Brasilia, 22 feb (PL) Después de más de 600 mil firmas de apoyo a su nominación, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva es oficialmente candidato al Premio Nobel de la Paz, confirmó hoy la reconocida jurista Carol Proner. ‘El expresidente Lula es oficialmente candidato al Premio Nobel de la Paz’, escribió Proner en la red social Twitter. La doctora en Derecho Internacional precisó que en la primera fase de la campaña, el exmandatario ‘consiguió el apoyo de todas las categorías, incluyendo jefes de Estados y ganadores del premio en otras ediciones’. Para formalizar la candidatura, resulta necesario reunir rúbricas de individuos que encajen en los criterios estipulados por la Fundación Nobel. Como, por ejemplo, ser profesor (a) universitario o director (a) de un instituto de investigación de la paz o incluso poseer el galardón, como es el caso del arquitecto y activista argentino Adolfo Pérez Esquivel, quien envío una carta al comité del Nobel, proponiendo a Lula. En la misiva, Esquivel escribió: ‘con el mismo sentido de esperanza que Martin Luther King transmitió cuando dijo ‘Si supiera que el mundo se desintegraría mañana, todavía plantaría mi manzano’, somos muchos los que creen que el Premio Nobel de la Paz a Lula ayudará a fortalecer la esperanza de poder continuar construyendo un nuevo amanecer para dignificar el árbol de la vida’. Con la nominación, el Premio Nobel de la Paz 1980 busca reconocimiento a Lula por el hecho de haber sacado a más de 30 millones de brasileños de la pobreza durante sus dos mandatos (2003-2011). ‘Necesitamos superar el hambre, la pobreza y la exclusión social. Nuestra guerra no es para matar a nadie, es para salvar vidas’, prometió el exgobernante, tan pronto asumió su primer mandato. Una encuesta realizada por la Fundación Getúlio Vargas en 2011 señaló que durante el mandato de Lula, la pobreza cayó 50,64 por ciento en Brasil. De acuerdo con el Partido de los Trabajadores (PT), durante las dos administraciones del exsindicalista, la tasa de desempleo se redujo cerca del 50 por ciento y se crearon 15 millones de empleos. También la implementación de programas de educación y salud pública elevó el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Brasil. Desde el 7 de abril Lula permanece preso en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, cuando comenzó a cumplir la pena de 12 años y un mes impuesta por el Tribunal Regional Federal de la cuarta región (TRF4) por supuestos actos de corrupción. Este mes, el exjefe de Estado fue objeto de una segunda condena en la operación anticorrupción Lava Jato, esta vez a 12 años y 11 meses. La responsable de la segunda sentencia fue la jueza Gabriela Hardt, quien sustituye interinamente al exmagistrado Sérgio Moro, actual ministro de Justicia y Seguridad Pública.
Continúa el reclamo por Facundo, víctima de gatillo fácil
El niño que estaba por empezar el secundario fue asesinado en marzo de 2018, en Tucumán. Su familia pide justicia. A largo plazo, Facundo (Ferreira) soñaba con jugar al fútbol en las grandes ligas, comprar una gran casa para su abuela y construir un comedor para los chicos de su barrio. A corto plazo, esperaba ansioso la segunda semana de marzo para comenzar su vida de escuela secundaria en la escuela de su barrio, Juan XXIII. Tenía 12 años cuando en la madrugada del 8 de marzo de 2018 una bala de la policía de Tucumán le atravesó la cabeza y lo mató. Los responsables son los policías Mauro Díaz Cáceres (quien disparó la bala que mató a Facundo) y Nicolás Montes de Oca, que está preso porque en septiembre del año pasado en su franco salió a robar en una moto. La familia de Facundo espera que la causa se eleve a juicio oral para, dentro del dolor, poder sentir al menos que se hizo justicia. «Mi sueño es que esos policías estén presos. Él va a descansar en paz cuando eso pase. Yo lo sueño siempre y él me pide que no llore, que esté tranquila, pero no voy a estar tranquila hasta que estén presos. Queremos que los saquen de las fuerzas policiales», le dijo por teléfono Mercedes Ferreira, abuela del nene, a Tiempo Argentino. El viernes fue ella, junto a Romina, la mamá de Facundo, y sus tías Rita y Malvina, quienes encabezaron la marcha a Tribunales tucumanos para pedir justicia. Mercedes dijo que cada vez que llega allí y ve a la policía con sus uniformes siente una gran impotencia, pero que también le pasa que varios oficiales se acercan y le dicen que no son todos iguales, que cómo van a matar a una criatura, que va a haber justicia, y que entonces ella se