Más de la mitad de los despedidos, son mujeres. Entre los 70 despidos anunciados días atrás en el Ministerio de Defensa, más de la mitad son mujeres. Uno de estos despidos corresponde a la Dirección de Políticas de Género, que ya tiene de por sí un equipo reducido. Este área fue creada en 2009 durante la gestión de la ex ministra Nilda Garré y es dependiente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH). Se trata de una asesora jurídica que lleva más de 60 casos judicializados de militares acusados de abuso sexual infantil, violencia machista y acoso laboral de las tres fuerzas. Este recorte significa un repliegue sobre avances históricos. En marzo del año pasado, desde este área se logró por primera vez en que el Consejo General de Disciplina destituya de un militar por un caso de violencia machista. Se trata de un mayor del Ejército que le fracturó un brazo a su pareja, también de las Fuerzas Armadas. El desarrollo de una agenda con perspectiva de género en el ámbito de Defensa empezó después de que el ex presidente Néstor Kirchner nombrara una mujer al frente del Ministerio. Garré fue la primera mujer ministra de Defensa en la historia del país. Su gestión creó 21 Oficinas de Género, que funcionan en las unidades militares más grandes y en escuelas de formación como el Colegio Militar o la de Suboficiales y 11 equipos interdisciplinarios de violencia intrafamiliar, en distintos espacios. Se abrieron espacios y hubo cambios específicos para transformar la institución en un lugar más igualitario pero también para que las mujeres militares y sus familias tuvieran ámbitos donde denunciar violencia machista o acoso laboral y estar acompañadas. El recorte en el área de género implica disminuir un 25 por ciento del personal y dejar más de 60 casos sin tramitación. Los organismos de derechos humanos pidieron una reunión con el Ministro de Defensa Oscar Aguad y no los recibió. El jueves habrá paro convocado por ATE por esta nueva ola de despidos en el Estado que, además de los ocurridos en Defensa, supera 500 personas sin trabajo.

La información ya está en manos del juez Torres, quien lo llamará a indagatoria: ¿quién es el agente y a qué fuerza responde? La Policía de la Ciudad identificó al agente que le arrojó gas pimienta a un jubilado que estaba detenido en la calle durante la protesta contra el ajuste del gobierno del pasado 18 de diciembre y aportó sus datos al juzgado de Sergio Torres.Según difundió el portal Infobae, tras revisar las imágenes de la agresión, difundidas a través de las redes sociales el día de la protesta, la oficina de Transparencia y Control Externo de la fuerza porteña informó al juez federal Sergio Torres que el efectivo policial en cuestión es Alfredo Martín Luna, integrante de la División Intervenciones Urbanas de la Policía de la Ciudad.Tras ello, Luna será llamado por el juez Torres, encargado de llevar adelante la investigación de los hechos ocurridos el pasado lunes 18 de diciembre, para prestar declaración indagatoria en los próximos días. En el video en cuestión se puede observar como Luna, junto a otro uniformado, rocía con gas pimienta a un hombre visiblemente mayor que estaba quieto y parado sobre la vereda y luego es golpeado con un palo.

