San Juan, 24 de Marzo de 2021
Por Dante Vega, Fiscal General ante la Cámara de Apelaciones de Mendoza
La clandestinidad de la represión ilegal organizada por la última dictadura cívico-militar se extendió al territorio en al menos dos sentidos: implementó centros clandestinos de detención como espacios concentracionarios donde los perpetradores contaron con un ilimitado poder sobre los cuerpos e intentaron hacer lo mismo sobre las mentes de las y los secuestrados; por otro lado, adoptó distintas modalidades para hacer desaparecer materialmente los cuerpos de miles de víctimas. Los centros clandestinos fueron objeto de denuncia y detección minuciosa desde la CONADEP en adelante. Su número sigue abierto (el último fue descubierto por el Juzgado Federal a cargo de Daniel Rafecas en julio del año pasado en el barrio porteño de Floresta). En cambio, las modalidades de desaparición material de las víctimas permanecen en la penumbra, salvo lo que sabemos sobre los vuelos de la muerte o el “pozo de Vargas” por mencionar los casos más relevantes. Ha sido tan eficaz esa clandestinidad que, transitados quince años de juicios por delitos de lesa humanidad, seguimos en la incertidumbre y ningún acusado ha señalado los lugares donde fueron enterradas las víctimas.
