Funcionarios del Ejecutivo reconocen que con el esquema planteado es esperable que la divisa suba al menos un 2% mensual. La polarización con CFK, única estrategia electoral. Esta primera semana corta del año, luego de los feriados de Carnaval, le trajo malos recuerdos al presidente Mauricio Macri. Hace casi un año, después del 1°de Mayo de 2018, el líder del PRO comenzó a transitar el tramo más duro de su mandato, con una corrida cambiaria que lo obligó, poco después, a pedir auxilio al FMI y pactar el endeudamiento más alto de la historia. Esta vez el dólar conquistó un nuevo techo histórico, de 43,50 pesos, pero el jefe de Estado envió al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, a poner la cara y decir que la nueva escalada no les preocupa. Ese libreto tiene una línea argumental diseñada en la Casa Rosada, donde los funcionarios más cercanos al jefe de Gabinete, Marcos Peña, se preparan para afrontar el año electoral con datos económicos más sombríos de los esperados. Luego de la suba de un 3,5% en la paridad del dólar frente al peso en tres días, el gobierno se dispone a relativizar la adversidad económica que padece, aunque los contornos de esos saldos negativos ya comenzaron a erosionar el frente electoral. A diferencia de la incertidumbre que marcó al tercer año de Cambiemos en el poder, en el gobierno ahora pronostican «una devaluación controlada» del 2% mensual. «No registramos alteraciones en el tipo de cambio que nos generen preocupación, el Banco Central planteó una banda de flotación que tiene un techo de 49,50. El problema es que lleguemos en forma abrupta a esa paridad. Buscaremos que eso no suceda, pero la tendencia está planteada y por eso no nos asusta», explicó a Tiempo un alto funcionario de la Casa Rosada. El sinceramiento y defensa de la devaluación en marcha, en medio de un año electoral clave para el futuro de Cambiemos, cuenta con un capítulo dedicado al establishment, con el fin de cerrar filas hasta el desenlace de las elecciones nacionales de octubre donde, hasta ahora, Macri buscará su reelección. «Los inversores que no pusieron la plata hasta ahora no la van a poner en los próximos meses. Por lo tanto tendrán que esperar hasta que ganemos y se disipen las dudas. Mientras tanto, nuestra política cambiaria ha sido planteada por el Banco Central y por eso decimos que no nos preocupa que suba el dólar», agregó la fuente para completar el blindaje discursivo que refleja el microclima que rodea al presidente. El mensaje también tiene un costado electoral, especialmente destinado a los presuntos inversores que, desde Wall Street, aseguran que no moverán sus fichas hasta que se conozcan los resultados electorales de octubre y se disipe, o confirme, el temor que dicen tener sobre el regreso del peronismo al poder. Los esfuerzos del gobierno están concentrados en profundizar una polarización cada vez más tirante con el kirchnerismo. Sin embargo, desde las mismas oficinas donde diseñan la campaña «corta» que encabezará Macri, ahora aseguran que la posible candidatura de la expresidenta «no es un cuco que eligen inventar». «Cristina tiene un peso específico, que no podemos subestimar. Ella tiene un 30% de núcleo duro y una clara posibilidad de crecer. Del otro lado estamos nosotros, con un porcentaje similar y en el medio están los indecisos, a los que apelaremos desde otros ejes, por fuera de la cuestión económica”, aseguró otro funcionario de acceso cotidiano al despacho de Macri. La fuente reflejó el convencimiento que tiene el equipo de campaña que responde a Macri y que coordina Peña. Consideran que sigue vigente el escenario de tres tercios para estas elecciones, aunque el sumidero de la «hiperpolarización» que pronostican en la Casa Rosada omite una pieza determinante, vinculada al incremento de la inflación y a las expectativas negativas del electorado sobre el derrotero de la economía. Todas las encuestas que consume el gobierno y sus socios arrojan que esos dos ejes encabezan la lista de preocupaciones de los consultados y, especialmente, de la insondable franja de indecisos. Los indicadores que recibe la cartera de Hacienda son igual de sombríos, pero sus funcionarios insisten en una «desaceleración de la inflación a partir de mayo». Cerca