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III Mega-Causa por Crímenes de Lesa Humanidad en San Juan: la defensa llamó a declarar a Jaime Malamud Goti, intentando reinstalar el debate por la validez jurídica y política de los juicios

Jaime Malamud Goti

En la pasada audiencia del día 10 de setiembre, en el marco de la III Mega-Causa por Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en el pasado reciente de San Juan, la defensa de los acusados llamó a testimoniar a Jaime Malamud Goti. Reputado abogado internacional, Malamud fue asesor legal durante el gobierno del Presidente Raúl Alfonsín, Procurador de la Corte Suprema de la Nación para la transición democrática después de la última dictadura militar y uno de los principales arquitectos del histórico Juicio a las Juntas.

En esta nota de elCimbronazo.com repasamos algunos elementos históricos importantes para comprender el rol de Malamud en la construcción de la perspectiva jurídica de la justicia transicional en la historia reciente Argentina, abriendo interrogantes para pensar cuál es la estrategia de la defensa en el juicio. Finalmente, familiares de detenidos/as desaparecidos/as aportan sus puntos de vista cuestionando la perspectiva del debate jurídico abstraída de las demandas sociales y del derecho a la reparación.

San Juan, 12 de Septiembre de 2021

Equipo de redacción de elCimbronazo.com

Desde finales de 2020, y en contexto pandémico por Covid-19, se lleva adelante la denominada III Mega-Causa, a cargo del Tribunal Oral Federal conformado por las magistradas Paula Marisi, Gretel Diamante, Carolina Prado, y presidido por el magistrado Alberto Carelli. El juicio, realizado de forma virtual, tiene como acusados a 35 personas: 20 ex militares, 14 ex integrantes de la Policía Provincial y el ex fiscal federal Juan Carlos Yanello. A todos ellos se les adjudica la responsabilidad por crímenes cometidos contra 150 personas durante la última dictadura militar. La audiencia del 10 de setiembre tuvo una particularidad: el llamado como testigo de Jaime Malamud Goti, el cual fue requerido por la defensa de los acusados.  

¿Quién es Jaime Malamud Goti?

Se trata de una figura relevante en el Derecho argentino. Jaime Malamud es Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y, junto con Carlos Nino, fueron los principales asesores legales durante el gobierno del Presidente Ricardo Alfonsín, arquitectos principales del Juicio a las Juntas Militares. Malamud Goti se desempeñó como Procurador de la Corte Suprema de la Nación para la transición democrática después de la dictadura militar. Es también conocido por su posición crítica del sistema procesal que él mismo ayudó a construir.

¿Por qué se lo llamó a testimoniar en la III Mega-Causa en San Juan? ¿Qué dijo en la audiencia?

Malamud Goti es un personaje público que ha gustado de estar involucrado en los debates de la justicia argentina. Aunque vive hace 14 años en Estados Unidos, y como el mismo reconoció en la audiencia del viernes: “no leo ni conozco siquiera el nuevo código procesal vigente en Argentina”, eso no le ha impedido opinar públicamente de los actuales Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad que se realizan en el país. Sobre estos juicios, ha dicho que ofrecen una “justicia limitada” y que no tienen razón de ser. Este fue el argumento planteado en la audiencia pasada, en el marco del juicio oral presidido por el Magistrado Carelli, cuando los abogados defensores le preguntaron acerca de su opinión al respecto de los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad.

Sorprende el aura que rodea a Malamud Goti, en tanto una figura de “eminencia” en el derecho de la justicia transicional internacional. Su presencia deslumbró a todos/as los/as abogados/as presentes en la audiencia judicial del viernes pasado, hecho que habilitó la prolongación de su testimonio por más de una hora y media.

En la audiencia fue contundente su respuesta cuando se le preguntó acerca de su posición respecto al Juicio a las Juntas, y de la necesidad de clausurar los procesos judiciales que siguen, según el testigo, “polarizando a la sociedad”.

