San Juan, 24 de Marzo de 2021 Por Dante Vega, Fiscal General ante la Cámara de Apelaciones de Mendoza La clandestinidad de la represión ilegal organizada por la última dictadura cívico-militar se extendió al territorio en al menos dos sentidos: implementó centros clandestinos de detención como espacios concentracionarios donde los perpetradores contaron con un ilimitado poder sobre los cuerpos e intentaron hacer lo mismo sobre las mentes de las y los secuestrados; por otro lado, adoptó distintas modalidades para hacer desaparecer materialmente los cuerpos de miles de víctimas. Los centros clandestinos fueron objeto de denuncia y detección minuciosa desde la CONADEP en adelante. Su número sigue abierto (el último fue descubierto por el Juzgado Federal a cargo de Daniel Rafecas en julio del año pasado en el barrio porteño de Floresta). En cambio, las modalidades de desaparición material de las víctimas permanecen en la penumbra, salvo lo que sabemos sobre los vuelos de la muerte o el “pozo de Vargas” por mencionar los casos más relevantes. Ha sido tan eficaz esa clandestinidad que, transitados quince años de juicios por delitos de lesa humanidad, seguimos en la incertidumbre y ningún acusado ha señalado los lugares donde fueron enterradas las víctimas. Esta actitud, además de estar reñida con cualquier estado espiritual de “reconciliación” que se pretenda imponer en este tema, vuelve una y otra vez a preguntarnos cuál debiera ser la estrategia correcta para romper definitivamente con ese pacto de silencio. Dicho de otro modo, mientras los desaparecidos sigan ocultos, ningún capítulo estará cerrado en materia de lesa humanidad en Argentina.

San Juan, 24 de Marzo 2021 Otra joven cuyo destino fue La Marquesita, es María Luisa Alvarado Cruz. De nacionalidad peruana, de allí su apodo, María Luisa decidió instalarse en la provincia para cursar los estudios en la carrera de Sociología en la UNSJ. Por esos años, inició su participación en la Juventud Universitaria Peronista, medio por el cual se vinculó con diferentes jóvenes de la localidad que comenzaban a dar sus primeros pasos en el activismo político de principios de la década de 1970. De acuerdo a lo reconstruido, su situación económica la llevó a convivir en casas de diferentes compañeras de militancia. Para el año 1975, tras un desmembramiento de la agrupación política por la convulsión atravesada en el país, María Luisa junto a su compañero iniciaron una restauración de células JTP-JUP-Montoneros, de cuyo espacio político son víctimas y sobrevivientes una gran cantidad de ex presas declarantes en la Mega Causa I. En el año 1976, el país atravesaba uno de los momentos de mayor convulsión política y social, en cuyo contexto se produce el asesinato del compañero de María Luisa en Córdoba. En esos momentos, la joven se trasladó a vivir a Mendoza y fue alojada por la familia de Juan Gutiérrez. En la vecina provincia, “la peruana” fue secuestrada y desaparecida en Godoy Cruz. De acuerdo a los relatos de las sobrevivientes de La Marquesita, la joven estuvo secuestrada en dicho centro clandestino. Su paso por la finca es lo último que se conoció sobre María Luisa, cuyo nombre y memoria hoy continúan formando parte de las listas de desaparecidas/os por el terrorismo de Estado argentino. “Al rato siento una voz conocida que estaba cebándole mates y cortándoles una torta (…) cuando se cebaba mates, se hacia la comida, se sentía el olor de la comida, o cuando traían pizza a la noche y comían ellos, era María Luisa Alvarado, compañera nuestra. Tenía una risa muy característica, le decíamos nosotros “la peruana””. Extracto de tesis«Revisitando el pasado en clave feminista: la violencia sobre las presas políticas durante el terrorismo de Estado en San Juan (1976-1983)» , de M. Florencia Pessio Vazquez (2020).

San Juan, 24 de Marzo 2021  Por Silvina Ojeda Lic. en Historia, UNSJ En 1976, el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” procuró un retorno al “orden” en el plano político – institucional, dando por finalizado el “desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo”. En esta breve nota de reflexión se relacionan hechos del presente y del pasado poniendo el acento en las complicidades económico-financieras con un proyecto dictatorial que dejó el saldo más nefasto de la historia reciente argentina. Los historiadores solemos decir que para explicar el presente debemos conocer nuestro pasado. En la última semana el país se conmovió con la situación de la niña “M”. Ella- como miles de niñes en la Argentina- viven en una extrema pobreza, frente a una sociedad indiferente y egoísta influenciada por medios hegemónicos que responden a intereses económicos que expresan una continuidad de defensa de esos mismos interese desde 1810. Hace cuarenta y cinco años, la toma de conciencia de los sectores populares, la militancia fabril, la politización de los sectores medios y la fuerza de los discursos críticos en el ámbito cultural molestaban y causaban gran preocupación a los intereses económicos concentrados en el CEA, Consejo Empresarial Argentino. Estos últimos reunidos para defender el libre mercado y, a la vez, presionar y exprimir el Estado con su poder de lobby. Uno de sus miembros más influyentes fue José Alfredo Martínez de Hoz. Tales empresarios habían sentido amenazada su tasa de ganancia y sus estatus patronales por la apertura política de 1973, y con una sociedad reclamante, donde los jóvenes eran los principales protagonistas. Pero lo que más complicaba a la elite económica, era toda esa marea de movilización y de transformaciones en la política, presente desde la resistencia tras la caída de Juan Domingo Perón en 1955, junto con los cuestionamientos de poder a escala nacional, continental y mundial que desbordaban desde la segunda posguerra. Esos cuestionamientos que se mostraban en las luchas anticolonialistas o en las rebeliones estudiantiles de los países centrales y periféricos, encontraron aquí sus representantes apasionados y sus formas propias: peronistas, sindical-clasista, marxistas. Ellos hostigaban sus posiciones y eso era lo que había que decapitar. En 1976, con la llegada al Ministerio de Economía de Martínez de Hoz, la política económica que implementó la dictadura cívico-militar se asentó en reformas institucionales y jurídicas que alterarían el patrón de acumulación para todo el período y las décadas siguientes. Se habilitó una tercerización de ciertas actividades que pasaron del Estado al sector privado, permitiendo configurar un “estado neoclásico privatizador”. Esto abrió el juego también a un modelo de organización estatal cívico-militar que promovió la gestión empresarial por medio de inversión en grandes obras públicas. Esa fue la llamada “patria contratista”, con grupos económicos como Techint, Macri, Clarín y La Nación entre otros. En aquella época se puso en marcha un modelo de desindustrialización selectiva con valorización financiera que alteró las bases del patrón de acumulación anterior, contando para ello con todo el aval de organismos externos, como el Fondo Monetario Internacional; al que se recurrió constantemente para conseguir avales y legitimación internacional, endeudando al país para sostener el sistema financiero de las minorías concentradas. Es por todo esto que, a 45 años del golpe cívico militar más brutal que sufrió el país, debemos tener memoria que el gobierno de las fuerzas armadas contó, no sólo con una llamada “complicidad civil”, sino con la autoría y protagonismo directo de las élites corporativas. La Dictadura de 1976 violentó los derechos humanos, no sólo civiles y políticos, sino los económicos, sociales y culturales, y ha dejado su estela de continuidad en las tensiones que sacuden los días del tiempo presente.