de Macri no desautorizan esos pronósticos, pero prefieren utilizar un casco discursivo que cumple dos funciones transitorias: resignarse ante una subida sostenida del dólar, de acuerdo a la hoja de ruta que controla el FMI, y reforzar una comunicación electoral que eludirá la economía y cargará las tintas en temas vinculados al «cambio cultural». Es una zona de confort para el gobierno, donde sus funcionarios están convencidos de obtener más dividendos para Cambiemos con temas vinculados a seguridad, transparencia, políticas migratorias, y el aprovechamiento proselitista de obras de pequeña y mediana escala en todo el país, pero especialmente en el Conurbano bonaerense. A ellas se sumará una escenografía de «alto impacto» cuando Macri corte las cintas de algunas obras emblemáticas, como el Paseo del Bajo en la CABA. A pesar de la resignación oficial ante el posible incremento del dólar, en la jefatura de Gabinete repasan una serie de argumentos para transitar la crisis y la recesión que no convencen a otros altos funcionarios y, mucho menos, al radicalismo y la Coalición Cívica, los dos socios menores de Cambiemos. La alianza oficialista afrontará en Neuquén, este domingo, la primera de 14 elecciones provinciales desdobladas, donde los candidatos de Cambiemos serán en su mayoría provenientes de la UCR y con altas chances de perder ante gobernadores peronistas que buscarán su reelección, como es el caso de Omar Gutiérrez, que disputará otros cuatro años en la cuna de Vaca Muerta bajo el signo del Movimiento Popular Neuquino que, por primera vez en décadas, afronta el riesgo de perder su permanencia en el poder. Esa erosión no es menor para el gobierno, porque Gutiérrez es un mandatario peronista tan aliado para la Casa Rosada como el cordobés Juan Schiaretti, que buscará revalidar sus títulos el 12 de mayo. El
Litio: las luchas indígenas detrás de la fiebre del oro blanco
Al menos 33 comunidades de las Salinas Grandes rechazan que en sus tierras se realicen proyectos de extracción de este mineral clave para las baterías electrónicas, impulsados por el gobernador Gerardo Morales. Denuncian que no fueron consultadas, como lo marca la OIT, y la ausencia de estudios ambientales. «Nosotros –dice Clemente Flores, de la comunidad aborigen Del Angosto, distrito El Moreno, departamento de Tumbaya, en la puna jujeña– estamos haciendo guardias para ver si los de la empresa entran de nuevo, la gente sabe que si llega un vehículo raro, nos avisa y lo solucionamos». – ¿Y cómo lo solucionan? –Vamos y los echamos de nuevo. El 4 de febrero, las 33 comunidades aborígenes –22 de Jujuy y 11 de Salta– de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, se declararon «en asamblea permanente», luego de que observaran trabajos de excavación para la explotación de litio dentro de los territorios considerados «patrimonio cultural ancestral y natural de los pueblos originarios». Cuatro días después, en un hecho sin precedentes, expulsaron a las empresas Ekekos SA y AIS Resources Limited, que «estaban afectando gravemente el suelo, la flora, la fauna y las napas de agua dulce en el centro de la laguna». «Le mandamos dos o tres notas al gobernador (Gerardo) Morales invitándolo a que viniera a la laguna para acercar posiciones –continúa Flores–, pero en ningún momento respondió a las propuestas que le hicimos. Las comunidades queríamos participar de las consultas sobre los proyectos mineros en nuestros territorios, queríamos saber qué iba a pasar con el agua, con la vida de las personas y los animales, pero el Estado no nos dio ninguna respuesta y avanzó sin tenernos en cuenta. Así que ahora no nos interesa que nos consulten, directamente le decimos no al litio». Hasta la interrupción forzada, los trabajos de las empresas Ekekos SA y AIS Resources Limited se habían centrado en la excavación de un pozo de 396 metros de profundidad. «Eso llamó mucho la atención de las comunidades –recuerda Flores–. Se formó un terraplén que destruyó la laguna y causó mucho daño a las personas y los animales que viven ahí. Pero nadie se hace cargo. Ni la empresa ni el Estado». El 18 de febrero, el gobierno de Jujuy al fin reaccionó, pero no en el sentido esperado por las comunidades: a través del Directorio