La norma entró en vigor esta madrugada mediante la publicación del Decreto 177/2025 en el Boletín Oficial. Con esta medida, se busca anular a las grandes bandas criminales que se dedican al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas. Los detalles, en la nota. Este lunes, el Gobierno nacional promulgó la Ley 27.786, conocida como “Antimafias”, que endurece las penas para integrantes de organizaciones delictivas. De este modo, luego del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, entró en vigor esta medida que busca anular a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas. La norma quedó oficializada a través de la publicación del Decreto 177/2025, que promulga la Ley 27.786, que se considera organización criminal a un grupo de tres o más personas que operan de manera concertada para cometer delitos graves. Ley 27786 by gabrielalmendras2203 “La presente ley tiene como objeto brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de tres (3) o más que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”, destaca la normativa en su artículo 1°. De este forma, en el documento, se detalla que las investigaciones podrán ser llevadas a cabo por fiscales federales con la colaboración de fuerzas de seguridad y autoridades provinciales. Además, se endurece las penas para quien formen parte o colaboren con dichas organizaciones criminales. En ese sentido, las condenas podrían ir desde los 8 a 20 años. Asimismo, se eliminan las diferenciaciones de penas según el rol que tenga dentro de la mafia. De este modo, a partir de ahora todos los miembros recibirán condenas por igual. Es decir, desde el jefe hasta aquel miembro que recién ingresa en la organización delictiva. Esta legislación, que forma parte del paquete de medidas en materia de Seguridad del Gobierno nacional, fue aprobada con 38 vos por el Senado durante las sesiones extraordinarias. Además, en esa misma sesión, se aprobó otro proyecto impulsado por el Gobierno: la Ley de Reiterancia que pretende ponerle fin a la “puerta giratoria” de los criminales. Fuente: https://www.cronica.com.ar/
Culminó la evaluación Fitopatológica de la Producción Vitícola en San Juan
A lo largo de la semana, profesionales y estudiantes universitarios se capacitaron ante una experta en la materia de sanitaria en la vid. Provechosa fueron los cinco días de la mano de la doctora fitopatóloga Judit Monis, destacada profesional argentina con más de 30 años de experiencia en California, quién disertó sobre “Evaluación Fitopatológica de la Producción Vitícola de San Juan”. Este evento fue el fruto del diálogo entre el sector público-privado; política emanada por el gobernador Marcelo Orrego en otorgarle herramientas que le permita impulsar la matriz productiva de la provincia. Fue así como el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, viveros de San Juan y los productores de planta de vid organizaron esta actividad. Esta capacitación contó de dos etapas. La primera fue teórica donde los profesionales y estudiantes universitarios aprendieron nuevas herramientas sobre sanidad y virosis de la vid. Luego, se llevó un trabajo de campo en dos fincas para que pueda verificar el estado sanitario y realizaron estudios de laboratorio del Instituto Hortícola Semillero (ISEMI) con el objetivo de analizar el material vegetativo para verificar si el viñedo se encuentra enfermo o no. Para finalizar, el último día del taller, la fitopatóloga Monis brindó medidas preventivas que se deben considerar para tener un viñedo sano. Además, recomendaciones a base de su experiencia tanto en ámbitos públicos como privado.
