Un fallo de la Corte Suprema de Justicia desconoció la personería jurídica que le otorgó el gobierno nacional a seis organizaciones indígenas de la provincnia de Neuquén. Fue porque para su trámite no se tuvo en cuenta la opinión de la provincia. Dieciséis años después, desaparecieron del mapa legal seis comunidades mapuches que habían nacido al amparo de la Nación bajo la presidencia de Eduardo Duhalde en forma previa a que Vaca Muerta comenzara a ingresar en el interés económico de la provincia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la nulidad de la personería jurídica otorgada en 2002 a seis comunidades mapuches por el Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). La resolución la adoptaron los 5 miembros del máximo tribunal con el voto de Horacio Rosatti, en su último acuerdo de ministros. Votaron Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. Básicamente rechazó que el INAI le haya otorgado la personería a las comunidades Lof Gelay Ko, Lof Lonko Purran, Lof Lefiman, Lof Wiñoy Tayin Raquizuam, Lof Maripil y Lof Wiñoy Folil, “sin participación ni conocimiento previo de la Provincia del Neuquén”. La medida fue previa a la ley 26.160 que se sancionó tres años después, durante el kirchnerismo, que estableció un parate al desalojo de comunidades indígenas. Falló contra el gobierno nacional al indicar que “el INAI ha actuado sin el debido respeto a los poderes concurrentes de la provincia en la materia, por lo que corresponde declarar su nulidad”. Insistió que la Provincia del Neuquén “no fue informada ni consultada respecto de lo solicitado por las comunidades y, por consiguiente, no participó en la conformación del conjunto de datos que resultan relevantes para reconocer a una comunidad aborigen con personería jurídica”. Para que quede claro, el fallo fue taxativo: “El organismo nacional, en el marco del régimen constitucional vigente, no tiene, el poder de otorgar la personería a las comunidades en tanto subsistan objeciones de la Provincia del Neuquén”. En los fundamentos de la medida, se indicó que la Provincia -que promovió la demanda- mencionó que algunas de las comunidades (Gelay Ko y Wiñoy Folil) habían iniciado el trámite ante organismos provinciales y luego de ser notificadas de las observaciones realizadas, voluntariamente desistieron y promovieron un nuevo trámite ante el organismo nacional, “situación esta que fue conocida por el INAI, pero omitió toda consideración al respecto”. También incluye una queja de Neuquén en el sentido que los informes de campo que se ordenaron en los expedientes administrativos fueron confeccionados solapadamente y sin participación del Estado provincial y que la entrega de los instrumentos en que consta el otorgamiento de la personería tuvo lugar en territorio provincial sin conocimiento del gobierno local. La demandada también criticó el peso que se dio a la opinión de la Confederación Indígena Neuquina, “puesto que esta organización tiene interés en generar comunidades para contrarrestar la pérdida de apoyo de gran parte de las comunidades mapuches”. La cartera de Desarrollo Social de la Nación, en su defensa, indicó que la Provincia “habría omitido señalar e identificar el perjuicio, efectivo o temido, que le ocasiona el reconocimiento de la personería jurídica que el INAI llevó a cabo en favor de las comunidades señaladas”. Ocurre que reconoció el otorgamiento y que se le dio opción de nulidad a la provincia pero después del otorgamiento, no antes. Aclaró que “el INAI no aprueba los estatutos que le son presentados, sino que solo procede a registrar a la comunidad indígena solicitante en el Registro Nacional de Comunidades Indígena, Renaci”. El fallo también incluyó una opinión de la Confederación Indígena Argentina que negó el poder de policía de los estados provinciales en el otorgamiento de la personería jurídica porque “se trata de un derecho que todos los niveles estatales tienen el deber de respetar, proteger y promover”. Aclaró que, a su juicio, “la personalidad de las comunidades indígenas no depende de la realización de acto administrativo alguno, sino que, debido a la preexistencia de los pueblos indígenas, reconocida en la Constitución Nacional y también en la de la Provincia del Neuquén, se trata de una realidad jurídica anterior al Estado y que este debe reconocer, en los propios términos de la cultura indígena”. Neuquén (AN)

