Diversas organizaciones sociales y de Derechos Humanos presentó una querella pidiendo explicaciones a los legisladores luego de la muerte de dos mujeres por aborto clandestino. «Tienen que responder por su conducta», dijo Capurro uno de los abogados querellantes. Un grupo de organizaciones de Derechos Humanos encabezados por el abogado Juan Carlos Capurro integrante del Comité de Acción Jurídica que pertenece a la Federación de Derechos Humanos presentaron una querella penal contra los 38 miembros del Senado que votaron a favor de mantener el aborto clandestino. La iniciativa surgió de las conversaciones que surgieron entre los abogados que forman parte del CAJ, preocupados por la decisión que se tomó en el Senado de la Nación el 8 de agosto decidió rechazar la ley por el aborto legal, seguro y gratuito. La presentación es un pedido de imputación por el delito de abandono de persona. La preocupación se acentuó aún más cuando luego del rechazo murieron dos mujeres por aborto clandestino en la provincia de Buenos Aires. “Avizoramos que era un tema grave en el movimiento de mujeres, sobre todo en las mujeres de bajos recursos, pobres que son las que mueren. Tratamos de ver qué podíamos aportar”, cuenta Capurro. “El problema era que quienes son garantes de la vida de la salud de quienes habitan este país, dieron la espalda a un problema grave. Me pareció que esto no podía quedar como algo normal. No es normal que estemos todavía con categorías de la Edad Media”, agrega. En la búsqueda de ese aporte, junto a la Asociación de Abogados Laboralistas, Nora Cortiñas e integrantes del Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia descubrieron una figura en el Código Penal: el artículo 106 que condena al abandono de persona. Por sorteo, la presentación quedó en manos de Claudio Bonadío, es él quien deberá decidir cómo continúa esta denuncia. “La ciencia ha demostrado que un embrión no es una persona por lo tanto justificarlos anticientíficamente es decir contraponiéndose al avance que la humanidad ya ha demostrado, es una categoría que escapa al momento histórico que vivimos. Es pretender poner la máquina del tiempo en la edad media e instalarla en nuestra sociedad”, explica el abogado. “Consideramos que toda persona puede tener las creencias que le parezca y el punto de vista que le parezca, pero cuando uno es legislador tiene que anteponer a sus creencias el bien común. Y el bien común es que las mujeres no pueden seguir muriendo por abortos clandestinos”, condena Capurro. –En qué basaron la presentación –En que los senadores no propusieron nada para que la situación sea otra. Con toda la evidencia que tuvo en el Congreso el tratamiento del tema durante durante meses pudiendo comprobar que científicamente no había ningún inconveniente para sacar la ley y que además, había un problema social enorme que era la muerte de jóvenes mujeres sistemáticamente por la clandestinidad. Sin embargo con toda esa prueba científica y con media sanción del Congreso, un grupo de personas reducido decidió que a ellos les parecía que había que seguir con el aborto clandestino. –¿Cuál es la figura legal? –Es lo que el artículo 106 del código penal sanciona como abandono de persona seguido de muerte. Es un delito, es decir, que sabiendo las consecuencias que tiene algo para la vida o la salud de las personas no se hizo nada para evitarlo. Y cuando digo nada es nada porque no ofrecieron ninguna alternativa. Es decir, se opusieron al clamor de la sociedad, a dos millones o más de personas en las calles, a media sanción de diputados es decir la mitad del Congreso a favor de la ley y sin embargo, un puñado de personas decidió mantenerse en la edad media y considerar que eso no podía pasar. Eso es estar en contra la sociedad y a favor de que sigan muriendo mujeres. Sin que la persona sea ayudada porque ellos no brindan la ayuda. Si vos hacés eso, es abandono de persona. Los legisladores tienen que asumir esa responsabilidad e ir a la Justicia y explicar por qué tomaron esa decisión y responder por esa conducta. –¿Cómo se aplica de un poder a otro? –En este caso no chocan los poderes. El poder judicial no interviene sobre el problema legislativo desde el punto de vista del derecho. Está establecido que el abandono de persona se configura aún cuando haya provenido de un hecho lícito. Es decir que una persona puede haber hecho algo porque legalmente correspondía que lo haga pero si abandonó a la persona por su conducta y esa persona muere tiene que responder ante la justicia. No es un problema de contradicción entre poderes sino que siendo lícito, su conducta acarreó un delito. Entonces, el poder judicial puede analizarlo como lo hizo en muchos otros casos el doctor Claudio Bonadío, y nadie mencionó que eso sea una colisión de poderes. Con su criterio debería en este caso aplicarlo, si fuese congruente respecto de este aspecto que es más grave todavía porque en este caso hay muertes de mujeres por no haber sacado una ley que evitaba esas muertes y sin dar alternativas para que las muertes se sigan