La Ley de Educación Sexual Integral 26.150 promulgada en el 2006, recién este año se brindará en las escuelas sanjuaninas. Opositores a la ley han impartido diferentes versiones que sobre los ejes de la normativa que han llevado a un alto grado de confusión en la sociedad y que altera a padres desinformados, acá te mostramos de qué trata el proyecto. En San Juan recién este año se empezará a dictar en algunas instituciones elegidas por el Ministerio de Educación. Hace click en el enlace y enterate de qué se trata: https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi/recursos/primaria https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi/recursos/secundaria E ministro Felipe De Los Ríos junto a la directoras de : Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios de Educación Mónica Daniela Gutiérrez, de Educación Privada Alicia Bernardini, de Educación Secundaria Orientada y Artística María Amalia Buttazzoni y de la Escuela de la Familia Graciela Martínez, presentaron la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en la Jurisdicción. En la ley se prevé la implementación gradual progresiva y sistemática. La misma, se hará con un “enfoque interdisciplinario y colaborativo con una fuerte participación de padres, de hecho, los docentes van a tomar un total de tres horas en cada una de las instituciones, dos destinadas a trabajar con estudiantes y una con padres”, informó Gutiérrez. Antes de implementar la normativa se tuvieron en cuenta algunos indicadores que han guiado el trabajo: “En primer lugar el número de embarazos de niñas y el número de varones que estaban transitando por una paternidad en el secundario”. Sobre la oposición de los papás a algunos temas, Gutiérrez manifestó: “Hay un enfoque de derechos muy marcado y con el cuidado del cuerpo en algunas situaciones puntuales en los que los papás podrán decir si no están de acuerdo con uno de los temas que se trabaje y ese alumno quedará por esa clase fuera del lugar con otra actividad asignada”. Los proyectos a aplicar serán elaborados por profesionales interdiscipliarios , educadores y padresteniendo en cuenta los 9 tópicos que a continuación se detallan: * Derechos y responsabilidades cívicas, culturales, familiares y sociales. •Relaciones humanas; sentimientos y emociones. •Derechos humanos, convivencia, respeto por la diversidad y rechazo por todas las formas de discriminación. •Conocimiento del cuerpo humano: dimensión anatómica y fisiológica de la sexualidad según pertinencia etaria. *Cuidado del cuerpo, hábitos, promoción de la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular, de acuerdo a la franja etaria de los educandos. •Educación en valores: solidaridad, respeto a la intimidad propia y el respeto por la vida y la integridad de las personas. •Conocimiento de sí mismo y de su propio cuerpo: cambios físicos y emocionales. •Vulneración de los Derechos: maltrato infanto-juvenil, abuso sexual y trata de personas. Prevención. •Comunicación, dialogo, resolución de conflictos y modos de expresión. Los padres tienen amplia participación y podrán intervenir o sugerir cambios cuando no consideren adecuado algún contenido. Las escuelas en las que se implementó ESI son las siguientes: Caucete : Escuela Leonor Sánchez de Arancibia Escuela Normal Superior General Belgrano Capital: Escuela de Comercio General Manuel Belgrano Escuela 9 de Julio Colegio Provincial Colegio El Tránsito de Nuestra Señora Chimbas: Escuela 13 de Junio Escuela Presidente Avellaneda Colegio del Prado Rawson: Escuela Juan XXIII Escuela José Manuel Estrada Colegio Juan Fanzolato Rivadavia: Colegio Barrio Parque Rivadavia Norte

Según un informe del sector, en los últimos tres años el gobierno de Cambiemos provocó que casi 30 mil kioscos bajaran sus persianas, es decir la cuarta parte de la cantidad que había cuando gestionaba Cristina. Se venden menos golosinas, menos gaseosas, menos agua y menos bebidas alcohólicas. En 2015, cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner concluyó su segundo mandato, había en todo el territorio de la Argentina unos 120 mil kioscos, pero ni los kioscos se salvaron de la catástrofe económica de la administración Cambiemos: es que desde que gobierna Mauricio Macri, cerraron 28 mil unidades de estos comercios, es decir la cuarta parte de ese total, y, de continuar la misma tendencia, podrían bajar sus persianas 10 mil más en los próximos seis meses. Según datos de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) que publicó BAE, la gran