En Chubut, Neuquén y Río Negro se reiteran los incendios forestales. Aunque desde el Ministerio de Ambiente anuncian el envío de brigadistas y aviones hidrantes, vecinos e investigadores denuncian la falta de políticas de prevención y exigen más personal e inversión. En 2021 se incendiaron en Argentina más de 300 mil hectáreas. El rol del monocultivo forestal como propagador del fuego. San Juan, 28 de Diciembre de 2021 La Patagonia vuelve a ser acosada por el fuego. En las últimas horas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación creó un comité de crisis para tratar de apagar las llamas en la Comarca Andina y en el Lago Nahuel Huapi, que arden desde hace varios días. También se emitió una alerta por incendios en Tierra del Fuego y el territorio neuquino resiste el avance de los focos ígneos. En sus reportes de manejo del fuego, el Estado Nacional alerta que el 95 por ciento de los incendios son intencionales. Entre las consecuencias: peligro para las personas y los ecosistemas, pérdidas materiales y desplazamiento de comunidades. Según datos oficiales, en 2021 se incendiaron en Argentina 302.000 hectáreas. Jorge Chemes vive en la localidad chubutense de El Hoyo, en la Comarca Andina. Afirma a este medio que, tras los importantes incendios de marzo de este año, “no hubo inversión ni mantenimiento por parte del Estado”. Por su parte, el docente e investigador Lino Pizzolón advierte cómo el monocultivo de pino contribuye a la propagación del fuego en esa región: “El pino ponderosa, que es el 86 por ciento de lo que hay plantado en la Patagonia, es una de las especies más flamígeras. Cuando el fuego llega a un pinar, explota y se expande para todos lados“. En Neuquén, asambleas socioambientales, colectivas y agrupaciones ecologistas responsabilizan y demandan al Estado y los gobiernos municipales, provincial y nacional «que arbitren los medios pertinentes para prevenir la quema del bosque nativo, actúen rápidamente ante el primer indicio de foco de incendio, evitando así desastres socioambientales cada verano, y reforesten la zona afectada con vegetación nativa». Mientras arde el Lago Aluminé, los pobladores denuncian el impacto del monocultivo de pinos ponderosa de la Corporación Forestal Neuquina y a la Ley 2183 que autoriza a las petroleras a pagar en hectáreas forestadas las indemnizaciones por daños en el territorio. «Es evidente, tanto en Neuquén, como en Río Negro y la heroica Chubut, que sin el diseño de un plan de prevención, que efectivice la contención de un incendio apenas se genera, para luego aparecer con helicópteros y aviones de escasa capacidad de almacenamiento de litros de agua y sin la técnica correspondiente para volar frente condiciones adversas, que su objetivo no es combatir los incendios, sino dejarlos crecer para luego ceder tierra a los empresarios inmobiliarios, turísticos y mineros», reza un comunicado emitido este 27 de diciembre y firmado por la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, la Red Ciudadana de Villa La Angostura, la Asamblea por los Ríos Libres, la Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes, la Asamblea por el Agua del Norte Neuquino, entre otras organizaciones. Según el informe del Ministerio de Ambiente titulado “Manejo de fuego. Reportes de incendio“, del 26 de diciembre de 2021, en Argentina se incendiaron 302.451 hectáreas entre el 1 de enero y el 2 de diciembre pasado. Las provincias más afectadas fueron Córdoba (57.027 hectáreas), San Luis (49.282), La Pampa (29.390), La Rioja (21.389), Río Negro (20.381), Mendoza (19.730), Entre Ríos (19.707), Formosa (18.009) y Chubut (16.919). Falta de inversión y planificación estatal para prevenir los incendios en la Patagonia En marzo de este año se produjo, en la zona de la Comarca Andina -ubicada en el límite entre Río Negro y Chubut- un incendio devastador que duró varios días. Hay diversas hipótesis sobre lo que sucedió pero, afirma Jorge Chemes, “está claro que hubo un problema eléctrico“. El 9 de marzo pasado hubo grandes tormentas de viento y, por falta de mantenimiento del tendido eléctrico, las ramas de los árboles tocaron unos cables: fue la chispa que desató el fuego. “Desde ese momento a la actualidad el Estado proveyó a las casas incendiadas algunas unidades habitacionales bastante precarias, pero el problema no se llegó a resolver“, dice Chemes. Las localidades chubutenses de Lago Puelo, El Hoyo y Cholila, entre otras, dependen del servicio eléctrico de la Delegación de Servicios Públicos de Chubut. Desde marzo pasado, no se realizaron tareas de mantenimiento del servicio para prevenir nuevos incidentes. Además, hay un conflicto sindical porque los trabajadores de la delegación no tienen elementos de seguridad para su trabajo. “Eso se suma a la falta de inversión y mantenimiento del Estado“, contextualiza Chemes, que además es integrante de la ONG ambiental Taller Ecologista. Hace una semana el cortocircuito volvió a ocurrir. “Fue un desperfecto eléctrico en una línea de media tensión que está en el cerro Currumahuida y que abastece una antena de comunicaciones. Eso desató un incendio que al día de hoy no se pudo apagar“, dice el entrevistado. “Esto es debido a una falta de planificación y de inversión por parte del gobierno de Chubut. Puede volver a pasar en cualquier momento porque el sistema eléctrico está en pésimas condiciones“, agrega.  Por su parte, el incendio en el Lago Nahuel Huapi se originó por una tormenta eléctrica. Para Chemes, se trata de una consecuencia del cambio climático: “Esta no era una zona de tormentas eléctricas como se están dando ahora, cada vez con más frecuencia». Nuevamente, apunta a la desinversión estatal. El gobierno nacional informó que en Río Negro se desplegaron 86 brigadistas nacionales, un avión hidrante anfibio, dos helicópteros con helibalde pertenecientes al Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SMNF); también se puso a disposición un avión observador. En Chubut, operaron 56 brigadistas pertenecientes a los equipos nacionales, a la Administración de Parques Nacionales y a la Policía Federal, junto al apoyo aéreo de dos aviones hidrantes, un helicóptero con helibalde y otro para traslados pertenecientes al SNMF. —¿Bastan estos recursos para abordar la problemática de los

