La Cámara desestimó un pedido de excarcelación del genocida, previo a la domiciliaria que le fue otorgada. La Cámara Federal de Casación Penal desestimó hoy el pedido de excarcelación del genocida Miguel Etchecolatz, al resolver sobre un planteo de libertad distinto de la solicitud de prisión domiciliaria admitido a fines de 2017 por el Tribunal Oral Federal 6 de la Capital Federal y que, recurrida, también llegará al máximo tribunal penal. Al rechazar ese pedido, la Sala de Feria de la Casación argumentó “las particulares características y trascendencia de los graves delitos” cometidos por Etchecolatz y la presunción de “la existencia palpable de un peligro de fuga o un entorpecimiento en el desarrollo de la causa”, en cuyo debate deben declarar más de cien testigos. El fallo de la Sala de Feria -presidida por Alejandro W. Slokar e integrada también por Carlos A. Mahiques y Juan Carlos Gemignani-, al que tuvo acceso Télam, confirmó el rechazo de la libertad de Etchecolatz en la causa en la que el TOF 6 lo está juzgando por delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos bonaerenses de la última dictadura. El mismo Tribunal Oral Federal 6, el pasado 27 de diciembre, leotorgó a Etchecolatz la prisión domiciliaria en una resolución que llegará también a Casación después de que interpongan recursos las querellas y el Ministerio Público Fiscal, que se habían opuesto al beneficio. La resolución del TOF 6 permitió a Etchecolatz -que además purga cuatro condenas a prisión perpetua y otras penas impuestas en juicios anteriores- pasar estos días de enero en su casa del Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, pese a masivas protestas de vecinos e integrantes de organismos de derechos humanos. En el fallo de hoy, la Casación aludió al riesgo procesal entre los argumentos de los jueces del propio TOF 6 que, en su momento, rechazaron la excarcelación y los que invocaron para prorrogar la prisión preventiva. Consideró también que se encuentra en pleno desarrollo el debate oral y público, en el que todavía deben declarar más de un centenar de testigos de los delitos imputados a Etchecolatz y cometidos en los centros clandestinos que funcionaron en la comisaría de Monte Grande y en la División Cuatrerismo de la Policía bonaerense.

Luego de los reclamos por parte de los diferentes sectores, los estatales cobrarán un 2,8 por ciento por el mes de enero. Como se preveía, el porcentaje de inflación del INDEC superó el porcentaje de incremento acordado con los gremios y ya preparan el decreto que autoriza el aumento. Lego de que desde nación corrieran las metas de inflación y el porcentaje obtenido sea del 24,8 por ciento de inflación relevado por el INDEC superó el porcentaje de incremento acordado entre el Gobierno Provincial y los estatales por lo que se activa la cláusula gatillo, la cual era la garantía de que los trabajadores no perdieran ante la inflación. Desde Hacienda y Finanzas, confirmaron que la cláusula se hará efectiva y la formalizarán la próxima semana. De esta manera, los empleados estatales podrán percibir el incremento del 2,8 por ciento en los haberes de enero. Por el mes de marzo, fue que Gobierno y los gremios que representan a los trabajadores del Estado cerraron un aumento salarial del 22 por ciento con la condición de que si superaba ese porcentaje el excedente se aplicaba directamente a los sueldos. Por ello, esta cláusula se activa de inmediato y se prepara la Provincia para realizar un importante esfuerzo monetario para cumplir con los trabajadores.