mayoría de los kioscos que bajaron sus persianas se encuentran en las principales arterias de los centros urbanos mas importantes del país, como la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Mendoza y Córdoba. En ese contexto de crisis, el presidente UKRA, Néstor Adrián Palacios, auguró en diálogo con el mismo medio que «si sigue la misma política económica, en los próximos seis meses cerrarán 5.000 kioscos en la Ciudad y 5.000 en la provincia de Buenos Aires». El corolario de estos datos indica que, si cada kiosco tenía un empleado, como mínimo se perdieron 28.000 puestos de trabajo en los últimos tres años. Más allá de que evidentemente ningún kiosco podría abrir sus puertas 7 días a la semana con solamente un trabajador contratado. Si podrían bajar sus persianas 10 mil comercios más de este ramo, quiere decir que podrían perderse 10.000 puestos más, sólo contando hasta fin de junio. «Un alquiler de un local chico ubicado en una avenida principal va de los $30.000 y los $55.000. Si a eso se le suma las altas tarifas de luz y servicios, los impuestos y la fuerte caída del consumo interno, es imposible seguir», precisó el titular del organismo de aglomera a los kioscos para dar cuenta de las razones de esta situación crítica. Palacios explicó que «todos los productos de primeras marcas cayeron», y en ese sentido ejemplificó que «las gaseosas y aguas saborizadas de primeras marcas perdieron entre un 35% y un 50% de compradores» porque «la gente busca ahorrar y elige segundas marcas, que también son muy buenas y no gastan tanto en publicidad». Por eso, agregó que los propios propietarios de estos comercios buscan cada vez más segundas marcas para no perder la venta y para mantener un margen de ganancia que en muchos casos, las primeras marcas no les dejan. «Por ejemplo los caramelos de Arcor casi no se venden porque son caros, los kiosqueros preferimos otras marcas que se venden bien y nos dejan una mayor rentabilidad», puntualizó. «Los vinos de tres cuartos y los que vienen en cajita bajaron las ventas entre un 30% y un 45%. Directamente, los que superan los $70 en botella, ni se venden. La cerveza que tiene un precio más popular, se sigue vendiendo y reemplaza cada vez más al vino», sentenció Palacios para graficar el caso de las bebidas alcohólicas. ¿Las golosinas? «Los alfajores y las galletitas bajaron las ventas un 25%, la gente opta por segundas y terceras marcas. En el caso de las golosinas y chupetines, no hay tantas segundas marcas, pero igual las ventas cayeron un 25%. Desde 2016, la caída es constante». Finalmente, en el caso de los cigarrillos, si bien se mantiene la misma proporción que otros años, la gente busca cada vez segundas marcas o terceras, casi desconocidas. Un dato curioso es que «cada vez más ofrecemos alimentos de primera necesidad como fideos o arroz, para compensar».

El ministerio de Salud y Desarrollo social abrió una licitación para comprar la droga que se usa para la interrupción legal de embarazos. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley, abrió una licitación para la compra de 8.000 cajas de Misoprostol, la droga que permite la interrupción del embarazo de manera segura y no quirúgica, que serán distribuidas en hospitales y centros de salud de todo el país para ser utilizados en los casos habilitados por la ley, estipulados bajo la figura jurídica de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que existe en el país desde 1921. La licitación se realizará por adjudicación directa al laboratorio Domínguez, que comenzó a producir la droga Misoprostol en octubre pasado, habilitado por la ANMAT. La firma Domínguez producirá y  venderá a farmacias la droga Misoprostol 200 gramos, el inductor de parto apropiado para la interrupción de los embarazos. Hasta ahora, las mujeres que debían acceder al ILE sólo podían comprar el Oxaprost 50, un medicamento indicado para problemas gástricos, pero que no se prescribe para interrumpir el embarazo. Según se desprende del llamado a licitación el objetivo de la Secretaría de Salud a cargo de Adolfo Rubinstein es comprar 8.000 unidades. Cada unidad incluye los 12 comprimidos que se requieren para practicar un aborto medicamentoso. El Estado pagará $14.938.560 por los 8.000 tratamientos para llevar a cabo abortos de manera legal. De sostenerse ese precio – puede bajar durante el procedimiento, puede variar la cantidad que se compra o la licitación puede quedar desierta -, la Secretaría de Salud pagaría $1.867,32 por cada aborto en condiciones seguras.