de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) abrió una licitación para «la prospección geológica, exploración y factibilización de áreas exclusivas ubicadas en Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama», con el fin de «incrementar la producción de litio en la provincia». El repudio a la medida oficial excedió el ámbito de las comunidades. Organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Amnistía Internacional Argentina, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI) expresaron a través de un comunicado conjunto, su preocupación ante «la posible amenaza ambiental, cultural y a los Derechos Humanos de las comunidades indígenas que este avance podría representar». Y solicitaron que «se dé cumplimiento a la consulta previa, libre e informada de acuerdo a los estándares internacionales». El pedido está basado en un antecedente legal. El artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales establece que los gobiernos deben consultar a las comunidades «cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente». «Las autoridades jujeñas están avanzando y autorizando proyectos no sólo sin haber consultado a las comunidades, sino también sin tener estudios de base de la cuenca, balances hídricos que permiten entender cómo funciona el agua, cuánta ingresa, cuánta sale. Sin esa información es muy difícil calcular fundadamente los riesgos que esto va a generar; hay una falencia del Estado, principalmente de los estudios necesarios para evaluar el impacto ambiental», opina Pía Marchegiani, directora de política ambiental de FARN. Para la especialista, «no están dadas las situaciones para avanzar con ningún tipo de proyecto minero porque no hay estudios, no hay diálogo, sólo oídos sordos». El litio es uno de los insumos clave para las baterías de artículos electrónicos –notebooks, tablets y celulares–, y sobre todo las de vehículos a propulsión eléctrica. En un contexto de necesidad global de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia del uso de combustibles fósiles, las expectativas depositadas en este mineral arrastran la inversión de capital extranjero que desde hace un tiempo están presentes en el Noroeste Argentino (NOA), fundamentalmente en Jujuy, Salta y Catamarca. Entre Chile, Argentina y Bolivia reúnen el 70% de las reservas de este «mineral del futuro», que desde 2015 duplicó su valor por tonelada. La quita de retenciones sólo generó mayor voracidad de las empresas extranjeras. «Todo comenzó en 2010 –cuenta Flores– con la fiebre del litio. Nos cayeron distintas empresas en las Salinas para hacer trabajos de exploración, querían comprar a las comunidades, pero nos dimos cuenta de que teníamos derechos y nos empezamos a organizar». Ese mismo año, las comunidades presentaron una cautelar en la Corte Suprema de Justicia para que se frene la actividad minera en la zona hasta tanto se implemente el derecho de consulta contemplado en los tratados internacionales. «Como la Corte se declaró incompetente, seis meses después presentamos la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También fuimos a la ONU. Ha sido un rasgo de las comunidades utilizar los mecanismos legales para reclamar», destaca la abogada Alicia Chabale, que junto a Rodrigo Solá representó a los pueblos indígenas en todos sus reclamos. El pedido ante la ONU generó, en diciembre de 2011, la visita a la Puna del relator especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, quien escuchó de boca de las propias comunidades el destrato sufrido. En un informe posterior, Anaya recomendó al Estado jujeño «desarrollar normas y políticas públicas consustanciadas con el derecho indígena y en un proceso que respete el derecho a consulta y al consentimiento previo, libre e informado». «Las comunidades
Elecciones 2019: sos autoridad de mesa, enterate cuánto te van a pagar
Desde el Ejecutivo se establecieron tres ítems. El Poder Ejecutivo estableció los montos a pagar a las autoridades de mesas que tendrán esa tarea en los comicios PASO del 31 de marzo y en las generales provinciales del 2 de junio. Los que hayan participado de las actividades de capacitación reconocidas por el Tribunal Electoral Provincial y delegados para los locales de votación $1.200, $500 y $3.000 respectivamente.