La información se basa en un Oficina de Inteligencia Naval de los EE. UU. Silencio en la Armada ante esta revelación. Según el diario Le Monde de Francia afirmó que la implosión que hundió el submarino ARA San Juan fue tan fuerte que los 44 tripulantes que iban en la nave murieron sin sufrimiento. En base a un informe de la Oficina de Inteligencia Naval de los EE. UU. (ONI), el matutino asegura que la detonación se dio a una profundidad unos 400 metros, liberando energía equivalente a la producida por una explosión de casi seis toneladas de TNT. El informe de los Estados Unidos analizó la señal acústica detectada el miércoles 15 de noviembre, día en que los tripulantes del submarino ARA San Juan se comunicaron por última vez para alertar por el ingreso de agua a la sala de baterías. Por la presión de la profundidad, el casco del submarino quedó pulverizado en «40 milisegundos» ,según comunicó el informe de la Oficina de Inteligencia Naval citado por el medio extranjero. Además se hundió «verticalmente» a una velocidad de 10 a 13 nudos. Por lo tanto, es imposible, según la organización estadounidense, que los 44 marineros argentinos a bordo del San Juan sintieran la implosión. «No sufrieron, no se ahogaron. Su muerte fue instantánea «, dice la ONI. De acuerdo a Le Monde, la ONI se basó en los datos recopilados por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, institución de Austria que dio a conocer la implosión del submarino por primera vez. Voceros de La Armada  informaron que sólo se limitarían a dar datos mediante el comunicado oficial que envían vía mail luego del mediodía.

La Iglesia publicará un libro con la lista de bautismos realizados entre 1975 y 1979 en la capilla de la ex Esma. En el predio funcionó una maternidad clandestina utilizada para el plan sistemático de robo de bebés. La iniciativa del obispo castrense Santiago Olivera, que cuenta con el apoyo del papa Francisco, dará a conocer 127 nombres que pasaron por la iglesia Stella Maris. El obispo castrense, Santiago Olivera, anunció que recuperó el libro de bautismos de la capilla Stella Maris de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), un documento cuya existencia no se conocía. La Iglesia aseguró que hará pública la información referida al centro clandestino de detención durante la última dictadura, luego de un encuentro que mantuvieron con el Papa Francisco en El Vaticano. «En este libro figuran los 127 bautismos realizados en la ESMA entre los años 1975 y 1979. Tenemos que investigar, puede ser que algún marino haya bautizado allí a su hijo, pero puede ser que otros no», afirmó Olivera a la agencia Noticias Argentinas. El prelado, que fue designado por Francisco obispo castrense en marzo del año pasado, anunció su intención de dar a conocer y «poner a disposición» este documento inédito en las próximas semanas. Antes de ello, será tratado con el resto del episcopado y con la Comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que la primera semana de febrero será recibida por el Papa. «No sé si habrá mucha información en el libro de bautismos de la ESMA , pero por lo pronto es un dato que se pueda conocer a los niños que fueron bautizados allí entre el 1975 y 1979, para alguien que necesite saberlo», dijo Olivera. El prelado contó que Francisco le dio su aval tras ponerlo al tanto de la novedad. El obispo castrense explicó los detalles de su encuentro con el Sumo Pontífice: «Al Papa le pareció muy bien, le pregunté por los modos, y él me dijo de socializarlo a la prensa. Cuando vuelva (a Argentina) lo hablaré con (el presidente del Episcopado, monseñor Oscar) Ojea, con la comisión ejecutiva y buscaré el modo de presentarlo en la línea de disponibilidad, apertura y transparencia que él ha impulsado».

