En el programa de Jorge Lanata, se dio a conocer la presunta mal destinación de fondos de parte de la Secretaria de Deportes de la Nación. El periodista de Canal 13, Jorge Lanata habló el domingo pasado en el programa Periodismo Para Todos (PPT), sobre el subsidio que reciben diferentes clubes, entre ellos aparece el Huarpes Polo Club de la provincia que reside en Caucete. Habría recibido fondos que en realidad no condice con el espíritu de la norma, que intenta favorecer a clubes con pocos socios. El informe fue presentado por el periodista como «Corrupción de Alto Rendimiento», en el que informaba sobre cómo supuestamente reparte dinero discrecionalmente. Además, acusan el accionar del subsecretario de Deportes y Alto Rendimiento, Orlando Moccagatta, ya que se lo acusa de favorecer a una empresa, con la que tuvo vínculos contractuales, en la construcción de piletas olímpicas en diferentes provincias y municipios.  Fuente: www.damenoticias.com

Los precios de los medicamentos se duplicaron en los últimos dos años y las prepagas registraron una suba del 84,4% en el mismo período, según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (UNDAV). Para estudiar la evolución de los precios de los medicamentos y poder medir el impacto que han tenido las subas de los últimos meses sobre la población consumidora de fármacos, se llevó a cabo un relevamiento de precios sobre una canasta de 123 productos de diversas características, marcas, función y origen, señala el estudio. En ese sentido, y de acuerdo al relevamiento realizado, desde noviembre de 2015 hasta noviembre de 2017 los fármacos relevados incrementaron sus precios en promedio 102% con una variación nominal «muy superior al incremento en el nivel general de precios», detalla. Entre los medicamentos que más aumentaron figuran los correspondientes al tratamiento de tiroides con una suba del 183%, los broncodilatadores un 157%, los antidepresivos un 154%, y los antiespasmódicos un 134%. Asimismo, el texto señala que «la suba de precios en bienes y servicios relacionados con la salud no se detiene y que el incremento de los gastos en salud presiona el presupuesto familiar, al ocupar una porción cada vez mayor del total de ingresos». Y agrega que la particularidad distintiva de ese conjunto de productos es que se trata de «bienes inelásticos». Esto significa que la sensibilidad de respuesta de la demanda ante incrementos en el precio es baja. Por otro lado, a pesar de que muchos ciudadanos siguen optando por un mayor uso de la salud pública, sufren cotidianamente la falta de insumos, demoras excesivas y carencia de equipamiento adecuado, remarca el Observatorio el Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV. Señala, además, que hubo una suba del 84,4% en las cuotas de las prepagas en los últimos dos años. «En 2017 se registraron subas en cuatro oportunidades, además de un próximo incremento autorizado para diciembre del 6%. Así, los incrementos señalados fueron del 6% en febrero, 6% en julio, 5% en agosto y 5% en septiembre. De ese modo, la suba para todo el año será del 31,3%, entre seis y siete puntos porcentuales más que la inflación que se espera para el consolidado 2017», detalla. Por último, agrega que en octubre de 2017, la inflación acumulada desde enero para el IPC nacional es de 19,5%, mientras que el rubro salud, el incremento fue del 23,2% lo cual afecta negativamente el costo de vida de los jubilados. Fuente:  www.ambito.com

José Ignacio García Cuerva, de la villa La Cava, y Gustavo Carrara, de la vila 1-11-14, serán obispos auxiliares en Lomas de Zamora y en Buenos Aires, respectivamente El papa Francisco nombró obispos a dos curas villeros. José Ignacio García Cuerva, párroco en la villa La Cava será obispo auxiliar de Lomas de Zamora, mientras que Gustavo Carrara, párroco en la Villa 1-11-14, será el nuevo obispo auxiliar de Buenos Aires, secundando al cardenal Mario Poli. García Cuerva, de 49 años, nació en Río Gallegos y se formó en la diócesis de San Isidro, donde acompañó el trabajo pastoral de los obispos Jorge Casaretto y Ojea. Luego de ser ordenado sacerdote, en la Catedral de San Isidro, se recibió de abogado por la Universidad Católica de Salta. Su primer destino como sacerdote, en 1997, fue la parroquia de La Cava, donde asumió como párroco hace tres años. Entre 2006 y 2014 condujo la parroquia Santa Clara de Asís, de El Talar. Fue vicepresidente de Cáritas San Isidro y desde hace cuatro años integra la Comisión Nacional sobre la Drogadependencia del Episcopado. Trabajó mucho tiempo en la pastoral penitenciaria, donde varias veces advirtió sobre las deficiencias de las condiciones carcelarias. Ahora acompañará en la diócesis de Lomas de Zamora al jesuita Lugones, que acaba de ser elegido presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado. Carrara, de 44 años, había sido designado en 2011 vicario para las villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, función que había desempeñado el padre Pepe Di Paola. De perfil bajo, fue ordenado sacerdote en 1998 por el cardenal Jorge Bergoglio y realizó trabajos pastorales en la parroquia Nuestra Señora de Luján de los Patriotas, en Mataderos, en el santuario San Cayetano, de Liniers, en la iglesia Inmaculada Concepción, de Belgrano. Párroco en Villa Soldati, desde 2009 se desempeña en Santa María, Madre del Pueblo, en la villa de emergencia 1-11-14 del Bajo Flores, frente al estadio de San Lorenzo, donde conviven más de 30.000 personas. Fuente: http: www.infonews.com

