La inacción de los jueces hizo que las dos primeras causas prescribieran. El médico tiene limpio su certificado de antecedentes porque nunca Salud Pública supo de su situación. Hay 15 denuncias y podrían ser más.

La primera denuncia por abuso sexual simple contra el ginecólogo Carlos Horacio Martínez se produjo en el 2006. La segunda, en el 2013. Ninguna de las dos primeras víctimas logró que el médico fuera condenado. Muy por el contrario, la desidia de la justicia sanjuanina en el tratamiento de ambas causas logró que prescribieran y que la lista de víctimas aumentara a 15 en 2018.
Estos hechos demostraron que no sólo hay sistema no funciona, sino que detrás del sistema hay jueces a los que tampoco les importa impartir justicia. Si en el 2006 hubiera funcionado la justicia, Martínez no estaría ejerciendo su profesión de ginecólogo. Y al menos 13 mujeres no hubieran visto arruinada su vida por el hecho doloroso que les tocó transitar, sobre todo en una situación de vulnerabilidad frente a un profesional de la salud.

Las causas que prescribieron

La prescripción es una de las causales por las que el Código Penal establece que puede darse la “extinción de la acción penal por el paso del tiempo”, y paradójicamente en estas causas fueron los propios jueces quienes lograron la “extinción de la acción penal por el paso del tiempo”.

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En el 2006, la denuncia recayó en el Primer Juzgado de Instrucción, en ese momento a cargo del juez Leopoldo Zavalla Pringles, quien se jubiló en el 2012. El expediente solo tiene como novedad la eximición de prisión concedida de manera anticipada por el magistrado, aunque Martínez nunca fue indagado. Tampoco aparece el informe de matrícula que debería haberse pedido al Ministerio de Salud Pública de la provincia. De hecho, la ministra de Salud, Alejandra Venerando, expresó que pidió el legajo del médico y no registra ningún antecedente ni advertencia de la justicia por las causas que se tramitaban.
La otra denuncia apareció en el Segundo Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Pablo Flores, y data del 2013. En este expediente, Martínez fue procesado por el delito de abuso sexual simple. Su abogado apeló el procesamiento y la Sala I de la Cámara Penal la remitió nuevamente el juzgado. Dado que la defensa no había fundado la apelación, el procesamiento quedó en firme.

El expediente bajó de la Sala I al juzgado de Flores el 15 de septiembre de 2014. ¿Qué debía hacer el juez? Elevar la causa a juicio. Sin embargo, esto nunca ocurrió y, en principio, la causa estaría prescripta.
Sólo dos cosas interrumpen los plazos de prescripción: la indagatoria y el auto de elevación a juicio. Lo segundo nunca ocurrió y lo primero determinaría que en el 2017 la causa prescribió, aunque tampoco existe resolución de sobreseimiento por extinción de la acción penal por el paso del tiempo.
El delito invocado –abuso sexual simple- tiene una pena máxima de cuatro años, por lo que si Martínez fue indagado en el 2013, el año pasado el expediente quedó en condiciones de ir a archivo.
Antes de mirar al juez Pablo Flores, la atención se posó en la Sala I de la Cámara Penal -que al momento de recibir la apelación estaba ya integrada por la actual conformación: Juan Carlos Caballeo Vidal (h), como presidente, Silvia Peña y Raúl Iglesias-, porque era clave saber cuánto tiempo estuvo el expediente en manos de los camaristas. Según pudo establecerse, la causa estuvo menos de un año en la Sala I, por lo que todas las críticas recaerían ahora sobre Flores.
Así, la negligencia de un juez en un caso de abuso, permitió que el abusador multiplicara sus hechos y perfeccionara el modus operandi. Hasta el momento y de acuerdo a lo trascendido, los relatos de las víctimas son coincidentes en líneas generales.
La perversidad puesta de manifiesto por el ginecólogo queda demostrada en la lista de sus víctimas, muchas de las cuales eran hijas de amigos o conocidos del médico o hijas de otros colegas.