«EL MERCADO» NO CUIDA: tres días antes del temporal, Pettovello desguazó la Dirección Nacional de Emergencias
Los 485 empleados que se dedicaban a brindar ayuda estatal a zonas afectadas fueron echados o puestos en disponibilidad, y la dirección fue directamente cerrada como parte de la reducción del Estado ejecutada por Federico Sturzenegger. El temporal en Bahía Blanca, con sus devastadoras consecuencias sobre la población, dejó al descubierto la total falta de criterio de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tres días antes de que se desatara la tormenta despidió a todos los trabajadores de la Dirección Nacional de Emergencias -sus 485 empleados fueron echados o puestos en disponibilidad- y la cerró, como parte de la reducción del Estado ejecutada por Federico Sturzenegger. La Dirección eliminada se ocupaba de dar asistencia en casos de catástrofes, enviando insumos y profesionales -médicos, psicólogos, asistentes sociales- para dar contención y atender a los damnificados. Si bien la Casa Rosada mandó a Bahía Blanca a los ministros de Seguridad y de Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, Pettovello no viajó -una decisión lógica, si se piensa en qué iba a poder hacer- y lo que despachó a la zona inundada -productos de limpieza e higiene, materiales para la construcción- llegó de la mano de las Fuerzas Armadas. En la provincia aseguran que en los aviones Hércules con los insumos de Pettovello había “80 colchones”, una cantidad ridícula para una ciudad de 300.000 habitantes donde la gran mayoría sufrió pérdidas materiales. En Capital Humano replican que fueron más, aunque sin dar números. En este momento lo que les preocupa no es tanto aclarar el punto como establecer que no mandaron alimentos, ni un kilo, a Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque quieren dejar en claro que no lo tienen. Es que a raíz de una nueva denuncia de Juan Grabois por los comedores populares, el Ministerio debe contestar, en un plazo de 48 horas, un requerimiento judicial que le exige informar qué alimentos mantiene guardados en sus depósitos. “No compramos más alimentos”, insistieron en decir ayer. Disuelta la Dirección Nacional de Emergencias, el argumento que dan en el gobierno nacional es que no hubo imprevisión: lo que pase en situaciones de catástrofe dejó de ser tema del ministerio de Capital Humano y pasó a ser tema de los ministerios de Defensa y de Seguridad, señalan. «Pasó justo, pero ya estaba decidido». La Dirección de Emergencias funcionaba en el edificio ubicado en Moreno 711 y tenía a su cargo equipos que, ante una catastrofe, viajaban a los lugares para colaborar. Para dar una idea de qué se perdió con su cierre, ayer fuentes gremiales recordaban que en la última gran situación de catástrofe ocurrida en la gestión anterior, la de los incendios en Corrientes, la Dirección llegó con asistencia en las primeras 48 horas (llevó botellones de agua, kits de limpieza, colchones, frazadas, alimentos, ropa) y apagado el fuego viajaron equipos profesionales y asistentes sociales que hicieron relevamientos y gestionaron ayudas económicas para las familias. Es decir, hubo intervención tanto en el momento de la emergencia como el posterior, para ayudar a la reconstrucción. Estas tareas fueron coordinadas con los centros de referencia locales, también eliminados por el gobierno libertario. Tras el desembargo de Bullrich y Petri en Bahia Blanca, la gobernación bonaerense le hizo llegar a Pettovello un pedido de asistencia en el que detallaron la dramática situación que atraviesan las familias bahienses y le recordaron que en los últimos dos años hubo 50 municipios afectados por inundaciones que la administración de Axel Kiciloff debió auxiliar sin respuestas de la Casa Rosada. En Capital Humano responden a las críticas sobre el desguace del Estado doblando la apuesta: “había superposición de áreas”, dijeron ayer al defender los cierres. Agregaron que a partir de ahora, de las situaciones de catástrofe se va a ocupar el Sinagir (Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo), que depende del ministerio de Seguridad. Se supone, entonces, que Patricia Bullrich cuenta con equipos equivalentes a los despedidos de Desarrollo Social. Fuente: https://www.pagina12.com.ar/
Organizaciones sindicales, políticas y feministas denuncian ante la ONU el desmantelamiento de políticas de género en Argentina
