Se cumple medio año de la represión donde se terminó con la vida del joven cuyas circunstancias de muerte aún se desconocen. La familia organizó una jornada para pedir esclarecimiento.   «Queremos que aparezca con vida ya cuanto antes, es una cosa que se hace eterna los días que pasan de que está desaparecido, queremos que ya aparezca», dijo durante una conferencia de prensa Germán Maldonado el jueves 3 de agosto de 2017. Rodeados de Madres de Plaza de Mayo y algunos organismos los hermanos Maldonado denunciaban la desaparición de Santiago, el menor de los tres varones hijos de Estela y Quique. Dos días antes, el Pu Lof en Resistencia de Cushamen en las cercanías del río Chubut se había realizado un nuevo corte de ruta pacífico que tenía horario de inicio y de final. Allí, en solidaridad con la comunidad mapuche y en sintonía con sus propias ideas es que había estado Santiago, cuando un grupo de gendarmes armados, con la excusa de «despejar» la ruta habían reprimido violentamente a los manifestantes y habían ingresado ilegalmente a las tierras persiguiendo a los manifestantes que ya habían dejado la ruta. Los perseguían a los tiros. Santiago que no alcanzó a cruzar el río. Fue la última vez que lo vieron con vida. Antes de esa represión, había estado en el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. En 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires Estela esperaba que su hijo le dijera a qué hora llegaría. Santiago había cumplido 28 años unos días antes y volvía a su ciudad para festejarlos con su familia. Nunca llamó. Por el contrario, la familia recibió la noticia de que no encontraban a Santiago y salieron a buscarlo. Setenta y ocho días después, el cuerpo de Santiago sin vida apareció a las orillas del Río Chubut, donde ya habían buscado muchas veces. Para entonces, la vida de la familia Maldonado ya había cambiado para siempre. En los 78 días, desde el gobierno y apoyados en una feroz campaña mediática, se dijo que la familia Maldonado y la comunidad impedía la investigación, que eran los mapuches quienes lo habían matado a Santiago; que Santiago estaba en Chile; que un camionero lo había trasladado hacia Entre Ríos; que pertenecía a la RAM; que había sido visto en una fiesta y que la familia era kirchnerista fueron algunas de los tantos argumentos que buscaron desacreditar la búsqueda de los Maldonado. Los argumentos pocos sólidos y una débil tarea investigativa en los días claves previos a la desaparición de Santiago, provocaron el desplazamiento del juez Guido Otranto y la llegada de Gustavo Lleral, quien actualmente lleva adelante la investigación. La causa Santiago Maldonado apareció muerto. Mientras para la justicia se trata de un “ahogamiento accidental”, la familia y los organismos de Derechos Humanos esperan determinar el marco en el cual se produjo este ahogamiento dentro de una causa que sigue llevando el rótulo de “desaparición forzada”. El cuerpo de Santiago fue analizado durante tres semanas por 55 peritos que determinaron el 24 de noviembre que el joven murió por “asfixia por inmersión ayudado por hipotermia” y que el cuerpo estuvo sumergido 73 de los 78 días que estuvo desaparecido. En diciembre la fiscal Silvina Avila pidió que se retire la carátula de desaparición forzada pero el pedido no tuvo lugar ante el juez. La investigación quedó detenida y recién cuando termine la feria judicial se retomarán las actividades para avanzar en la búsqueda de la verdad. Madre y Madres El 25 de noviembre Santiago Maldonado era velado en su pueblo natal, 25 de Mayo. Al lado del cajón, serena y con una tristeza profunda de madres estaba sentada Estela. Era un sábado a la tarde. La mitad o más del pueblo parecía no haberse enterado de lo que estaba pasando en la sala velatoria de la ciudad. Jóvenes, amigos de la familia y de Santiago y algunos periodistas estaban en la calle, como en una vigilia necesaria y dolorosa. “Nos mataron otro pibe”, dijo Nora Cortiñas y se abrazó a Estela. Una de las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora llegó al anochecer para acompañar a la familia. Ella traía la confirmación de la noticia de otra muerte: Prefectura Naval había baleado a Rafael Nahuel, un joven de 22 años durante un operativo represivo en Villa Mascardi, Bariloche. La llegada de Cortiñas fue un momento más de acompañamiento a la familia. Madres de Plaza de Mayo, desde la línea fundadora y desde la asociación fueron las primeras que abrieron los brazos para cobijar a la familia Maldonado. Su desaparición en democracia junto a los argumentos políticos del Estado de parte de la ministra Patricia Bullrich, el silencio del presidente y la operación cómplice de los medios monopólicos abrieron otra nueva ola de represión en el país y las Madres lo supieron desde el momento en que desapareció Santiago. Marcha y represiones Fueron siete las marchas que se hicieron pidiendo aparición con vida de Santiago y luego justicia. La primera se realizó al lado de la carpa de Pepsico. Junto a algunos militantes por los pueblos originarios y convocados por la familia, se realizó un encuentro frente al Congreso. Allí el gobierno desplegó un desmedido intento de represión sobre algunos militantes que nadie conocía, y que no pertenecían a ninguna agrupación. Habían intentado quemar junto a la carpa de Pepsico la moto de un policía. Los trabajadores apagaron el incendio. La primera marcha multitudinaria fue el 11 de agosto a Plaza de Mayo. Encabezada por Madres de Plaza de Mayo y organismos de Derechos Humanos miles de personas se convocaron al lugar. Veinte días después, el 1 de septiembre cuando se cumplía el mes de la desaparición de Santiago la marcha también multitudinaria convocada a Plaza de Mayo y que se replicó en todo el país. Tuvo un plus escandaloso: se produjo una represión de una desmedida violencia en la cual se llevaron detenidas 22 personas entre los que estaban tres trabajadores de prensa. Esa