pregunta «¿cuándo?». Desde que tenía un año, Facundo vivió con su abuela Mercedes, hasta esa madrugada en la que salió con otro amigo y se cruzó con las fuerzas policiales que llevan años hostigando a los chicos de los barrios tucumanos. En el momento del asesinato, los policías, luego de tenerlo mucho tiempo al nene tirado en el asfalto, llamaron a la ambulancia para denunciar un accidente de tránsito. Fue la familia quien descubrió que se trataba de un disparo en la cabeza. Los oficiales declararon que los iban persiguiendo porque los chicos les habían disparado a ellos. Sin embargo, el barrido electrónico comprobó que los niños jamás habían disparado contra los agentes, un video muestra que la persecución se inicia sin ningún motivo. Los análisis toxicológicos señalaron que los oficiales habían consumido cocaína y la autopsia indicó que Facundo recibió el disparo en la nuca, pero que antes recibió al menos once impactos de balas de goma en su espalda. Además, en el lugar se encontró sólo un arma: la reglamentaria de los policías. Esas pruebas no sirvieron para desarmar el discurso que rápidamente bajaron desde el gobierno de Tucumán. «¿Qué hacían los chicos armados?», dijo el exgendarme y actual ministro de Seguridad, Claudio Maley. Desde Nación, la ministra Patricia Bullrich, avaló el accionar policial, pese a las pruebas. Es más, Maley armó una sorpresiva reunión con los familiares de Facundo donde les ofreció un subsidio (que no aceptó) a la abuela. También sugirió instalar una panadería en su casa. «Disculpe ministro, pero si a usted le matan un hijo, ¿usted lo cambia por un kilo de pan?», le respondió Mercedes. Maley no respondió. Tampoco se disculpó. «El gobierno se portó mal, nos dieron la espalda. Con un homicidio agravado, los policías al menos tendrían que estar fuera de servicio. Antes de fin de año pasado, los amigos de Facundo encontraron a su asesino cuidando una heladería. Como los chicos lo señalaron y comenzaron a insultarlo, se metió en el baño. Inmediatamente llegó un patrullero para rescatarlo. Vimos las fotos que le sacaron cuando salió para escaparse. Tenía el arma reglamentaria y una escopeta», contó la abuela de Facundo. « Foto: El Disenso
Nación asegura que «no le preocupa» el dólar, pero se prepara para más devaluaciones
Funcionarios del Ejecutivo reconocen que con el esquema planteado es esperable que la divisa suba al menos un 2% mensual. La polarización con CFK, única estrategia electoral. Esta primera semana corta del año, luego de los feriados de Carnaval, le trajo malos recuerdos al presidente Mauricio Macri. Hace casi un año, después del 1°de Mayo de 2018, el líder del PRO comenzó a transitar el tramo más duro de su mandato, con una corrida cambiaria que lo obligó, poco después, a pedir auxilio al FMI y pactar el endeudamiento más alto de la historia. Esta vez el dólar conquistó un nuevo techo histórico, de 43,50 pesos, pero el jefe de Estado envió al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, a poner la cara y decir que la nueva escalada no les preocupa. Ese libreto tiene una línea argumental diseñada en la Casa Rosada, donde los funcionarios más cercanos al jefe de Gabinete, Marcos Peña, se preparan para afrontar el año electoral con datos económicos más sombríos de los esperados. Luego de la suba de un 3,5% en la paridad del dólar frente al peso en tres días, el gobierno se dispone a relativizar la adversidad económica que padece, aunque los contornos de esos saldos negativos ya comenzaron a erosionar el frente electoral. A diferencia de la incertidumbre que marcó al tercer año de Cambiemos en el poder, en el gobierno ahora pronostican «una devaluación controlada» del 2% mensual. «No registramos alteraciones en el tipo de cambio que nos generen preocupación, el Banco Central planteó una banda de flotación que tiene un techo de 49,50. El problema es que lleguemos en forma abrupta a esa paridad. Buscaremos que eso no suceda, pero la tendencia está planteada y por eso no nos asusta», explicó a Tiempo un alto funcionario de la Casa Rosada. El sinceramiento y defensa de la devaluación en marcha, en medio de un año electoral clave para el futuro de Cambiemos, cuenta con un capítulo dedicado al establishment, con el fin de cerrar filas hasta el desenlace de las elecciones nacionales de octubre donde, hasta ahora, Macri buscará su reelección. «Los inversores que no pusieron la plata hasta ahora no la van a poner en los próximos meses. Por lo tanto tendrán que esperar hasta que ganemos y se disipen las dudas. Mientras