Presentación en unidad de Informe Sombra, denuncia internacional y llamado a la acción desde los feminismos populares contra el gobierno de Mile El jueves 6 de marzo se realizó la presentación del informe sombra “A 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Actualidad de las políticas de género y situación de las mujeres y diversidades en la Argentina”, que fue elevado a ONU Mujeres con el objetivo de denunciar ante la comunidad internacional la destrucción de la institucionalidad y las políticas de género que está llevando a cabo el gobierno de Javier Milei, bajo un programa antipopular y un plan sistemático de empobrecimiento, discplinamiento y violación de derechos humanos contra toda la clase trabajadora, que golpea con mayor violencia sobre las mujeres y diversidades. La presentación, que se realizó en la sede de CONADU, estuvo a cargo de referentas de las organizaciones que construyeron en unidad el informe: CTA de les Trabajadores, CTA Autónoma, UTEP (Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular), CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)-La Cocina de los Cuidados, Ni Una Menos, Proyecto Generar, La Cámpora, La Patria es el Otro y Nuevo Encuentro. Yamile Socolovsky, Secretaria de Género y Diversidad de la CTA-T, inauguró la conversación explicando los objetivos y el encuadre político de este trabajo. Los distintos temas que recorre el informe fueron expuestos por las compañeras Leonor Cruz (Secretaria de Género y Diversidad de la CTA-Autónoma), Lucía De La Vega (CELS-La Cocina de los Cuidados), Florencia Viola (Nuevo Encuentro), Felicitas Fuertes (La Patria es el Otro), Majo Poncino y Marina Joski (UTEP), Clarisa Gambera (ATE Nacional) y Clarisa Spataro (ATE Capital). El evento contó con la presencia de dirigentas de distintos espacios que han prestado su adhesión a la presentación del informe, y de referentas del movimiento feminista, como Estela Díaz, Mónica Macha, Marita Perceval, María Elena Naddeo, Juliana Marino, Nelly Minyersky, y Nora Goren, entre otras compañeras representantes de sindicatos, organizaciones sociales, políticas, feministas, medios de comunicación y centros de estudios. Como expresaron las referentas durante el encuentro, este informe enviado a ONU Mujeres en los primeros días de enero de 2025, pone en evidencia que el reporte que el gobierno argentino remitiera a ese organismo en mayo de 2024 falta a la verdad, al omitir el sistemático desmantelamiento de las políticas públicas objeto de evaluación, y completa este panorama reseñando otras decisiones que profundizaron ese proceso regresivo en los meses siguientes del mismo año. El documento elaborado cuenta con una introducción, “12 meses de retrocesos en las políticas de género en Argentina” y se estructura en 6 secciones, debidamente documentadas: 1) Impacto de la política económica. Precarización laboral y abandono de las políticas para el logro de la igualdad en el mundo del trabajo y la reducción de la pobreza; 2) Políticas de Cuidados. Protección y Seguridad Social. Discapacidad. Educación; 3) Derecho a la salud. Salud sexual y reproductiva; 4) Políticas para el abordaje y la erradicación de la violencia por razones de género; 5) Políticas y acciones en el plano cultural, comunicacional y judicial que refuerzan los estereotipos y la discriminación por motivos de género; 6) Política y acción represiva y persecutoria. Dicho informe se complementa además con un “Apéndice” que da cuenta de los principales retrocesos que se produjeron durante los primeros meses de 2025, profundizados desde los conocidos dichos del presidente en el Foro de Davos, donde atacó directamente a las feministas y a la comunidad LGTBIQ+, habilitando una escalada de violencia en la sociedad argentina, acompañado por recortes a jubiladxs, miles de despidos y el anuncio de eliminar la figura de “femicidio”, entre otras medidas. Durante el encuentro se resaltó el objetivo de transformar dicho informe, construido colectivamente desde las organizaciones, en una herramienta de denuncia y visibilización del programa antipopular del gobierno nacional, tanto en Argentina como ante la comunidad internacional, además de ser un aporte para el debate político y la identificación de la estrategia de un plan sistemático de hambre, saqueo y crueldad, que afecta a toda la clase trabajadora. Yamile Socolovsky participará de la próxima reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW 69 Beijing+30) como presidenta del Comité de Mujeres Trabajadoras de la Confederación de Trabajadorxs de las Américas (CSA) con el fin de dar a conocer la situación de las mujeres y diversidades trabajadoras, así como de nuestras niñeces y adolescencias, desde la mirada de las organizaciones políticas, sindicales, de derechos humanos y feministas populares de Argentina. Esta iniciativa se enmarca en el conjunto de acciones que desde los feminismos y transfeminismos populares se están realizando en la previa del 8M, donde las organizaciones en unidad llamamos al Paro Internacional Feminista y Transfeminista contra el gobierno de Milei y sus cómplices y a una gran movilización que se realizará hacia Plaza de Mayo en capital federal y en todos los puntos del país. A continuación se encuentra a disposición el Informe Sombra, el Resumen Ejecutivo y el Apéndice. Página 1 / 6 Zoom 100% Fuente: CTA