El IPC oficial de diciembre rondará el 2,8 por ciento. Así, 2017 habrá cerrado con una suba de precios cercana al 25 por ciento. Quedó muy lejos de la meta de 17 por ciento que se había fijado el Gobierno. La nueva pauta para 2018 está en duda. El INDEC blanqueará hoy el dato de inflación de diciembre, sobre el cual se concentraron las expectativas de los agentes económicos, sobre todo desde que el Gobierno revisó las pautas inflacionarias para este año y el Banco Central reformuló levemente las tasas de interés de referencia. Más allá del dato preciso (entre 2,5 por ciento y 2,8 por ciento), se descuenta que habrá sido el mayor aumento del índice de precios de todo 2017. Y que el año terminó con una suba cercana al 25 por ciento. Lo relevante es que será la confirmación de que el Gobierno de Mauricio Macri incumplirá sus propias metas de inflación por segundo año consecutivo. En 2016 la pauta que se fijó el oficialismo fue de 24 por ciento y el año cerró en 40 por ciento. Y el año pasado había apostado al 17 por ciento que quedará lejos del porcentaje que se publicará hoy. Esta performance es la que alimenta las dudas de los analistas sobre el cumplimiento de las pautas de 2018, a pesar de que fueron elevadas en 5 puntos porcentuales respecto del objetivo original que se había incluido en la ley de Presupuesto. Ahora la referencia se fijó en 15 por ciento, pero tampoco se logró credibilidad en esta cifra pese a los esfuerzos que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, hicieron el 28 de diciembre pasado para convencer a la opinión pública de que esta vez se podrá cumplir con la política antiinflacionaria. Casi en el mismo momento en que se hacía el «recalibrado» de metas, desde otras áreas del Gobierno se anunciaban los aumentos para el Año Nuevo. Suba de las tarifas de transporte a partir de febrero, más los incrementos en los precios de la energía que ya se volvieron habituales, sea gas, electricidad o combustibles, todos los meses alguno de ellos golpea los bolsillos. A esto se sumaron subas previstas -y autorizadas por los organismos correspondientes- en prepagas y telefonía celular. Y el impacto estacional del turismo en el comienzo del año. Los porteños además comenzaron a recibir las boletas del ABL con aumentos de 50% contra el año pasado. Y también llegaron las patentes con subas diversas. Estos ajustes ya pusieron en jaque las pautas flexibilizadas, porque empujan la suba de precios -según los cálculos previos de los consultores- hasta cerca del 5% apenas en el primer bimestre. De esta forma, sin paritarias previstas en lo inmediato (la mayoría se concentra en el segundo trimestre) y con el aumento de las jubilaciones programado para marzo, los sectores de ingresos fijos arrancarán el año con una fuerte pérdida de poder adquisitivo que se sumará al que ya resignaron en 2017. Esa carrera es el escenario en que se moverá la discusión paritaria de este año. El recálculo de la pauta no sólo capturó la atención de los financistas preocupados por el futuro del arbitraje (carry trade) entre dólar y tasas. También fue analizado con seriedad por los sindicatos que esperan turno para comenzar a negociar los salarios de 2018. Si en algún momento alguien consideró en un despacho oficial que el 15 por ciento también podría instalarse como una pauta salarial, el escenario actual debería regresarlo a la realidad. Los gremios ven más realista pensar en un cauce de 20% como piso para los reclamos. El desfase entre los deseos oficiales y las expectativas del resto de los actores económicos (sindicatos, empresarios, financistas) alienta en los gremialistas la idea de volver a pactar cláusulas gatillo como ya hicieron en 2017. Una opción que ni la Casa Rosada ni las cámaras empresariales ven con buenos ojos, porque no permite desactivar la carrera indexatoria de la economía.

Los empleados que renovaron sus contratos en la empresa estatal que desafectó a una gran cantidad de trabajadores sufrirán clausulas de flexibilización como la reducción de su salario y las horas de trabajo. “También figura que ahora los contratados son polifuncionales y pueden ser derivados a otras tareas, y que tienen hasta 30 en vez de 45 días de licencia anual por enfermedad”, denunciaron desde ATE. Los trabajadores que no fueron despedidos de fabricaciones militares sufren las primeras consecuencias producto de la flexibilización laboral que la empresa estatal aplicó en sus contratos. La denuncia de ATE es acompañada de un reclamo con cortes en la ruta 36 en la provincia