Solo cinco días después de que la Legislatura apruebe una ley que posibilita la megaminería, el gobernador de Chubut anunció que derogará la norma y llamará a un plebiscito. Con masivas movilizaciones en toda la provincia, las asambleas socioambientales celebraron la derogación y afirmaron: “La opinión ya está en las calles, hay cientos de miles de votos contra la megaminería”. 28 de Diciembre de 2021 El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, informó esta tarde, a través de Twitter, que se derogará la Ley de Zonificación Minera y se llamará a un plebiscito. Tras la represión sufrida por el pueblo chubutense, Arcioni manifestó en la red social: «Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad». A continuación señaló: «Hemos decidido derogar la Ley e impulsar un plebiscito a nivel provincial para escuchar todas las voces del pueblo». Activistas socioambientales ya advirtieron que no puede plebiscitarse una ley inconstitucional por violar derechos humanos y que el pueblo de la provincia ya expresó su posición en las calles. La Ley había sido promulgada por el propio Arcioni y publicada en el Boletín Oficial. Durante esta mañana trascendió que el gobernador Mariano Arcioni tenía intenciones de «suspender» la ley y de llamar a un plebiscito. Desde las asambleas socioambientales la respuesta fue clara: «Queremos la derogación, no vamos a aceptar otra cosa». Mientras tanto, en la Legislatura de Chubut fueron ingresados dos proyectos de derogación, que podrían tratarse mañana en la sesión ordinaria. La derogación solo puede producirse si es votada por la Legislatura, que mañana sesionará de forma ordinaria. Los partidos Chubut Unido y la Unión Cívica Radical ya ingresaron proyectos de derogación. Por su parte, los municipios de Puerto Madryn y el Hoyo ya habían anticipado que no adherirán a la ley provincial de zonificación minera. Los derechos no se plebiscitan Pablo Lada, de las Asambleas Ciudadanas de Chubut, confirmó a este medio que hay dos proyectos ingresados para derogar. «Las últimas novedades son que la diputada Gabriela de Lucía que responde al Sindicato de Empleados de Comercio acaba de anunciar que votó favorablemente a la ley y que ahora votará la derogación», agregó el activista. Respecto a la posibilidad de plebiscitar la ley de zonificación minera, Lada fue contundente: «Imaginate plebiscitar una ley que es inconstitucional por violar el artículo 169 de la OIT, que viola el Acuerdo de Escazú, que fue parida desde la corrupción. Pretenden que opinemos sobre eso y la opinión ya está en las calles: hay cientos de miles de votos contra la zonificación». Por su parte, Viviana Peralta, de la Asamblea de Esquel, confirmó que «algunos diputados que votaron a favor se están dando vuelta y dicen que van a escuchar al pueblo, así que creemos que esto se puede resolver mañana en la Legislatura». Es decir, en la sesión de mañana 21 de diciembre. La diputada provincial Leila Lloyd Jones confirmó al medio Radio 3 que este lunes el bloque “Chubut Unido” presentó un proyecto de derogación. A su vez, la Unión Cívica Radical presentó otra iniciativa en el mismo sentido. Por su parte, la diputada Belén Baskovc (PJ) apuntó que mañana estará «una vez más en Legislatura haciendo valer la voz del pueblo que pide la derogación del proyecto minero», por lo que acompañaría la iniciativa que da marcha atrás con la zonificación minera. En el año 2003, un 82 por ciento de la población de Esquel votó el “No A La Mina”, un plebiscito histórico que dejó claro que la minería no tenía licencia social en la zona. Ese mismo año, se sancionó la primera de muchas leyes provinciales que prohíben la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. En vistas de reforzar este mensaje, el movimiento de asambleas territoriales impulsó dos nuevas instancias de iniciativa popular en 2014 y en 2020.  A pesar de esto, la dirigencia política provincial buscó avanzar contra toda posibilidad de judicialización de una norma que no cuenta con el aval popular. En la sesión del 2 de diciembre pasado, la Legislatura de la provincia había reformado  la ley de amparo, limitado las medidas cautelares contra el Estado y designado a cuatro jueces del Superior Tribunal de Justicia de Chubut. En mayo de este año, la Legislatura chubutense votó en contra del proyecto de iniciativa popular con el que se intentaba cerrar las puertas a la futura explotación minera en esta provincia. La iniciativa había sido presentada en noviembre último por la Unión de Asambleas Ciudadanas, con 31.000 firmas. Una carta para pedir la derogación y el cese de la represión Más de 150 organizaciones ambientales, de derechos humanos y sociales difundieron este lunes un pronunciamiento demandando el cese inmediato de la represión en Chubut. Reclamaron además la derogación de la Ley XVII Nº 149 de Zonificación Minera sancionada el miércoles pasado, que habilita la megaminería en la provincia. Sostienen que de esta manera se alcanzará «la paz social» en la provincia. Entre las organizaciones que reclamaron a través de una carta la derogación de la zonificación minera se cuentan asambleas socioambientales chubutenses, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, la Red Nacional de Humedales, el Observatorio Petrolero Sur, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), entre otras. También firmaron el documento personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Enrique Viale, Masitella Svampa, Rita Segato, Nacho Levy y Marta Maffei. El pedido también recibió el apoyo internacional de México, Chile, Uruguay, Ecuador y España, entre otros. La carta denuncia graves violaciones a los derechos humanos: detenciones arbitrarias, golpes, uso injustificado de balas de goma, lanzamientos de gases e ingreso a comercios y lugares para detenciones sin orden judicial durante la represión policial ocurrida desde el 15 de diciembre en diversas ciudades de la provincia. «El accionar de las fuerzas de seguridad en Chubut registra graves violaciones a los