Los gremios UPCN y ATE relevaron esa cantidad de cesantías en la administración nacional durante diciembre, y la cifra se elevaría a 2600 en el corto plazo; el Gobierno los atribuyó al ausentismo. El Recorte seguirá hasta marzo. Cuando Mauricio Macri tomó el control de la Casa Rosada activó una política de desvinculaciones y ruptura de contratos que heredó de la gestión anterior. El recorte más amplio, de unas 10.000 personas, se concretó entre 2015 y 2016. Desde entonces y hasta la actualidad, se abrió una etapa de evaluación técnica y de control de presentismo en cada organismo de la administración pública nacional y entes descentralizados que derivó en 1191 cesantías, sólo en diciembre pasado. Las casi 1200 bajas que se concretaron recientemente fueron relevadas en 15 organismos por los gremios estatales ATE y UPCN. La cifra podría incrementarse a 2600 en marzo, ya que durante el verano caducan muchos contratos temporarios. Estas desvinculaciones son adicionales al plan oficial de reducir en un 20 por ciento los cargos políticos y jerárquicos que impulsó el Presidente y que coordina el jefe de Gabinete, Marcos Peña. El rastrillaje de los contratos en la administración pública quedó en manos del ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Desde su área, indicaron ayer a LA NACION que los contratos no renovados serían menos de los que afirman los sindicatos. «No hay despidos masivos. Tal vez son 600, la mitad de lo que dicen. Todos los casos tienen una justificación en base al control de presentismo y la evaluación interna», dijo una fuente oficial. Ibarra, que inició ayer una semana de vacaciones en Chapadmalal, argumentó entre su equipo los motivos de la no renovación de algunos contratos. Destacó la rigurosidad del control de presentismo y las evaluaciones internas que se dieron en cada ministerio y entes descentralizados. Ejemplificó con casos de ausencias sin justificación, enfermedades prolongadas e incumplimiento de tareas. Los organismos que más bajas sufrieron hasta ahora fueron Fabricaciones Militares, con 354 despidos en lo que va de 2018 (ver aparte), y la Televisión Digital Abierta, con 180. Uno de los desafíos de la Casa Rosada será llegar a que sólo el 10 por ciento de los aproximadamente 200.000 empleados de la administración pública nacional esté bajo la modalidad de contrato temporario que se rigen por el artículo 9 de la ley de empleo público (25.164). La legislación impone que no debería superar el 15 por ciento del total de la plantilla las contrataciones temporarias. Hoy estaría por encima del 30 por ciento, según fuentes de UPCN. «Se desvirtuó con [Domingo] Cavallo durante el gobierno de [Fernando] De la Rúa», argumentaron en el gremio que lidera Andrés Rodríguez, integrante de la cúpula de la CGT. El histórico reclamo sindical es por el cumplimiento de la ley marco de regulación del empleo estatal, que pone la lupa sobre la cantidad de contratos irregulares que desde hace años se multiplican en la administración pública. Rodríguez tuvo en diciembre más de un encuentro con Ibarra y con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. En uno de ellos les dio la garantía de que no reclamaría un bono de fin de año justo cuando desde algunas provincias se anunciaba el pago de un plus para estatales. La señal de austeridad se dio durante la misma charla en la que se negoció sobre el recorte de cargos y en la que se pactó no avanzar sobre el personal de planta permanente. Marginado de las reuniones, Hugo Godoy, jefe gremial de ATE Nacional, llamó para hoy al primer paro nacional de estatales del año (ver aparte). Desde ATE acusan a sus pares de UPCN de haber bajado la guardia y no empujar un conflicto por las bajas. El gremio de Godoy activó ya 16 protestas de alcance nacional desde que Macri llegó al poder. UPCN, por sí sola, ninguna. «Lamentablemente el Gobierno no dio una respuesta para que se genere un espacio de discusión y ante nuestros reclamos por los despidos decidimos parar. Hay que ponerle un límite porque no vamos a permitir que siga aumentando el número de despidos», dijo Godoy. La pulseada interna