Seis mujeres y seis hombres fueron seleccionados para integrar el jurado popular que hoy comenzará juzgar al único imputado por el crimen de Melina Romero, la adolescente hallada asesinada en 2014 cerca de un arroyo de la localidad bonaerense de José León Suárez. Además de los 12 miembros del jurado titular, fueron seleccionados otros seis suplentes -tres mujeres y tres hombres- por si eventualmente llegara a necesitarse un reemplazo. La selección se llevó a cabo entre 60 candidatos, durante una audiencia realizada esta mañana en los tribunales de Ricardo Balbín 1753, de San Martín, encabezada por el juez Francisco Pont Vergés, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5. Fuentes judiciales informaron que entre los elegidos hay operarios y amas de casa de mediana edad y dos jubilados, quienes debieron responder preguntas tales si tienen hijas mujeres, si sufren de alguna enfermedad, si escuchan bien lo que se habla en la sala o si alguno le toca de cerca este caso en particular. Tras la selección, el TOC 5 dispuso un cuarto intermedio de una hora para luego dar inicio al debate con la declaración del primero de los 55 testigos previstos: Ana María Martínez, la madre de Melina. La acusación en el juicio estará sólo impulsada por el particular damnificado, ya que la fiscalía decidió no ir en contra del único acusado, Joel Fernández (20), alias «Chavito», quien llegó al debate libre, por considerar que no hay suficientes pruebas que lo vinculen al hecho. Si bien la causa tuvo varios imputados, el único en llegar al debate es Fernández, acusado de «homicidio agravado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y por la condición de mujer de la víctima, en concurso real con abuso sexual agravado por ser cometido mediante acceso carnal seguido de muerte y privación ilegal de la libertad coactiva», que prevé la pena de prisión perpetua. El abogado Marcelo Biondi es quien representa a la familia de Melina como particular damnificada, en el que será el primer juicio por jurados desde que se puso marcha el sistema en 2015 donde no estará la fiscalía. Es que en febrero del año pasado y cuando la causa ya estaba elevada a juicio oral, la fiscal María Fernánda Billone planteó que no contaba con suficientes pruebas para seguir impulsando la acusación ni contra Fernández ni contra los otros imputados: César Sánchez (46), conocido como «el Pai César» y Elías Fernández (22), alias «el Narigón». Ante este panorama, todos los defensores pidieron el sobreseimiento de sus clientes, pero el abogado Biondi decidió continuar con la acusación contra «Chavito», a lo cual se hizo lugar. En la causa hay una «testigo clave», una joven cuya identidad se mantiene en reserva y que declaró que Melina fue asesinada durante una «fiesta» de sexo, drogas y alcohol en una casa de la localidad bonaerense de Pablo Podestá, a la que también ella concurrió. Siempre según esa adolescente, que era menor cuando ocurrió el hecho, la víctima luego fue transportada dentro de una bolsa, en un auto, hasta el arroyo donde fue hallada. Una psicóloga que también se espera que declare aseguró que el relato era creíble y que la chica había atravesado una situación traumática, aunque la joven tiene una causa abierta por «falso testimonio». Melina (16) fue vista con vida por última vez el 24 de agosto de 2014, cuando salió del boliche «Chankanab» de San Martín, adonde había ido a festejar su cumpleaños. Tras la denuncia de la familia de la joven, la Policía inició su búsqueda hasta que un mes después fue hallada asesinada a orillas del arroyo Morón, a pocos metros del predio de la Ceamse, en José León Suárez. La autopsia estableció que la joven había muerto por «sofocamiento» entre 20 y 25 días antes de ser hallado su cadáver y que sufrió un infarto fulminante por el estrés que estaba padeciendo, pero la mecánica de la muerte aún no está clara debido al avanzado estado de putrefacción en que se halló el cuerpo. Si sos víctima de violencia de género comunicate con el 144, una línea gratuita que funciona en todo el país, las 24 horas, los 365 días del año.