tanto, nuestra política cambiaria ha sido planteada por el Banco Central y por eso decimos que no nos preocupa que suba el dólar», agregó la fuente para completar el blindaje discursivo que refleja el microclima que rodea al presidente. El mensaje también tiene un costado electoral, especialmente destinado a los presuntos inversores que, desde Wall Street, aseguran que no moverán sus fichas hasta que se conozcan los resultados electorales de octubre y se disipe, o confirme, el temor que dicen tener sobre el regreso del peronismo al poder. Los esfuerzos del gobierno están concentrados en profundizar una polarización cada vez más tirante con el kirchnerismo. Sin embargo, desde las mismas oficinas donde diseñan la campaña «corta» que encabezará Macri, ahora aseguran que la posible candidatura de la expresidenta «no es un cuco que eligen inventar». «Cristina tiene un peso específico, que no podemos subestimar. Ella tiene un 30% de núcleo duro y una clara posibilidad de crecer. Del otro lado estamos nosotros, con un porcentaje similar y en el medio están los indecisos, a los que apelaremos desde otros ejes, por fuera de la cuestión económica”, aseguró otro funcionario de acceso cotidiano al despacho de Macri. La fuente reflejó el convencimiento que tiene el equipo de campaña que responde a Macri y que coordina Peña. Consideran que sigue vigente el escenario de tres tercios para estas elecciones, aunque el sumidero de la «hiperpolarización» que pronostican en la Casa Rosada omite una pieza determinante, vinculada al incremento de la inflación y a las expectativas negativas del electorado sobre el derrotero de la economía. Todas las encuestas que consume el gobierno y sus socios arrojan que esos dos ejes encabezan la lista de preocupaciones de los consultados y, especialmente, de la insondable franja de indecisos. Los indicadores que recibe la cartera de Hacienda son igual de sombríos, pero sus funcionarios insisten en una «desaceleración de la inflación a partir de mayo». Cerca de Macri no desautorizan esos pronósticos, pero prefieren utilizar un casco discursivo que cumple dos funciones transitorias: resignarse ante una subida sostenida del dólar, de acuerdo a la hoja de ruta que controla el FMI, y reforzar una comunicación electoral que eludirá la economía y cargará las tintas en temas vinculados al «cambio cultural». Es una zona de confort para el gobierno, donde sus funcionarios están convencidos de obtener más dividendos para Cambiemos con temas vinculados a seguridad, transparencia, políticas migratorias, y el aprovechamiento proselitista de obras de pequeña y mediana escala en todo el país, pero especialmente en el Conurbano bonaerense. A ellas se sumará una escenografía de «alto impacto» cuando Macri corte las cintas de algunas obras emblemáticas, como el Paseo del Bajo en la CABA. A pesar de la resignación oficial ante el posible incremento del dólar, en la jefatura de Gabinete repasan una serie de argumentos para transitar la crisis y la recesión que no convencen a otros altos funcionarios y, mucho menos, al radicalismo y la Coalición Cívica, los dos socios menores de Cambiemos. La alianza oficialista afrontará en Neuquén, este domingo, la primera de 14 elecciones provinciales desdobladas, donde los candidatos de Cambiemos serán en su mayoría provenientes de la UCR y con altas chances de perder ante gobernadores peronistas que buscarán su reelección, como es el caso de Omar Gutiérrez, que disputará otros cuatro años en la cuna de Vaca Muerta bajo el signo del Movimiento Popular Neuquino que, por primera vez en décadas, afronta el riesgo de perder su permanencia en el poder. Esa erosión no es menor para el gobierno, porque Gutiérrez es un mandatario peronista tan aliado para la Casa Rosada como el cordobés Juan Schiaretti, que buscará revalidar sus títulos el 12 de mayo. El
Litio: las luchas indígenas detrás de la fiebre del oro blanco