entre ATE y UPCN es histórica. En la negociación colectiva, UPCN es el que lleva la voz de mando, ya que es el mayoritario en términos de afiliados que aporta con su cuota sindical. Durante el kirchnerismo, ATE siempre firmó en disidencia los acuerdos salariales que sellaba Rodríguez. Sucede lo mismo en la era Macri. «El ajuste de Macri no es redituable, si lo quieren buscar desde el Gobierno por el lado del ahorro. En 2016 echaron a 10.000 personas de bajo rango, pero incorporaron otras 10.000 con salarios más altos, de 70.000 pesos», se quejó un dirigente de ATE. En paralelo a la política de desvinculaciones, el Gobierno amplió en la administración pública un plan de retiro voluntario y de jubilación anticipada como parte del ajuste. Uno de los casos paradigmáticos sería el del Correo Argentino, que cuenta con más de 16.000 empleados y es una de las empresas del Estado que más dinero le demanda al Tesoro. El objetivo a corto plazo de la compañía postal sería reducir al menos un 10% de su plantilla. De concretarse, elevaría el cálculo de bajas que pronosticaron los dos gremios estatales. Las etapas para reducir cargos Plan de gobierno Macri estableció como una de sus prioridades «achicar» el Estado. No sólo se refiere al personal, sino también a los organismos Bajas Entre 2015 y 2016 se dieron de baja unos 10.000 contratos heredados del kirchnerismo. Luego se activó una etapa de control de presentismo y evaluación en cada sector. Los resultados de esta iniciativa fueron decisivos para los nuevos recortes Cargos políticos En paralelo, Macri anunció el recorte de un 20% de los cargos políticos y jerárquicos. Busca ahorrar así más de 1000 millones de pesos. Fuente: La Nación

La Defensoría del Pueblo exige a la Secretaría que lleva adelante Mac Allister a que cumple con la autorización judicial. La Defensoría del Pueblo de la Nación instó a la Secretaría de Deportes a que garantice la inscripción de jugadoras trans en los equipos femeninos de hockey, luego de la autorización judicial que permitió que una persona de ese colectivo juegue en un club de Rawson. La Federación Argentina LGBT aseguró que la Defensoría instó al organismo que dirige Carlos Mac Allister a que «haga garantizar a la Confederación Argentina de Hockey el cumplimiento de lo que establece la Ley de Identidad de Género». «La Defensoría instó además a rectificar lo que expresa la Circular 33/17, que emitió la Confederación de Hockey que estipula cláusulas discriminatorias y contrarias a la legislación local», detalló la Falgbt en un comunicado. Estas cláusulas que esa entidad considera discriminatorias consisten en que la Confederación establece como condición para aceptar a una jugadora trans en sus equipos que no modifique con fines deportivos durante cuatro años su declaración de cambio de género, de masculino a femenino. También que se someta a análisis para demostrar que su nivel de testosterona en suero está por debajo de los 10 nmol/l y que este nivel permanezca al menos 12 meses antes de su primera competencia para minimizar cualquier ventaja en una competencia femenina. La Falgbt y la Defensoría LGBT porteña junto con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta) habían presentado amparos judiciales y una denuncia ante el Inadi para que la jugadora Jessica Millamán pueda jugar en su condición de trans en el club Germinal de Rawson. En abril del año pasado la Justicia falló a su favor. A partir de este fallo otras jugadoras trans como Natasha Sánchez Río, de Sportivo Desamparados de San Juan; Saira Millaqueo, del club Palihue de Bahía Blanca; Victoria Liendro, del Club San Francisco de Salta, y Mía Gamiatea, del Club Cruz Azul de la Primera División B de San Luis, buscan ser aceptadas en sus clubes. «La Ley de Identidad de Género incluye al deporte y el contexto actual permite que las compañeras trans puedan competir con sus identidades autopercibidas. En los Juegos Olímpicos se reconoce este derecho. Nos preocupa profundamente el retroceso que se viene dando en distintos escenarios de nuestro país», sostuvo Marcela Romero, presidenta de la Falgbt y Attta.