de Córdoba donde se ven afectados trabajadores de Villa María y Río Tercero. Entre las nuevas cláusulas, asombra la que fija que “el contratado acepta que su jornada laboral y su remuneración” sean reducidas en hasta un 50 por ciento cuando “a criterio de la empresa se produjera una variación en las necesidades operativas o productivas”. Desde ATE se cuestionó la modalidad “inédita” y señaló que sus abogados evalúan los pasos legales. “También figura que ahora los contratados son polifuncionales y pueden ser derivados a otras tareas, y que tienen hasta 30 en vez de 45 días de licencia anual por enfermedad”, marcó Damián Albornoz, de ATE Río Tercero al diario La Voz. Aunque el mayor ajuste de personal se dio en la localidad de Azul, la empresa que depende del Ministerio de Defensa achicó su personal en sus cinco plantas y en su sede central. No renovó 354 contratos de los 1.674 que mantenía. La empresa quedaría hoy con unos 1.700 agentes entre contratados y estables (casi 950 de ellos en Córdoba). ATE organiza hoy un corte de ruta sobre la nacional 36, a la altura del cruce Piedras Moras (Almafuerte), desde las 8. El propósito es reclamar por la reactivación de Fabricaciones Militares y la reincorporación de los despedidos. El gremialista Albornoz señaló que subsiste una enorme incertidumbre entre el personal que quedó, ante la falta de inversiones, y que subsiste el temor de que el achicamiento prosiga. El interventor Luis Riva, aseguró que no “hay un plan para desactivar ni vaciar” la empresa. En declaraciones a La Nación, dijo que “se está planificando para que sea viable”. Según manifestó en 2017 la fábrica de Villa María trabajó al 45 por ciento de su capacidad y la de Azul, al 10. Ambas producen diferentes explosivos, la mayoría hoy para el uso civil en minería. “Nos dejaron una empresa no viable. De cada peso que se vende, se pierden tres. Es una situación que no se puede cortar abruptamente, por lo que diseñamos un plan a tres años”, señaló Riva.

La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM) se refirió a la avanzada del Ejecutivo sobre los trabajadores de prensa y advirtió: «Buscan intimidar a quienes desarrollan la tarea de informar a la sociedad en democracia». Además, el organismo condenó la represión a comunicadores y pidió «respeto a la libertad de expresión y al derecho a la protesta». Desde la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM) se refirieron a la avanzada del Ejecutivo sobre los trabajadores de prensa y advirtieron acerca de lla grave situación que atraviesa el periodismo y las medidas que tomó el Gobierno durante los últimos dos años, que significaron un ataque a la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo. En esa línea, detallaron: «La autorización de ENACOM a la fusión Telecom Cablevisión o la nueva prórroga para la presentación del proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes, vino acompañado de una serie de acciones gubernamentales de extrema gravedad para el ejercicio del derecho a comunicar que no pueden pasarse por alto». Además, advirtieron acerca de «la represión indiscriminada con gases y balas de goma a cronistas y reporteros gráficos en diversas movilizaciones» como la ocurrida el 18 de diciembre, que «culminó con 36 trabajadores de prensa heridos y 4 detenidos con inicio de causas judiciales». «Es más que clara la búsqueda de intimidación de parte del gobierno para quienes desarrollan la tarea de informar a la sociedad en democracia», sostuvieron. En cuanto a la reciente ola de despidos y retiros voluntarios en las señales educativas Paka Paka, Encuentro y DeporTV, actualmente bajo la órbita del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos a cargo de Hernán Lombardi. y el anuncio de 180 despidos en la producción de contenidos de TDA y Radio Nacional» fueron contundentes: «Observamos una política que busca disminuir a su mínima expresión a los medios públicos para que la producción de contenidos sea nuevamente monopolizada por el capital privado». «Las carreras de periodismo y comunicación social nucleadas en la REDCOM decimos basta de represión a las y los trabajadores de prensa, basta de despidos y retiros inducidos, basta de un estado que regula a la medida de los requerimientos de las principales empresas de comunicación. Abogamos por leyes que emerjan del debate social participativo, por el respeto a la libertad de expresión y al derecho a la protesta, por la defensa del paradigma de una comunicación verdaderamente democrática», concluye el comunicado.  