En medio del escándalo de Triaca, desvinculación de los familiares de ministros en el Gobierno,  las paritarias y la discusión acerca de la reforma laboral, el presidente,  a pesar de los largos 20 días que el presidente se tomó vacacionesdecidió hacer impás en sus funciones para programar un viaje con sus funcionarios más cercanos a Chapadmalal. Allí buscarán «unir más al equipo y recargar energías para todos los desafíos de este año».   En medio de las tensiones por el decreto contra la presencia de familiares en el Gobierno y por la demanda de Sandra Heredia contra Jorge Triaca, Mauricio Macri se lleva al Gabinete a un retiro espiritual a Chapadmalal. No se descarta que participen la gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal y su equipo. «Vamos a unir más al equipo y recargar energías para todos los desafíos que tenemos este año», justificó en diálogo con El Cronista un funcionario. El retiro duraría un día y medio y queda definir la fecha, que será en el mes de febrero. Según trascendió, la Casa Rosada buscará la «unión» del Gabinete tras el decreto en el que Macri ordenó una purga de familiares que afecta a ministros como Triaca, Rogelio Frigerio (Interior), Marcos Peña (jefe de Gabinete), Patricia Bullrich (Trabajo) y Oscar Aguad (Defensa).

El 31 de enero de 2009, con tan solo 16 años, Luciano desapareció tras negarse a robar para la maldita Policía Bonaerense. Desde ese momento Luciano Arruga se transformó en bandera contra el gatillo fácil, la violencia institucional, y la criminalización de la juventud. Desde el primer momento de la desaparición familiares, amigos, organismos de derechos humanos, sociales y políticos han luchado incansablemente por su aparición y exigiendo justicia. A nueve años de su asesinato se realizó en Lomas del Mirador una nueva jornada exigiendo justicia donde su hermana Vanesa Orieta denunció ««la lógica que opera atrás de cada uno de los casos, es la misma». «Instalaron la figura del pibe chorro, esa figura demonizada, criminalizada, discriminada. Los grandes medios de comunicación se encargan de fogonear este mensaje, de instalar este mensaje en nuestra sociedad. Cada vez que esos mensajes se profundizan con pedidos de mas mano dura, avanzan las políticas de cada uno de los gobiernos constitucionales para endurecer las leyes las penas, el control, la represión que actúa como una política de control social, por sobre todo hacia los sectores pobres y por sobre todo hacia nuestros jóvenes humildes». En la misma estuvieron presentes Nora Cortiñas, familiares de Rafael Nahuel, asesinado por Prefectura, Sergio Maldonado y organismos solidarios. Con la desaparición y asesinato de Luciano por parte de la Bonaerense quedó en evidencia la complicidad del Estado y los gobiernos nacional y local que protegen a las fuerzas represivas. Hace nueve años decimos fue la Policía, el Estado es responsable

El Banco Central (BCRA) puso en circulación las monedas de $1 y $5, con el jacarandá y el arrayán como protagonistas. Ambas forman parte de la nueva familia de monedas: «Árboles de la República Argentina» y coexistirán con las actuales monedas en circulación de 1 peso y los billetes de 5 pesos. Para las grandes empresas, cámaras comerciales o afines el BCRA provee, en forma directa, tambores de $ 1 (con 150.000 monedas, en 300 bolsas de 500 cada una) o de $ 2 (con 100.000 monedas, en 200 bolsas de 500 cada una) para mejorar la provisión de cambio. En tanto, el público en general podrá conseguirlas de manera progresiva, a través de las entidades financieras, canal habitual de distribución. La nueva familia de monedas está compuesta por cuatro denominaciones que se completará, durante el 2018, con las monedas de $2 y $10. Tendrán la figura del palo borracho y el caldén, respectivamente. Las cuatro piezas forman un cono monetario (familia) cuya base es la moneda de $10, con un diámetro de 24,5 milímetros, hasta la moneda de $1, la de menor tamaño, con 20 milímetros. • Los árboles de las nuevas monedas El jacarandá habita naturalmente en las Yungas del Sur. Se cultiva hasta el centro de la provincia de Buenos Aires como árbol decorativo para parques y calles, especialmente por su floración azul lila. El arrayán crece en los bosques subantárticos, en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, cerca de los ríos y a orillas de los lagos. Foto: Ámbito.com