Una mujer fue violada por su hijo
La mujer tras esa aberrante y difícil situación declaró que prefiera que matan al joven o que se muera, ya que sufre una fuerte adicción a las drogas. Una mujer de 41 años afirmó que su hijo de 22 años, adicto a las drogas y con varias graves enfermedades psiquiátricas, la ahorcó y la violó en la casa que compartían ambos en Salta. Patricia Ortega aseguró que muchas veces pidió asistencia psicológica para el joven, ya que es esquizofrénico. “Yo pedí ayuda para que lo internen en el hospital Ragone, nunca lo quisieron internar. Tuve siete órdenes judiciales para que lo internen y cuando lo hicieron, lo pusieron con chicas menores. Yo lo retiré porque lo metieron con chicas menores, yo le dije al médico que mi hijoataca mujeres menores y lo meten con jovencitas”, contó. De acuerdo a su relato, que fue publicado por el portal Qué pasa Salta, todo empezó cuando el pibe tenía 10 años. Fue su propio padre, el que empezó a ofrecerle drogas en ese momento y lo inició en una adicción de la que nunca pudo salir. “Desde los 17 años que ruego que lo maten o se muera. Encima mi familia está enojada porque todo esto se hizo público”, confesó. El hecho más grave ocurrió hace poco más de un mes, cuando Patricia fue ultrajada. “Me ahorcó con los brazos”, relató. “Si no me desmayaba, me iba a morir”, añadió. Además, sostuvo que el joven escapó, después de atacarla pero volvió cerca de la medianoche con intenciones de cenar. “Mamá, qué hay para comer”, le preguntó. “Estaba como ido, como si no fuera mi hijo”, recordó conmovida. El hombre tiene antecedentes policiales y causas por homicidio en grado de tentativa y abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo
Ahora que estamos juntas: masiva manifestación por el Día Internacional de la Mujer
Más de diez cuadras colmadas de mujeres de todas las edades marcharon por un San Juan dónde se empiece a tratar a las mujeres, lesbianas, trans y no binares como ciudadanas de primera. Un nuevo 8 de Marzo pasó y los reclamos en nuestra provincia siguen siendo los mismos que hace más de cinco años, aplicación efectiva de la Educación Sexual Integral, reglamentación de la Ley 26.485 para la erradicación y prevención de la violencia hacia las mujeres, Aborto no punible sin trabas no demoras burocráticas, religiosas ni morales. El tiempo pasa y las únicas que avanzamos somos las mujeres, es Estado sigue en su letargo y con él no vuelve a matar, nos vuelve a dejar de lado, sigue sin oír la calle. En una jornada lluviosa y con una temperatura poco habitual para el mes de febrero, más de diez cuadras vestidas de violeta y verde, las mujeres exigimos a los tres poderes que nos sean indiferentes, porque nuestras voces juntas gritan por las que no están, ellas nos dejaron una consigna que vive en todas, ¡queremos ser libres, queremos decidir sobre nuestros cuerpos, queremos salir de nuestras casas y volver, queremos justicia! Parece que son reclamos que se gritan al aire y que no llegan a ningún lado, pero las que vienen detrás, las que se siguen sumando los toman con fuerza, las chicas ya saben, las chicas se cuidan entre ellas, la sororidad se vuelve tangible. No hay vuelta atrás. [wpvideo KJTYuWlI] [wpvideo EXoD3KNe]
Grave: el Gobierno nacional le descontará el día a quien pare por el 8M
Por medio de un comunicado, los responsables de las áreas de recursos humanos que trabajan en la administración pública informaron que no se abonará el día. El Gobierno de Mauricio Macri decidió no apoyar el Paro Internacional y Plurinacional Feminista que se realiza hoy en todo el país. Por medio de un comunicado, informaron que se les descontará el día a las personas que se sumen a la huelga feminista que se realiza el 8 de marzo en conmemoración al asesinato de 120 trabajadoras que reclamaban mejoras salariales en 1911. El comunicado interno firmado por Martín Lía de la Subsecretaría de Relaciones Laborales y Fortalecimiento informó: «Se reitera que el derecho constitucional de huelga implica la no aplicación de sanciones en tanto se realice cumpliendo los recaudos legales, pero ello no obsta a la percepción de habertes por los días no trabajados». Además, apuntaron contra el sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a quienes culparon por convocar a la movilización por el día de la mujer.