El represor integró el Servicio Penitenciario bonaerense y fue torturador en el centro clandestino La Cacha. Fue condenado por 43 privaciones ilegales de libertad, 127 casos de tormentos que incluyeron abusos sexuales y numerosos homicidios doblemente calificados por alevosía. Durante la última dictadura Héctor «El Oso» Acuña integró el Servicio Penitenciario bonaerense y fue torturador en el centro clandestino La Cacha. Una joven menor de edad, con quien tenía un vínculo familiar denunció que abusó de ella durante diez años, incluso estando detenido en la cárcel de Marcos Paz. El represor, que fue reconocido por los sobrevivientes de La Cacha como uno de los interrogadores y torturadores de ese centro clandestino de detención, abusó de una niña que estaba a su cuidado. La joven nació en 1993 y fue víctima de Acuña desde que tenía solo cinco años. Incluso lo sufrió durante las visitas a la cárcel de Marcos Paz, luego de que el represor fuera condenado y apresado en 2006. La joven, quién fue amenazada por Acuña para que no hablara, tenía un vínculo familiar, mientras sus padres trabajaban. Entre los cinco y los 14 años (entre 1998 y 2007) sufrió los abusos del represor. “Los hechos fueron sostenidos en el tiempo y adquirieron una gravedad progresiva a medida que la niña crecía”, detalla la denuncia presentada por la UFEM, que ahora tiene el juez federal de Morón Jorge Rodríguez. En 2006, Acuña fue arrestado por delitos de lesa humanidad. La víctima fue llevada al penal de Marcos Paz para verlo cuatro veces y el represor, aun en ese contexto, buscaba alguna excusa para quedar a solas con ella, sobre todo cuando las visitas se hacían en unos boxes privados de la cárcel. “Resulta evidente que es el fuero federal el ámbito ante el cual deben ser investigados y juzgados los abusos sexuales que se imputan a Acuña, ejecutados durante su detención en la Unidad penitenciaria federal, valiéndose de un ámbito que le era completamente conocido y en el que, en violación de normas reglamentarias, obtuvo las condiciones propicias para continuar con los hechos que perjudicaban a (la denunciante). En este último aspecto, no puede descartarse la participación de agentes penitenciarios con el fin de concretar y/o facilitar dichos abusos, lo que deberá formar parte de la presente pesquisa, en caso que se estime corresponda”, advirtió Labozzetta en su presentación. Acuña fue encontrado culpable de 43 privaciones ilegales de libertad, 127 casos de tormentos y de los homicidios doblemente calificados por alevosía de Olga Noemí Casado y Laura Carlotto, la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. El tribunal describió a Acuña como una persona con gran autoridad entre los miembros de las fuerzas de seguridad, antisemita y muy temido por las víctimas por su salvajismo y violencia.  Recién cuando tuvo 16 años la denunciante le pudo contar a su mejor amiga lo que le había pasado, quién también declaró ante la UFEM y relató que la joven aseguraba que no podía denunciar a Acuña porque él afirmaba que si decía algo iba a matar a miembros de su familia. La presentación se hizo en octubre del año pasado. Mientras, Acuña estaba intentando obtener el beneficio del arresto domiciliario.

Previo al cierre de la empresa autopartista, se acordaron ayudas nacionales y provinciales para los desempleados, mientras el Gobierno provincial apura las gestiones para reincorporar a la mayor cantidad posible de empleados en otras fabricas. Tras resistir más de un año con suspensiones pero pagando el sueldo de su personal, este miércoles la autopartista Itec anunció el cierre definitivo de su planta en Santa Lucía, ya que Peugeot -era su único cliente- confirmó que no le comprará más los mazos de cable que fabricaba. La noticia fue confirmada por Rodolfo Barrios, gerente de la firma que permaneció durante 31 años en San Juan y tuvo varios dueños en la última década desde que la promoción industrial desapareció. De esta manera deja a 359 empleados en la calle y sin cobrar indemnización. Hoy se inició una convocatoria de acreedores para presentar posteriormente una quiebra. Previo al cierre, se acordaron ayudas nacionales y provinciales para los desempleados, mientras el Gobierno provincial apura las gestiones para reincorporar a la mayor cantidad posible de empleados en otras fabricas. Según detalló Diario de Cuyo este jueves en su edición impresa, hay 4 empresas interesadas, según confirmaron fuentes oficiales, que están dispuestas a tomar a la mayoría del personal. Hasta el momento hay posibilidades para el 80 por ciento de los trabajadores, aunque se siguen buscando firmas para tomar a los otros 70 trabajadores. Pese a no percibir indemnización, los 359 empleados recibirán un Seguro de Desempleo Ampliado de $8.860 que dará la Nación por los próximos 6 meses, ampliable a otros 6 más. En este marco, las empresas que los incorporen podrán descontarlo del salario que les correspondería pagar. Si el personal no es reincorporado, igual cobrará el subsidio. Además se acordó que cobren dos cuotas más de $3.000 del subsidio nacional Repro, una a fines de enero y otra a principios de febrero. La provincia a su vez pagará $1.000 a cada trabajador del subsidio Repip adeudado de septiembre de 2017, según se acordó en una reunión mantenida durante la mañana en el Ministerio de Producción, que duró hasta las 14.

