Tras la puerta que abrió el Gobierno a frenar la baja a los derechos de exportación de soja y la suba del mismo impuesto al maíz y el trigo para reducir el déficit a pedido del FMI, revivió la vieja Mesa de Enlace y amenaza con soltarle la mano al macrismo a través de un texto dirigido al Presidente. «El desencanto con Cambiemos empezó hace rato», sostienen. El rol de Etchevehere. Tras la puerta que abrió el Gobierno a través del fortalecido ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a frenar la baja de las retenciones a la soja y la suba del mismo impuesto al maíz y el trigo como parte del pedido expreso del FMI para reducir el déficit fiscal y así poder acceder a un nuevo endeudamiento, revivió la vieja Mesa de Enlace y, con una carta, estalló contra el presidente Mauricio Macri. «Nos dirigimos a usted con el propósito de solicitarle una audiencia a fin de informarle acerca de la grave situación que está viviendo el sector agropecuario, la severa sequía y las posteriores inundaciones sufridas en los últimos meses, entre otras cuestiones que le preocupan al campo», inicia el comunicado de la Mesa de Enlace. Pero ese fragmento fue tan solo un prólogo para el verdadero mensaje-advertencia que el sector agroexportador quería enviarle a Macri: «Asimismo, nos gustaría conversar acerca de los trascendidos que dan cuenta de eventuales medidas que agravarían aún más la situación». De esta manera, la Sociedad Rural, la Federación Agraria, Coninagro y las Confederaciones Rurales Argentinas le pidieron al mandatario una audiencia para que los reciba «a la brevedad», ante la posibilidad revelada por BAE de aumentar un 10% los derechos de exportación al maíz y el trigo, que desde diciembre de 2015 tiene cero alícuota, y de de dar marcha atrás con la baja de ese impueto a la soja, que hoy paga una retención del 27.5 por ciento, pero con la promesa de una disminución de 5 por ciento desde 2017 y por siete años, luego pospuesta para pasarla a medio punto desde enero de 2018. Más temprano, el presidente de la SRA, Daniel Pelegrina, había jugado fuerte al señalar que “hay gente que está asesorando mal al Presidente». Por su parte, el titular de Carbap, Matías de Velazco, había confesado que «el desencanto con Cambiemos comenzó hace rato», bajo el pedido al Gobierno de comenzar con “celeridad” el ajuste del “gasto estatal” pero mirando a otros sectores. Dardo Chiesa, de Confederaciones Rurales, también liquidó al Ejecutivo y lanzó una amenaza directa: «Las bases preguntan cuándo movilizan». Y fue lapidario: «Es una traición». ¿Y Luis Miguel Etchevehere, el hoy ministro de Agroindustria pero hasta hace meses presidente de la SRA? Actuará de lobbista pro campo: está reunido desde las 16 con Dujovne, según Letra P y en línea con la carta de la Mesa de Enlace, para plantear la inconveniencia de modificar el esquema de retenciones.

Por la repercusión que tomó el caso, Urtubey firmó decreto en el que se sumó al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo. . Tras negarle el acceso a un aborto a una niña de 10 años que fue violada y ante la repercusión nacional que generó el caso, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, a través del decreto 584/18, adhirió al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación. “En la decisión se establece la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad”, señaló Urtubey desde su cuenta de twitter, en la que manifestó los argumentos para dar de baja el decreto de 2012 que impedía interrumpir embarazos una vez superadas las 12 semanas de gestación. el Gobierno de Salta resolvió adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado por el Gobierno nacional en 2015. — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) 24 de mayo de 2018«Frente a los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo, el Gobierno de Salta resolvió adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado por el Gobierno nacional en 2015”, agregó.