Rige la ley de paridad de género para las próximas elecciones
El decreto que reglamenta la ley de 2017 determina que las listas deberán estar compuestas en partes iguales por varones y mujeres de manera intercalada. Así se reemplaza la ley de cupo que ponía un piso del treinta por ciento. El gobierno nacional escogió el día del Paro Internacional de Mujeres para reglamentar la ley de paridad de género, sancionada en noviembre de 2017. El Decreto 171/19 se fundamenta en la necesidad de garantizar «la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios», tal como expresa el artículo 37 de la Constitución Nacional La legislación establece que las listas de candidatos que compitan en elecciones nacionales –al Congreso Nacional y al Parlamento del Mercosur– deben estar conformadas no solo en un cincuenta por ciento por mujeres y hombres, sino que especifica que deben aparecer de manera consecutiva e intercalada en las boletas. Hasta el momento, en el ámbito nacional regía la ley de cupo femenino de 1991, que obligaba a que las listas tuvieran sólo el 30 por ciento de mujeres. Entonces, la ley ya regirá para las PASO del 11 de agosto y para las elecciones generales del 20 de octubre. Sin embargo, como las bancas de ambas cámaras no alcanzan este porcentaje, será con las sucesivas elecciones que se irá completando la paridad legislativa. El artículo 12 del decreto especifica que «el género del candidato o candidata estará determinado por el sexo reconocido en el DNI vigente al momento del cierre del padrón electoral, independientemente de su sexo biológico o, en su defecto, constancia de la rectificación del sexo inscripta en el Registro Nacional de las Personas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 26.743». Es decir que no podrán presentarse dos personas del mismo género de manera continua en una misma lista. El decreto, que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial, determina que en el caso de que se considere que la lista se ha conformado violando la ley, «todas las personas inscriptas en el padrón electoral de un distrito tienen derecho a impugnarla ante la Justicia Electoral». La norma no solo comprende la representación en el Congreso y el Parlamento del Mercosur, sino que incluye a los partidos políticos que deberán adecuarse, al apuntar que «la paridad de género en el ámbito interno de las agrupaciones políticas, tanto de distrito como del orden nacional, comprende a todos los órganos que prevea la carta orgánica partidaria respectiva, y a los que transitoriamente pudieran crearse por decisión de los órganos constituidos»
Femicidio de Myriam: con más de 20 días de retraso llegó la causa a manos del Juez
Desde el poder judicial informaron, que recién este viernes, en el Día Internacional de la Mujer, ingresó al juzgado la causa por el asesinato de Myriam Morales, con una demora excesiva. El pasado 15 de febrero, Myriam Morales fue hallada sin vida en la casa de su padre. La mujer murió por una puñalada certera en el corazón, según los datos de la autopsia. Todo este tiempo atrás la causa estuvo en manos de la Policía, debido a la necesaria elaboración de informes de las pericias realizadas, más la hoja prontuarial de los dos detenidos y los archivos del tercer sujeto detenido que fue quien compartía vivienda con el presunto homicida. Según informaron, los motivos de la demora se desconocen, una de las hipótesis es que al encontrarse prófugo el principal sospechoso, la Policía retuvo la causa mayor tiempo del estipulado en estos casos. Este es un trámite normal, que suele demorar entre siete y diez días hábiles. Pero para Myriam la Justicia es más lenta, llegó a los 22 días. Se prevé que se fije declaración indagatoria a Mariano Valdéz para la semana que viene. Mientras, el único acusado del femicidio, permanece hospitalizado bajo custodia policial, ya que tras verse acorralado se autoagredió previo a su detención. Fuente: Canal 13