Con el 55,87 de los votos, el político chileno se convierte en el más joven y más votado de la historia chilena. En su primer y multitudinario discurso habló de cuidar la nueva constitución, construir acuerdos y nunca más declararle la guerra a los chilenos, como lo hizo Piñera. San Juan, 20 de diciembre de 2021 La izquierda más progresista hace historia en Chile tras el triunfo de Gabriel Boric que obtuvo un 55,87% (4.618.480 votos) frente al 44,13% (3.648.394) del ultraderechista José Antonio Kast con el 99,94% de las mesas escrutadas. Casi 12 puntos de ventaja que ponen fin a uno de los procesos más polarizados e inciertos desde el retorno a la democracia en 1989. en una jornada extremadamente calurosa y con una notoria baja de la locomoción pública que no impidió que la ciudadanía fuera en masa a votar por su futuro.  Los records de Boric Una suma de hitos rodea al nuevo presidente de Chile: a sus 35 años es el más joven (el 11 de marzo cuando asuma tendrá 36) y el más votado de la historia chilena, con un inédito 55% de participación electoral, otro récord más. También es la primera vez que un diputado en ejercicio como él se vuelve presidente.  Además, acompañará el proceso del plebiscito ratificatorio de la Nueva Constitución que debería hacerse durante el primer semestre del próximo año. Todo, a una década de las grandes protestas estudiantiles de 2011 donde Boric, entonces dirigente de la Universidad de Chile, fue uno de los liderazgos más destacados. Calor y falta de transporte Fue una jornada compleja, ya que el país atravesaba una ola de calor que llegó a los 34 grados a la sombra en Santiago en recintos como colegios y gimnasios que no cuentan con aire acondicionado.  Un problema que fue menor al lado de la falta de locomoción pública. Imágenes de micros (colectivos) estacionados, a pesar de que el gobierno de Sebastián Piñera aseguró que iba a implementar un plan especial de transporte público sólo potenciaron las sospechas de intervencionismo electoral, ya que justamente las comunas populares, donde el voto es tradicionalmente de izquierda, fueron las principales afectadas. Por eso, a pesar de que lo rápido del trámite, lo difícil era llegar a los locales de votación lo que generó, nuevamente grandes filas.https://iframely.pagina12.com.ar/api/iframe?url=https%3A%2F%2Fcontent.jwplatform.com%2Fpreviews%2FDdOpOTIx-WywucZbs&v=1&app=1&key=68ad19d170f26a7756ad0a90caf18fc1&playerjs=1 El reconocimiento de Kast y de Piñera Pero incluso antes de ese cómputo —y la reacción de Boric— el derrotado reconoció en su Twitter haberlo llamado. “Lo he felicitado por su gran triunfo. Desde hoy el presidente de Chile merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva Chile siempre está primero”. Luego vino el propio presidente Sebastián Piñera quien entre “consejos” y “alabanzas” le dijo: “Es una de las más grandes participaciones ciudadanas en mucho tiempo. La democracia cumplió y los chilenos han dado un nuevo ejemplo de democracia, usted fue parte de eso así que lo felicito”. Boric le dijo: “Quiero que sepa usted que voy a dar lo mejor de mí para estar a la altura de este tremendo desafío, nuestro país saca lo mejor de sí, cuando nos unimos”. Hacia el final Piñera le dijo: “Sáquese una foto cuando entre a La Moneda y otra cuando salga, porque gobernar es muy difícil”. “Espero hacerlo mejor que usted”, le dijo, en una sorprendente salida que no logró perturbar al presidente. Mientras, en prácticamente en todas las ciudades de Chile, la gente empezaba a celebrar, como en el sector de la Plaza de la Dignidad —rebautizada tras el estallido social de octubre de 2019— con banderas chilenas y mapuche y gritos como “¡Ganó el pueblo!” y “Ni un paso al fascismo”. No es menor: con la ola de calor y la notoria falta de locomoción pública había demasiadas razones para descorchar botellas de champaña, enarbolar banderas o simplemente abrazarse con los seres queridos. La izquierda más progresista Políticamente, esto significa la vuelta de la izquierda más progresista al poder en Chile tras cuatro años de Piñera, representante de una derecha levemente inclinada al centro, pero que no dudó en beneficiar a la clase empresarial durante la pandemia y a reprimir enérgicamente durante el estallido social de 2019.  El programa de Boric aboga por un nuevo modelo de desarrollo, centrado en las energías renovables, los impuestos a las grandes fortunas y el fomento a la ciencia y tecnología; además de fortalecer los derechos de la mujer y las minorías sexuales, la salud (incluyendo la mental), el medio ambiente y la cultura. Una propuesta que era lo opuesto a Kast, un nostálgico de la dictadura y fanático del neoliberalismo, quien proponía achicar al Estado, beneficiar a los grandes empresarios, cerrar el Ministerio de la Mujer (medida de la que luego se arrepintió), establecer zanjas para impedir la migración y dejar en libertad a los militares condenados por violaciones de DD.HH. en dictadura, por razones humanitarias. El festejo multitudinario Ante una multitud enorme, que recordaba el millón de personas que se reunió durante octubre de 2019 en Santiago, se dirigió en su primer discurso público en un escenario cercano a la Biblioteca Nacional (a unas cuadras de la Plaza de la Dignidad). De hecho el mismo Boric no pudo subir al escenario debido a que su caravana de auto no podía desplazarse durante largos minutos, hasta que él mismo decidió subirse caminando junto a su pareja, la cientista política Irina Karamanos, quien ya ha señalado sobre la necesidad de redefinir el cargo de “primera mano”. Finalmente tuvo que subir la reja que separaba la multitud, literalmente como una estrella de rock, mientras de fondo sonaba “El derecho de vivir en paz” de Víctor Jara, el himno del estallido social. Entre fuegos artificiales y aplausos, comenzó saludando en mapudungun, la lengua mapuche, agradeciendo a los chilenos que “honraron su compromiso con la democracia”. “No importa en este momento si (votaron) por mí o mi contrincante. Lo importante es que mostraron su compromiso con este país que es de todas y de todos. También a quienes quisieron asistir a votar y no pudieron por la falta de transporte público. No puede volver a ocurrir que en un

El gobernador convocó al diálogo a todos los sectores involucrados. San Juan, 20 de diciembre de 2021 Luego de jornadas de serios incidentes, con movilizaciones en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rawson, Trelew y Puerto Madryn, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anunció este mediodía la derogación de la ley de zonificación minera y el llamado a un plebiscito, con el objetivo de frenar la reacción popular contra la medida. Arcioni había promulgado la semana pasada la ley que favorece la megaminería, aprobada por la Legislatura local. Ante el clima de fuerte rechazo social que generó la sanción, el mandatario decidió dar marcha atrás con su aplicación. Además de la suspensión de la ley, el mandatario provincial incluyó un llamado –en un plazo que sería de 180 días– para convocar a un consulta popular con el fin de que la ciudadanía se exprese a favor o en contra de la normativa. La semana pasada, la Legislatura autorizó la zonificación minera en dos departamentos de la meseta (Telsen y Gastre) con una ajustada mayoría de 14 votos contra 11, lo que generó una fuerte reacción de los vecinos en toda la provincia con multitudinarias marchas y serios incidentes. Esa aprobación, criticada por la Universidad