Estaban pidiendo justicia por el joven asesinado hace un año a manos del Grupo Albatros. «La policía llegó y empezó a disparar», acusan. Quisieron llevarse a los padres pero los propios mapuches lo impidieron. Hay otros seis detendidos. La policía de Bariloche reprimió a un grupo de militantes e integrantes de la comunidad mapuche que estaban pidiendo justicia por Rafael Nahuel, al cumplirse un año de su asesinato en manos del Grupo Albatros. La manifestación se estaba realizando frente al Juzgado Federal de Bariloche encabezada por la familia de Rafael. Su tia, Maria entró a pedir que los atendieran pero no fue recibida. Ante esta negativa los manifestantes prendieron algunas gomas, y llegó de inmediato personal policial. «La policía llegó y empezó a disparar. Nosotros corrimos a escondernos en diferentes lugares porque había muchos niños. Cuando frenaron las balas y salimos nos enteramos de que se habían llevado a varios de nosotros», dijo a Tiempo Argentino, Luciana Moreno integrante de la comunidad mapuche quien había ido a acompañar este nuevo pedido de justicia. Entre los que querían detener estaban los padres de Rafael, los tenían arrinconados y se los querían llevar, pero la gente empezó a pedir que no los lleven. Además empezaron a filmar con los propios celulares a los policías, lo que hizo que los agentes se retiraran. Pero no pudieron salvar a María Nahuel, la tía de Rafael que ahora está detenida y a dos de sus primas. «Esta represión sucede horas antes de la marcha que estaba prevista para las 17 en el Centro Cívico de Bariloche. Losmanifestantes se encontraban ahora frente a la comisaría. La lista de detenidxs incluye a Machi Betiana Coluhan Nahuel, Maria Nahuel, Mirta Curruwinca, Casimiro Dominguez, Yesica Bonefoi, Elizabet Loncopan y a tres menores.La lista de detenidxs incluye a Machi Betiana Coluhan Nahuel, Maria Nahuel, Mirta Curruwinca, Casimiro Dominguez, Yesica Bonefoi, Elizabet Loncopan y a tres menores. Foto: CORREPI

Se publicó en el Boletín Oficial y lleva las firmas del Presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos peña, y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. A través del decreto 1069/2018 el Gobierno oficializó el pago de un subsidio extraordinario que se abonará en diciembre a todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La medida se publicó en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley. El subsidio es de $1.500 y se pagará por única vez en diciembre por cada hijo y hasta el quinto. «Con el objetivo de continuar acompañando y cuidando a los sectores más vulnerables y más necesitados de la sociedad, es intención del Estado», explicó el Ejecutivo en los considerandos. El decreto precisa además que el pago del subsidio estará a cargo de la Anses y que «no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto».

De la mano de Carolina Stanley, la Agencia Nacional de Discapacidad comenzó a dar de baja las pensiones por invalidez laboral que otorga el Estado con un procedimiento que detecta «fraude o incompatibilidad a la hora de ser asignada. De esta forma el Gobierno evitaría la vía judicial que frenó el primer intento brutal. Cuando el Gobierno preparó en la primera parte de su mandato un recorte salvaje sobre las pensiones por invalidez laboral la respuesta fue un contundente rechazo y la presentación de amparos que pedían la nulidad de la medida. En ese entonces la ministra de Desarrollo Carolina Stanley creó la Agencia Nacional de Discapacidad. Según informó el diario La Nación, el titular de la agencia Santiago Ibarzábal trabaja con la poderosa ministra en un plan que licúe la cantidad de pensiones que paga el Gobierno. Se centran en detectar incompatibilidades en el otorgamiento de la pensión, como así también eventuales irregularidades y situaciones de fraude. El discurso oficial dice que en 2017 se llegaron a tener como beneficiarios a 1.048.000 personas. Filtran cifras como que al Estado le «costará» $114.000 millones el año próximo. La queja del equipo de Stanley es que «el Estado también se hace cargo de los gastos de traslado y de rehabilitación de la persona con discapacidad, además de su cobertura médica». Después del plan inicial que llegó a suspender y dar de baja alrededor de 70 mil asignaciones, ahora buscan ir en una forma más gradual pero asegurándose de que no habrá una instancia judicial desfavorable. Ahora la agencia dependiente de Stanley exigirá demostrar una incapacidad laboral del 76%, que no recibe otro tipo de asignación estatal ni percibe otro tipo de ingresos, ni propios ni de su grupo familiar. En los últimos dos meses el Gobierno ya envió 9000 intimaciones, alrededor de 1000 presentaron su descargo en las oficinas de la Anses y unas 400 renunciaron. La idea es avanzar por provincias, apuntan a las que encabezan el listado con más beneficiarios.  En primer lugar se ubica Santiago del Estero con el 8,87% de su población que recibe la pensión, luego viene Chaco (7,92%), Formosa (7,74%), Misiones (6,55%) y Corrientes (5,29%).Ya sin el decreto 432/97 pero con la garantía de que no habrá problemas legales, el Gobierno avanza nuevamente en un recorte brutal.