Grave: Organizaciones pro vida con el apoyo del Congreso contaran con fondos para obligar a gestar a niñas y mujeres
Sectores antiderechos lograron el apoyo formal del Ministerio de Salud. El ministerio de Carolina Stanley firmó un convenio para apoyar las acciones de una “red” nacional de organizaciones antiderechos y promocionar sus acciones. Tendrán un 0800 para casos de “embarazos vulnerables”. Recibirán 1.300.000 pesos del Estado. organizaciones antiderechos presentaron en el Congreso nacional un convenio que firmaron con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Carolina Stanley, para que el Estado nacional apoye sus intervenciones en relación a mujeres que cursan “embarazos inesperados”. El convenio fue firmado en diciembre del año pasado por Gabriel Enrique Castelli, secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en nombre de la cartera nacional, y Evelyn Rodríguez, titular de Fundación Vida en Familia, que forma parte de un conglomerado federal de organizaciones antiderechos. El acuerdo establece que el Estado nacional facilite “la promoción” de la “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable” en todo el país, con difusión del 0800 y de su información. “El ministerio va a facilitar la parte de promoción de la Red y visibilizar nuestro trabajo, para que se vea que hay acción concreta en apoyo a la mujer con embarazo vulnerable”, explicó a este diario la integrante de una de las organizaciones gestoras de la “Red”. Evelyn Rodríguez reveló que el convenio incluye una partida de 1.300.000 pesos. La presentación se hizo en el salón de Pasos Perdidos del Congreso, con la presencia de senadores y diputados que gestionaron el espacio para el encuentro a pedido de Aciera, Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina. Así lo confirmó a PáginaI12 Martha Rodríguez, de Jucum (Juventud con una misión), que integra la Alianza y participó de las gestiones que derivaron en el convenio con el Ministerio. La presentación de la “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable”, que nació el año pasado, al calor del debate por la legalización del aborto, cuando “buscamos apoyo de parte del Estado por el trabajo voluntario que estamos haciendo”, detalló Rodríguez. Ese trabajo voluntario, añadió, es “una ayuda integral: médica, social, psicológica. Lo que sí, todos somos provida. La plataforma que tenemos es que la mujer tenga la contención para decir ‘me animo a seguir adelante con este embarazo’. Queremos que la primera opción no sea el aborto, que no sea el misoprostol”. En el acto del Congreso estuvieron presentes Walberto Allende, Carmen Polledo, Cornelio Schmidt, Jorge Enríquez, Eduardo Amadeo, Marcela Campagnoli, Rosa Muñoz. Además de Aciera, entre las organizaciones antiderechos que sostienen este lobby se encuentran, entre otras, Gravida (la organización de origen católico que, por ejemplo, opera en hospitales públicos para convencer a jóvenes que piden ILE de desistir), la Fundación La Merced Vida (una de cuyas representantes explicó el año pasado, en el Congreso, que suelen intentar que las mujeres escuchen los latidos del feto, para hacerlas desistir de interrumpir el embarazo) y la Fundación Más Vida (que en la web dispone de una plataforma para “denunciar abortos” y puntos de venta de misoprostol). En sus redes, al anunciar el encuentro, una de esas organizaciones se ufanaba de la presentación: “¡seguimos ganando espacios!”. La “Red” dispondrá de una línea de 0800 para comunicarse con más de 100 centros para “la derivación de casos que requieran acompañamiento a mujeres embarazadas en condición de vulnerabilidad”. El próximo paso, según dieron a conocer los organizadores de la “Red”, será en mayo, cuando se lleve adelante una jornada de capacitación para iglesias de todo el país “que asumirán este desafío de proporcionar a las mamás los elementos necesarios para la atención de sus bebés, además de brindarles acompañamiento y contención”.