Un tribunal de Tartagal determinó una pena de 17 años de prisión efectiva a seis hombres que violaron a una nena de 12, integrante de una comunidad wichi y que padece un retraso madurativo. Dos menores que también participaron del hecho fueron declarados penalmente responsables. El 29 de noviembre de 2015, en el paraje Alto La Sierra, del departamento Rivadavia, donde Salta limita con Bolivia y Paraguay, en territorio de las comunidades de Lhaka Honhat, una nena Wichi de 12 años, con retraso madurativo, fue violada por un grupo de “criollos”, entre los que se contaban seis adultos y dos menores. Quedó embarazada y fue obligada a continuar con una gestación de alto riesgo hasta los seis meses, cuando se autorizó una cesárea, por un diagnóstico de «anencefalia». Ayer, la justicia condenó a los abusadores. El caso sienta un precedente en la Argentina porque es la primera vez que un tribunal se pronuncia por un caso de violación “en manada”. El lunes, la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal condenó a la pena de 17 años de prisión efectiva, como autores penalmente responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor, a Jorge Gabriel Salas, Juan Domingo Verón, Sebastián Matías Salvatierra, Pantaleón Javier Mansilla, Omar Alcides Arias y Lamas Luis Fernando. Al mismo tiempo, los jueces declararon penalmente responsables a dos menores. La pena impuesta a los acusados coincidió con lo solicitado por el fiscal de la causa, Pablo Cabot, mientras que la defensa había pedido la absolución, basado en una supuesta “falta de certezas”. Por su parte, la Asesora de Menores Eugenia Hernández, constituida como querellante, pidió 20 años de prisión para los adultos y la declaración de responsabilidad para los menores. Hernández destacó durante su alegato que «es la primera vez que un tribunal argentino se expide sobre una agresión sexual con la modalidad de manada». Las pruebas y los testimonios de testigos, fundamentalmente el de dos menores que estaban con la víctima al momento del hecho, confirmaron que “los imputados accedieron carnalmente a la menor víctima, valiéndose del número de autores, del uso de la fuerza, la violencia física y de las condiciones psíquicas y físicas de la víctima, las que le impidieron neutralizar el ataque de los causantes», según explicó el fiscal Cabot. El caso se dio a conocer cuando la madre de la menor denunció que, luego de no tener noticias de su hija, la encontró desvanecida en una cancha de futbol y, una vez que recuperó el conocimiento, le contó que había sufrido un ataque sexual. La nena, que nunca fue a la escuela y no hablaba español, quedó embarazada, sin embargo, el equipo de salud que la atendió en el Hospital Público Materno Infantil de la capital provincial ignoró el Protocolo para la Atención Integral de Personas Víctimas de Violaciones Sexuales del Ministerio de Salud de la Nación y no informó la posibilidad de practicar un aborto no punible, contemplado en el Código Penal. Finalmente, la gestación se interrumpió a los seis meses luego de comprobar que el feto era anencefálico, sin posibilidades de sobrevida. Foto: entreparentesis.org

 Los servicios de comunicaciones se encarecieron 7,7 puntos porcentuales por encima de la inflación en 2018. Personal ya subió en enero, Movistar lo hará desde el viernes, y el siguiente mes será el turno de Claro, siempre por encima de la inflación. El bolsillo de los consumidores volverá a sufrir un sacudón en marzo ya que aumentan las tarifas de telefonía móvil un 18 por ciento en promedio para una de las principales prestadoras de servicio, que se suma a la catarata de aumentos en el sector en los primeros meses del año. A la suba del 17 por ciento que aplicó Personal el mes pasado le seguirán Movistar, que aumentará el 18 por ciento promedio desde el viernes, y Claro, que en abril subirá un 15%. Así volverá a ajustarse el rubro comunicaciones en la canasta de servicios de las familias, después de ser uno de los que mayores aumentos tuvieron a lo largo