Nacional de la Patagonia y por representantes del Conicet, motivó en los últimos días fuertes protestas que provocaron graves daños en la Casa de Gobierno provincial y en otros edificios del centro cívico de Rawson.Así ardía la Casa de Gobierno la semana pasada tras la aprobación del proyecto La iniciativa oficial que provocó la resistencia popular permitirá la minería metalífera química en algunas zonas de la provincia. Se trata de la reglamentación de la Ley 5.001 que prohíbe la megaminería con uso de cianuro en la jurisdicción, pero que en uno de sus artículos permite que se determinen áreas en las que podría permitirse. Quienes se oponen al proyecto oficial sostienen que fue hecho casi a la medida de la empresa canadiense Pan American Silver que espera hace 11 años explotar el proyecto Navidad en la meseta, en búsqueda de plata y plomo del yacimiento con un método distinto al cianuro pero no menos nocivo: el xantato. El xantato y la policriamida son dos de los reactivos rechazados por los vecinos por su potencial contaminante. Al reaccionar con la poliacrilamida, el xantato genera bisulfuro de carbono que es un compuesto del cual se puede obtener ácido sulfúrico. Aunque no existe una normativa que en la Argentina prohíba el uso de esta sustancia, hubo un proyecto en el Senado en 2015 que nunca prosperó.“No puedo creer que se plantee el veto de la ley como haciéndole un favor a los chubutenses», dijo el senador chubutense por Juntos por el Cambio, Ignacio Torres. Tras la derogación de la ley de zonificación minera, el senador chubutense por Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, cuestionó el accionar de Arcioni. “No puedo creer que se plantee el veto como haciéndole un favor a los chubutenses. Nos toman el pelo, se creen que comemos vidrio. El que incendió la provincia es Arcioni y ahora se queja del olor a humo”, aseveró “Nacho” Torres. Y agregó: “Yo nunca vi a alguien tan cínico y una dirigencia política tan mediocre como estamos viendo en mi provincia. Nadie puede imponerle a un pueblo lo que el pueblo no quiere. Y más cuando no tenemos gasas en los hospitales, cuando hace más de cuatro años que no tenemos clases regulares y cuando no nos pueden garantizar ni siquiera la seguridad”. Fuente: Infobae

Los ecos del 2001 y la trampa de no visualizar la originalidad de estas horas. San Juan, 20 de diciembre de 2021 Por Emilio Crenzel En el tórrido verano de 2002 comencé a dictar la materia La construcción social de la memoria colectiva en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. El primer ejercicio que propuse consistió en dos preguntas. Cuál era el hecho de la historia argentina que consideraban más significativo y cuál era el hecho que consideraban más significativo que habían vivido. Los interrogantes procuraban distinguir la memoria histórica, transmitida a partir de diversos medios, de la memoria biográfica. Mientras ante la primera pregunta las respuestas se concentraron en el surgimiento del peronismo, ante la segunda lo hicieron señalando el 19 y 20 de diciembre de 2001. Desde entonces, hasta 2017, esos días constituyeron el hecho seleccionado por sucesivas camadas de estudiantes. El ejercicio demostraba que Maurice Halbwachs, quien con su libro Los marcos sociales de la memoria (1925) [1] fundó el concepto de memoria colectiva, estaba en lo cierto. La concentración de respuestas evidenciaba un proceso social que explicaba cierta representación común del pasado de un grupo, localizado temporal y espacialmente, con valores políticos y culturales comunes. A pesar de esa memoria compartida, los recuerdos individuales de aquellos días, por supuesto, diferían. Una chica rememoró con orgullo que, embarazada, participó de un piquete en una ruta patagónica, con neumáticos ardiendo en la barricada ante el avance de tropas de Gendarmería. Un estudiante recordó el enfrentamiento con la policía en Plaza de Mayo. Una joven su participación en una asamblea en la que rápidamente decidieron enfrentar el Estado de Sitio, cacerolas en mano, dirigiéndose hacia el centro de la ciudad. Otros, lejos de imágenes épicas, mencionaron la zozobra económica que vivían sus familias, la pérdida del empleo, el recorte de salarios, el cobro en bonos, la precarización de la vida, los saqueos, la idea de emigrar en busca de un futuro mejor. Otra porción recordó haber contemplado los hechos por televisión. Como decía al comienzo, desde 2002 hasta 2017 los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron seleccionados por una mayoría de estudiantes como el hecho más significativo de sus vidas. Esta constancia evidenciaba la centralidad del acontecimiento en la memoria de este grupo. Sin embargo, no sería aventurado afirmar que trascendía a esos universos de estudiantes. De hecho, en el discurso político era reiterada la apelación al estallido social, a la crisis del 2001 o al “Argentinazo” según las diferentes claves ideológicas con las que eran leídos esos días. Puede decirse, también, que estas apelaciones permearon las confrontaciones políticas desde este acontecimiento hasta casi fines de la primera década de los 2000. Revisando las evocaciones de los alumnos y las que circularon en la escena pública, la lectura del 2001 estuvo atravesada por tres claves. En la primera, el evento se enmarcaba en un escenario signado por una crisis devastadora, de pauperización acelerada, pérdida de empleo, un contexto asfixiante que parecía no tener fin. Una metáfora sobresalía al calificarlo: el infierno. Precisamente, pocos años después del suceso Néstor Kirchner retomará esa metáfora para describir la ruinosa experiencia neoliberal. “Estamos en el purgatorio” decía, ante el comienzo de la recuperación económica y social de inicios de su mandato. El 2001, con su desempleo, pobreza y endeudamiento exorbitantes, se convirtió en el anverso de las políticas de inclusión social, consumo e impulso del mercado interno de su gobierno. De este modo era resignificada la metáfora infernal utilizada por el menemismo que basó su política de la memoria en la agitación del temor a regresar a 1989, el año de la hiperinflación, los saqueos y la mega devaluación y, mediante ese recuerdo, legitimó sus políticas de ajuste y privatizaciones. Pero a medida que la recuperación económica progresaba, el 2001 entraba en un cono de sombra. Se iba tornando difuso en un escenario que ya no era el de la catástrofe. Algo similar había sucedido durante buena parte de los años ’90. La presencia en el debate público del “descenso a los infiernos”, como retrató el Nunca Más al sistema de desaparición