Al menos 33 comunidades de las Salinas Grandes rechazan que en sus tierras se realicen proyectos de extracción de este mineral clave para las baterías electrónicas, impulsados por el gobernador Gerardo Morales. Denuncian que no fueron consultadas, como lo marca la OIT, y la ausencia de estudios ambientales. «Nosotros –dice Clemente Flores, de la comunidad aborigen Del Angosto, distrito El Moreno, departamento de Tumbaya, en la puna jujeña– estamos haciendo guardias para ver si los de la empresa entran de nuevo, la gente sabe que si llega un vehículo raro, nos avisa y lo solucionamos». – ¿Y cómo lo solucionan? –Vamos y los echamos de nuevo. El 4 de febrero, las 33 comunidades aborígenes –22 de Jujuy y 11 de Salta– de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, se declararon «en asamblea permanente», luego de que observaran trabajos de excavación para la explotación de litio dentro de los territorios considerados «patrimonio cultural ancestral y natural de los pueblos originarios». Cuatro días después, en un hecho sin precedentes, expulsaron a las empresas Ekekos SA y AIS Resources Limited, que «estaban afectando gravemente el suelo, la flora, la fauna y las napas de agua dulce en el centro de la laguna». «Le mandamos dos o tres notas al gobernador (Gerardo) Morales invitándolo a que viniera a la laguna para acercar posiciones –continúa Flores–, pero en ningún momento respondió a las propuestas que le hicimos. Las comunidades queríamos participar de las consultas sobre los proyectos mineros en nuestros territorios, queríamos saber qué iba a pasar con el agua, con la vida de las personas y los animales, pero el Estado no nos dio ninguna respuesta y avanzó sin tenernos en cuenta. Así que ahora no nos interesa que nos consulten, directamente le decimos no al litio». Hasta la interrupción forzada, los trabajos de las empresas Ekekos SA y AIS Resources Limited se habían centrado en la excavación de un pozo de 396 metros de profundidad. «Eso llamó mucho la atención de las comunidades –recuerda Flores–. Se formó un terraplén que destruyó la laguna y causó mucho daño a las personas y los animales que viven ahí. Pero nadie se hace cargo. Ni la empresa ni el Estado». El 18 de febrero, el gobierno de Jujuy al fin reaccionó, pero no en el sentido esperado por las comunidades: a través del Directorio de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) abrió una licitación para «la prospección geológica, exploración y factibilización de áreas exclusivas ubicadas en Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama», con el fin de «incrementar la producción de litio en la provincia». El repudio a la medida oficial excedió el ámbito de las comunidades. Organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Amnistía Internacional Argentina, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI) expresaron a través de un comunicado conjunto, su preocupación ante «la posible amenaza ambiental, cultural y a los Derechos Humanos de las comunidades indígenas que este avance podría representar». Y solicitaron que «se dé cumplimiento a la consulta previa, libre e informada de acuerdo a los estándares internacionales». El pedido está basado en un antecedente legal. El artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales establece que los gobiernos deben consultar a las comunidades «cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente». «Las autoridades jujeñas están avanzando y autorizando proyectos no sólo sin haber consultado a las comunidades, sino también sin tener estudios de base de la cuenca, balances hídricos que permiten entender cómo funciona el agua, cuánta ingresa, cuánta sale. Sin esa información es muy difícil calcular fundadamente los riesgos que esto va a generar; hay una falencia del Estado, principalmente de los estudios necesarios para evaluar el impacto ambiental», opina Pía Marchegiani, directora de política ambiental de FARN. Para la especialista, «no están dadas las situaciones para avanzar con ningún tipo de proyecto minero porque no hay estudios, no hay diálogo, sólo oídos sordos». El litio es uno de los insumos clave para las baterías de artículos electrónicos –notebooks, tablets y celulares–, y sobre todo las de vehículos a propulsión eléctrica. En un contexto de necesidad global de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia del uso de combustibles fósiles, las expectativas depositadas en este mineral arrastran la inversión de capital extranjero que desde hace un tiempo están presentes en el Noroeste Argentino (NOA), fundamentalmente en Jujuy, Salta y Catamarca. Entre Chile, Argentina y Bolivia reúnen el 70% de las reservas de este «mineral del futuro», que desde 2015 duplicó su valor por tonelada. La quita de retenciones sólo generó mayor voracidad de las empresas extranjeras. «Todo comenzó en 2010 –cuenta Flores– con la fiebre del litio. Nos cayeron distintas empresas en las Salinas para hacer trabajos de exploración, querían comprar a las comunidades, pero nos dimos cuenta de que teníamos derechos y nos empezamos a organizar». Ese mismo año, las comunidades presentaron una cautelar en la Corte Suprema de Justicia para que se frene la actividad