 La utilización de la capacidad instalada del sector secundario crece igual que los despidos. En economía no hay mucho misterio: lo que falta a un lado de una ecuación sobra en el lado opuesto. En la primera semana del año, la industria y el gobierno nacional festejaron un aumento de la utilización de los recursos en las fábricas argentinas, un indicador de que la productividad de las empresas iría por carriles positivos. Sin embargo, las autoridades públicas y privadas no mencionaron que el dato coincide con la tendencia descendente del empleo industrial que reconocen las propias estadísticas oficiales. Es cierto que el nivel del sector secundario de la economía todavía no superó el de 2015, pero los datos disponibles ponen en evidencia un signo de estos tiempos: las empresas están produciendo más con menos trabajadores. El aumento de la productividad es uno de los horizontes del empresariado en el camino hacia la tan mentada “competitividad” de las compañías que operan en el mercado local. El tema quedó más que claro en el debate sobre las reformas económicas que, entre otros temas, proponen aumentar la edad jubilatoria o discutir la extensión de la jornada laboral. Aunque las reformas todavía no hacen sentir los efectos que prometen, los resultados ya se ven. El lunes el Indec publicó su informe de Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria (UCII), que se ubició en el 69,2% en noviembre de 2017, por encima del 68,4% que marcó en igual mes de 2016, una información que el ministro de Producción, Francisco Cabrera, festejó en las redes sociales. El ente estadístico nacional destacó: “Considerando el período enero 2016-noviembre 2017, el nivel de utilización de la capacidad instalada en la industria alcanzado en noviembre de 2017 constituye el máximo valor registrado de la serie”. Pero la tendencia no se refleja en el empleo, que según el último dato del Ministerio de Trabajo, correspondiente a octubre de 2017, presentó aumentos en la construcción, el comercio, el sector inmobiliario, los servicios y la enseñanza pero no en la industria manufacturera, donde se perdieron 21.300 puestos solamente en el décimo mes. La mano de obra de la industria sufrió en el onceavo mes del año pasado una caída interanual del 1,8 por ciento; de acuerdo al informe oficial, el peor resultado de toda la economía. A la hora de las interpretaciones, el gobierno y las empresas recaen en el recurso de la pesada herencia y defienden la supuesta “necesidad de políticas pro competitividad” como condición sine qua non para destrabar la situación. Pese a que llegó con promesas de generar empleo de calidad a montones, a dos años de su llegada al poder, el gobierno de Cambiemos todavía no encontró la manera de empezar a mostrar resultados.