Se trata de un plan del Gobierno para limitar los regímenes especiales. Abarca a jueces, diplomáticos y varios gremios, como el docente. Apuntan a revertir el déficit previsional. Mientras el Senado se apresta a debatir la reforma jubilatoria, en la Casa Rosada ponen el acento en el gasto que generan las jubilaciones de privilegio. Según cálculos del equipo económico, este año por los regímenes especiales el Estado deberá destinar unos $ 79.000 millones. Para avanzar sobre las” inequidades” del sistema previsional, el Ejecutivo incluyó un artículo en el pacto fiscal con los gobernadores, que también se tratará esta semana en la Cámara alta. Las jubilaciones que se crearon por leyes o por decretos especiales benefician a 374.296 personas. Afirman en el Gabinete económico que sin estos regímenes el sistema previsional sería superavitario y los recursos alcanzarían hasta 2030, sin necesidad de tocar la edad jubilatoria. En los próximos días se buscarán modificar los regímenes de diplomáticos, judiciales y de los trabajadores de Luz y Fuerza, incluyendo mayores aportes o elevándoles la edad jubilatoria. Luego seguirán por el de los docentes. Los regímenes especiales permiten que los trabajadores se jubilen sin esperar a los 60 años en el caso de las mujeres y 65 en el de los hombres, o tener 30 años de aporte. En algunos casos les permite aportar menos dinero que el resto. Un documento, al que accedió de forma exclusiva Clarín, detalla sector por sector lo que el Estado debe desembolsar en jubilaciones «preferenciales». «Lo que está en juego es un punto del PBI y si no hacemos una corrección en lo inmediato, serán el resto de los jubilados quienes tengan que afrontar el costo de sostener los privilegios que gozan unos pocos», sostienen en el Gobierno. El plan es ahorrar gradualmente el gasto de los regímenes especiales, estimado en más del 7% del total presupuestado para el pago de jubilaciones y pensiones. Uno de los casos más polémicos es el de los judiciales. Hay 6.539 jubilados del Poder Judicial que cobran en promedio $ 97.089 por mes, es decir, más de 13 jubilaciones mínimas. Además, gozan del privilegio del 82 por ciento móvil. Entre aportes y contribuciones, los empleados judiciales aportan unos $ 486 millones por mes, pero para costear las jubilaciones del sector se necesitan $ 635 millones, por lo que el déficit mensual es de $ 149 millones. Pero no es el caso de los judiciales el único que el Gobierno busca corregir. Otro caso que molesta en la Rosada es el de los diplomáticos. Los jubilados tienen un haber promedio de $153.057, el 91 por ciento del sueldo de quienes están en funciones. Aportan $ 49 millones mensuales, cuando la caja del sector necesita $96 millones. Lo que falta lo cubre el Estado: unos $ 617 millones este año. Tanto para judiciales como diplomáticos, en el Gobierno apuntarán a elevar el nivel de aportes. Es decir, los trabajadores de estos sectores deberán resignar un mayor porcentaje de su sueldo mensual para costear sus futuras jubilaciones. Distinto es el caso de los trabajadores las fuerzas de seguridad, docentes, jueces, construcción, agrarios, ferroviarios y Luz y Fuerza. En estos casos, aparecen los regímenes provinciales en general prevén edades de retiro más bajas que el nacional. El caso que preocupa especialmente al Gabinete es el de los empleados de Luz y Fuerza, porque hay más jubilados que aportantes. Son apenas 39.170 empleados en blanco que aportan por mes $ 448 millones, pero se necesitan $ 1.124 millones para sostener a 39.923 jubilados. Finalmente, la gran batalla que en el Gobierno se preparan para entablar es la que involucra a los docentes. Es el sector con jubilaciones especiales que mayor desembolso le significa al Estado, unos $ 23.923 millones este año. Es decir, de cada $ 24.169 que en promedio gana un jubilado docente, cerca de $13.326 los aporta el Estado y el resto la