forzada, se vio eclipsada por el impacto de la hiperinflación, los saqueos y las transformaciones estructurales del gobierno de Menem. Aunque, luego, fruto de la lucha, la memoria del horror volvería a emerger con toda su potencia. La segunda clave de lectura del 2001 fue muy diferente. Estaba atravesada por el prisma del encantamiento. Se sostenía en una memoria atravesada por grandes expectativas que se sostenían en la unión de piquetes y cacerolas, síntesis de la alianza de las clases medias con los movimientos de desocupados; el estado asambleario en parques y esquinas de Buenos Aires; las fábricas “recuperadas” y autogestionadas por sus trabajadores; la crisis política que parecía dar la bienvenida a nuevos liderazgos, el desafío popular al estado de sitio y a la represión y la embestida de los ahorristas contra los bancos. Entre algunos se conformó la ilusión de que asistíamos a un Cordobazo de alcance nacional. Que se transitaba un estado pre revolucionario. De allí que la reiteración del 2001 fuese agitada como profecía no sólo por la izquierda. Aún años después, la imagen del helicóptero con un Presidente huyendo de la Casa de Gobierno empujado por un estallido social integraba las expectativas de quienes imaginaban la imposibilidad de pervivencia del gobierno neoliberal de Macri. Sin embargo, la ilusión de un nuevo 2001 también se fue descomponiendo. Fue deshaciéndose al calor de los acuerdos de los movimientos sociales con el Estado, de su dependencia de los subsidios y planes, del distanciamiento y el rechazo político y moral de buena parte de las clases medias hacia los movimientos de protesta, del regreso de los depósitos a los bancos, de la disolución del movimiento asambleario, de la recomposición de la confianza en representaciones políticas tradicionales, en la expansión del agronegocio, la megaminería, la concentración y extranjerización de la propiedad y del retorno del modelo de endeudamiento y fuga de capitales. Una tercera clave de lectura, ausente en los

El viernes 10 de diciembre ocurrió un nuevo derrame petrolero en la zona de Vaca Muerta, a 23 kilómetros de la localidad rionegrina de Catriel y a solo cinco kilómetros del río Colorado. Desde hace décadas que la población denuncia el accionar de las empresas. Las zonas de sacrificio y el costo socioambiental de Vaca Muerta. San Juan, 16 de Diciembre de 2021 Por Sol Arrieta Unos minutos antes del mediodía del 10 de diciembre, la rotura en un ducto de la empresa Oleoductos del Valle Sociedad Anónima (Oldelval) provocó el mayor derrame petrolero de la última década en la región norpatagónica. Daniel Lezcano es werken (vocero) de la comunidad mapuche Qüiñe Chraüm (que significa “un encuentro” en mapuzungun) y vive en el Lote 133 de lo que se conoce como “El Medanito”. “Cómo podemos vivir así, sabiendo que la actividad petrolera nos está afectando”, reclama. Y explica que, de las 625 hectáreas que poseen, 200 están afectadas con “pasivos ambientales” y “otros incidentes que vienen ocurriendo”. Lezcano explica que durante el fin de semana lo llamaron de diferentes medios de comunicación, pero ninguno se hizo eco del peligro concreto que implica el extractivismo para el ambiente todo: la noticia es el episodio como un hecho aislado y no como parte de un modelo. Oldelval, Petrosud, YPF y el derrame petrolero en Río Negro La empresa que explota ese territorio es Petróleo Sudamericano, a la que la estatal YPF otorgó la concesión en 2018. Oldelval es la mayor transportista de la zona, que tiene como principal accionista también a YPF, y es la encargada de llevar el petróleo que se extrae en Neuquén y Río Negro hacia el puerto Rosales, en Punta Alta (Buenos Aires), para desde allí distribuirlo a las principales refinerías del país. Petróleo Sudamericano explota la cuenca neuquina desde hace más de 25 años; desde 2018 con cuatro “bloques” en Río Negro, 347 kilómetros cuadrados de tierra, 14 yacimientos y 120 pozos perforados desde entonces, entre los que se encuentra el sitio donde se produjo el derrame petrolero del viernes. Fue denunciada por contaminación en diferentes oportunidades por las comunidades mapuches Qüiñe Chraüm y Bibiana García, sin éxito y con persecuciones penales como respuesta a quienes habitan el lugar, además de cortes de luz y otras medidas en búsqueda de amedrentar y silenciar los reclamos. “Actúan cuando el problema les estalla en la cara”, dice Lezcano con las pruebas frente a los ojos. Una de las denuncias contra la empresa es la quita de las tareas de saneamiento ambiental de los territorios a las empresas familiares del lugar, lo que facilitaba las actuaciones urgentes ante emergencias como el derrame petrolero del viernes, pero que tras la cesión de YPF a Petrosud se modificó. Falta de inversión, violación de derechos y contaminación Mauro González, el abogado que representa a las familias, explica que con el traspaso de la concesión de las tareas de saneamiento se violaron derechos de las comunidades inscriptos en la Constitución Nacional, de Río Negro y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. González afirma que con lo sucedido este viernes “explotó todo”. Afirma que el derrame petrolero comenzó a las 11:45, y recién a las 17 empezaron las tareas de contención: “Decían que demoraron por la falta de mantenimiento, por la reducción de personal y por la falta de empresas dedicadas a eso”. Esto último estrechamente relacionado con las denuncias previas a la empresa. “Estamos ante la presencia de un derrame petrolero muy grande, muy grave”, asegura Martín Álvarez, del Observatorio Petrolero Sur (Opsur). Cuestiona la falta de información oficial y remarca que “sería muy bueno que la Justicia pueda intervenir y ver cuáles son las condiciones que tiene la infraestructura, porque no hay inversión; justamente lo que venía denunciando la comunidad Qüiñe Chraüm, que está en la zona y que sus campos se están viendo afectados producto de la desinversión que han hecho las empresas petroleras y la falta de mantenimiento, lo que genera accidentes de manera recurrente”. Recién 48 horas después del derrame, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro difundió información sobre el alcance: unos 1500 metros cúbicos de crudo invadieron 20.000 metros cuadrados de superficie. Aunque dicen que la empresa ya recuperó casi todo el petróleo perdido, como si fuera ella la damnificada, para la tarde de este lunes se anuncian lluvias en el lugar y eso puede implicar mayor drenaje de los restos. El integrante de Opsur señala que la Secretaría de Ambiente de Río Negro “está muy