo rubro que carezca de periodicidad mensual. El impulso de la Casa Rosada no tuvo aún eco en el Congreso. «La agenda productiva comenzará recién después del debate sobre el aborto», afirman en el oficialismo. La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados está presidida por el sindicalista Alberto Roberti (Bloque Justicialista), que el año pasado avaló la reforma previsional a pesar del rechazo de la CGT. En el Gobierno lo consideran un eventual aliado y siguen de cerca el avance de la causa judicial en la que se lo investiga por administración fraudulenta de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles. Roberti, que estaría con problemas de salud, no recibió todavía instrucciones para activar la discusión en la comisión. Lo mismo ocurre en el Senado. Fuente: La Nación

Informe de Amnistía Internacional sobre agresiones coordinadas en redes sociales: los custodios cibernéticos del gobierno de Cambiemos La organización de derechos humanos analizó y describió el accionar de los trolls en las redes sociales, que se activan ante posiciones críticas al Gobierno por parte de periodistas o de defensores de derechos humanos. Quiénes son y cómo operan. La mecánica es así: ante una opinión crítica a una medida de gobierno o a algún funcionario, se activa una dinámica en las redes sociales que termina en un ataque de la “cibertropa”. “El método utilizado combina la acción de cuentas personales de referentes políticos, trolls (cuentas cuyo registro violento bloquea el debate y desvía la conversación), bots (cuentas parcial o totalmente automatizadas en sus interacciones) y seguidores regulares. En algunos casos, los voceros oficiosos, los formales y los informales, difunden información falsa (fake news) atacando a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El objetivo es generar acciones con el fin de producir algún efecto en la opinión pública, en la circulación de la información o en la persecución de opiniones críticas”. Así describe Amnistía Internacional el funcionamiento, en las redes sociales, de las agresiones a la libertad de expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en la Argentina. La organización destacó que esta acción coordinada se despliega desde cuentas identificadas con el gobierno de Cambiemos. Por Victoria Ginzberg AI realizó un relevamiento del comportamiento de este tipo de agresiones en Twitter entre el 22 de octubre y el 14 de noviembre del año pasado. Tomó como universo de análisis las cuentas de ocho periodistas (Hugo Alconada Mon, Edi Zunino, Maria O’Donnell, Reynaldo Sietecase, Romina Manguel, Marcelo Longobardi, Ernesto Tenembaum y Nelson Castro) y la que corresponde a la difusión de las actividades del premio Nobel de la Paz y dirigente del Servicio Paz y Justicia (SerPaj), Adolfo Pérez Esquivel. También trabajó sobre las menciones al periodista Carlos Pagni y a la directora ejecutiva y vocera de Amnistía en Argentina, Mariela Belski, quienes no tienen cuenta de Twitter. En el informe, en el que participaron los especialistas Martín Becerra, Luciano Galup y Juan Pablo Pilorget, se analizaron 354 mil tweets. Desde AI explicaron que se eligieron estas personas por su relevancia pública, pero además porque el hecho de que no tengan un comportamiento crítico al Gobierno constante permite identificar más claramente el funcionamiento de los ataques: “Su carácter diverso, su diferente inserción en distintos medios de comunicación y sus reconocidas posiciones también variadas en términos ideológicos y de afinidades polítco culturales, dota a los resultados de mayor representatividad, ya que las tendencias observadas se registran de modo simultáneo en todos los casos”. En el período analizado, entre los temas de la agenda pública se destacaban la muerte de Santiago Maldonado -en el marco de un operativo represivo de la Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut– y el arresto sin condena de dirigentes políticos vinculados al kirchnerismo, así como la difusión de las imágenes de la detención, en su domicilio, del ex vicepresidente Amado Boudou. En el caso de Belski, el ataque, que consistió en la difusión de una noticia falsa, se produjo luego de que Sergio Maldonado, hermano de Santiago, diera una conferencia en la sede de Amnistía (ver aparte). AI detectó regularidades en el modus operandi de las agresiones: “la coordinación –temporal y temática- se realiza mediante la participación