De visita oficial a la Argentina, la secretaria de Salud canadiense contó cómo impactó la ley en su país y los detalles de cómo fue implementada. El debate por la legalización del aborto, que llegó al Congreso hace dos meses, fue debatido hace 30 años en Canadá. Allí, lograron reducir un 30 por ciento las interrupciones de embarazos en adolescentes y eliminaron la muerte materna, según contó la asesora de salud Joanna Erdman. El dato lo dio a conocer la funcionaria antes del encuentro con los legisladores argentinos en el marco por la legalización del aborto. En Canadá, desde 1988 la interrupción voluntaria del embarazo es legal, gratuita y no está limitada por ley. El procedimiento se practica a petición de la mujer en hospitales públicos, clínicas particulares o es prescripto por el médico de familia en ciertos casos. Algunas normas provinciales y municipales regulan su procedimiento y condiciones de accesibilidad. Tiempo después de ser implementada en el sistema de salud canadiense y con datos para la estadística, se registró entre 1997 y 2005 que “el aborto adolescente bajó un 30 por ciento porque la legalización permitió llegar antes (que un embarazo no deseado), hablando y con métodos anticonceptivos”, contó Erdman. Luego de que la ley que regía hasta 1988 fuera declarada “inconstitucional”, el sistema sanitario “armó una forma de derivación muy buena para atender 100 mil abortos por año”, equivalente a “una tasa de 14 cada mil mujeres” y que presenta “cero muerte materna por aborto”, indicó Erdman en una rueda de prensa, recogió Télam. Joanna Erdman es titular de la cátedra de MacBain en Derecho y Política de Salud en Schulich School of Law (escuela de leyes en Toronto) y preside el Comité Asesor de Salud Global del Programa de Salud Pública canadiense. La profesora consideró que “la manera alternativa del Estado de proteger un interés prenatal es educación y prevención: no se desconoce las importancia de la vida sino que se protege un derecho, (ya que) el control de un humano no es acción del Estado posible”. “Una ley penal criminal que cause muerte y daño nunca se puede justificar”,afirmó en relación a las muertes por complicaciones en el aborto clandestino, que en 2015 significaron 43 decesos en cifras oficiales argentinas. Erdman enfatizó que “no podemos matar a nuestros ciudadanos, la ley actual (argentina) no es funcional y las mujeres tienen derechos más allá de sobrevivir embarazos”. En Canadá, “estamos salvando muchas más vidas y no relegamos a más del 50 por ciento de la población”, concluyó. Leé tambiénEsteban Bullrich y el “PRO gurka” que el debate por el aborto activó El principal tema de investigación de Erdman se centra en la salud sexual y reproductiva y los derechos humanos, plasmado en el libro “El aborto en el derecho transnacional» (2014), del que es coeditora. La funcionaria participó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y fue asesora del Departamento de Salud Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud. Fuente: TN

Antes de anunciar la vuelta al Fondo, la Casa Rosada evaluaba estirar su propuesta que comenzaría a discutirse la semana próxima. Pero tras el fuerte ajuste exigido por el organismo internacional y reconocido por el Ejecutivo, Macri decidió obedecer y busca aumentar los salarios públicos sólo 3 puntos por encima de la inflación acumulada a siete meses de que culmine el año. Con una inflación acumulada de 9,6 por ciento y a pedido on demand del Fondo Monetario Internacional, el presidente Mauricio Macri ofrecerá a los trabajadores estatales por paritarias para todo el año un 12 por ciento sin cláusula gatillo ni revisión, es decir sólo tres puntos porcentuales más que lo que aumentaron los precios en cinco meses y a siete de que termine el año. Según publicó Clarín, la decisión se terminó de tomar en la cumbre en el Palacio de Hacienda en la que se inauguró el virreinato de Nicolás Dujovne al frente del gabinete económico ampliado. Allí, con Dujovne al frente pidiendo el «máximo esfuerzo» de ajuste a cada ministro, confluyeron los otros dos ministros fuertes vinculados por la cuestión: el titular de Trabajo, Jorge Triaca, a cargo de la relación con los gremios; y el de Modernización, Andrés Ibarra, responsable de llevar la oferta a la mesa y encargado de la vehiculización del achique del Estado. Antes de la crisis del dólar y las Lebacs que terminó de provocar la vuelta al endeudamiento con el FMI, la Casa Rosada evaluaba la posibilidad de estirar su propuesta de 12 por ciento, de la que se hablaba en versiones periodísticas desde marzo. De hecho, con la inflación acumulada de 9,6 por ciento al mes de abril según el INDEC, era esperable que el piso se elevara hasta cerca del 15 por ciento. Sin embargo, por el ajuste de los gastos que el organismo de crédito internacional exigió al Gobierno, Macri obedeció y decidió que la oferta no se moverá de lo previsto: 12% sin cláusula gatillo ni revisión. Cambiemos buscará -para sumar algo- agregar al premio por presentismo que se implementó con la paritaria pasada otro incentivo para seducir a los gremios: el bono por productividad que se implementaría a través de un tablero de control de gestión que armaron los vicejefes de Gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui . La discusión comenzaría la próxima semana, para la que el Gobierno convocaría a los dos gremios que nuclean a los estatales: UPCN y ATE. Es difícil que este último, cuyo secretario general Hugo Godoy días atrás calificó de «desastrosa» la política económica de Macri, acepte una propuesta tan escasa.