LIQUIDACION POR CIERRE: Milei modificó un organismo clave para liquidar más rápido los inmuebles del Estado
Se trata de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que podrá utilizar la intervención de bancos públicos para «agilizar» el proceso de venta de los inmuebles. El presidente, Javier Milei, modificó este lunes a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para permitir que entidades bancarias públicas y agentes financieros participen en tasaciones y subastas, con el objetivo de agilizar el proceso de venta de los inmuebles públicos. Así lo hizo el mandatario a través del Decreto 176/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial con su firma, la del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La medida indica que «resulta necesario ampliar los medios por los cuales se realizan las tasaciones y subastas, permitiendo que las entidades bancarias públicas, o entidades que actúen como agentes financieros del Estado, puedan intervenir en dichas operaciones». De esa manera, se busca «una gestión más ágil en la administración de los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL», mientras que se modifica la normativa que «impida contar con un procedimiento eficiente para la administración y disposición de estos bienes», agrega el decreto en sus considerandos. En ese sentido, el decreto establece que el canon a pagar por un inmueble del Estado «será establecido por el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN, por entidades bancarias públicas o entidades que actúen como agentes financieros del Estado, nacionales, provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, municipales o internacionales”. Hasta el momento, la normativa indicaba que el canon solo podía ser determinado por «entidades bancarias oficiales» de manera «excepcional» y con la «previa intervención» del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Por lo tanto, con la modificación de este lunes, el trámite se puede realizar más rápidamente. La misma modificación para agilizar el proceso, a través de la intervención de bancos públicos o agentes financieros del Estado, surge en cuanto al «precio base en las ventas inmobiliarias efectuadas mediante subasta o licitación pública» y en cuanto al monto del canon a pagar por inmuebles concesionados. La venta de los inmuebles del Estado En octubre pasado, el presidente Javier Milei firmó un decreto en el que se dispone la venta, disposición o transferencia de más de 300 inmuebles en manos del Estado Nacional. Entre los ejemplos de este desprendimiento se destacó un edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en la avenida Cerviño 3101, que finalmente se vendió en diciembre. Así lo dispuso el mandatario a través del Decreto 950/24 publicado en el Boletín Oficial. La iniciativa forma parte de «las medidas tendientes a eficientizar el rol del Estado» ya que, según se fundamenta en la norma, los inmuebles en cuestión «resultan innecesarios». En esta línea, desde el Gobierno consideraron que «mantener ociosos» estos bienes «genera costos y gastos que deben evitarse». Asimismo, indicaron que desprenderse de ellos va a «ayudar a superar la crisis que enfrenta la economía de nuestro país». Concretamente, la normativa habilita a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a impulsar «los procedimientos de enajenación» de un total de 309 propiedades. En esa extensa lista hay baldíos, cocheras, terrenos ferroviarios, portuarios o industriales, plantas de silo, campos y también edificios urbanos. Fuente: https://www.eldestapeweb.com/
Temporal en Bahía Blanca: 16 muertos, más de 1.000 desaparecidos y tres días de duelo nacional
Las fuerzas de seguridad trabajan en las zonas más afectadas. Mientras tanto, continúan las tareas de asistencia y se suspendieron las clases. El fuerte temporal que se produjo en la ciudad de Bahía Blanca dejó, hasta ahora, 16 muertos de los cuales 12 están identificados y más de 1.400 evacuados, informó el Ministerio de Seguridad bonaerense en un parte. Además, las autoridades informaron que están buscando a dos menores (las hermanas Delfina y Pilar Hecker, de 1 y 5 años) y a un mayor. La municipalidad de Bahía Blanca, junto con la provincia de Buenos Aires, las Fuerzas Federales de Seguridad, la Armada y el Ejército Argentino, continúa con las tareas de rescate y asistencia en las zonas más afectadas por el temporal que arrasó a toda la ciudad. En total, hay aproximadamente 1.450 personas entre autoevacuados y evacuados, 1.296 que se encuentran alojados en 13 centros. Las clases de los días lunes y martes están suspendidas, y se decretaron 72 horas de duelo. Fuente: https://www.datadiario.com/