minera en la zona hasta tanto se implemente el derecho de consulta contemplado en los tratados internacionales. «Como la Corte se declaró incompetente, seis meses después presentamos la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También fuimos a la ONU. Ha sido un rasgo de las comunidades utilizar los mecanismos legales para reclamar», destaca la abogada Alicia Chabale, que junto a Rodrigo Solá representó a los pueblos indígenas en todos sus reclamos. El pedido ante la ONU generó, en diciembre de 2011, la visita a la Puna del relator especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, quien escuchó de boca de las propias comunidades el destrato sufrido. En un informe posterior, Anaya recomendó al Estado jujeño «desarrollar normas y políticas públicas consustanciadas con el derecho indígena y en un proceso que respete el derecho a consulta y al consentimiento previo, libre e informado». «Las comunidades
Elecciones 2019: sos autoridad de mesa, enterate cuánto te van a pagar
Desde el Ejecutivo se establecieron tres ítems. El Poder Ejecutivo estableció los montos a pagar a las autoridades de mesas que tendrán esa tarea en los comicios PASO del 31 de marzo y en las generales provinciales del 2 de junio. Los que hayan participado de las actividades de capacitación reconocidas por el Tribunal Electoral Provincial y delegados para los locales de votación $1.200, $500 y $3.000 respectivamente.
Una mujer fue violada por su hijo
La mujer tras esa aberrante y difícil situación declaró que prefiera que matan al joven o que se muera, ya que sufre una fuerte adicción a las drogas. Una mujer de 41 años afirmó que su hijo de 22 años, adicto a las drogas y con varias graves enfermedades psiquiátricas, la ahorcó y la violó en la casa que compartían ambos en Salta. Patricia Ortega aseguró que muchas veces pidió asistencia psicológica para el joven, ya que es esquizofrénico. “Yo pedí ayuda para que lo internen en el hospital Ragone, nunca lo quisieron internar. Tuve siete órdenes judiciales para que lo internen y cuando lo hicieron, lo pusieron con chicas menores. Yo lo retiré porque lo metieron con chicas menores, yo le dije al médico que mi hijoataca mujeres menores y lo meten con jovencitas”, contó. De acuerdo a su relato, que fue publicado por el portal Qué pasa Salta, todo empezó cuando el pibe tenía 10 años. Fue su propio padre, el que empezó a ofrecerle drogas en ese momento y lo inició en una adicción de la que nunca pudo salir. “Desde los 17 años que ruego que lo maten o se muera. Encima mi familia está enojada porque todo esto se hizo público”, confesó. El hecho más grave ocurrió hace poco más de un mes, cuando Patricia fue ultrajada. “Me ahorcó con los brazos”, relató. “Si no me desmayaba, me iba a morir”, añadió. Además, sostuvo que el joven escapó, después de atacarla pero volvió cerca de la medianoche con intenciones de cenar. “Mamá, qué hay para comer”, le preguntó. “Estaba como ido, como si no fuera mi hijo”, recordó conmovida. El hombre tiene antecedentes policiales y causas por homicidio en grado de tentativa y abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo
Ahora que estamos juntas: masiva manifestación por el Día Internacional de la Mujer
Más de diez cuadras colmadas de mujeres de todas las edades marcharon por un San Juan dónde se empiece a tratar a las mujeres, lesbianas, trans y no binares como ciudadanas de primera. Un nuevo 8 de Marzo pasó y los reclamos en nuestra provincia siguen siendo los mismos que hace más de cinco años, aplicación efectiva de la Educación Sexual Integral, reglamentación de la Ley 26.485 para la erradicación y prevención de la violencia hacia las mujeres, Aborto no punible sin trabas no demoras burocráticas, religiosas ni morales. El tiempo pasa y las únicas que avanzamos somos las mujeres, es Estado sigue en su letargo y con él no vuelve a matar, nos vuelve a dejar de lado, sigue sin oír la calle. En una jornada lluviosa y con una temperatura poco habitual para el mes de febrero, más de diez cuadras vestidas de violeta y verde, las mujeres exigimos a los tres poderes que nos sean indiferentes, porque nuestras voces juntas gritan por las que no están, ellas nos dejaron una consigna que vive en todas, ¡queremos ser libres, queremos decidir sobre nuestros cuerpos, queremos salir de nuestras casas y volver, queremos justicia! Parece que son reclamos que se gritan al aire y que no llegan a ningún lado, pero las que vienen detrás, las que se siguen sumando los toman con fuerza, las chicas ya saben, las chicas se cuidan entre ellas, la sororidad se vuelve tangible. No hay vuelta atrás. [wpvideo KJTYuWlI] [wpvideo EXoD3KNe]