En plena feria y a 15 días de haberle otorgado la prisión domiciliaria, la justicia jujeña retomó una denuncia contra la dirigente social por supuesto “lavado de activos». Desde la Tupac Amaru denunciaron: «El Poder Judicial de Jujuy sigue al servicio del gobierno provincial como instrumento de persecución política”. «Necesitan mantener el mito de Milagro ladrona», advirtieron. En plena feria judicial, el poder judicial jujeño retomó una denuncia contra la dirigente social Milagro Sala por supuesto “lavado de activos” y ordenó 21 allanamientos simultáneos. Desde la Tupac Amaru aseguraron que se trata de una estrategia del gobierno de Morales para»mantener el mito de la Milagro ladrona”. El caso está a cargo del juez Isidoro Cruz, quien el 29 de diciembre pasado firmó las órdenes de allanamiento en la vivienda de Sala y remoción de tierra con retroexcavadoras en un predio de la localidad de El Carmen, en búsqueda de supuesto dinero enterrado. Uno de los operativos se llevó a cabo en la vivienda de la dirigente social y otros en propiedades donde se harán excavaciones para buscar dinero supuestamente enterrado. “Necesitan seguir con el show” y “mantener el mito de la Milagro ladrona”, acusó la organización, a través de un comunicado. La avanzada judicial se da a 15 días de haberle otorgado la prisión domiciliaria en una vivienda que no es la suya y a menos de un mes de haber sido absuelta en una causa por amenazas a policías. Esta vez, el fiscal que pidió los allanamientos es Darío Osinaga, el mismo que acusó a Sala en el caso «de las bombachas» en el que la justicia determinó que había falta de pruebas. La nueva causa contra Sala data de febrero del año pasado y está caratulada como “lavado de activos” e involucra también a su esposo, Raúl Noro, y a algunas de los integrantes de la Tupac Amaru que están detenidas, como Gladis Díaz y Mirta “Shakira” Guerrero. También a Marcos Quispe y Tito Fredy. A través de un comunicado en el que afirma que el allanamiento realizado hoy en la vivienda real de Sala, ubicada en el barrio de Cuyaya, es el cuarto que se hace en el marco de distintas causas, la Tupac Amaru denunció: «El Poder Judicial de Jujuy sigue al servicio del gobierno provincial como instrumento de persecución política”. La organización barrial también indicó que “se repite lo mismo que hicieron el año pasado, cuando en pleno enero iniciaron una causa vinculada con hechos de años anteriores, sin que mediara, como en este caso, urgencia alguna”.

La Unión de Trainviarios Automotor local manifestó que no descartan realizar un cese de actividades debido al incumplimiento en el pago de salarios adeudados a los choferes. El conflicto se desató porque algunas empresas manifestaron que abonarán fuera de tiempo y forma los salarios adeudados del mes de diciembre. El argumento de los empresarios es que desde Nación han demorado en depositar los subsidios correspondientes. Los trabajadores planean realizar escraches a las empresas que hasta el día de mañana no hayan abonado los salarios a sus trabajadores y de persistir el incumplimiento podría realizarse el paro total de actividades del transporte.  

Estados Unidos oficializó sus medidas antidumping contra el biodiesel argentino.El aumento del 72 por ciento en los aranceles impuestos por el país norteamericano a la Argentina fue oficializado en el Boletín Oficial de la Casa Blanca. El biocombustible era el principal producto de exportación a Estados Unidos y ahora buscarán compensar su salida introduciéndolo en el mercado europeo. Los reclamos y negociaciones de la Argentina durante 2016 para que Estados Unidos baje los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump al biodiesel argentino terminó fracasando luego de que queden oficializados en el Boletín Oficial. De esta forma la medida antidumping alcanzará trabas de hasta el 72 por ciento para ingresar al mercado norteamericano. La norma lleva la firma de la International Trade Administration del Departamento de Comercio y estará vigente desde el día de hoy. El argumento central es que al igual que los productos de Indonesia perjudican materialmente a la industria de Estados Unidos, de esta forma y según la publicación oficial Louis Dreyfus Corporation Argentina deberá pagar 72,28 por ciento de arancel, Vicentín desembolsará 71,45 por ciento y el resto de las empresas, 71,87 por ciento. Tras el cierre del mercado norteamericano, los productores exportaron unas 300.000 toneladas de biodiésel a Europa en el tercer trimestre y prevén sacar a Europa en 2018 un 65 por ciento de lo que se enviaba a los Estados Unidos, por una cuestión estacional. La reapertura del mercado europeo llega después de cuatro años. Hace unas semanas el Presidente Mauricio Macri negó un conflicto con Donald Trump y calificó la medida antidumping como «un conflicto entre privados». «Eso fue entre el sector privado, un conflicto entre miembros del sector privado, fue un panel que el Gobierno intentó mediar pero fracasó por intransigencia de ambos sectores privados», argumentó.