Seguirá en su cargo, percibiendo sueldo hasta que ANSES le otorgue el alta al beneficio. La jubilación la tiene otorgada desde 2012, el haber es de un monto superior al de fiscales y jueces. En la mañana de este martes, se conoció la renuncia del cortista Juan Carlos Caballero Vidal tras el ingreso a la Cámara de diputados del pedido de inicio de juicio político que solicitó el juez federal Leopoldo Rago Gallo al cortista, imputado por delitos de Lesa Humanidad. Tras la renuncia al cargo acogiéndose a la jubilación evita el juicio político, pero sigue la causa en la que está imputado por presuntos delitos de Lesa Humanidad. Cabe consignar que seguirá en su cargo percibiendo su sueldo, hasta que ANSES le otorgue el alta del beneficio. La jubilación la tiene otorgada desde 2012, la jubilación es de un monto superior al de fiscales y jueces. El fiscal Francisco Maldonado le imputó a Caballero Vidal ser partícipe necesario de los delitos de tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad, robo agravado, integrante de una asociación ilícita, de no promover la investigación penal y de amenazar al abogado de una persona que fue detenida ilegalmente. El pedido del Ministerio Público tuvo su origen en un testimonio que se brindó el 8 de mayo pasado en el tercer juicio de lesa humanidad que se realiza en la provincia. Uno de los testigos que declaró en la causa Cevinelli, el abogado Pedro Bayugar, dijo que en un encuentro que mantuvo con Caballero Vidal en 1977, en ese entonces juez Penal, sobre un pedido para recuperar ciertos bienes de su cliente, Héctor Cevinelli, (bienes robados por el grupo de tareas que secuestró a Cevinelli) el magistrado sacó una pistola y le expresó que se olvidara de lo sucedido. Posteriormente el fiscal amplió la imputación, imputándole a Caballero Vidal el delito de “omisión de investigar la muerte por presunto ahorcamiento” que sufrió Ángel José Alberto Carvajal mientras estuvo preso en el Penal de Chimbas durante los años de la dictadura militar, época en la que el cortista era juez penal. La autopsia determinó que Carvajal había sido picaneado. Tras conocerse la renuncia del cortista Juan Carlos Caballero Vidal, este al salir de Tribunales, pasado el mediodía, fue consultado por los medios sobre el pedido de juicio político del juez Rago Gallo y su decisión de renunciar a lo que respondió «ninguna declaración, les van a dar un comunicado de prensa, lo que sí reitero como siempre es que estoy a disposición de la justicia”. Ante la insistencia, de la prensa sólo dijo»renuncié para facilitar todo y ponerme a disposición de la Justicia». Sobre la imputación del Fiscal Maldonado sobre presuntos delitos de Lesa Humanidad Caballero Vidal señaló «me voy a defender y la sociedad va a saber todo», para luego subir al auto y salir de la playa de estacionamiento de Tribunales.  

Mauricio Macri tomó la decisión de que este año, no otorgará un bono de fin de año para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Con el impulso que significó el triunfo en las elecciones, en el Gobierno vislumbran un año con menos conflictividad social. Tanto que, apuntalado también por algunas señales de mejora de la economía, Mauricio Macri tomó la decisión de que este año, por primera vez desde que asumió la Presidencia, no otorgará un bono de fin de año para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Y tampoco habrá un plus para los empleados públicos. El año pasado, luego de un año crítico y con alta inflación, para calmar los ánimos el Gobierno accedió al pedido de la CGT y desembolsó más de 5 mil millones de pesos para paliar las necesidades de más de 7 millones de beneficiarios, entre los casi 4 millones de chicos cuyos padres reciben la AUH y los más de 3 millones de jubilados y pensionados que cobran la mínima. Pero, según consideran en Balcarce 50, «este año es distinto». «No hay caldo de cultivo para que haya problemas y la política lo sabe», indican. En ese sentido, sostienen que la previsibilidad que se logró con la inclusión de cláusulas gatillo en los acuerdos paritarios con los gremios posibilitó que el diálogo con la central obrera hoy se centre en otra etapa. «Ahora estamos hablando de cómo generar empleo de calidad y no de recomponer el poder adquisitivo como en 2016», exponen. En esa línea, tampoco prevén un bono para estatales: el año pasado, unos 130 mil empleados públicos nacionales que dependen directamente de la administración central recibieron una suma que osciló, según cada categoría, entre 2.000 pesos y 3.500 pesos. Sí habrá un plus para las organizaciones sociales: será un pago por única vez de unos 2.200 pesos que el Gobierno otorgará a los cerca de 400 mil los trabajadores de la economía popular. Esos 900 millones, a diferencia de la cifra que demandaría un bono para AUH y jubilados, ya están contemplados en el Presupuesto que la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley debió justificar ante el puntilloso vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