Para comprender la estrategia judicial que intenta construir la defensa de los acusados en este juicio, es necesario repasar más a fondo la posición de Malamud Goti, conocida a través de sus libros, artículos y apariciones públicas. En su popular artículo denominado “Terrorismo de Estado y la cuestión de la memoria”, el abogado plantea una postura crítica respecto a la presunción de que la memoria de abusos pasados a los derechos humanos contribuye a la construcción de una democracia republicana basada en derechos, y sostiene que “en una sociedad conducida con el auxilio del terror existen razones estructurales que frustran la formación de una memoria que realce la responsabilidad individual y cobije el ejercicio de derechos”. En esta línea plantea abiertamente que “contrariamente a la opinión de gran parte de los activistas y especialistas en derechos humanos, sostengo que los juicios por violaciones a los derechos humanos no necesariamente corregirán este déficit”.

Por otra parte, otro abogado de la misma talla, Carlos Nino, el otro arquitecto de la estrategia jurídica que permitió llevar a Juicio a las Juntas Militares en 1985, sostuvo -en el libro “Juicio al mal absoluto”– que aquel juicio fue novedoso porque vino a romper con el paradigma judicial internacional que estaba signado por la amnistía, y lo hizo a través de un tribunal ordinario y no un tribunal ad hoc. A diferencia de Nino, Malamud Goti opina que el Juicio a las Juntas no vino a restablecer la primacía de la ley en Argentina, por el contrario, “sería una prolongación de la cultura signada por la modalidad de inculpación gestada en la propia dictadura militar”. Es decir, el Juicio a las Juntas vino a reponer la existencia de un supuesto de culpables e inocentes, tal y como lo hacía la propia dictadura. 

En sus libros “Terror y justicia en la Argentina” (2000) y “Crímenes de Estado. Dilemas de la Justicia” (2016), Malamud Goti se pregunta si los juicios contribuyen a afianzar la democracia argentina, y su respuesta es negativa. Según el letrado, la sociedad argentina tuvo responsabilidades jurídicas, políticas y morales ante el ejercicio de la brutalidad policial y militar; la delimitación de un grupo de militares como culpables vendría a exculpar a esa sociedad de sus responsabilidades en estos hechos. Cuestiona el esquema de enjuiciamiento que él mismo ayudó a crear (bajo el esquema de obediencia a la órdenes), y dice que en realidad la respuesta del Estado a la subversión fue impulsada desde los sectores de los cuadros medios e inferiores de las jerarquías castrenses, quienes sufrían las presiones de la guerrilla y que presionaron a los superiores para que tomaran una posición decisiva drástica. A partir de esto, Malamud Goti sostiene que el esquema de obediencia a las órdenes sería un esquema falso, porque los cuadros medios e inferiores tenían agencia y participación decisiva. También cuestiona el valor político y cultural del Juicio a las Juntas ya que, tanto los militares, como los organismos de derechos humanos, no quedaron conformes y no reconocieron el juicio como un instrumento imparcial que venía a restablecer el valor de la ley. Según Malamud Goti, el Juicio a la Juntas tuvo un efecto de polarización social y creó lealtades corporativas. En una perspectiva más amplia del tema, pone en cuestión la idea de que la escena judicial y sus tribunales ordinarios sean suficientes o adecuados para tramitar las diferencias y conflictos políticos. Descarta las formas jurídicas mismas y sus tribunales como capaces de tramitar estos hechos de violaciones a los derechos humanos, buscando ahí una perspectiva retroactiva coherente que alcance a toda la sociedad (una sociedad que se juzgue a sí misma) y que, de lo contrario, solo produce una especie de ficción judicial falsa.

Esta tesitura de Malamud Goti, abrió debates hacia finales de los años ’90 e inicios del año 2000. Por ese entonces, se daba comienzo a los procesos de justicia civil que dieron lugar a “juicios éticos” y a los denominados “Juicios por la Verdad”, en los cuales se privilegió la consecución de la verdad de los hechos ocurridos antes que el castigo y la persecución penal a los culpables. Dicho período judicial terminó en el año 2003, cuando se dio paso a la apertura de los actuales “Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad”, en los que se reestableció la persecución y el castigo penal hacia los represores encontrados culpables de la comisión de delitos que se les imputaba.