de 2018. Con una variación anual del 55,3 por ciento, los servicios de comunicaciones se encarecieron 7,7 puntos porcentuales por encima de la inflación promedio que releva el Indec en 2018. En enero pasado, comunicaciones fue el sector que registró mayores aumentos dentro del índice de precios al consumidor, con una suba de 7,4 por ciento respecto de diciembre pasado, más del doble del incremento promedio que tuvo el IPC, de 2,9 por ciento. Movistar confirmó que la medida de actualización en los precios de los distintos planes será en promedio del 18 por ciento «para clientes prepagos y como mensual”, aunque explicó que algunos planes y servicios no serán alcanzados por el incremento. La suba tendrá vigencia a partir del próximo viernes, aunque para el caso de los clientes pospago el incremento dependerá del momento del corte en la facturación. Por su parte, Claro confirmó que en abril aplicará un incremento promedio del 15 por ciento en prepagos y pospagos, aunque llegada la fecha “se revisará si se aplica o no” ese aumento.

Su familia había solicitado la interrupción legal del embarazo pero el Ministerio de Salud Pública inició maniobras dilatorias para que el caso termine en una cesárea. El Ministerio de Salud Pública de Tucumán obligó a parir a una chica de 11 años violada por la pareja de su abuela, después de dilatar el pedido de interrupción legal del embarazo (ILE) solicitado por la menor y su familia, con argumento de que se procure «salvar las dos vidas», según un comunicado emitido el martes por la noche, horas antes de que se le practicara una cesárea a la nena. «El Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán (SIPROSA), notificó esta noche a la directora del Hospital “Eva Perón”, Dra Elizabeth Avila, que proceda a dar cumplimiento al oficio emitido en el día de la fecha por la jueza civil en Familia y Sucesiones de la Va Nominación, Dra Valeria Judith Brand, el cual consigna que “en atención a la innecesariedad de judicialización” y en función de lo peticionado por la niña y su progenitora y -según el oficio- “ conforme (a la) doctrina pacíficamente aceptada emanada del fallo FAL”, se continúen los procedimientos necesarios  en procura de salvar las dos vidas», fue comunicado que generó malestar entre las personas que defienden los derechos de la chica a la que se la conoce públicamente como «Lucía» para resguardar su identidad. La nena había sido amenazada de muerte por su violador para que no dijera nada y recién casi cinco meses después se lo pudo contar a su mamá. Aunque en ese momento comenzó a ser víctima además del estado tucumano, cuyo gobierno provincial el año pasado se declaró oficialmente «provida». Si bien «Lucía» manifestó en cuatro oportunidades oficial su voluntad para que se le practicara la ILE (cuando iban 19 semanas de gestación), desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Judicial se dilató al situación para que se le pudiera practicar el aborto, tal como sucedió en un caso similar en Jujuy, donde la beba murió días después de la cirugía. Por su parte, Abogadas y abogados del noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) salió rápidamente a repudiar los acontecimientos. «Esta noche se practicó una cesárea a la niña de 11 años víctima de violación y se encuentra fuera de peligro. La práctica no fue la solicitada. Se seguirá con las medidas necesarias porque Si.Pro.Sa es responsable. Preocupa la presencia de agentes del Ministerio Público fiscal durante la implementación del procedimiento, solicitando datos personales de quienes lo practicaron. El aparato estatal, con su dilación y manipulaciones, lleva a situaciones límite que revictimizan a la niña y repiten una y otra vez el ejercicio de la violencia», tuiteó la agrupación. Además, la Campaña por el Aborto Legal regional Tucumán convocó a una marcha para el miércoles por la tarde para repudiar el accionar del Ministerio y para pedir las renuncias de Rossana Chahla (ministra) y de Gustavo Vigliocco (secretario ejecutivo).