cuestionado por parte de todo el movimiento socioambiental, ya que quien está a cargo de la cartera de Ambiente es una empresaria del sector, Dina Migani, que tiene empresas de químicos para las petroleras como su principal cliente”. “Ahora se están evaluando las consecuencias, qué plan de remediación y qué multas se van a realizar”, detalla Álvarez y agrega que “también es muy importante cuestionar el nivel de impunidad que suelen tener las petroleras, porque muchas veces no pagan las multas, tienen sanciones y terminan no pagándolas o muy fuera de término, muy poca plata, hay que dar un cambio en la lógica del control y eso no se puede hacer teniendo a funcionarios que son parte de la industria”. Siete décadas de extractivismo petrolero e impunidad La Asamblea Ambiental Coli Leuvú de Catriel repudia lo sucedido: “La localidad de Catriel y sus inmediaciones sufre desde hace décadas derrames constantes de agua de producción y crudo en distintas magnitudes, desde muy pequeñas hasta algunas muy grandes, son moneda corriente, es decir, sucede todos los días del año”, afirman. Remarcan que esta contaminación vulnera de manera permanente la salud y la capacidad de resiliencia del ambiente, como de las personas que viven tanto en el campo como en la zona urbana. “Desde 1959, año que descubren el primer pozo petrolero en la zona, Catriel y sus inmediaciones están lleno de pasivos ambientales, más lo que se suma año a año”, denuncia la Asamblea en

El polémico proyecto, criticado por la Universidad Nacional de la Patagonia y por representantes del Conicet, fue aprobado por 14 votos afirmativos y 11 negativos. San Juan, 16 de Diciembre de 2021 Con el llamado a una sesión ordinaria sorpresa, la Legislatura de la provincia del Chubut aprobó anoche el proyecto de zonificación minera resistido por varios sectores de la sociedad de esa provincia. El polémico proyecto, criticado por la Universidad Nacional de la Patagonia y por representantes del Conicet, fue aprobado por 14 votos afirmativos y 11 diputados provinciales que se pronunciaron de forma negativa. Hubo dos diputados ausentes. La iniciativa oficial permitirá la minería metalífera química, de plata, cobre y plomo, en algunas zonas de la provincia, como Telsen y Gastre, y es activamente resistida por buena parte de los movimientos sociales chubutenses. Se trata de la reglamentación de la Ley 5.001 que prohíbe la megaminería con uso de cianuro en la jurisdicción, pero que en uno de sus artículos permite que se determinen áreas en las que podría permitirse. Quienes se oponen al proyecto oficial, hecho casi a la medida de la empresa candiense Pan American Silver que espera hace 11 años explotar el proyecto Navidad en la meseta, y sostienen que la compañía, que busca explotar plata y plomo del yacimiento, usará un método distinto al cianuro pero no menos nocivo: el xantato. Para evitar las prohibiciones legales provinciales al uso de cianuro en la megaminería, las compañías aseguran que usarán un método más amigable con el ambiente: se trata de un proceso de flotación que usa reactivos y detergentes a los que se pegan los minerales. El xantato y la policriamida son dos de los reactivos rechazados por los vecinos por su potencial contaminante. Al reaccionar con la poliacrilamida, el xantato genera bisulfuro de carbono que es un compuesto del cual se puede obtener ácido sulfúrico. Aunque no existe una normativa que en la Argentina prohíba el uso de esta sustancia, hubo un proyecto en el Senado en 2015 que nunca prosperó. A pesar del debate ambiental que genera la megaminería, las polémicas por el proyecto oficial no están relacionados con esa cuestión. Así consiguieron las adhesiones de los sectores gremiales. La flamante ley eleva el bono compensador minero al doble del monto original y se crea un canon inicial de entre 5 y 10 por ciento de la inversión total de cada proyecto. Además, se da participación a sindicatos y se eleva el monto para municipios que apoyen la iniciativa. Y se reservan fondos para pago de deuda provincial. El proyecto Navidad es un yacimiento de plata, cobre y plomo que Pan American Silver adquirió en 2009, a 35 kilómetros de Gastre. El bloque principal abarca cuatro áreas –Navidad Oeste, Navidad Este, Navidad Oeste 1 y Navidad Este 1– cada una de ellas de una superficie de 2.500 hectáreas, a las que se agregan tres áreas contiguas (Pampa 1, Puente 1 y Puente 2), cuyos derechos pertenecen a la operadora Minera Argenta S.A. El estudio preliminar estimaba una producción de 15.000 toneladas diarias, en promedio, considerando una vida útil de la mina de 18 años. Según el mismo análisis, publicado en la página web de la compañía, la producción de la planta de procesamiento iba a ser de 20 millones de onzas anuales durante los primeros cinco años y luego, un promedio de 16,5 millones de onzas de concentrados de plata-cobre y plata-plomo, que serían exportados para su refinación. “Hicieron una gran maniobra distractiva. Sacaron una sesión ordinaria de la manga. La habían llamado para mañana. La inventaron. Así se manejan. La foto de esto hay que mirarla desde hace un año en la que se ve que estamos ante una de las legislaturas más corruptas de la historia”, dijo Pablo Lada, unos de los vecinos autoconvocados que estaba fuera de la Legislatura reclamando. “A espaldas de la sociedad y de una manera grotesca, esto demuestra cómo la minería no sólo degrada el ambiente sino también la democracia. Hay marchas en toda la provincia, esto es un avergüenza”, opinó Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina. Entre quienes votaron a favor, está el presidente de la comisión, el diputado Sebastián López, expulsado del PRO luego del escándalo que develó una cámara oculta en la cual pedía 100.000 pesos para votar a favor de la minería. López no negó el hecho, sólo dijo en su favor que no era diputado en ese momento, sino que cumplía funciones en la Anses. Por esta razón fue expulsado del Pro, partido por el cual fue elegido, y no tuvo ni siquiera el decoro de abstenerse de votar. Para Lada, miembro de la Unión de Asambleas de la Comunidades de Chubut, el xantato es tan dañino como el cianuro e insiste en que se discuta la iniciativa popular. “Ya arruinaron el río Loa en el norte de Chile. El proyecto popular es muy claro, rechaza la minería química y cualquier actividad nuclear. Según la Constitución chubutense están obligados a debatir antes de julio ya que ingresó el proyecto a fin de año con 31.000 firmas, el 7% del padrón, el doble de lo que exige la ley”, detalló Lada. En Chile, en 1997 la rotura de un dique de contención de una minera contaminó con ácido sulfúrico, xantato y cobre disuelto el río Loa, que desde ese momento no registra vida en su curso. Quienes aprobaron la iniciativa oficial, señalaron entre sus argumentos, que el agua que se usará para la producción está dentro de una cuenca endorreica y no perjudicará al río Chubut, que abastece a la mitad de la población de la provincia. Sin embargo, estudios técnicos indican que las proyecciones de baja del caudal a causa de la crisis climática y que la cuenca del Sacanana podría ser un reservorio en tiempos de escasez. “El Chubut es, en verdad, otro río chico, sobre todo si se lo compara con sus pares patagónicos —51 metros cúbicos por segundo frente a los casi 800 m3 del río Santa Cruz o los más de 1.000 m3 del río Negro—. Hoy, es