Grave: el Gobierno nacional le descontará el día a quien pare por el 8M
Por medio de un comunicado, los responsables de las áreas de recursos humanos que trabajan en la administración pública informaron que no se abonará el día. El Gobierno de Mauricio Macri decidió no apoyar el Paro Internacional y Plurinacional Feminista que se realiza hoy en todo el país. Por medio de un comunicado, informaron que se les descontará el día a las personas que se sumen a la huelga feminista que se realiza el 8 de marzo en conmemoración al asesinato de 120 trabajadoras que reclamaban mejoras salariales en 1911. El comunicado interno firmado por Martín Lía de la Subsecretaría de Relaciones Laborales y Fortalecimiento informó: «Se reitera que el derecho constitucional de huelga implica la no aplicación de sanciones en tanto se realice cumpliendo los recaudos legales, pero ello no obsta a la percepción de habertes por los días no trabajados». Además, apuntaron contra el sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a quienes culparon por convocar a la movilización por el día de la mujer.
Rige la ley de paridad de género para las próximas elecciones
El decreto que reglamenta la ley de 2017 determina que las listas deberán estar compuestas en partes iguales por varones y mujeres de manera intercalada. Así se reemplaza la ley de cupo que ponía un piso del treinta por ciento. El gobierno nacional escogió el día del Paro Internacional de Mujeres para reglamentar la ley de paridad de género, sancionada en noviembre de 2017. El Decreto 171/19 se fundamenta en la necesidad de garantizar «la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios», tal como expresa el artículo 37 de la Constitución Nacional La legislación establece que las listas de candidatos que compitan en elecciones nacionales –al Congreso Nacional y al Parlamento del Mercosur– deben estar conformadas no solo en un cincuenta por ciento por mujeres y hombres, sino que especifica que deben aparecer de manera consecutiva e intercalada en las boletas. Hasta el momento, en el ámbito nacional regía la ley de cupo femenino de 1991, que obligaba a que las listas tuvieran sólo el 30 por ciento de mujeres. Entonces, la ley ya regirá para las PASO del 11 de agosto y para las elecciones generales del 20 de octubre. Sin embargo, como las bancas de ambas cámaras no alcanzan este porcentaje, será con las sucesivas elecciones que se irá completando la paridad legislativa. El artículo 12 del decreto especifica que «el género del candidato o candidata estará determinado por el sexo reconocido en el DNI vigente al momento del cierre del padrón electoral, independientemente de su sexo biológico o, en su defecto, constancia de la rectificación del sexo inscripta en el Registro Nacional de las Personas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 26.743». Es decir que no podrán presentarse dos personas del mismo género de manera continua en una misma lista. El decreto, que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial, determina que en el caso de que se considere que la lista se ha conformado violando la ley, «todas las personas inscriptas en el padrón electoral de un distrito tienen derecho a impugnarla ante la Justicia Electoral». La norma no solo comprende la representación en el Congreso y el Parlamento del Mercosur, sino que incluye a los partidos políticos que deberán adecuarse, al apuntar que «la paridad de género en el ámbito interno de las agrupaciones políticas, tanto de distrito como del orden nacional, comprende a todos los órganos que prevea la carta orgánica partidaria respectiva, y a los que transitoriamente pudieran crearse por decisión de los órganos constituidos»
Femicidio de Myriam: con más de 20 días de retraso llegó la causa a manos del Juez
Desde el poder judicial informaron, que recién este viernes, en el Día Internacional de la Mujer, ingresó al juzgado la causa por el asesinato de Myriam Morales, con una demora excesiva. El pasado 15 de febrero, Myriam Morales fue hallada sin vida en la casa de su padre. La mujer murió por una puñalada certera en el corazón, según los datos de la autopsia. Todo este tiempo atrás la causa estuvo en manos de la Policía, debido a la necesaria elaboración de informes de las pericias realizadas, más la hoja prontuarial de los dos detenidos y los archivos del tercer sujeto detenido que fue quien compartía vivienda con el presunto homicida. Según informaron, los motivos de la demora se desconocen, una de las hipótesis es que al encontrarse prófugo el principal sospechoso, la Policía retuvo la causa mayor tiempo del estipulado en estos casos. Este es un trámite normal, que suele demorar entre siete y diez días hábiles. Pero para Myriam la Justicia es más lenta, llegó a los 22 días. Se prevé que se fije declaración indagatoria a Mariano Valdéz para la semana que viene. Mientras, el único acusado del femicidio, permanece hospitalizado bajo custodia policial, ya que tras verse acorralado se autoagredió previo a su detención. Fuente: Canal 13