Así lo reveló Laura Alonso, titular de la OA. Dijo que aún está «esperando que llegue la respuesta» del ministro de Trabajo por haber nombrado a un empleada de su familia en el sindicato intervenido. La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, aseguró hoy que está «esperando que llegue la respuesta» del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en el marco de la actuación administrativa que se inició para investigar la designación de una exempleada de su familia como interventora del SOMU en San Fernando. «En la Oficina Anticorrupción hay abierta una actuación administrativa, una investigación. Se le ha solicitado información al ministro, estamos esperando que llegue la respuesta», sostuvo la funcionaria nacional, quien estimó que en «aproximadamente un mes» habrá un dictamen al respecto. En diálogo con Radio La Red, la secretaria Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción precisó que el pasado martes por la tarde «llegó al área correspondiente la respuesta del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU)».

Se publicó en el Boletín Oficial el anuncio que realizó Mauricio Macri el lunes, pero el texto de la nueva normativa consta de algunas novedades. El Gobierno oficializó el decreto anunciado por el Presidente Mauricio Macri el lunes,  que prohíbe a los ministros designar a sus parientes en la estructura del Estado. La nueva normativa fue redactada con dos excepciones. 1) Concurso público Si bien a partir del decreto los familiares de segundo grado de consanguinidad o afinidad de los ministros no deberían poder  trabajar para la administración nacional, sí podrán hacerlo quienes hayan atravesado un proceso de selección oficial. 2) Antigüedad Los familiares que gocen de una estabilidad ganada por la cantidad de años en el cargo también podrán mantener sus puestos de trabajo. Incluso quienes hayan hecho reserva del cargo por ocupar uno de carácter político.

Los trabajadores de de DeporTV, Paka Paka y Encuentro aclararan la situación que atraviesa los contenidos de la señal digital abierta. En medio de la ola de despidos llevada a cabo en los medios públicos, y con un fuerte conflicto en la cartera que conduce Hernán Lombardi los trabajadores de Encuentro, Pakapaka y Deportv expresan la gran preocupación sumado a retiros voluntarios y al cierre del área de contenidos de la Televisión Digital Abierta (TDA). Según el comunicado de los trabajadores de la señal digital aclaran que por el momento no han recibido ninguna notificación de las autoridades con intención de cerrar la señal En este sentido los involucrados llevan transparencia a la información trascendida por algunos portales y canales informativos. Los trabajadores de las tres señales “desmentimos que la cantidad de 450 despidos en el área” en diciembre de 2017 trabajaban 196 empleados aclaran en el escrito. Además denuncian que  el 60% de trabajadores despedidos en las tres señales es un dato falso difundido por los medios hegemónicos. En la misma línea de reclamo piden que re reincorporen de manera permanente a 112 trabajadores que realizan sus tareas basados en contratos  poco claros. En el mismo espíritu exigen que desde la cartera que conduce Hernán Lombardi se evalué la continuidad de 20 contratos que vencen a fines de febrero y aun no han recibido noticias de la renovación de los mismos. Además reclaman no tener información de cómo será la nueva plataforma digital en donde alojaran los nuevos contenidos a comenzar en Marzo. Los trabajadores denuncian que desde 2012 no prescriben paritarias y aun no han recibido informaciones sobre la correspondientes a 2017 por parte del Servicio Federal de Medios y Contenidos. Fuente: TiempoAr

Según consta en la disposición 21/2018, el titular del ente, Alberto Abad, determinó que se recortarán gastos haciendo desaparecer a la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social. Se trata del organismo nacional encargado de perseguir el empleo informal. Los cambios que se introdujeron en la estructura organizativa de la AFIP implicarán la reasignación progresiva del personal de esa Dirección, según informó la Subdirección General de Recursos Humanos a los afectados. Por su parte, el Secretario General de la Unión del Personal Superior de la AFIP, Julio Estevez (h), criticó «la disolución de la única dependencia con capacidad operativa y entrenamiento para combatir el trabajo en negro. Teniendo en cuenta que el 50 por ciento de la población económicamente activa no está debidamente registrada, disolver esa área lejos de ayudar a equilibrar las cuentas públicas es un atentado al equilibrio fiscal». Cabe destacar que Abad fue consultado hace un mes por El Cronista acerca de la posibilidad de que se decidiera disolver la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, y el titular de la AFIP lo negó enfáticamente.