Registro de femicidios de 2018
La Casa del Encuentro presentó el informe 2018. Durante el año pasado se cometió un femicidio cada 32 horas. El informe fue presentado ante la Cámara de Diputados. Se registraron 273 víctimas mujeres y 35 femicidios vinculados. Durante 2018, se cometió un femicidio cada 32 horas. El dato surge de un informe que la Casa del Encuentro presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación. Según relevó este estudio, en el último año hubo 273 víctimas de femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas y 35 femicidios vinculados de hombres y niños. Además de las muertes, estos crímenes dejaron un saldo de 339 hijos sin madre, 68 por ciento de los cuales son menores de 18 años. El estudio, que se basó en datos recopilados de las Agencias informativas Télam y DyN y de 120 diarios de distribución nacional y/o provincial, abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018. Según indicó el informe, en 2018 se cometió un femicidio cada 32 horas. Estos números muestran una mejoría –aunque muy leve– respecto al promedio del año anterior, cuando se cometía un femicidio cada 30 horas. Otro dato que aportó Casa Encuentro en su estudio es que la mayoría de los femicidios que se llevaron a cabo el año pasado fueron cometidos por hombres entre 31 y 50 años, mientras que la mayoría de las mujeres víctimas de estos crímenes de género tenían entre 19 y 50 años. Además, de los 273 femicidios, 113 fueron cometidos por esposos y parejas actuales, 60 por ex esposos y ex parejas, 26 por vecinos y conocidos, 23 por otros familiares, 22 por hombres sin vínculo aparente, 13 por padres o padrastros, 12 por hijos, y 4 por el estado. Respecto a la forma utilizada por los femicidas para cometer estos crímenes, el estudio reveló que la mayoría de las muertes se llevaron a cabo a través de disparos (69), puñaladas (63) o golpes (45). El resto de las víctimas murieron estranguladas (25), incineradas (14), asfixiadas (14), por causa desconocida (11), degolladas (10), ahorcadas (8), por traumatismos (5), por femicidio estatal (4), con hacha y machete (3), por sobredosis (3) o descuartizadas (2). Además, según detalló el informe, de los 273 femicidios, 86 fueron cometidos dentro de la vivienda de la víctima y 69 dentro de la vivienda compartida. Otros escenarios elegidos por los femicidas fueron: vivienda ajena (22), descampado/monte/parque (21), vía pública (19), vivienda del femicida (11), río/canal/arroyo/zanja (7), vehículo (7), ruta (4), hotel (4), basural (4), lugar de trabajo (3) y pozo (1). Hay 15 casos en donde no se pudieron registrar datos de la escena del crimen. La mayor cantidad de femicidios se registró en las provincias de Buenos Aires (93), Santa Fe (27), Córdoba (24), Tucumán (17) y Mendoza (16), mientras que si se observa la tasa de femicidios cada 100.000 habitantes ocupan los primeros lugares las provincias de Neuquén, Chubut, Tucumán, Corrientes y Salta. «Desde La Casa del Encuentro estamos convencidas que el camino del aporte en la lucha contra la violencia de género es el diálogo y la articulación permanente de los diferentes sectores sociales, empresariales, políticos, estudiantiles, gremiales con el único objetivo de desterrar de nuestra sociedad la violencia sexista y en la búsqueda permanente de la igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas», señaló Ada Rico, Presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro. El informe fue realizado por el Observatorio de Femicidios en Argentina «Adriana Marisel Zambrano» y dirigido por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, con el apoyo de Fundación AVON, la Dirección General de la Mujer y Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. El estudio, además, contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la embajadora de la Unión Europea, Aude Maio-Coliche y la ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri.
La agenda del 8M, marcada por la ofensiva provida
El Paro de Mujeres del viernes volverá a ser multitudinario y apunta a cimentar las luchas que signaron 2018, en particular el derecho al aborto. Los casos de las niñas violadas en Tucumán y Jujuy y forzadas a parir anticipan la bárbara estrategia de los sectores «pro vida». El grito por la caída del patriarcado, que cada 8 de Marzo se renueva con la fuerza de la organización del movimiento de mujeres, este año será más profundo, más doloroso, pero no por eso menos explosivo. Después de un año intenso de lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que permitió un considerable crecimiento en todo el país de los diversos colectivos feministas, se prepara una jornada de lucha con consignas globales y eminentemente políticas. El 2019 comienza con una cifra ominosa: alrededor de 40 femicidios y travesticidos en apenas dos meses, una decena de nenas abusadas y la renovada ofensiva de los grupos antiderechos que intervienen para que no se cumpla la aplicación del protocolo de interrupción legal del embarazo que debe aplicarse en situaciones de violación. Pero