de algún guía o figura autorizada por su relevencia dentro del segmento de cuentas afines al oficialismo nacional que funcionan como habilitadoras de un entorno discursivo”. El un segundo momento, que corresponde al ataque serial, “no expone -aunque hay excepciones- a referentes oficialistas en el frente de las provocaciones, sino que los recursos que se despliegan son trolls y bots, es decir cuentas que combinan contenidos generados por usuarios genuinos, destinados a profundizar la agresión, con actividades de retweeteo y faveo orientada a dotar de mayor relevancia y escala el ataque donde se despliegan intervenciones automatizadas y semiautomatizadas”. AI afirma que no puede identificar al Gobierno como responsable de los ataques, pero destaca que hay una “secuencia de responsabilidades” en cuyo origen hay funcionarios o voceros formales del oficialismo y también cuentas que, identificadas políticamente con el gobierno nacional, no tienen vínculo formalizado o público aunque en las redes sociales son reconocidas (y en sus perfiles también se reconocen) por su oficialismo. Entre ellos, hay “agentes de diferente rango”: están los habilitadores y los replicadores. Los “habilitadores” construyen el escenario en el que se identifica al objeto de hostigamiento y realizan una intervención que funciona como autorización para el acoso. Luego, se produce el ataque serial con cuentas anónimas o automoatizadas y perfiles que, como “células dormidas”, se activan sólo para participar de la agresión. El informe menciona como “autoridades”  de las cibertropas (las que más interacciones generan) a los usuarios @AlfredoDarrigo, @LtCastilloVice, @GustavoBruzone, @santosjorgeh, @hepoggi, @PajatitaTw, @GFrondizi y @Winston_Dunhill. Y señala que los usuarios que retweetean a estas cuentas también interactúan con algunos de los periodistas atacados –con tweets agresivos-y con @edufeiok (el periodista Eduardo Feinmann), @FerIglesias (el diputado de Cambiemos Fernando Iglesias), @santosjorgeh y @buchonsito01, entre otros. “Los casos de Fernando Iglesias y Eduardo Feinmann -afirma AI– merecen destacarse porque son a la vez destacadas figuras de generación y reproducción de mensajes intimidantes y de noticias falsas, a la vez que desempeñan un rol institucional como diputado por la gobernante Alianza Cambiemos, en el primer caso, y un rol público como conductor de programas de opinión e información en radio y televisión en emisoras que la ley califica como de ´interés público´ en el segundo caso”. El informe también analiza la particular distribución a  lo largo del día de las cuentas que participan en las agresiones concertadas: concluye que entre las dos y las siete de la mañana los usuarios de las cibertropas tienen mayor actividad en relación al conjunto y, además, sostienen su “trabajo” durante las 24 horas, lo que demuestra que parte importante de esas interacciones corresponde a programaciones automatizadas. De la actividad coordinada

El Índice de precios al consumidor (IPC) registró un aumento de un 2,4% en el último mes y, con estos números, sumado al tarifazo, la Argentina logró posicionarse entre los países con mayor inflación del mundo entero. Todo un récord de Cambiemos. El relevamiento fue realizado por la Universidad de Avellaneda (Undav) midiendo los números del IPC a nivel nacional y de la suba de tarifas y servicios públicos, sumados a los alimentos y el transporte. ¿El resultado? Un récord mundial: la Argentina se coloca como la sexta mayor inflación del mundo, siendo la segunda en la región solo superada por Venezuela. A nivel mundial, en cambio, figura del primero al quinto: Venezuela, Sudán, Congo, Libia, Angola y, después, Argentina, siendo precedida por Egipto, Surinam y Yemen. Sí, Yemen tiene menos inflación que la Argentina. «Semejante variación de precios internos alteró la distribución del ingreso, vía salarios reales. Como medida comparativa, el salario mínimo en nuestro país fue el segundo de mayor deterioro relativo, con una caía del 6,1% y solamente por debajo del caso venezolano», indica. «Lejos de ralentizarse, algunas características del proceso hacen pensar en una profundización para los próximos meses. Ocurre que, producto de la devaluación del 13% del último trimestre, se verificó un aumento significativo en el precio de los insumos más difundidos para el entramado productivo», observa el estudio. Fuente: www.diarioregistrado.com