La medida de fuerza es consecuencia del el reclamo por un mayor porcentaje de aumento de salarios y la semana próxima se extendería por 48 horas. La Asociación Bancaria (AB) ratificó esta noche «el paro nacional activo» de 24 horas de mañana en todas las entidades financieras públicas y privadas ante «la ausencia de propuestas superadoras patronales», y confirmó que de no haber acuerdo definitivo la semana próxima habrá otra huelga de 48 horas. El secretario general del gremio, Sergio Palazzo explicó a periodistas en la sede gremial de Sarmiento 341 ante la prensa «las razones y alcances del conflicto y el paro nacional dispuesto» para mañana ante «la ausencia de una propuesta superadora patronal, que debe implicar un salario justo». Además, Palazzo sostuvo que la protesta de mañana será «activa», es decir, habrá movilizaciones y marchas en las principales ciudades del país. El dirigente denunció que la «falta de propuestas serias y justas» por parte de las cuatro cámaras y el Banco Central (BCRA) provoca consecuencias sobre «la economía familiar de los trabajadores bancarios». En un documento difundido esta noche y firmado por Palazzo y el secretario nacional de Prensa, Eduardo Berrozpe, la Bancaria ratificó que no resignará a «la dignidad y a los ingresos alimentarios familiares por la codicia de banqueros o la irresponsabilidad de quienes quieren imponer topes a los salarios, mientras fogonean el incremento de los precios de los consumos y de los servicios indispensables de la población». El gremio ratificó su rechazo a «la incalificable propuesta de aumento en cuotas, con reducción de derechos adquiridos», y ratificó la huelga en todo el país, que se realizará con concurrencia a los empleos para asistir a las marchas en las seccionales. «Nos asiste la razón a diario ante cada declaración de los funcionarios, la pérdida del poder adquisitivo salarial y las jubilaciones y la injusta carga del impuesto a las ganancias, que no se derogó, como había sido prometido en la campaña», puntualizó. Para los dirigentes, «la opinión pública, los usuarios y los clientes saben que la responsabilidad del conflicto es de los bancos y el gobierno, más allá de las declaraciones u operaciones mediáticas que realicen, porque se llevan por delante la verdad». En otro orden y, luego de una semana de inactividad por un paro de 48 horas y el fin de semana largo de Pascuas, hoy reabrió sus puertas el Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro), paralizado en rechazo a la modificación del régimen jubilatorio del personal. Mientras la Bancaria sostuvo que en los dos días de huelga el acatamiento fue superior al 90 por ciento, su presidente, Juan Curutchet, afirmó hoy en el Hotel Hilton -en el contexto de la ExpoEfi 2018- que «la Legislatura bonaerense aprobó una nueva ley y ofreció el marco normativo sobre el que gestiono en la institución financiera». «El Bapro está sólido. En 2017 ganó casi 7.000 millones de pesos. No hay ni observo motivos de zozobra a excepción de que existan intencionalidades políticas», señaló. Curutchet resaltó que la entidad registró el año pasado un aumento de 62 por ciento en los créditos y un incremento de 44 por ciento en los depósitos. Fuente: Télam
Jujuy: feroz represión del gobierno de Morales a trabajadores estatales
Las imágenes son impactantes: mientras Morales inauguraba las sesiones de la Legislatura, afuera se desarrollaba una batalla campal. La provincia de Jujuy, gobernada por el radical Gerardo Morales, fue el escenario de un brutal ataque de la Policía provincial. La represión ocurrió mientras el mandatario provincial iniciaba las sesiones ordinarias de la Legislatura y tuvo a los gremios estatales como víctimas. Manifestantes del Frente Amplio Gremial, que nuclea a los gremios estatales provinciales y algunos partidos políticos, se movilizaron frente a la Legislatura en contra de las políticas de ajuste y por aumento salarial superior al ofrecido por el gobierno provincial, de solo un 5 por ciento. En su discurso ante el Poder Legislativo, el aliado de Mauricio Macri reconoció que la propuesta que realizó a los trabajadores fue «insuficiente». Con un operativo de 300 efectivos, los policías usaron palos y balas de goma para llevar a cabo una represión de la que no se salvó nadie. Varios manifestantes, algunos de ellos mujeres, mostraron su cuerpos con marcas de balas de goma. Fernando Acosta, de ATE Jujuy, dijo a La García que «en una movilización muy grande, le hicimos sentir al gobernador que no puede seguir con las políticas de ajuste. Les tiraron gas pimienta, empezó respuestas, gritos y comenzó la caballería a tirar balas de goma». Según informó el diario El Tribunode Jujuy, hubo tres policías heridos luego del operativo.
