Gobierno desistió de una convocatoria al campo donde se iba a anunciar un decreto de necesidad y urgencia para modificar la actual ley de semillas luego de que había cursado las invitaciones al sector. Para este jueves, a las 13.45, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, habían sido convocadas las empresas semilleras y entidades del sector para el anuncio de la modificación de la ley. El esa cartera se anticipó que el jefe del Estado había contemplado la posibilidad de un decreto sobre el tema luego de que en el Congreso no se avanzó en el tratamiento de una nueva ley. El año pasado, el oficialismo logró emitir un dictamen para modificar la normativa vigente desde 1973, cuando no existía la biotecnología y la soja apenas despuntaba en el país, con menos de 400.000 hectáreas (hoy, la superficie ronda los 18 millones de hectáreas, según las campañas). El oficialismo alcanzó a fin de 2018 un dictamen que limita el uso propio (el derecho contemplado en la ley de 1973 por la cual un productor se puede guardar parte de la cosecha de trigo o soja para volver a usar como semilla en la siguiente campaña) y lo grava, salvo para pueblos originarios, agricultores familiares y productores que no superen un nivel de $4,8 millones de facturación. Además, estableció con ese dictamen que por cinco años las empresas debían contemplar en la bolsa de semillas el valor que pretendían cobrar en concepto de regalías por la tecnología incorporada. Pese al dictamen conseguido en el Congreso, el Gobierno nunca pudo llevarlo al recinto, aunque intentó poner el tema en la agenda de sesiones. El peronismo no prestó los votos necesarios para el quorum. El oficialismo solo tenía 109 voluntades. Fuentes consultadas habían señalado a LA NACION que el decreto del presidente Mauricio Macri iba a tomar como base el dictamen en la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, según trascendió, en el decreto no se iban a incluir algunos aspectos que estaban en el dictamen que molestaron a sectores del ruralismo y a empresas. Entre otros, en el dictamen se contemplaba una desgravación de Ganancias en la compra de semillas. En tanto, al sector industrial le habría molestado que se incluyera una prohibición para los controles privados. La industria semillera ha venido reclamando una nueva ley para poder seguir trayendo tecnologías al país. Hoy la venta de semillas fiscalizadas de soja, sin contar los acuerdos de regalías entre las empresas y los productores, ronda el 20% de la superficie de siembra, un porcentaje que en el sector consideran bajo. El resto del mercado se divide entre el uso propio amparado en la misma ley de semillas y el circuito ilegal. En valor, el mercado de semillas de soja ronda los US$200 millones, pero en la industria creen que, si se formalizara todo, podría ascender a unos US$1000 millones. El de las semillas ha sido un tema complicado para el Gobierno. Apenas asumió, en diciembre de 2015, tuvo que afrontar un conflicto con la multinacional Monsanto y convencer a la empresa, hoy controlada por la alemana Bayer, de que desistiera de hacer controles privados en los puertos para detectar si la soja tenía una tecnología suya resistente a insectos. Controles Con una resolución para prohibir cualquier control privado no autorizado y ordenar que pasaran por la órbita del Instituto Nacional de Semillas (Inase), el Gobierno logró bajar la tensión con la compañía, que no obstante retiró del proceso de aprobación, ante la falta de un nuevo marco regulatorio por semillas, una soja que mejora el control de malezas. Otras empresas también tienen frenadas nuevas tecnologías para el país hasta que se presente un nuevo marco para la propiedad intelectual. Fuente: Lanación.com / Foto de portada: Librepensador.com

El Indec difundió los formularios oficiales donde se incluyen las variables “identidad de género” y «familias LGBTI+», medida exigida por el colectivo 100% Diversidad y Derechos. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los formularios oficiales donde se incluyen las variables “identidad de género” y familias LGBTI+ en el Censo 2020, medida que había sido solicitada por 100% Diversidad y Derechos. Esto representa un gran avance ya que permitirá, por primera vez en la historia censal de Argentina, contar con información urgente y específica para el desarrollo de políticas públicas – prioritariamente de empleo, salud y vivienda – dirigidas a la población travesti/ trans, grupo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social incrementada por la violencia y la discriminación. Concretamente, el Censo que se realizará el 28 de octubre de 2020, en la sección que releva los datos sobre la “población”, se preguntará “sexo” e “Identidad de Género”, entre las que se menciona: mujer, varón, mujer trans/ travesti/ varón trans, otro e ignorado. Además, el Censo 2020 le dará continuidad a la publicación de datos sobre hogares compuestos por parejas del mismo sexo, cuya incorporación en su edición 2010 fue promovida por 100% Diversidad y Derechos, entre otras organizaciones. Estas variables permitirán obtener información oficial sobre las condiciones de vida de la población travesti/ trans y las familias LGBTI+ y sus hijes, lo que contribuirá a planificar políticas públicas específicas y visibilizar sus necesidades y realidades. Marcela Tobaldi, de la Asociación Civil La Rosa Naranja, integrada por travestis y trans por los derechos humanos, e integrante de la Red Nacional 100% Diversidad y Derechos expresó: “Tenemos el convencimiento de que terminar con la invisibilización estadística de la población travesti trans constituirá una bisagra en términos de políticas de estudios de la población lo que brindará el insumo necesario para el desarrollo de políticas públicas urgentes de reparación e inclusión”. Por su parte, Martín Canevaro, activista de 100% Diversidad y Derechos manifestó: “Esperamos que el Censo 2020 sea un avance histórico en la visibilización de nuestras poblaciones y ratificamos nuestro compromiso con el impulso a la más amplia participación de las familias LGBTI+ y sus hijes y de la población travesti trans en la próxima ronda censal, que será una experiencia inédita que se observará en el mundo entero”. Ante el inicio de la preparación del Censo 2020, 100% Diversidad y Derechos había solicitado al Instituto Nacional de Estadística y Censos la incorporación de la población travesti/ trans en el relevamiento, a través de la variable identidad de género tanto en el cuestionario básico como el ampliado, así como la continuidad de la publicación de los datos sobre parejas del mismo sexo. La petición presentada ante el director del Indec, Lic. Jorge Todesca, fue ingresada formalmente al organismo en enero de 2019, lo que generó un espacio institucional de diálogo e intercambio de propuestas con las áreas pertinentes del organismo. En los encuentros primó el entendimiento compartido de que el Censo 2020 significa una gran oportunidad para seguir avanzando en el conocimiento estadístico de la población de parejas del mismo sexo y la población trans que ha sido históricamente invisibilizada.