No quedan dudas sobre la estrategia de la defensa del tribunal de la Mega Causa III en San Juan: al llamar como testigo a Malamud Goti persigue instalar estos puntos de vista que cuestionan todo el sistema procesal en cuyo marco se llevan a cabo los actuales juicios por delitos graves contra la humanidad. El punto de vista de Malamud Goti está absolutamente situado desde una perspectiva del derecho procesal. En sus interpretaciones pareciera que busca abstraerse y tomar distancia “moral” de las condiciones sociales y razones políticas sobre las cuales el derecho asume posiciones de poder e imparte justicia. Aunque esta posición entra en contradicción muchas veces cuando su intervención, “como voz autorizada por la experiencia” en el derecho y la justicia transicional, lo habilita a plantear posiciones abiertamente conservadoras, las cuales ponen muchas veces en suspenso la ética del derecho y de la sociedad en la que tiene lugar. Desde esa posición sostuvo que, para reabrir los juicios luego de la derogación de las leyes de Obediencia de Vida y Punto Final, se violó la irretroactividad de la ley penal, la cual, según su perspectiva, es un pilar del sistema procesal.

En esta línea argumentativa antes dicha, Malamud Goti ha declarado públicamente estar de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el cómputo del dos por uno en una sentencia contra militares procesados por comisiones de delitos durante la última dictadura. “Estoy de acuerdo con el fallo, porque hay un momento en que los grupos de Derechos Humanos deben entender que no se puede desconocer todos los avances del derecho penal en materia de garantías procesales (…). Leí por ejemplo que uno de los argumentos en disidencia es que no hay peores crímenes que esos. Esa es una afirmación dogmática, digna de los tiempos políticos que vivimos, nada más” dijo en una entrevista publicada por Claudia Peiró, el 7 de mayo de 2017 en INFOBAE.

El paradigma jurídico de la justicia transicional argentina

No se puede comprender la posición de Malamud Goti sin examinar la responsabilidad que este abogado tuvo en la construcción del actual paradigma argentino de primacía del derecho penal y de la reconstrucción de la verdad en términos jurídicos. Para Emilio Crenzel, sociólogo autor de “La Historia Política del Nunca Más”, estas perspectivas jurídicas del pasado fueron al menos tres, y forman parte de marcos epistemológicos distintos producidos en momentos históricos con coyunturas políticas y sociales diferenciables; ellas suponen valores diferentes para tramitar la justicia transicional en nuestro país.

Según Crenzel, los tres momentos de elaboración de estos marcos epistemológicos para tramitar la justicia transicional argentina son: 1) el momento de elaboración de estrategia judicial por parte de los asesores de Alfonsín que desemboca en el Juicio a las Juntas Militares; 2) la reflexión criticamente devastadora que Jaime Malamud Goti hace en los años 90 acerca de esta apuesta judicial del gobierno de Alfonsín, en el cual él fue asesor; 3) la más reciente, proposición de algunos actores intelectuales, y miembros de derechos humanos, como Graciela Fernández Mejide, de contraponer el modelo judicial transicional argentino al modelo transicional sudafricano que terminó con el régimen del Apartheid. Pese a que el papel de los juicios está siendo revisado por iniciativas más recientes, algo a destacar, dice Crenzel, es que“todas estas perspectivas se siguen enmarcando en el paradigma jurídico que fundó la experiencia argentina de tramitación de las violaciones a los derechos humanos y, aún más, refuerzan la primacía de este paradigma judicial como un modo de procesar el pasado en Argentina”. Esto significa que la perspectiva judicial no es necesariamente la única ni la mejor vía de tramitar las violaciones de los derechos humanos y, en particular, los crímenes de lesa humanidad.

Juicio a las Juntas Militares 1985

En la historización de las perspectivas jurídicas que construyeron el paradigma vigente de la justicia transicional argentina, no hay que perder de vista- como se nombró anteriormente- que Jaime Malamud Goti y Carlos Nino se ocuparon de construir un punto de vista jurídico para poder procesar las violaciones de derechos humanos durante el periodo transicional hacia la democracia entre los años 1983-1985. Estos asesores de Alfonsín, desarrollaron sus perspectivas judiciales en relación a la tensión existente entre las demandas concretas de la población civil, los organismos de derechos humanos y los sectores políticos que dieron el apoyo a la candidatura presidencial de Raúl Alfonsín, y que plantearon la necesidad de clausurar la Ley de Pacificación Nacional, conocida como “Ley de Auto-amnistía” ( ley emitida por la dictadura militar y que aseguraba la impunidad para todos aquellos que hubieran participado en la denominada “lucha anti-subversiva”). Asimismo, la perspectiva desarrollada por ambos juristas tuvo en consideración la demanda de “Juicio y Castigo a todos los culpables”, como también “la investigación de todas las prácticas del Terrorismo de Estado”. Dichas demandas civiles, dieron como origen la creación de comisiones de investigación como lo fue la CONADEP. Estos asesores estudiaron distintas experiencias mundiales de justicia transicional, para lo cual examinaron los antecedentes del juicio de Núremberg y de Tokio.