 Cada vez más cerca del debate final en el Plenario de Comisiones, las audiencias por el proyecto que busca la interrupción voluntaria del embarazo continúan en el anexo de Diputados con la presencia de militantes feministas, abogadas y especialistas de la salud. Esta tarde expondrá a favor del proyecto la periodista Marta Dillon, integrante del colectivo Ni Una Menos. Las jornadas informativas continuarán con las exposiciones de manera alternada entre quienes defienden el proyecto y quienes están en contra. La última se realizará el jueves 31. Luego, los diputados tendrán dos jornadas más de debate a nivel de comisión para firmar dictamen, con lo cual el proyecto podría llegar al recinto en la segunda semana de junio. Las audiencias, que comenzaron el 10 de abril y se desarrollan todos los martes y jueves, se extenderán hasta el 31 de mayo y, a partir de allí, se empezará a definir si los impulsores de la legalización del aborto consiguen emitir dictamen de mayoría y los votos para sancionar en junio esta iniciativa. Si te lo perdiste, mira completa la jornada en Comisión:

Así lo reconoció el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger para pedirle a los empresarios que tengan en cuenta la política monetaria a la ahora de fijar los precios que estableció en un «10 por ciento más que el año pasado». En la misma línea también exigió que «tomen decisiones más inteligentes». Federico Sturzenegger participó en el 35º Congreso anual del IAEF donde le envió un claro mensaje a los empresarios que lo escuchaban y los convocó a tomar «decisiones inteligentes» a la hora de armar los nuevos precios ya que los argentinos tienen un 5% menos de dinero que en 2017 producto de las distintas devaluaciones. «La cantidad de dinero que tienen los argentinos es 5 por ciento más baja que el año pasado. Eso es lo que define el nivel de gasto posible. Y, por otro lado, los precios están un 10 por ciento arriba». Tengan presente lo que está pasando para la propia planificación de ustedes. Les pedimos que lean y miren que es lo que hacemos en política monetaria para que tomen decisiones más inteligentes», exigió. El pedido tácito para que moderen los precios fue acompañado de un repaso sobre los resultados de 2017: «El Banco Central fue muy criticado por sus políticas de tasas crecientemente restrictivas a lo largo de 2017, pero el año terminó con el mayor crecimiento del crédito en 20 años, una economía que creció 4 por ciento y una inflación núcleo de 1,4 por ciento mensual en el último cuatrimestre». Sturzenegger confió que el objetivo de la «institución es recrear ese círculo virtuoso, aun a sabiendas de que enfrentamos un escenario internacional más difícil. Les pido a ustedes que tengan en cuenta estos niveles de restricción de política monetaria a la hora de planificar los precios». «Nosotros dijimos que si en mayo no bajaba la inflación, íbamos a a subir la tasa. Eso incentivó a muchos actores a irse al corto plazo, ya que es un instrumento que permite no tener la pérdida de capital invertida en una Lebac de más largo plazo. Si baja la inflación, la tasas van a empezar a bajar y es natural que los tenedores vayan a plazos más largos, donde la ganancia de capital va a ser mayor», consideró sobre la situación y la renovación de las Lebac.  

La medida fue adoptada por un juez federal de Dolores y alcanza a todas las distribuidoras del servicio en el país. La Justicia Federal de Dolores ordenó a las prestatarias de gas de todo el país que se abstengan de realizar cualquier corte o suspensión del servicio por falta de pago, al dictar una medida cautelar a partir de una presentación realizada por la Asociación Consumidores Argentinos. Una fuente judicial explicó que la medida la adoptó el juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien dispuso que “todas las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio de gas a partir del día de la fecha derivado de la falta de pago”. En el fallo, el magistrado sostuvo que la cautelar interina se dictó “debido a que se trata de sectores socialmente vulnerables o se encuentra comprometida la vida digna” presupuestos que a su criterio quedaron acreditados en la presentación. Además, resolvió que se revisará la medida cautelar una vez que los diferentes organismos del estado contesten los informes que se les solicitó en la causa. En la presentación judicial, realizada por los apoderados de Consumidores Argentinos, José Elvis Toto y Gustavo Luis Aballar Stiep, se había solicitado “la inconstitucionalidad y la nulidad de los aumentos de gas por falta de audiencia pública en el valor del Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del gas”.

La organización de derechos humanos anunciará este jueves en el Congreso que fue aceptada su nominación. En un acto que se realizará este jueves en el Congreso de la Nación se anunciará la aceptación de la nominación de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo como candidata al Premio Nobel de la Paz 2018. El encuentro contará con la participación de Estela de Carlotto, diputados nacionales y representantes de organizaciones de derechos humanos. La actividad se realizará a partir de las 12:00 en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados, ubicada en Avenida Rivadavia 1864 de la Ciudad de Buenos Aires. La postulación de Abuelas al Comité Noruego del Nobel en reconocimiento a su lucha de más de 40 años en la defensa y promoción de los derechos humanos y la democracia fue presentada por el diputado nacional Daniel Filmus, del bloque FPV-PJ. Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo sostienen la incansable búsqueda de sus nietas y nietos, con el propósito de restituir su derecho a la identidad. En sus cuatro décadas de trayectoria, las Abuelas han logrado localizar y recuperar la identidad de 127 argentinas y argentinos. En ese camino, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo se consolidó como un actor fundamental en la organización de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en relación con los delitos del terrorismo de Estado, no sólo en nuestra sociedad sino también en la comunidad internacional.