encuentra enfrente un movimiento organizado y en pleno crecimiento, que se traduce en debates profundos y en una militancia sorora sin fisuras. Los desafíos que articula este año el 8M tienen que ver con un presupuesto real y efectivo para prevenir y contener los casos de violencia de género, por la urgente aplicación de la ley de Educación Sexual Integral en todas escuelas del país y por una fuerte intervención política que impida que los médicos objetores de conciencia expongan a las víctimas de abusos sexuales y que la Iglesia se interponga en la aplicación de la ley, en un contexto que el movimiento de mujeres identifica como de auge del neoliberalismo fascista. Niñas, no madres En enero, una nena de 12 llegó al hospital público de San Pedro de Jujuy con fuertes dolores abdominales. Confesó que había sido violada por un vecino y detectaron, tarde, que estaba embarazada de aproximadamente 22 semanas. No quería tener ese hijo producto de un abuso sexual. Sin embargo, el director del hospital se negó a practicar el aborto que desde 1921 prevé la ley. Fue el comienzo de un periplo que sentó un nefasto antecedente. Los médicos revelaron públicamente el cuadro clínico de la menor, y mientras le negaban su derecho a interrumpir el embarazo, el tiempo fue avanzando hasta que el equipo de salud terminó practicándole una cesárea, es decir, obligando a parir a la niña violada. La neonata murió tres días después de haber nacido con menos de 500 gramos y los órganos no desarrollados. Semanas después, Tucumán fue el escenario de un caso similar. Una niña de 11 años llegó al Hospital Eva Perón con su mamá pidiendo que le realizaran un aborto no punible. La nena había sido violada por la pareja de su abuelo y estaba embarazada de casi 19 semanas. Se lo negaron. El caso también se dio a conocer públicamente y las dilaciones y obstáculos por parte de funcionarios judiciales derivaron otra vez en una cesárea forzada, mientras a las puertas del hospital, un grupo de autodenominados «pro vida» realizaban una vigilia convocada por el mismo arzobispo de Tucumán, para «proteger al feto». Lo sucedido en Tucumán tuvo repercusión internacional por las características inéditas del caso: los poderes Ejecutivo y Judicial se unieron para impedir que se cumplan los derechos de una niña. «Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito regional Tucumán denunciamos el violento accionar del sistema público de salud de la provincia, que obligó a una niña de 11 años a someterse a una cesárea habiendo manifestado en reiteradas ocasiones, desde hace dos meses, la voluntad de interrumpir el embarazo. No sólo ella sino también sus familiares», expresó el colectivo de mujeres tucumanas. «Exigimos la renuncia inmediata de los responsables que han torturado a una menor sin ningún tipo de escrúpulos: Gustavo Vigliocco (secretario ejecutivo médico del SIPROSA), Rossana Chahla (ministra de Salud Pública de la provincia), Juan Manzur (gobernador de Tucumán), Elizabeth Ávila (medica pediatra de neonatología del Hospital Eva Perón) y Washington Navarro Dávila (ministro de la Defensa). Exigimos la inmediata implementación del protocolo de ILE en los hospitales de toda la provincia», dice entre otras cosas el comunicado. Sin embargo, y más allá de las repercusiones, aún nadie paga en Jujuy y Tucumán la responsabilidad de haber torturado a esas niñas. Y el aval del poder político a los grupos antiderechos es sin duda el que propicia su preocupante ofensiva. « Caja de resonancia de la conflictividad social El llamamiento al paro del colectivo Ni Una Menos consigna el logro de haber compuesto «transversalmente todos los sentidos, tiempos, espacios y prácticas de la huelga», que ha convertido al movimiento de mujeres «en un movimiento verdaderamente anti-neoliberal». Consigna que «es imposible» enfrentar al fascismo «moderando las demandas» del feminismo, que «no es cotillón de ONG, ni es inofensivo en términos de disputas políticas, ni puede ser banalizado como lenguaje de legitimación para prácticas neoliberales». «El movimiento feminista –agrega la convocatoria– se ha convertido en caja de resonancia de toda la conflictividad social, tramando alianzas que rompen las jerarquías patriarcales, construyendo complicidad entre luchas, elaborando nuevas prácticas y lenguajes para la emancipación». Actrices Argentinas El colectivo de Actrices Argentinas, visibilizado con fuerza desde el año pasado durante del debate por el aborto y las denuncias de abuso sexual, también convoca al 8M «para gritar con la voz de quienes ya no tienen voz por el fin de la violencia misógina, transfóbica y homofóbica, y para que el Estado aplique y profundice de manera urgente políticas de género». Demandan en su comunicado que «el Estado cumpla con implementar la educación sexual integral y laica, y que se garantice a las niñas de todo el país el derecho inalienable a ser niñas, no madres», además de abogar por la separación de las iglesias y el Estado. CRECIMIENTO Este año, y luego de los debates durante el Encuentro