A partir de lo dicho, Carlos Nino y Malamud Goti barajaron la idea de establecer “una estructura de responsabilidad” basada en tres categorías de autores, dos de los cuales podrían ser llevados a juicios y un tercero no. Este esquema se conoció como el esquema de “los tres niveles de responsabilidad” y distinguía: 1- a quienes habían planeado y emitido las órdenes de represión ilegal- estos eran la Juntas Militares y los jefes de área, subárea y subzona militar-; 2- quienes habían obedecido las órdenes emanadas de las Juntas; 3- quienes se habían excedido más allá del cumplimiento de las ordenes. En este esquema de procesamiento, el segundo segmento que comprendía a quienes habían obedecido las órdenes de sus superiores, no sería juzgado. Nino y Malamud Goti entendían que, en realidad, la Doctrina de Seguridad Nacional y el convencimiento, producto de un intento de adoctrinamiento de los subalternos, hacía que las órdenes que sus jefes les daban se entendieran como las necesarias en el marco de “la lucha antisubversiva”. Esto les habría evitado a los oficiales subalternos conocer la “naturaleza ilegal” de estas órdenes. De acuerdo a esto, los habría llevado a “actuar por error”. En cuanto al tercer nivel de responsabilidad, este refería a aquellos autores que se habían excedido en la realización de sus órdenes, por ejemplo, quienes se habían apropiado de menores.

De acuerdo a este diagrama judicial, el terrorismo de Estado desatado durante la última dictadura militar, no sería juzgado por reprimir a la población, sino por los medios que se utilizaron, ilegales y clandestinos, para llevar a cabo sus objetivos. El supuesto subyacente de esta “interpretación jurídica”, reconocía que había “una forma legal de represión” y “otra forma ilegal y clandestina de represión”, optando por juzgar la segunda. Es decir, esta estrategia judicial pensada por Nino y Malamud Goti, no negó la necesidad de la represión estatal, sino que cuestionó los medios por los cuales se llevó a cabo la represión, como también cuestionó el carácter ilegal y clandestino de la represión. Esto dio fundamento al Decreto Nº 157 – que ordenó el enjuiciamiento de las cúpulas guerrilleras- y al Decreto Nº 158 – que ordenó el enjuiciamiento de las Juntas Militares. A partir desde esta perspectiva judicial, se fundamentó lo que recordamos como la “teoría de los dos demonios”, la cual, en el período 1983-1984, tomó cuerpo a través de este “paradigma judicial” construido por los asesores de Alfonsín y que, a la fecha, “no ha sido modificado de fondo”, según Emilio Crenzel.

Este esquema de los tres niveles de responsabilidad, se basó en una perspectiva de las “ordenes”, donde primó la idea de “obediencia”, por la cual gran parte de los represores se vieron eximidos de sus responsabilidades bajo el argumento de que “obedecieron órdenes”. Lo llamativo es que el propio código de justicia militar no comprendía esta idea de “obediencia ciega de las órdenes”, por lo cual el reto fue, desde el punto de vista judicial, construir un relato jurídico que permitiera instalar la interpretación de que estos oficiales no pudieron distinguir, dado el contexto de adoctrinamiento y el clima ideológico imperante, la naturaleza legal o ilegal de las órdenes.