Las operaciones del ejecutivo y Laura Alonso para rescatar a Caputo
Al otro día del polémico paso del ministro de Finanzas por el Congreso para dar explicaciones, un periodista de Clarín denunció una grave maniobra preparada por «directivas del propio Presidente» para voltear la causa contra el funcionario en la justicia. La promesa de la titular de la OA al líder PRO y la importancia de «Toto» para contraer deuda. A sólo horas del accidentado paso del ministro de Finanzas, Luis Caputo, por el Congreso para ensayar una explicación sobre la desbordada toma de deuda externa y las offshore, un periodista de Clarín reveló una oscura maniobra del Gobierno con «directivas» de Mauricio Macri para voltear en la justicia la causa por las sociedad anónimas y el conflicto de intereses contra el funcionario y liquidar la investigación en la Oficina Anticorrupción. «Otra cuestión vinculada al ministro Caputo es el ´operativo salvataje´. O sea, sacarlo de estas acusaciones. Esta red de contención y este operativo salvataje porque el ministro Caputo es el que de alguna manera abre la puerta a que ingresen dólares, los préstamos que son claves para el desajuste macroeconómico y que, bueno, ´siga, siga´ la economía», disparó Marcelo Bonelli en vivo por Canal 13. En ese sentido, Bonelli fue más lejos y reveló que la operación tendría dos patas: el escandaloso rol de Laura Alonso, la titular de la OA, y el costado del rescate judicial. «Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer el Gobierno? Quiere cerrar el caso Caputo en forma total. Tanto en la OA como en la justicia. En la OA aparentemente estaría encaminado, habría una investigación pero Caputo habría presentado una serie de papeles, y Laura Alonso le habría prometido (a Macri) terminar la investigación«, sostuvo. Respecto de «la justicia federal», allí Bonelli describó que la cuestión «es más difícil», pero desnudó el rol de «varios operadores del Gobierno» bajo «directivas del propio Presidente». «El fiscal Carlos Rímolo, en absoluto silencio. No habla con nadie este tema. Ni siquiera con el juez Julián Ercolini. Igual varios operadores del Gobierno estarían trabajando para que también se cierre el tema Caputo, las denuncias, en la justicia. Trabajan operadores del Gobierno, son directivas del propio Presidente de la Nación, para que termine este episodio y esta ofensiva contra un ministro clave«, destapó. Foto: MinutoUno
Brasil: el juez Moro ordenó la detención de Lula y le dio 24 horas para entregarse
A pesar de ser el candidato favorito para la presidencia en todas las encuestas y sin haber recibido una condena firme, el expresidente de Brasil irá preso inevitablemente en las próximas horas, tras la comunicación del magistrado que estuvo en Argentina el año pasado rodeado del macrismo. El juez Sergio Moro ordenó la detención del expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, pero le dio 24 horas para entregarse. Lo hizo tras el rechazo del Supremo Tribunal Federal al hábeas corpus que había presentado el líder del PT para seguir en libertad mientras se tramitaran las apelaciones a su condena. A pesar de ser el candidato favorito para la presidencia del país vecino en todas las encuestas y sin haber recibido una condena firme, el expresidente de Brasil irá preso inevitablemente en las próximas horas, tras la comunicación del magistrado que estuvo en Argentina el año pasado rodeado por dirigentes del macrismo que también fue quien condenó en primera instancia a Lula a 9 años de prisión, pena luego aumentada a 12 años de cárcel. «Al condenado le concedo, en consideración de la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente ante la Policía Federal de Curitiba hasta las 17:00 del día 06/04/2018», comunicó Moro. El expresidente figura como favorito para las elecciones presidenciales de octubre por una amplia diferencia por encima del 30% tanto en la primera como la segunda vuelta. Aún en prisión, Lula seguirá como candidato del PT al menos hasta agosto cuando se reúna el Tribunal Electoral que tiene la última palabra para decidir si puede o no presentarse en los comicios. La intimación de Moro llamó la atención debido a que el partido y los allegados del ex presidente se habían ocupado en aclarar que Lula estaba dispuesto a entregarse. Ahora eso sucederá pero después de que fue intimado por el famoso juez del escándalo Lava Jato. Lula está acusado de haber obtenido un departamento de tres pisos de la constructora privada OAS por su apoyo en negociados con la obra pública. El ex presidente negó en todo momento esa denuncia que nace de la declaración de los ejecutivos de la empresas como confesión premiada a Moro. Es decir, se trata de una condena de dos instancias basada en testimonios, pero no pruebas concretas. Está probado que el departamento en cuestión nunca estuvo a su nombre ni a nombre de nadie de su familia, nunca durmió ni vivió y la propia constructora lo puso como garantía en un juicio, lo cual deriva en que para la propia justicia el inmueble siempre fue de la constructora. Foto: Ecuavisa
Se aprobó la reforma del Código Electoral
Con 24 votos a favor y 10 en contra. De esta manera, las PASO se realizarán en abril y los comicios provinciales en junio. Hoy jueves, en la Legislatura, se aprobó el proyecto de reforma del Código Electoral con 24 votos a favor y 10 en contra. El objetivo es poder adelantar las elecciones locales de las nacionales, para ir a las urnas, marcando la diferencia entre el apoyo local y nacional. De esta forma, las PASO se realizarían en abril y las elecciones generales en junio. La premura por aprobar el proyecto, se debía a que la ley 613 N, de 1999, establece que está prohibido llevar adelante modificaciones al sistema electoral vigente dentro de un plazo «de 18 meses previos al acto del comicio que deba regir». En el oficialismo toman en cuenta la elección nacional de octubre de 2019 y el plazo de finalización de mandatos, por lo que la modificación debe hacerse antes del 10 de este mes. El proyecto también estipula el financiamiento para los partidos. La provincia aportará fondos a las fuerzas políticas de acuerdo a los votos que obtuvieron en las elecciones anteriores. Así, contarán con recursos para difundir sus propuestas electorales en los diferentes medios de comunicación. Entre otras modificaciones también está contemplado que la difusión del padrón electoral se haga por vía digital.