Como en las épocas de la dictadura militar, secuestraron a una docente de Moreno, la torturaron y la amenazaron para que deje de protestar, enviando un mensaje mafioso a la comunidad educativa y a la sociedad en general. “Secuestraron a una maestra, le pusieron una bolsa en la cabeza y le escribieron en la panza ollas no”, denunció el titular de Suteba, Roberto Baradel. SUTEBA ya había denunciado que la comunidad educativa sufre amenazas y agresiones por la decisión de suspender las clases ante el reclamo den mayores medidas de seguridad. El jueves varias fachadas de los establecimientos escolares aparecieron con volantes con críticas a las medidas. En uno de los establecimientos, hubo “frases intimidatorias”, según señaló SUTEBA. COMUNICADO: BASTA DE AMENAZAS E INTIMIDACIONES Desde el SUTEBA MORENO repudiamos la amenazas sufridas por nuestra compañera Corina De Bonis del CEC 801, quién en horas de esta tarde fue abordada por desconocidos, obligada a subir a un auto, golpearla, para luego amenazarla de muerte antes de liberarla. Esto se suma a la amenaza sufrida por la compañera Luján Abad Chas quién encontró una amenaza impresa en el portón de su casa. Estas acciones cobardes, típicas de grupos de tareas de las etapas más oscuras de la historia de nuestro país no lograrán frenar el legítimo reclamo de dignidad para nuestro pueblo. #BastaDeAmenazas La Comisión de Derechos Humanos del Instituto Patria Secuestro y tortura en Moreno, alerta y movilización en todo el país La Comisión de Derechos Humanos del Instituto Patria en conjunto con el Colectivo de Comunidades Religiosas e Identidades Culturales por la Patria (conformado por cristianos, musulmanes, judíos y otros) repudiamos enérgicamente el secuestro de la compañera Corina De Bonis del Centro Educativo Complementario 801, quien fue torturada dentro de un automóvil y tajeada con un punzón en su vientre donde le inscribieron “no a las ollas”, en referencia a las tareas solidarias que realizan lxs docentes con las niñas y los niños que carecen de clases producto de las deficiencias en las infraestructuras edilicias escolares del partido de Moreno. El espantoso suceso, que remite a los procedimientos de la última dictadura militar se suma a las amenazas sufridas por la compañera Luján Abad Chas a quién se amenazó mediante advertencias impresas en la puerta de su casa. Estos hechos muestran a las claras la deriva represiva de un gobierno que no solo limita las partidas orientadas al fondo educativo, cercena las negociaciones paritarias y destruye el sistema de salud público, sino que –además– permite abiertamente la persecución a los docentes y parece brindar cobertura a quienes secuestran y torturan a docentes. Los graves hechos denunciados muestran claramente el desprecio del gobierno actual por el estado de derecho, y suponen una advertencia para la totalidad del pueblo argentino que padece día a día el deterioro de sus condiciones de vida y la violencia sistemática generada por las políticas económicas y sociales acompañadas por ridículos intentos mediáticos cotidianos orientados a ocultar una realidad que solo trae más confusión y sufrimiento a las grandes mayorías populares. Convocamos a todas las organizaciones a acompañar la marcha de repudio que de se desarrollará el día de mañana a las 11 hs y apelamos a todos los sindicatos organizados a sumar su voz frente a estos atropellos. #BastaMacri. #Vidalhacetecargo. Fuente: http://www.enorsai.com.ar/