San Juan, 9 de Diciembre de 2021 Tal como se oficializó este martes por la mañana, el sanjuanino Alberto Hensel -secretario de Minería de la Nación-, pasará a formar parte del Gabinete de Sergio Uñac como Ministro de Gobierno y ahora las especulaciones apuntan a que su sucesora sea Sylvia Gimbernat, actual subsecretaria de Política Minera de la Nación, que de confirmarse la versión la convertiría en la primera mujer al frente de la cartera minera nacional. En tanto que Hensel asumirá a su cargo el 10 de diciembre tras la vacante que dejó Fabiola Aubone (la ministra saliente), luego de asumir una banca en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. La designación de Hensel llega en el marco de modificaciones del gabinete sanjuanino en Educación, Producción y Desarrollo Económico, en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y en la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Tras la designación oficializada por el propio gobernador, las conjeturas empezaron a rondar en que el sucesor de Hensel fuera también sanjuanino, considerando el rol de relevancia de esta provincia dentro de la actividad minera. De hecho así lo expresó el funcionario minero ante medios locales luego de conocerse su designación, pero en las últimas horas comenzó a sonar fuerte el nombre de Gimbernat. Gimbernat es abogada y magíster en Gestión del Negocio Minero por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo. Fue profesora del programa de Posgrado, Maestría “Tecnologías Ambientales” de la Facultad de Ingeniería, y miembro del Cuerpo de Profesores de la Maestría de la Información Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de San Juan. También se desempeñó como asesora letrada de la Dirección de Política Ambiental y de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente; en el Centro de Investigaciones para la prevención de la Contaminación Ambiental Minera Industrial (CIPCAMI); y en la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera del Proyecto Binacional Minero Pascua Lama. Además fue jefa de asesores del Departamento Jurídico de la Secretaría de Estado de Minería de la Provincia de San Juan y del Ministerio de Minería de la provincia cuyana. Y participó como integrante del Comité de Administración de los Fondos Fiduciarios de Infraestructura Proyecto Pascua Lama, Guacamayo, Casposo, Argenta. Fuente: MDZ

San Juan, 23 de noviembre de 2021 Los tiempos parlamentarios no fueron lo suficientemente veloces para aprobar la prórroga de la Ley 26.160 que ordena el relevamiento territorial de las comunidades indígenas y suspende los actos administrativos y judiciales de desalojo de las comunidades preexistentes a la República Argentina. Es por eso que el Gobierno anunció que la continuidad de esa norma será establecida por decreto de necesidad y urgencia (DNU) dado que la misma vence el 23 de noviembre. «En los próximos días el Presidente va a firmar el DNU que prorroga la ley vinculada con el censo indígena, que tiene media sanción del Senado, pero no hay tiempo porque se vence el 23 y no llegamos a votarla», explicó la vocera presidencial Gabriel Cerruti. Antes del anuncio, adentro del Congreso, con el tratamiento en la comisión de Presupuesto de Diputados, como afuera, con el acampe de organizaciones indígenas, se preparaban para dar la batalla.  «Que salga por decreto muestra la debilidad de esta norma de emergencia territorial que fue dictada en 2006, y la situación se ha agudizado porque los pueblos naciones son reservorio de biodiversidad para todes, en cambio para el capital y el mercado son bienes estratégicos, el agua, el litio, los minerales, y las corporaciones locales y extranjeras que los disputan crecieron exponencialmente», dijo a PáginaI12 Claudia Gotta, secretaria de Pueblos Originarios de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos). «Esta ley es la única respuesta que dio el Estado argentino, desde la sanción de la reforma constitucional que reconoció la preexistencia de los pueblos naciones al Estado nacional, y una amplia gama de derechos, reconocimiento reforzado por pactos y convenios internacionales», agregó. Gotta recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri costó mucho la prórroga de la norma porque la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) le exigía que se cayera la ley. «Vienen por los territorios que reclaman su restitución, y ahora se movió de nuevo la criminalización y la estigmatización de los pueblos originarios. Todo lo que está pasando en Cuesta del Ternero está vinculado a Papel Prensa, acá el unico terrorista es el Estado en complicidad con el colonialismo residual de los poderes locales, judiciales, policiales y empresariales. No viene fácil, están haciendo lobby para que no haya sesión», comentó la dirigente. Será por eso que el Gobierno prefirió sacarla por DNU. Acampe y vigilia «Está en riesgo la vida de toda la humanidad, los poderes vienen por los bienes naturales y necesitan que esa ley no siga vigente porque el primer obstáculo que encuentran en el territorio somos las comunidades indígenas que estamos ahí desde siempre frenando el avance del saqueo del negocio inmobiliario, maderero, minero, del litio y turístico que causa serios daños a la madre tierra y desequilibrios como el cambio climático y el calentamiento global». Néstor Jerez habla con este diario sentado en un cajón de verduras sobre las piedritas rojas de Plaza Congreso, bajo el toldo de plástico del acampe surgido hace tres semanas en reclamo de la aprobación de la prórroga de la Ley 26.160. Él es cacique del pueblo ocloya, y acampa junto a referentes de varios pueblos: kolla, mapuche, huarpe, mbya guaraní, tonokote llutki, guaraní, tolombón nación diaguita, diaguita calchaquí, tehuelche, qom, wichí y pilagá. «Como es una ley de emergencia vence este 23, si se cayera habría desalojos masivos, hay 2 mil comunidades indígenas expuestas que quedarían desprotegidas ante los permanentes atropellos y amenazas, intentos de despojo, hechos de violencia extrema, intentos de homicidio, y judicialización con orden de desalojo. Ante la Corte Suprema somos caratulados de usurpadores cuando en realidad somos poseedores ancestrales y así lo contempla todo el marco jurídico que el Estado ha reconocido», agrega Jerez.  