El dólar mantiene la tendencia alcista por quinta día consecutivo y al promediar la jornada cotizó a 39,42 pesos. La divisa estadounidense había registrado una leve baja en el inicio de la rueda, pero después del mediodía retomó la tendencia del viernes pasado y marcó un salto de 92 centavos. El viernes pasado el dólar había cerrado a 38,50 marcando un suba de 1,07 pesos respecto del jueves. La cifra registrada hoy marca un nuevo máximo luego de dos meses. «Hay varios motivos que dan cuenta de la suba del dólar como el desarme de las Lebacs, la proximidad del fin de mes que comienza a impactar y la demanda por vencimientos de importaciones de empresas grandes», afirmó el operador Gustavo Quintana en diálogo con NA. La disparada del dólar del viernes pasado marcó una interrupción en la calma cambiaria establecida a partir de la política bandas de flotación y altas tasas de interés aplicadas por el nuevo titular del Banco Central, Guido Sandleris, y la continuidad alcista de esta jornada parece confirmarlo. La semana pasada el Banco Central realizó la última licitación de Lebacs y no pudo recuperar todos los vencimientos a partir de la oferta de Lelic, por lo que quedaron en circulación 120 millones de pesos. La semana pasada, los inversores dieron señales de que, a diferencia de vencimientos anteriores, prefirieron refugiarse en la divisa en lugar de apostar a la tradicional bicicleta a partir del anuncio del BCRA de que dejará caer  las tasas de interés por debajo del 60 por ciento anual, luego de haber tocado máximos del 72 por ciento, decisión que generó diferencias entre las autoridades económicas y el FMI, rector de las políticas económicas tras el nuevo salvataje acordado en septiembre. Fuente: https://www.pagina12.com.ar/

Fue una mestra la que ideó la canción  para sus alumnos de jardín de infantes. Hubo adhesiones y rechazos pero la canción se terminó viralizando. En el marco de promover los distntos tipos de familias que existes, comenzó a circular un video de una canción infantil a favor de las familias diversas empezó a circular en las redes sociales. “Familia es mamá y papá, o dos papás o dos mamás”, dice el estribillo. El tema fue creado por una maestra de Olavarría para sus alumnos de jardín de infantes y no tardó en viralizarse. En tanto, generó rechazos y adhesiones y reavivó el tema de la Educación Sexual Integral (ESI). En las imágenes se ve a los chicos cantar y aplaudir al son de la música de la profesora de música Erika Labelle. El tema se inscribe en el proyecto Conocemos nuestros derechos y fue promovido por el Observatorio de la Niñez y Adolescencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Unicen y la productora Facso. Su difusión produjo rechazos y adhesiones por parte de los usuarios de las redes sociales y reavivó el tema de la ESI en las escuelas. Muchos celebraron la iniciativa por su calidad inclusiva, mientras que otros usaron el hashtag #ConMisHijosNoTeMetas para cuestionarla.     ??Este es el hit del verano ?? Hacé tu versión de "Es el amor lo que importa acá", arrobanos y la compartimos ?? pic.twitter.com/93BCRKqlSJ — Fundación Huésped (@FundHuesped) November 16, 2018

También hubo un derrumbe en el índice desestacionalizado y fue la segunda peor caída en lo que va del año, a pesar de la desaceleración de los últimos meses. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló que en septiembre la economía cayó por sexto mes consecutivo, con un derrumbe del 5.8% con respecto al mismo período del 2017. Además, en el índice desestacionalizado el desplome fue del 1.9% comparado con agosto 2018. El dato marca un fuerte cambio de tendencia respecto de las últimas mediciones, que venían desacelerando la caída de la actividad económica, pasando de un 6,8% en junio -la mayor del año- a un 2,7% en julio y un 1,6% en agosto. El acumulado para los primeros 10 meses del año muestra un descenso de 1,5% en la actividad económica respecto del mismo período del año anterior. Las mayores bajas fueron las de comercio minorista y mayorista por 12,8% y la de la industria manufacturera por 10,8%. Lo que deja en evidencia que la brutal crisis económica que atraviesa la Argentina de Mauricio Macri mermó de forma contundente el poder de compra de los argentinos. El dato concreto de evolución del PBI se da en forma trimestral, pero para el tercer trimestre ya se espera una de las bajas más fuertes, luego de la del segundo trimestre por 4,2%. De acuerdo a lo presentado en el proyecto de ley del Presupuesto 2019, el Gobierno prevé un recorte de 2,4% en el PBI para fin de este año.