Grave: Organizaciones pro vida con el apoyo del Congreso contaran con fondos para obligar a gestar a niñas y mujeres
Sectores antiderechos lograron el apoyo formal del Ministerio de Salud. El ministerio de Carolina Stanley firmó un convenio para apoyar las acciones de una “red” nacional de organizaciones antiderechos y promocionar sus acciones. Tendrán un 0800 para casos de “embarazos vulnerables”. Recibirán 1.300.000 pesos del Estado. organizaciones antiderechos presentaron en el Congreso nacional un convenio que firmaron con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Carolina Stanley, para que el Estado nacional apoye sus intervenciones en relación a mujeres que cursan “embarazos inesperados”. El convenio fue firmado en diciembre del año pasado por Gabriel Enrique Castelli, secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en nombre de la cartera nacional, y Evelyn Rodríguez, titular de Fundación Vida en Familia, que forma parte de un conglomerado federal de organizaciones antiderechos. El acuerdo establece que el Estado nacional facilite “la promoción” de la “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable” en todo el país, con difusión del 0800 y de su información. “El ministerio va a facilitar la parte de promoción de la Red y visibilizar nuestro trabajo, para que se vea que hay acción concreta en apoyo a la mujer con embarazo vulnerable”, explicó a este diario la integrante de una de las organizaciones gestoras de la “Red”. Evelyn Rodríguez reveló que el convenio incluye una partida de 1.300.000 pesos. La presentación se hizo en el salón de Pasos Perdidos del Congreso, con la presencia de senadores y diputados que gestionaron el espacio para el encuentro a pedido de Aciera, Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina. Así lo confirmó a PáginaI12 Martha Rodríguez, de Jucum (Juventud con una misión), que integra la Alianza y participó de las gestiones que derivaron en el convenio con el Ministerio. La presentación de la “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable”, que nació el año pasado, al calor del debate por la legalización del aborto, cuando “buscamos apoyo de parte del Estado por el trabajo voluntario que estamos haciendo”, detalló Rodríguez. Ese trabajo voluntario, añadió, es “una ayuda integral: médica, social, psicológica. Lo que sí, todos somos provida. La plataforma que tenemos es que la mujer tenga la contención para decir ‘me animo a seguir adelante con este embarazo’. Queremos que la primera opción no sea el aborto, que no sea el misoprostol”. En el acto del Congreso estuvieron presentes Walberto Allende, Carmen Polledo, Cornelio Schmidt, Jorge Enríquez, Eduardo Amadeo, Marcela Campagnoli, Rosa Muñoz. Además de Aciera, entre las organizaciones antiderechos que sostienen este lobby se encuentran, entre otras, Gravida (la organización de origen católico que, por ejemplo, opera en hospitales públicos para convencer a jóvenes que piden ILE de desistir), la Fundación La Merced Vida (una de cuyas representantes explicó el año pasado, en el Congreso, que suelen intentar que las mujeres escuchen los latidos del feto, para hacerlas desistir de interrumpir el embarazo) y la Fundación Más Vida (que en la web dispone de una plataforma para “denunciar abortos” y puntos de venta de misoprostol). En sus redes, al anunciar el encuentro, una de esas organizaciones se ufanaba de la presentación: “¡seguimos ganando espacios!”. La “Red” dispondrá de una línea de 0800 para comunicarse con más de 100 centros para “la derivación de casos que requieran acompañamiento a mujeres embarazadas en condición de vulnerabilidad”. El próximo paso, según dieron a conocer los organizadores de la “Red”, será en mayo, cuando se lleve adelante una jornada de capacitación para iglesias de todo el país “que asumirán este desafío de proporcionar a las mamás los elementos necesarios para la atención de sus bebés, además de brindarles acompañamiento y contención”.