La comisión de Presupuesto, que preside el diputado del Frente de Todos Carlos Heller, se reunirá hoy y la prórroga de la 26.160 figura en el temario de la reunión que comienza a las 13. Verónica Caliva, diputada por Salta del Partido del Trabajo y el Pueblo en el Frente de Todos, confirmó a PáginaI12 que hoy iba a salir el dictamen por mayoría. «En el Día de la Militancia tendremos como consigna la prórroga de la 26.160, pero si no llegamos al 23 para poder sacarla habrá un decreto, que ya está listo», comentó. Más tarde, mientras el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, recibía el documento elaborado por las organizaciones indígenas y las entidades sociales, de derechos humanos y universitarias solidarias con ellos, Cerruti hacía su anuncio en Casa Rosada. «Esa historia se repite, igual que en 2017 días previos al tratamiento de la ley buscan estigmatizar usando la figura del pueblo mapuche calificándolos de violentos y agresivos, para que la sociedad no acompañe. Pero estamos convencidos de que hay una sociedad con conciencia que acompaña en su gran mayoría la causa indígena, porque el planeta está en peligro y la madre tierra nos necesita», apuntó el cacique ocloya. Walter Bosisio es director del programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, integrante Red Intercultural de Equipos de Acompañamiento Indígenas y responsable de la Comisión de Territorio de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). «Junto con la OPINOA (Organización de los Pueblos Indígenas del NOA), desde Jujuy con los pueblos humahuacas y kollas, guaraníes en Salta, diaguitas en Tucumán y comechingones en Córdoba, por citar algunos, y diferentes universidades estamos trabajando para visibilizar este problema«, dijo a este diario. Al igual que en 2017, el acampe en Congreso y la campaña por la prórroga de la ley fueron motorizados por ellos. «Hay desesperación en las comunidades, que temen el regreso de los desmontes, la entrada de grupos terratenientes y empresarios, conflictos de titulación de propiedades; hay una deuda histórica que fue anunciada por el Presidente, la ley de propiedad indígena, pero no ha llegado, lo dice la Constitución: es un deber del Estado garantizar el hábitat y la identidad cultural de estos pueblos, de las 1800 comunidades sólo la mitad han sido relevadas pero muchas menos han obtenido su reconocimiento legal». Bosisio fue

El pasado 21 de noviembre es asesinado Elías Garay Yem de un disparo de arma de fuego en el territorio recuperado Cuesta del Ternero. Comienzan los desalojos y las muertes a horas del vencimiento de la ley 26160. San Juan, 23 de noviembre de 2021 Ante los hechos sucedidos, comunidades indígenas organizadas expresaron: Ante los hechos acaecidos el día 21 de noviembre en el territorio de la Lof Quemquemtrew del Pueblo Mapuche en Cuesta del Ternero en el lugar llamado La Tapera de los Álamos al sur de la provincia de Río Negro, asediado desde hace más de 50 días por las fuerzas de seguridad provinciales de Río Negro, denunciamos el asesinato de un comunero Mapuche.Las organizaciones indígenas que estamos llevando adelante el acampe en Plaza de Congreso decimos BASTA DE REPRESION, DE VIOLENVIA Y DE ODIO.Queremos repudiar el accionar del Gobierno Provincial, el Poder Judicial de Río Negro y las fuerzas de seguridad que frente al levantamiento del campamento humanitario que se llevaba adelante en el Lof Quemquemtrew, han dejado sin ninguna garantía de seguridad jurídica a los miembros del Lof, resultado de esta situación es que ha sido asesinado un joven comunero mientras que otro joven lucha por su vida en el Hospital de El Bolsón. Esta represión violenta engrosa el listado de las MUERTES DE LOS MIEMBROS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A HORAS DEL VENCIMIENTO DE LA PRORROGA DE LA LEY 26160.Llamamos a un Diálogo Intercultural que nos lleve a superarnos como una sociedad diversa y plural.

Hablamos con Juan Manuel Marcó, más conocidx como Cielo Newman, quien nos contó sobre la inauguración de la 5ta Semana de la Diversidad #OrgulloSanJuan que dio inicio en el día de ayer, lunes 15 de noviembre, y se extiende hasta el domingo 21 inclusive, con una gran marcha de cierre.   San Juan,16 de noviembre de 2021 La 5ta Semana de la Diversidad #OrgulloSanJuan dio inicio ayer lunes por la mañana con el descubrimiento de la placa en la Plaza La Glorieta, sitio declarado por la Cámara de Diputados como “Zona libre de discriminación”. El acto estuvo acompañado por el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, por la Subsecretaria de Derechos Humanos, por el Centro Cultural Conte Grand, por Maaanso Encuentro y activistas diversxs de AMMAR, ATTTA y La Glorieta. Durante toda la semana se realizarán actividades como charlas, paneles y debates y la puesta escénica de diferentes artistas. Los sitios donde se desarrollarán las actividades son el CC Conte Grand, el Museo de Historia Urbana, el Museo Franklin Rawson, el Teatro del Bicentenario, el Teatro Municipal, el Teatro Sarmiento, Centro Cultural la Superiora, entre otros. En diálogo con Cielo Newman, miembrx fundante de La Glorieta y parte del equipo organizador de la 5ta Semana de la Diversidad #OrgulloSanJuan, nos contó: “Estamos festejando muchísimos logros, muchísimas leyes, también pidiendo por las que faltan, como la Ley Integral Trans Ya”. Asimismo, remarcó: “Estoy emocionadx. Acabamos de ver una senda peatonal hermosa. Unos escalones, un paseo de no discriminación que venimos luchando hace varios años para que se logre. Y, además, que sea acá en “La Glorieta”, donde se inició todo”. Antes de concluir, Cielo nos recordó la marcha del domingo 21 de noviembre a las 21 horas en la Casa de Gobierno de San Juan (intersección de calles Paula A. de Sarmiento y Av. Libertador J.S. San Martin). “Marcharemos con una plena alegría: carruajes, luces, música, color, drag queen, artistas, bailarines, malabaristas” La marcha concluye en el teatro Bicentenario donde se montará un escenario en el que habran cantantes y músico. “Festejar el cierre de una gran gran semana que seguro va a ser”.