caja previsional. Esto sucede, pese a que la relación es más equilibrada que en otros: por cada 3 aportantes hay un jubilado. Para el Gobierno, cambiar los regímenes especiales otorgará solvencia al sistema. «Si blanqueamos a los informales, te queda un sistema sólido, sin tocar edad jubilatoria», dicen en el equipo económico. «El año pasado los ingresos por el sistema fueron del 4,27 por ciento del PBI, suficientes para sufragar el costo de los beneficios previsionales (4,17 por ciento del PIB)», detalla el documento. Cuando se adicionan 3 millones de moratorias otorgadas por la anterior gestión, el gasto previsional total asciende a 7,25 por ciento del PBI, lo que es compensado con los recursos tributarios y con el 15 por ciento de la masa coparticipable. «Sin tocar la edad, si elimináramos las jubilaciones de privilegio, el sistema se autofinanciaría hasta 2030», repiten.

Mientras se debate la reforma laboral, el Gobierno ya fijó el monto cree que deben ser los aumentos salariales. El Gobierno nacional ya fijó cuál es el techo que pretende a las paritarias 2018: espera que los aumentos salariales se den en torno al 10 por ciento con un plus por productividad. Es la mitad de la inflación de este año, que cerrará en torno al 22 por ciento, y luego de que el Gobierno incumpliera por dos años su propia meta. El dato fue revelado por el matutino Ámbito Financiero, que remarcó que la estrategia para bajar la inflación es negociar salarios a la baja, mientras mantiene la emisión monetaria en un ritmo del 35 por ciento de crecimiento interanual y tasas de interés altas, cercanas al 30 por ciento. Desde la Casa Rosada proyectan aumentos salariales en torno al 10 por ciento en el 2018. Pretende agregarle cláusulas de productividad, en donde los aumentos sean mayores solo si la empresa produce más. El incremento va en línea con la meta de inflación del año próximo, que oscila entre 8 y 12 por ciento. Se trata de una política que el Gobierno viene incumpliendo por mucho desde que asumió en la Casa Rosada. En 2016, cuando proyectaba hasta un 25 por ciento de incremento, el alza de precios fue del 40 por ciento, unos 15 puntos más. Este año, la suba planeada era entre 12 y 17 por ciento, pero en 10 meses ya acumula 19,4 por ciento y se espera que llegue al 22 o 23, según los aumentos de servicios públicos que se avecinan. Este año, los acuerdos de paritarias se firmaron por arriba del 20 por ciento con cláusula gatillo, como la que se activó en la paritaria de los bancarios. «Nosotros queremos que las paritarias tomen la meta (inflacionaria) y agreguen las ganancias de productividad que tuvieron. Que las empresas paguen los salarios que pueden pagar sin afectar su competitividad», confesó el secretario de Hacienda, Sebastián Galiani.

Al menos 1.010.000 personas viajaron por el país para pasear y descansar en localidad turísticas entre el viernes 17 y el lunes 20. Las ventas de los comercios minoristas crecieron un 3,8 por ciento promedio durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía, respecto de la misma fecha de 2016. Al menos 1.010.000 personas viajaron por el país para pasear y descansar en localidad turísticas entre el viernes 17 y el lunes 19, según estimó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La cantidad de personas que salieron a las rutas mejoró un 7 por ciento frente al mismo fin de semana del año pasado: esto marca lo que será la temporada de verano, dijo Fabián Tarrío, presidente de CAME. La estadía media se ubicó en 2,8 días y el gasto promedio diario por visitante fue de $782: de esta manera, el turismo movió unos 2.201 millones de pesos durante todo el fin de semana largo en toda la Argentina. Así, el movimiento del séptimo fin de semana largo del año fue intenso y constante durante tres días: el buen clima y las mejores perspectivas económicas resultaron fundamentales en las decisiones de viajes.