produciendo. –¿Cómo se realiza la presentación para garantizar su viabilidad? –De la misma manera que en su momento hicimos su presentación por la nulidad de las leyes de punto final y obediencia de vida. El Comité de Acción Jurídica junto a la Federación de DDHH se presentó en los juicios de la verdad en La Plata exigiendo que no solamente debían testificar la verdad si no que también debía declararse la nulidad de las leyes, en ese momento parecía lejano el hecho y teníamos en contra una norma de excepción que lo impedía. En estas materias quienes luchamos por los DDHH tenemos que hacer lo que es necesario. Y debido a la extraordinaria movilización de la juventud de todo el pueblo argentino, estamos convencidos de que esto se va a abrir paso como corresponde. –¿Qué te produjo enterarte de las muertes de

La crisis de confianza es un dato insoslayable de la realidad. El auxilio del Fondo vino principalmente a calmar las ansiedades de los tenedores de bonos argentinos, sobre todo, extranjeros. Sin embargo, por diversas causas que finalmente son reflejos del mayor nivel de incertidumbre y de desconfianza, el drenaje de divisas se mantuvo firme e incluso de aceleró en los últimos meses. (Por Jorge G. Herrera)  Prueba de ello, es que en los primeros meses del 2018 el nivel de atesoramiento promedio mensual se elevó a u$s2.861 millones frente a u$s1.451 millones de un año atrás (+97%). O sea, casi se duplicó el promedio mensual de la compra neta de divisas del sector privado. Así fue que en este período la fuga de capitales superó los u$s20.000 millones, cuando en todo el 2017 se fueron u$s22.148 millones. Si bien el número es inquietante, no puede perderse de vista que los argentinos, a pesar del advenimiento de un nuevo Gobierno, que ostentaba un muy alto nivel de aprobación y de imagen positiva, siguieron comprando dólares. En el primer año de Gobierno de Cambiemos el atesoramiento sumó casi u$s10.000 millones. De modo que en lo que va de la era Macri el nivel de atesoramiento acumula más de u$s52.000 millones. Es decir, un promedio mensual cercano a u$s1.700 millones. Entonces, ahora se habla de crisis de confianza, pero en lo mejor del Gobierno de Cambiemos, o sea, desde su arranque y tras el contundente triunfo en las legislativas de medio término, la gente siguió comprando dólares. Porque el público piensa y ahorra en dólares. Es quizás el insoslayable rasgo característico de la economía argentina. Que no ha dejado de ser bimonetaria. Encima, esto se dio en un contexto de altísimas tasas de interés reales. Por ende, hay circunstancias, como las actuales, en las que ninguna tasa de interés se torna atractiva para desalentar la dolarización de carteras. Por suerte, no hay señales de corrida bancaria, es decir, la gente se dolariza pero deja, gran parte, de sus ahorros dolarizados en el sistema. Vale señalar que para ver semejantes niveles de atesoramiento o fuga de capitales, hay que retrotraerse a la crisis financiera mundial de 2008 y al año del nacimiento del cepo cambiario a fines de 2011. En dichos años, la fuga superó los u$s23.000 millones y u$s21.500 millones respectivamente. Ahora bien, desde la llegada de Cambiemos el dólar siguió siendo la tradicional alternativa de ahorro y defensa frente a la inflación. O sea, el refugio primario frente a la huida del peso. Sin duda, que este año la sequía explica gran parte de la turbulencia cambiaria pero mirando en perspectiva, y haciendo un corte en el primer trimestre de 2018, se observa, según datos del Estudio Broda, que en la era Macri llegaron del exterior más de u$s104.400 millones de los cuales más del 61% correspondieron a colocaciones de deuda pública nacional, otro 11% deuda provincial, 11% deuda privada y 12% de «hot money». Este superávit de la cuenta capital permitió financiar un déficit de la cuenta corriente de u$s32.300 millones donde a raíz del magro superávit comercial (u$s12.700 millones) fueron la contracara del mayor pago de intereses (casi u$s22.000 millones), del mayor gasto en turismo (u$s22.500 millones) y en servicios reales (u$s23.600 millones), y del atesoramiento (u$s41.800 millones). Todo esto dio lugar a un aumento de las reservas del BCRA de u$s30.300 millones. Se ha culpado al turismo, pero este gasto ajustará naturalmente vía precio, pero en cuanto al atesoramiento será difícil de contener si no hay casi un «shock» de confianza. No se puede echar mano de un clásico plan de estabilización y shock, ni de un recambio de ministros o de equipo, algo a lo que el presidente Macri demostró -por su desempeño en CABA- no ser muy afecto. Lo que está claro es que urge recuperar la confianza en el peso, o bien, «tragarse algún sapo» y aplicar torniquetes al drenaje de divisas. Porque la gente sabe que sus pesos no tiene correlato en las reservas del BCRA.Nadie está dispuesto a financiar ni el excesivo gasto en turismo ni la fuga de capitales. Hoy ya no llegan ni los dólares vía deuda nacional, provincial ni privada. Menos el hot money. ¿Quién alimentará la oferta? Fuente: http://www.enorsai.com.ar