El ministro de Hacienda también patea para adelante los vencimientos de Letes y Lecaps de «personas institucionales» y de bonos en moneda nacional. Además, enviarán al Congreso un proyecto de ley para promover la extensión de los plazos de la deuda con juridiscción internacional sin quita de interés ni de capital. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anunció este miércoles cuatro medidas en medio de un clima de volatilidad en los mercados. Se extenderá el vencimiento de Letes, se buscará ampliar plazo de deuda a corto plazo y se van a reestructurar los vecimientos del acuerdo con el FMI.  En tanto en relación al FMI el ministro dijo que se propuso al FMI «en concordancia con la oposición iniciar el dialogo para reperfilar los vencimientos de deuda».  Los 4 anuncios.  1) Reperfilamiento de corto plazo. En cada vencimiento se pagará: el 15% a la fecha de vencimiento, un 25% a los tres meses y el 60% a 6 meses. Cada título devengará su tasa correspondiente hasta la fecha de pago. En el caso de las Lecap que venzan a partir de 2020, solo se extenderán 3 meses de plazo. Las personas humanas no se verán afectadas, toda vez que el monto que acrediten en la cuenta comitente a la fecha de vencimientos sea igual o menor al monto registrado en la misma cuenta el 31 de julio de 2019. 2) Asimismo, para despejar las exigencias financieras del período 2020-23, y que el mandatario que gane en las próximas elecciones pueda desplegar sus políticas económicas y sociales sin excesivos condicionantes financieros, se elevará a la consideración del Congreso un proyecto de ley que provea las herramientas necesarias para promover un reperfilamiento voluntario de vencimientos de capital bajo jurisdicción local, sin quita de capital ni intereses y con la sola extensión de plazos. 3) Se iniciará un proceso de reperfilamiento de los bonos bajo legislación extranjera, bajo las cláusulas de acción colectiva, con el mismo fin de extender los plazos de vencimiento, sin quitas de capital ni intereses, a fin de completar un perfil financiero menos exigente para el período 2020-23, que genere alivio financiero para la concreción de políticas económicas y sociales que inserten al país en un sendero de crecimiento sostenido. A tal fin en el día de mañana invitaremos a bancos a acercar propuestas. 4) Además de haber cumplido estrictamente con todas las metas fiscales y monetarias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para dar continuidad al acuerdo vigente, hemos propuesto a ese organismo internacional iniciar el diálogo, que inexorablemente deberá concluir en el próximo mandato, para reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo internacional. «El Gobierno procura despejar el horizonte de corto, mediano y largo plazo del programa financiero. Esto se hizo por el estrés de liquidez del corto plazo y no por problemas reales de solvencia de la deuda argentina», argumentó Lacunza en conferencia de prensa.  

Sin ser publicado todavía el permiso oficial, las prepagas comenzaron a notificar a sus afiliados los nuevos montos. Mientras distribuyen las facturas de septiembre, que traerán un aumento ya anunciado del 6%, las empresas de medicina prepaga comenzaron a enviar cartas en las que notifican a sus afiliados sobre otros incrementos que pretenden aplicar sobre las cuotas en los meses siguientes. Aún no se publicó en el Boletín Oficial la resolución oficial que avale nuevas subas, pero las empresas del sector dan por descontado que eso sucedería en cuestión de horas. Y que el Gobierno, informalmente, ya dio su aval para que ajusten los planes un 4% en octubre y otro 4% en noviembre. Este año las prepagas recibieron permiso para aumentar los planes 5% en febrero, 7,5% en marzo, 5,5% en julio, 6% en agosto y otro 6% el mes que viene. El año pasado, además, había terminado con alzas del 8% en octubre y del 8,5% en noviembre. Teniendo todo eso en cuenta, los dos nuevos aumentos que empezaron a notificar las empresas serían el sexto y el séptimo del 2019. Si al final se concretan, en noviembre, las cuotas acumularán un avance del 44,7% en lo que va del año, y del 57% respecto de lo que valían 12 meses atrás. Así, por ejemplo, un plan médico básico habrá pasado, para un joven treintañero, de $ 3.268 en noviembre de 2018 a $ 4.744 el mes que viene, y a $ 5.131 en noviembre próximo. Aunque el salto impresiona, en el sector advierten que esos valores aún no contemplan la suba de costos generada por la última devaluación. Y que eso deberá ser compensado.