Esta interpretación judicial tenía una funcionalidad política. El gobierno de Alfonsín era consiente que no podía llevar a juicio a la totalidad de los oficiales intervinientes en la represión clandestina, pues buena parte de los acusados seguían al mando de los cuarteles y de las tropas. Asimismo, por aquellos años Argentina se encontraba rodeada de dictaduras militares en Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay, y a nivel internacional el relato de “la lucha contra el comunismo” continuaba vigente. Estas situaciones epocales enmarcan la decisión de Alfonsín por esta estrategia de “justicia limitada”. Emilio Crenzel explica que, por esa época, el gobierno argentino se inclinaba hacia una “justicia ejemplar”, basada en una “economía del castigo”, una justica que sancionara a los máximos responsables como un ejemplo de las nuevas formas de relación ciudadana, de la primacía de la ley. Fue así como, a través del Juicio a las Juntas se intentó un castigo ejemplar que sirviera para restablecer el orden democrático bajo un principio de reforzamiento de las instituciones judiciales del Estado.

¿Qué opinan los/as ex presos/as y los/as familiares de desaparecidos/as en San Juan acerca de la declaración de Jaime Malamud Goti en la III Mega- Causa?

Consultada por elCimbronazo.com, Diana Tello, esposa Oscar Silverio Castillo, miembro de la Resistencia Peronista, detenido desaparecido en San Juan el 7 de abril de 1978, dijo:

“Los familiares de desaparecidos/as de San Juan, siempre mantuvimos nuestros relatos y trámites, eran y son, las únicas pruebas que tenemos. Sostuvimos y sostenemos el pedido de investigación de los delitos cometidos y sufridos por decenas de miles de personas. Lo hicimos primero con nuestras consignas de «aparición con vida», «que nos digan donde están», y luego «que nos digan cuándo, cómo y porqué desaparecieron», eso es decir «Juicio y Castigo a los culpables». Los/as familiares fuimos sometidos/as a la banalización desde un principio, cuando fuimos a denunciar los secuestros y no quisieron recibir nuestras denuncias, nos contestaban que nuestros esposos/as, hijos/as, hermanos/as «se habían ido a pesear a Europa» o «quizás tenían otra familia por ahí oculta». El gobierno dictatorial de entonces, y sus medios de comunicación cómplices, lo replicaban, y hasta el presidente de facto Videla, dijo que «los desaparecidos/as no existían, que no tenían entidad». Años nos llevó enfrentar y deconstruir estas falacias, y llegar hasta los juicios justos y con todas las garantías para los asesinos torturadores y desaparecedores responsables del Terrorismo de Estado argentino. Garantías que no tuvieron nuestros familiares. Es muy lamentable que la propuesta de banalizar los juicios y plantear su inutilidad provenga de la defensa oficial de este nuevo juicio por delitos de lesa humanidad de San Juan. Se propone entonces, a nuestro entender, que los/as familiares de los/as desaparecidos/as, de los/as víctimas y de la población que lo requiere, seamos privados de justicia. Pedimos también «siempre saber la verdad» y eso se logra con la investigación del destino de nuestros desaparecidos/as. Todavía los civiles, policías, gendarmes, y militares implicados no confesaron, y se van muriendo, gozando de las garantías en sus casas (prisiones domiciliarias) y sin confesar. Por eso no perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos con los genocidas, sus cómplices y defensores”.

Gabriel Farías, hijo de Nicolás Alberto Farías, de la Juventud Trabajadora Peronista, asesinado en San Juan el 27 de agosto de 1976, dijo:

«Para nosotros/as, los/as familiares que hemos sufrido las pérdidas de nuestros padres en la dictadura, los juicios son una verdadera reparación histórica y también simbólica. Significa avanzar a demostrar que no hubo una guerra y tirar por la borda la teoría de los demonios, demostrando que hubo un plan sistemático de exterminio que tuvo móviles políticos y económicos en todo el país. Que lo planteen como una cuestión ideológica es otra cosa, hay mucha gente que cree todavía en la teoría de los dos demonios y los juicios están demostrando otra cosa. A nosotros los juicios nos dan la posibilidad de reivindicar los principios e ideales de nuestros padres. Si una eminencia viene a decir lo contrario y plantear el asunto como un problema ideológico de cierto sector de la sociedad, hay que ver desde dónde lo dice y porqué lo dice. Desde lo político, nuestros padres fueron perseguidos por sus ideológicas políticas, y desde el 2004 el Estado se ha comprometido a reparar las violaciones de derechos humanos, intentando reparar también la memoria de los principios políticos que estuvieron detrás de la desaparición de nuestros padres».

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