El gobernador de Cambiemos impulsa un código de faltas que multa la transmisión de enfermedades sexuales. También serán penadas las personas que no entregan documentos a la Policía. El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo impulsa un nuevo Código de Faltas de la provincia que ya tiene media sanción del Senado y que será tratado hoy en la cámara de Diputados. El proyecto ya generó controversia por la multa a la «desaparición», la penalización de mensajes en las redes sociales, y por infecciones de HIV. El proyecto además permite la detención de las personas que no muestren el documento a la policía. Una de las controversias que generó el código es la figura de “falsa búsqueda” o también llamada desaparición «voluntaria». El ejecutivo alega que las personas que generan gastos al Estado en su búsqueda y que en realidad se habían ido voluntariamente de su casa perjudican las arcas del Estado, entonces impondrán una multa será de $ 23.500. «Si una persona no aparece nunca, no podría defenderse ante una acusación de falsa desaparición. Además si una persona decide irse de su casa y luego la encuentran, deberá pagar. Esto nos hace recordar situaciones de la historia argentina cuando se decía que los desaparecidos se fueron de viaje», sostuvo la senadora de Unidad Ciudadana, Andrea Blandini. Zaida Gatti, coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación, y Marcelo Colombo, Fiscal Anti-trata Nacional, criticó el artículo que penaliza a quien desaparece por su“propia voluntad”, debido a que retrasa el momento de la denuncia y se pierden horas claves para una investigación. Otra polémica se desató por la penalización de mensajes en redes sociales. En el artículo 55 y en el inciso H se pena el «causar molestias o perturbaciones a alguien, en lugar público o abierto al público, o por medio algún sistema de transmisión sonora y/o de imagen, telefonía o redes sociales u otros dispositivos tecnológicos». La interpretación de la utilización de mensajes en redes sociales puede sentar un precedente peligroso contra la libertad de expresión. El código además impulsa la detención de las personas que no den información sobre su identidad: «Negación de informes sobre la propia identidad personal. El que, requerido por un miembro de las fuerzas de seguridad en el ejercicio legítimo de sus funciones, se negare a informarle sobre su identidad personal, estado, profesión, lugar de nacimiento o domicilio o cualquiera otra calidad personal o suministrare datos falsos, será sancionado con multa desde trescientas (300) U.F hasta seiscientas (600) U.F. o arresto desde tres (3) días hasta diez (10) días, siempre que el hecho no constituyere una infracción más grave». Por último, en el código se penaliza a las personas que transmitan de manera voluntaria el HIV. «La persona que transmitiere enfermedad venérea o contagiosa, será sancionada con multa desde un mil quinientas (1.500) U.F. hasta tres mil (3.000) U.F. o arresto desde quince (15) días hasta treinta (30) días», sostiene. Al cruce salió la fundación Huesped que observó que la «propuesta desconoce la evidencia científica irrefutable en relación a que la criminalización de las personas con VIH está generando más daños que beneficios en términos de impacto en la salud pública y en los derechos humanos». Además observa que es incomprobable la transmisión debido a que no puede demostrarse quién fue la persona que contagió a otra. Fuente: www.eldestapeweb.com

La última víctima es un bebé de la provincia de Río Negro. Las guardias de los hospitales están colapsadas y hay temor creciente por epidemia masiva. Se suma a un hombre de Pergamino en el día de hoy y cuatro niños en los días previos. En medio de la psicosis creciente desatada por la bacteria del estreptococo pyogenes, con la muerte previa de 5 personas (4 niños y un adulto en Pergamino), este miércoles al mediodía se sumó otro caso más, ahora en la provincia de Río Negro. Se trata de un bebé de 20 meses de Viedma, que murió en un sanatorio privado de General Roca, infectado por el streptococcus pyogenes. El fallecimiento se produjo el 3 de septiembre, pero las autoridades sanitarias locales lo confirmaron recién hoy. Este caso se suma a otro difundido horas antes, de un hombre -identificado como Nicolás Dominé- de 38 años de Pergamino, el primer adulto que falleció por la enfermedad, y a los cuatro casos fatales previos que produjo la bacteria. Las autoridades de la Región Sanitaria Cuarta confirmaron que el paciente, Nicolás Dominé, de 38 años, murió el lunes como consecuencia de la bacteria, aunque el episodio se conoció hoy. Según medios locales, había visitado a su médico de confianza por una angina, uno de los síntomas más comunes para detectar la presencia de la bacteria. Los dos primeros casos se registraron en la ciudad de Buenos Aires, por lo que el Ministerio de Salud porteño había emitido una alerta epidemiológica. Este martes se sumaron dos muertes más: una nena de Rosario y otra de Misiones. Liliana Benegas, directora de Epidemiología de la provincia de Santa Fe indicó que fue un caso de septisemia generaliza y afirmó que el área de Salud Pública está en alerta. Fuente: http://www.diario26.com

El Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas es azotado con una nueva ola de despidos y renuncias entre las que se encuentra el Jefe de Cirugía Cardiovascular Infantil, Dr. Christian Kreutzer, que se efectivizó en las últimas horas y es como señal de protesta ante el vaciamiento de la institución. [wpvideo wkujn9h9] La medida fue acompañada por el resto del equipo de Kreutzer,  lo que significó el cese de esta especialidad, según explicaron fuentes cercanas al nosocomio. Mientras tanto, hoy se realizó una nueva ronda de silencio en repudio a las medidas de ajuste que aplica la gestión Cambiemos. Versiones hablan de 80 nuevos despidos, de los cuales hasta el momento 15 fueron confirmados. Desde CICOP informaron que los telegramas llegaron en las últimas 48 horas y se suman a los más de 200 despidos efectuados en la primera parte del año. Es que en enero fueron despedidas 120 personas, entre ellas una gran cantidad de enfermeras especializadas que se opusieron a una directiva de la dirección del Hospital de extender la jornada laboral a 10 horas. “Están echando a profesionales que no tienen reemplazo y se siente en la asistencia. Están haciendo un desastre”, afirmaron desde la Asociación de Profesionales del Hospital. Fuente: https://elcactus.com.ar

Es por el aumento del combustible, el seguro, el combustible, el seguro, la patente, la VTV, los peajes, y el estacionamiento. Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) mantener un auto es 55% más caro hace un año. Se debe al aumento de distintos rubros como el combustible, el seguro, la patente, la VTV, los peajes, y el estacionamiento.   https://www.minutouno.com/services/embed.php?idAdjunto=2741720&idAdjuntoTamano=&width=622&height=351&tipo=video   El informe explica que se incrementó entre un 20 y un 22% el peso que tiene mantener un auto en la canasta familiar. En el último año, los peajes subieron más del 81% y el combustible escaló un 78%. En tanto que la Verificación Técnica Vehicular es 42,8% más cara, el seguro 34%, el estacionamiento 33,3% y la patente 33,2%. El informe asegura «la disparada del dólar impactó de lleno en los rubros que más pesan a la hora costear el uso de un auto»: Hoy cargar un tanque de 55 litros cuesta entre $1.800 y $2.200. Por las subas, en agosto se registró un incremento del 84% en la conversión de vehículos a GNC, unas 15.810 unidades, cuyo metro cúbico sale entre $11 y $14. Otro dato es que el precio de los lavaderos se duplicó en los últimos dos años: de $ 160 pasó a $ 320. Además, los precios de los vehículos crecieron por encima de la inflación, con una suba de 33%, frente al 24% acumulado en los primeros 8 meses del año. De hecho, los diez vehículos más económicos arrancan en los $335.000 llegan a los $425.000. Fuente: https://www.minutouno.com/notas/3087549-mantener-un-auto-es-55-mas-caro-que-hace-un-ano

El caso de embarazo en una niña de 11 años en Villa Dolores ha causado conmoción porque su familia pidió a la justicia que se practique la interrupción legal del embarazo (ILE). Una niña embarazada en el Valle de Traslasierra tal vez no cauce conmoción como en otros lugares de la provincia porque, tal como lo escribiera el propio Fiscal de esta causa Sergio Cuello, existe en la región una “cifra negra del abuso sexual”. La víctima es una menor, que había sido violada y embarazada, presuntamente, por un hombre de 54 años, el que ya poseía antecedentes en relación a esta conducta delictual. La fiscalía de Villa Dolores, a cargo de Sergio Cuello, aseveró que el embarazo que cursa la menor lleva ya 10 semanas. La investigación por el caso de abuso está en plena investigación por lo que el Fiscal Cuello sugirió que la familia recurra a los hospitales nacionales para la aplicación del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo elaborado por el Ministerio de Salud Nacional sobre el Fallo F.A.L. Frente a la información confusa que