Luego del anuncio del Presidente de que enviaría al Parlamento una nueva iniciativa de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 10 días, el Frente de Todos iniciará un operativo para ordenar el debate. Mirá cuándo espera el oficialismo el ingreso, en qué Cámara sería y qué comisiones lo tratarán antes de que llegue al recinto. Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias de que enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto en la Argentina, el Frente de Todos iniciará su camino para ordenar un debate que ya tiene algunas precisiones: ingresará en la Cámara de Diputados después del #8M y, una vez allí, seguiría el mismo camino de tratamiento de comisiones que en 2018. Una vez que la iniciativa llegue a la Cámara baja, la presidencia del cuerpo, que conduce Sergio Massa, deberá decidir a qué comisiones girará el texto. Según publicó Letra P, el entorno del líder del Frente Renovador sostiene que “todavía no está definido” ese itinerario, pero la hipótesis es que podría repetirse el tratamiento de 2018. Si ese es el camino, el proyecto pasará por las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Salud y Mujer, antes de -de no ocurrir nada extraño- pasar al recinto para escuchar discursos y contar los votos.  De las cuatro que podrían recibir el proyecto, la única que hasta el momento configuró autoridades es la comisión de Legislación General, que preside la diputada por la provincia de Buenos Aires Cecilia Moreau, del Frente de Todos. Las otras tres todavía no cuentan con conducción. Una de esas comisiones aún no constituidas con autoridades es la de Salud, que es trascendetal y podría quedar en manos del diputado por Tucumán y exministro provincial Pablo Yedlin, que en diciembre sonó como posible titular de la cartera sanitaria nacional promovido por el gobernador Juan Manzur. La cuestión allí es que ambos son celestes, es decir están en contra del aborto. Según el mismo medio, desde cerca del mandatario tucumano aseguran que, «si bien en 2018 fue una de las principales figuras contra el proyecto de IVE, esta vez podría tener un perfil mucho mas bajo». Es que la cosa ahora tendrá varias diferencias con lo ocurrido en 2018, pero una de ellas es central: el impulsor del proyecto es el Presidente, de quien Manzur es muy cercano. Sin embargo, dentro del bloque oficialista aclararon que, “si bien pesará que lleve su firma”, el jefe del Estado no se meterá. Difícil que nadie de un Poder Ejecutivo que empuja una iniciativa no busque adhesiones en su propio espacio político. En los dos recintos ya comenzaron los primeros conteos de votos para delinear la contienda legislativa. Política Argentina lo contó y el escenario más difícil está en el Senado. El FdT espera el “ingreso inminente” del nuevo proyecto anunciado por Fernández. “Dijo que sería dentro de diez días, pero es posible que ingrese después de este domingo”, detalló a Letra P una diputada de la bancada oficialista en referencia al 8M: La carga simbólica, de suceder alrededor de esa fecha, será voluminosa.

Confederaciones Rurales Argentinas llamó a medidas de fuerza para la semana que viene por el aumento del impuesto a la exportación de soja, que en un primer momento no eran apoyadas por las demás entidades que representan al sector agrícola. Sin embargo, decidieron adherirse. Será durante cuatro días. Desde la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) convocaron a medidas de fuerza contra el Gobierno de Alberto Fernández por la suba de las retenciones de a la soja, a pesar de la baja y el sostenimiento sin modificaciones en la mayoría de los rubros. El resto de la  Mesa de Enlace decidió adherirse. «Nos vemos en las rutas», enarbola el comunicado difundido este jueves por la CRA. «Una vez más los productores agropecuarios de todo el país, nos vemos empujados a tomar medidas en defensa de la condición más dignificante del alma y del Hombre como tal, nuestro trabajo», aseguran los ruralistas.  La convocatoria de la CRA llama a un «Paro Nacional Agropecuario» y tractorazos en las rutas. Todo esto se desarrollará la semana que viene, entre el 9 y el 12 de marzo. El resto de la Mesa de Enlace (Federación Agraria, Sociedad Rural y Coninagro), en un primer momento no había convocado a ninguna medida de fuerza. Horas después decidieron sumarse, a pesar de reunirse con el Gobierno y acordar que la suba del impuesto a la exoprtación de soja volverá a al sector de otras maneras.  De hecho, la administración de Alberto Fernández decidió mantener y bajar las retenciones a todos los otros cultivos. Con especial cuidado para las economías regionales.

La suba es del 3%, se pasa del 30% a 33% para quienes cosechan más de 1.000 toneladas y reduce el impuesto para productos de economías regionales. El gobierno nacional formalizó el aumento de los derechos de exportación para la soja, del 30% al 33%, y la reducción para una decena de cultivos relacionados con las economías regionales. Lo hizo a través del decreto 230/2020 publicado este jueves en el Boletín Oficial en el que se remarca que “resulta fundamental establecer políticas inclusivas de la actividad exportadora de las economías regionales” y  “mejorar los ingresos fiscales en un contexto económico de endeudamiento, alta inflación, recesión creciente, desempleo generalizado y emergencia alimentaria”. Para modificar las retenciones, el gobierno recurrió a la ley de emergencia que se denominó de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que habilita al Poder Ejecutivo a fijar derechos de exportación cuya alícuota no puede superar el 33%. La medida se tomó luego de varias semanas de negociaciones con la Mesa de Enlace, que representa las patronales del campo, y en medio de tensiones con los denominados “autoconvocados” que impulsan que se realicen medidas de fuerza. Una de las claves de la negociación es la segmentación: si bien la soja sube a 33% sus derechos de exportación, este máximo será tributado por los productores de más de 1000 toneladas. Quienes producen hasta 100 toneladas, tributarán una retención del 21%; entre 100 y 200, el 24%; entre 201 y 300, el 27%; entre 301 y 400, el 28%; entre 401 y 500, 29%; y entre 501 y 1.000 toneladas, 30%. Además, se reducirán las retenciones a productos regionales. Las que se aplican a arvejas, porotos, garbanzos, lentejas, bajan de 9% a 5%; para el maní, de 12% a 7%; para la harina de trigo, de 9% a 7%; y para el girasol, de 12% a 7%, aunque para girasol confitero y aceite de girasol, la reducción va del 12% a 5%. También bajan los derechos de exportación al maíz pisingallo, que se usa para pochoclo, de 9% a 5%; al arroz paddy, de 12% a 6%; y al arroz pulido, de 9% a 5%.