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Indagar en el territorio, otra meta en materia de derechos humanos

Dante Vega, Fiscal Federal

San Juan, 24 de Marzo de 2021

Por Dante Vega, Fiscal General ante la Cámara de Apelaciones de Mendoza

La clandestinidad de la represión ilegal organizada por la última dictadura cívico-militar se extendió al territorio en al menos dos sentidos: implementó centros clandestinos de detención como espacios concentracionarios donde los perpetradores contaron con un ilimitado poder sobre los cuerpos e intentaron hacer lo mismo sobre las mentes de las y los secuestrados; por otro lado, adoptó distintas modalidades para hacer desaparecer materialmente los cuerpos de miles de víctimas. Los centros clandestinos fueron objeto de denuncia y detección minuciosa desde la CONADEP en adelante. Su número sigue abierto (el último fue descubierto por el Juzgado Federal a cargo de Daniel Rafecas en julio del año pasado en el barrio porteño de Floresta). En cambio, las modalidades de desaparición material de las víctimas permanecen en la penumbra, salvo lo que sabemos sobre los vuelos de la muerte o el “pozo de Vargas” por mencionar los casos más relevantes. Ha sido tan eficaz esa clandestinidad que, transitados quince años de juicios por delitos de lesa humanidad, seguimos en la incertidumbre y ningún acusado ha señalado los lugares donde fueron enterradas las víctimas.

Esta actitud, además de estar reñida con cualquier estado espiritual de “reconciliación” que se pretenda imponer en este tema, vuelve una y otra vez a preguntarnos cuál debiera ser la estrategia correcta para romper definitivamente con ese pacto de silencio. Dicho de otro modo, mientras los desaparecidos sigan ocultos, ningún capítulo estará cerrado en materia de lesa humanidad en Argentina.

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