generaron algunos medios de comunicación, en caso de que hubiese orden judicial, corresponde dar curso al pedido de aborto en cualquier hospital, sea provincial o nacional porque no entraría en juego lo dictaminado por el Protocolo de Aborto No Punible, sino lisa y llanamente la aplicación del artículo 86 del Código Penal de la Nación. La abogada del PTS de Villa Dolores Mara Beltrame expresó a La Izquierda Diario que: “el protocolo es de aplicación cuando lo que se pretende es no judicializar un caso, aquí ya está judicializado, el artículo 86 del Código Penal no se suspendió, sigue vigente y la Cámara Gesell, indican abuso, junto a las pericias psicológicas”. Beltrame agregó: “si hubiera resolución judicial corresponde la aplicación directa del artículo 86 del Cod. Penal, en su inciso 2”. El Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, cuyo objetivo es justamente impedir la judicialización de los casos que terminan forzando a las mujeres violadas a cursar su embarazo no deseado, violentando este derecho consagrado en el Código Penal desde 1921. Lamentablemente, algunos medios que se hacen eco del caso confunden dos situaciones referidas al aborto legal con causales en nuestro país. Una es aquella vinculada a la situación de la aplicación del Protocolo de Aborto no punible en la provincia (una adecuación del protocolo nacional de ILE) y los casos en que ya la justicia ordena la práctica del aborto legal. Con un accionar impúdico, la organización antiderechos, el Portal de Belén, han logrado instalar el sentido común de que en nuestra provincia no se practican abortos no punibles en los hospitales provinciales, imponiendo a través de un fallo cuya resolución final está frenada en el TSJ, la no implementación del protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo elaborada por el Ministerio de Salud Nacional (actualizado en abril de 2015) a partir del Fallo F.A.L de la Corte Suprema. La joven abusada cursa, según declaraciones del Fiscal Cuello, la décima semana de gestación, por lo cual urge garantizar la práctica de interrupción de embarazo para hacerlo en condiciones seguras para la niña, y su realización debe ser urgente en los nosocomios nacionales. La Legisladora Laura Vilches durante la mañana de hoy ha presentado un proyecto de Declaración (26224/L/18) por el que exige al Poder Ejecutivo Provincial que por vía del Ministerio de Salud a cargo del Dr. Francisco Fortuna se garantice de manera urgente y poniendo a disposición todos los recursos de sistema sanitario provincial (incluyendo hospitales, traslado y atención posterior), la práctica de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el caso de la menor de 11 años de Villa Dolores. Otras acciones realizadas por la Legisladora para instar a garantizar la práctica de manera urgente han sido intentar una comunicación directa con el Ministro de Salud Francisco Fortuna, con el Fiscal de Villa Dolores Sergio Cuello y con autoridades del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología (Maternidad Nacional). Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Cordoba-exigen-aborto-no-punible-para-la-nina-de-11-anos-que-fue-abusada

En este momento se produce la extradición del lonko mapuche Facundo Jones Huala. Es trasladado en helicóptero desde el Penal de Esquel hasta Mendoza, y desde allí a Santiago de Chile. El Presidente Macri desoyó el reclamo de las Naciones Unidas. Por En estos días. El lonko Facundo Jones Huala ya está siendo extraditado por el Estado argentino hacia Chile. En horas de la tarde comenzó el operativo que incluye el traslado en helicóptero desde la cárcel de Esquel hasta el aeropuerto El Plumerillo, en Mendoza, y desde allí hasta Santiago de Chile. El Gobierno de Mauricio Macri cumplió con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, a pesar del reclamo de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), habilitó que el ciudadano argentino Facundo Jones Huala sea extraditado. La abogada del lonko mapuche, Sonia Ivanoff, adelantó a En estos días que se estaba comunicando con la ONU para informar sobre la situación. Ivanoff no fue informada con antelación de la decisión, y se mostró sorprendida e indignada por la extradición. Fuente: http://www.anred.org