Se permite la circulación de camiones con doble acoplado y habrá que sacar un registro específico para andar en cuatriciclos. Bienes del Ejército y los aeropuertos que controlan las Fuerzas Armadas pasan a la administración civil. El presidente Mauricio Macri va a dictar mañana un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con 170 medidas, para simplificar regulaciones y potenciar la producción en 11 áreas del Estado. «La desburocratización y la simplificación de los procesos en el Estado son para bajar los costos improductivos de la economía, con el concepto de reforma permanente que planteó el presidente Mauricio Macri», dijo el ministro de Producción, Francisco Cabrera. Y aseguró que el objetivo del Gobierno es bajar $100.000 millones en costos de producción, en un plazo de dos años, y este DNU se inscribe en ese objetivo. Pese a que Macri está de vacaciones, varios de sus funcionarios dieron una conferencia de prensa para explicar cuáles son las principales medidas que contiene el DNU. Una de las medidas que anunció el Gobierno fue la habilitación de los «bitrenes», camiones con doble acoplado, en algunas rutas del país, que permiten «reducir los costos logísticos en más del 20%», dijo Pedro Sorop, jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte. Es que hasta ahora solo podían circular camiones con doble acoplado en la provincia de San Luis, pero no en el resto del país; mientras que a partir de mañana se habilitan libremente los de hasta 20,5 metros, que podrán llevar hasta 60 toneladas, en lugares como el Puerto de Rosario y las rutas que cruzan a Brasil, donde también están habilitados los bitrenes. Y se van a habilitar varios corredores para bitrenes más largos. Por ejemplo, mañana la forestal Arauco hará una prueba piloto con uno de 25,5 metros en la ruta que va de Zárate hasta Virasoro, en Corrientes. Esta es una medida que el camionero Hugo Moyano venía resistiendo, ya que implica el uso de menos camiones. «Moyano sabía que esto era inevitable», dijo uno de los funcionarios. Y agregó que además se eleva el peso que pueden llevar los camiones con un acoplado de mayor porte, que podían transportar 45 toneladas de mercadería y ahora podrán llevar hasta 55 toneladas. Otra de las medidas que se anunció fue un marco regulatorio para los cuatriciclos, que se categorizaban como motos y a partir de ahora tendrán que sacar un registro específico y su circulación estará circunscripta a terrenos públicos delimitados por autoridades locales. «Antes se ignoraba el problema, pero decidimos definir qué es un cuatriciclo, que haya un registro habilitante específico y una verificación técnica obligatoria», dijo Sorop. El secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, destacó los beneficios de «digitalizar los registros». También mencionó las medidas que se dictan para simplificar los trámites para importar y exportar obras de artes. Se elimina la necesidad de un decreto presidencial para habilitar puertos, así como para la instalación de nuevas terminales automotrices o si hay un cambio de dueños. Y se quita la posibilidad de preferencias de estacionamiento a funcionarios públicos, tanto de nivel nacional como provincial, «dado que eran privilegios injustificados», dijeron en la conferencia de prensa que se hizo este miércoles por la tarde en el Palacio de Hacienda. El decreto crea la Secretaría de Simplificación Productiva, a cargo de Pedro Inchauspe, quien también participó de la conferencia de prensa. La nueva normativa se publica mañana en el Boletín Oficial y agrupa 170 medidas en los ministerios de Producción, Transporte, Modernización, Trabajo, Finanzas, Cultura, Agroindustria y Energía; el Banco Central, la ANSES y la Administración de Bienes del Estado (AABE). Por ejemplo, a partir de ahora será éste último organismo el que administre los campos, inmuebles y animales que le pertenecen al Ejército, ya que se deroga la Ley de Abastecimiento, de 1952, que promovía la producción agropecuaria e industrial del Ejército para que pudiera autoabastecerse en caso de guerra. También se le quita al Ministerio de Defensa el control del tráfico aéreo en nueve aeropuertos, como los de Tandil y El Palomar, que pasarán a manos de la empresa estatal EANA, que ya realiza el control en el resto de los aeropuertos del país. En total, estas medidas introducen 140 modificaciones en leyes o decretos y derogan otras 19 leyes o decretos. Una de las normas que se elimina es la del Registro Industrial de la Nación (RIN), creado en 1972 y que exigía la inscripción de todas las industrias, sin ningún beneficio claro para ellas. Además, se le da al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES nuevas herramientas, como la posibilidad de crear fideicomisos.