La ley 13.010, de derechos políticos de la mujer, fue sancionada el 9 de septiembre de 1947 y promulgada el 27 de septiembre de ese año, en la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Recién entró en vigencia en las elecciones de 1951. 9 de Septiembre de 2021 La lucha por los derechos políticos para las mujeres caracterizaron lo que se conoce como «la segunda ola feminista», con la icónica imagen de las sufragistas de finales del siglo XIX y principio del silo XX. En la Argentina, las organizaciones feministas en torno a la ampliación de la ciudadanía para las mujeres, se hizo sentir con mayor vehemencia hacia principios del siglo XX, con el ingreso masivo de las olas migratorias, las cuales venían acompañadas de olas ideológicas de tinte socialista y anarquista. En este contexto, es que aparecen figuras claves en la lucha por el sufragio femenino en el país, como son Julieta Lanteri y Alicia Moreua de Justo. Tras años de gobiernos radicales y conservadores, caracterizados por una fuerte impronta reaccionaria hacia todas aquellas ideologías consideradas «extranjeras», fue en torno a la segunda mitad del siglo XX, que la lucha feminista de las sufragistas en la Argentina encontró un contexto favorable para su materialización. Así fue cómo, durante la primer presidencia de Juan Domingo Perón, se impulsó la ley en favor de los derechos políticos de la mujer, hasta ese momento desplazadas del derecho a sufragar, debido a que la Ley Sáenz Peña de 1912 sólo había establecido el sufragio masculino, secreto y obligatorio, mal llamado «universal». Sin lugar a dudas, una figura clave en la sanción de la ley fue Eva Duarte de Perón. Fue así como la ley de sufragio femenino, sancionada el 9 de septiembre de 1947, estableció la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres, incluyendo el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas para cargos políticos nacionales. Cabe destacar una breve perlita histórica: la provincia de San Juan fue pionera en habilitar el derecho a voto de las mujeres, durante el gobierno cantonista de 1927.

Uno de los casos más emblemáticos de la provincia encara la etapa decisiva para la sentencia contra los presuntos responsables de la desaparición del ingeniero. San Juan, 9 de Septiembre Una de las causas más icónicas de la provincia atraviesa un momento clave en la investigación: el juez Leopoldo Rago Gallo firmó su elevación a juicio en el marco de la Justicia Federal para investigar la desaparición forzada del ingeniero Raúl Tellechea. Luego de un largo camino investigativo, se renegó todos los pedidos impugnación de elevación a juicio por parte de los imputados: el ex secretario de Desarrollo Social, Luis Héctor Moyano; el ex funcionario de Turismo y Cultura, Eduardo Oro, el ex jefe de Policía, Miguel González, Miguel Alejandro del Castillo, el ex empleado Juan Marcelo Cachi, el ex comisario Roberto Mario León, la empleada Aurora Isabel Ahumada, Luis Alonso, Alberto Lali Flores y el arrepentido Sebastián Cortéz Paez. El proceso de investigación que se inició por pedido de la querella representada por Conrado Suárez Jofré tuvo lugar este miércoles a última hora. Con esta resolución se espera que el juicio pueda celebrarse pronto y no se descarta que eso pueda suceder antes de que finalice 2021. «Al respecto expuso la defensa que el Sr. Fiscal (Francisco Maldonado) realiza una imputación genérica, sin sustento probatorio alguno y sin especificar cuál habría sido el supuesto accionar de (los involucrados) y la contribución del mismo a esta supuesta “desaparición forzada” que 17 años después, intenta “encontrar un responsable a como dé lugar”, expuso el juez federal Rago Gallo en su escrito de 36 páginas. El ingeniero Tellechea desapareció en septiembre de 2004, luego de una reunión clave en la mutual de la Universidad Nacional de San Juan. En su departamento, ni una sola pista de que se hubiera ido por propia voluntad o de que hubieran ingresado a la fuerza, por lo que la hipótesis más fuerte giró en torno a personas conocidas que pudieron tocar a su puerta. La causa permaneció casi archivada en la justicia correccional sanjuanina por actuaciones de paradero hasta que pegó un salto al despacho de instrucción de Leopoldo Zavalla Pringles. El primer procesamiento llegó en 2007 cuando Zavalla Pringles había imputado de «administración fraudulenta» a un grupo de ocho. Luego, el 2011 la familia focalizó su objetivo en comprobar la desaparición forzada del ingeniero, solicitando que se haga cargo del proceso la Justicia Federal. Fue en septiembre de 2015 que Leopoldo Rago Gallo realizó el primer procesamiento de 6 personas por «orquestar un posible plan de secuestro» contra Tellechea. El próximo paso, luego de que la Cámara Federal con asiento en Mendoza confirmara los procesamiento, sería endilgarle acusaciones a otros personas en las cuales estaría el exjefe de Policía, Miguel González. Fuente: San Juan 8