La sentencia se conocerá el 11 de diciembre. La querella pide 25 años de prisión para los acusados. Un juicio clave para lo que es el abordaje de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar está llegando a su fin. Se trata del caso que apunta a la responsabilidad de la automotriz Ford Motor en el secuestro y la aplicación de tormentos a 24 trabajadores de su planta de General Pacheco, que en su gran mayoría eran delegados sindicales. Es la primera vez que una importante multinacional enfrenta un proceso de estas características. El 11 de diciembre se conocerá la sentencia. En el banquillo de los acusados se encuentran dos directivos de la empresa: el ex jefe de Manufactura, Pedro Müller, quien era el N° 2 de la planta ubicada en Panamericana y la avenida Henry Ford; y el ex jefe de Seguridad del mismo establecimiento hasta 1987, Héctor Sibilla, quien cuando se jubiló fue empleado de seguridad en la embajada de Estados Unidos, tal como publicó Horacio Verbitsky. El primero era la autoridad de la firma. El segundo, un militar retirado que nunca perdió sus contactos, quien controlaba todo lo que entraba o salía del predio. Son los únicos dos civiles de la línea gerencial de la compañía que llegaron a esta etapa del proceso con vida. Otros responsables murieron en la impunidad como Nicolás Courard, ex presidente de la empresa, y Guillermo Galarraga, ex gerente de Relaciones Laborales. “Otros no han sido investigados, por una administración de justicia deficiente y reacia a la pesquisa en la que se involucran no solo civiles, sino funcionarios jerárquicos de una empresa multinacional”, explicó la abogada querellante Elizabeth Gómez Alcorta en la audiencia del 12 de noviembre pasado. El único militar acusado de este juicio paradigmático es el represor Santiago Omar Riveros, quien estuvo a cargo del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo y también era jefe de la Zona de Defensa IV. Consecuencia de la demora en los juicios de lesa humanidad, Antonio Francisco Molinari, quien interrogó a la mayoría de los trabajadores, y quien se entrevistó en reiteradas oportunidades en Campo de Mayo con las esposas de ellos, falleció. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín será el encargado de dictar el veredicto. Las querellas, que alegaron el 12 y 13 de noviembre, pidieron una pena de 25 años de prisión para los tres acusados. Se les imputa el secuestro y las torturas de dos docenas de trabajadores, la gran mayoría con activismo sindical. Todos de la fábrica ubicada en la localidad de General Pacheco, a excepción de Roberto Cantello que había renunciado apenas unos meses antes. “Diecisiete de ellos fueron secuestrados en su puesto de trabajo y todos conducidos a los quinchos del sector recreativo de la propia fábrica para ser torturados”, relató la querella. Los quinchos funcionaron como un centro clandestino de detención. Se trata de una particularidad del caso: la mecánica de desaparición –secuestro y aplicación de torturas- se ejecutó en el mismo lugar de trabajo. Las víctimas luego fueron llevadas a diferentes lugares de detención como las Comisarías de Maschwitz y de Tigre (en esta última se encontraban muchos delegados sindicales de las empresas de zona norte). Permanecieron un tiempo secuestrados en calidad de detenidos-desaparecidos y posteriormente blanqueados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El circuito se cerró con sus trasladados a diferentes unidades penitenciarias del Servicio Penitenciario Federal, como la Unidad de Devoto, la Unidad 9 de La Plata y la Unidad de Sierra Chica. Los directivos de Ford Motor confeccionaron listas negras –que incluyeron fotos y legajos- para “marcar” a quienes debían ser “chupados”. Desde la empresa buscaban “barrer” cualquier obstáculo a los cambios de sus políticas productivas. No fue casualidad que el mismo 24 de marzo desde la empresa se anunciara que “quedaban suspendidas las actividades gremiales”. Las capturas de los trabajadores se realizaron por áreas de la empresa, en lo que evidencia una lógica operativa. Incluso, la automotriz facilitó vehículos para los “traslados” y hasta alimentó a los militares. En una muestra de cinismo llegó a enviar telegramas por “faltar sin aviso” a los obreros mientras estaban secuestrados. En diálogo con El Destape, una de las víctimas, Pedro Troiani, contó que poco tiempo atrás “ya no tenía esperanzas, no veía que prosperara la causa”. Pedro tenía 35 años cuando fue secuestrado junto a otros cuatro compañeros, el 13 de abril de 1976. Estaba en la planta de montaje. Pasó 45 días secuestrado hasta que fue “blanqueado”. Luego, un año encarcelado. Hoy tiene 77 años y espera que se haga justicia. “Tenemos un montón de testigos que fueron parte de la empresa, como los capataces”, señala con el ánimo recargado y la expectativa de que la condena sea ejemplar. Eli Gómez Alcorta, que representa a 8 de las 12 víctimas vivas, conversó también con este medio y explicó la importancia de la sentencia que se avecina: “Este juicio es vital para el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad porque nunca se juzgó la responsabilidad empresarial, es decir, aportes concretos de una empresa y de ciertas personas que en general no participaron de modo directo en los hechos. Representa un modo distinto de pensar penalmente el caso”, señaló. “No alcanza con poder demostrar todo lo que aportó la empresa, como una lista confeccionada por Ford para privar de la libertad a los trabajadores o recursos como camionetas o hasta un quincho para los secuestros. Hay que demostrar el rol que ocupaban los imputados dentro de la empresa”, agregó. La existencia de la complicidad de Ford con el terrorismo de Estado está presente desde las denuncias en la Conadep y el juicio a las Juntas. “Es una deuda. De allí la importancia de sus resultado”, precisó Gómez Alcorta. “Es un momento difícil para el proceso de juzgamiento y para llegar a la primer sentencia de civiles empresarios. Pero así y todo seguimos apostando por la verdad y