Tras la imputación de delitos cometidos durante la última dictadura militar. Solamente evitaría el juicio político si renuncia a su cargo y se jubila. El juez Rago Gallo solicitó la destitución de su cargo, tras la imputación de delitos cometidos durante la última dictadura militar al cortista Juan Carlos Caballero Vidal, cuando éste era juez de primera instancia. De esta manera, ahora la decisión está en manos de los diputados quienes deberán realizar una investigación sobre el caso y tomar una resolución. Recordemos que la causa se inició el 8 de mayo pasado con el testimonio de Pedro Bayugar en una audiencia por el segundo megajuicio por delitos de Lesa Humanidad. Pedro Bayugar declaró como abogado de Héctor Cevinelli, docente de la UNSJ detenido y torturado durante la dictadura militar y manifestó que en 1977 fue a ver al juez en primera instancia Juan Carlos Caballero Vidal para decirle personalmente que había aparecido Civinelli. Y que Caballero Vidal le manifestó que sabía que Cevinelli no tenía nada que ver con la subversión y posteriormente le expresó “bueno supongo que tendrán poderosas razones para olvidarse de todo lo acontecido”. Mientras sacó una pistola 9 milímetros del cajón y la puso arriba del escritorio. A lo que yo contesté: »»»»»»»»»»»»»»»»Sí sí, claro. Chau”. Caballero Vidal podría evitar el juicio político solamente de una manera. Esta es renuncia a su cargo, evitar por lo tanto el juicio y jubilarse. De esta manera, su proceso de juicio pasaría a archivo por convertirse en abstracto y solamente sería investigado por encubridor de militares.

Con el propósito de llevar adelante acciones que signifiquen un mejoramiento de las condiciones de detención de personas alojadas en instituciones penales, se firmó un acta de colaboración entre el Ministerio de Gobierno y el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. La firma del acta se concretó en la sala “Eloy Camus” de Casa de Gobierno, durante una reunión que el gobernador Sergio Uñac mantuvo con el juez Sergio Paruzack, representante del mencionado. sistema nacional. Participaron además de la firma del acta, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi y la secretaria de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ana Fabiola Aubone, entre otros funcionarios nacionales y locales. El Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias tiene como objetivo fundamental instar y desarrollar acciones orientadas a asegurar la vigencia concreta de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, destacando el valor de la persona humana, que con su detención no pierde la protección de la Constitución Nacional y las leyes, como sujeto de tutela. De acuerdo al primer artículo del acta, el Ministerio de Gobierno se compromete a llevar a cabo acciones que implique mejorar las condiciones de alojamiento de las personas privadas de su libertad y la gestión penitenciaria, logrando con ello la adecuación de la política penitenciaria a los estándares internacionales de protección y garantía de los derechos humanos. El ministerio local asumió también el compromiso de realizar capacitaciones especializadas al personal del servicio Penitenciario de San Juan, para lo cual se articulará con el sistema de Coordinación y Seguimiento lo necesario para llevar adelante dichas acciones. En otro de los artículos del acta, el ministerio de Gobierno y el Servicio Penitenciario en particular se comprometieron a fortalecer y eficientizar el tratamiento de los detenidos en cuanto a la tarea del Consejo Correccional del Servicio Penitenciario se refiere. La mencionada iniciativa se inscribe en el marco de los tratados internacionales y la Constitución Nacional, con más lo establecido en las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Mandela), adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y tratamiento del delincuente.

Impuesto a las bebidas blancas y sin alcohol, menor reducción de lo prometido a los productos tecnológicos y fuerte incremento en los cigarrillos. También suben los gravámenes a combustibles y al uso de los teléfonos celulares. Hoy se conoció el texto completo del proyecto de ley de reforma tributaria que impulsa el gobierno nacional. Pese a las quejas de las empresas multinacionales, se mantiene el impuesto a las bebidas azucaradas, habrá mayor carga tributaria para combustibles y tabaco y se da marcha atrás con los impuestos al vino, cervezas y espumantes. El texto tiene un total de 220 páginas, grava la renta financiera, dentro de la cual incluye la «moneda digital», conocida como bitcoin. Desde esa comunidad, calificaron a esta reforma como «confiscatoria». Actualmente, «si una persona ahorra en bitcoins y después decide venderlos para comprar una casa o un auto, no está alcanzado por Ganancias porque no es una renta periódica», explicó al diario La Nación Daniel Rybnik, profesor de Derecho Tributario de la UBA. La reforma le da al bitcoin un tratamiento similar al de un bono. Por su parte, Bitcoin Argentina, redactó un documento en el que señalaron que «al tomar como costo de adquisición el valor histórico, el proyecto pretende capturar la apreciación obtenida por los tenedores de ‘monedas digitales’ antes de la entrada en vigencia de la reforma, lo que implica una forma de imposición retroactiva». Dentro de los puntos centrales, el proyecto del Gobierno propone gravar la renta financiera «cuando la determinación de la ganancia neta de los sujetos … provenientes de operaciones de enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales (…) monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, así como por la enajenación de inmuebles o transferencias de derechos sobre inmuebles, estos quedarán alcanzados por el impuesto a la alícuota del quince por ciento (15 por ciento)». Además, habla de un impuesto cedular del 5 por ciento que se aplicará en donde depósitos bancarios, títulos públicos, obligaciones negociables, cuota partes de fondos comunes de inversión, títulos de deuda de fideicomisos financieros y contratos similares, bonos en pesos, mientras que el gravamen para los que sean con moneda extranjera será del 15 por ciento. Por otra parte, y pese a la polémica, se mantendrá el gravamen del 17 por ciento a las bebidas azucaradas, y se excluye a los vinos, sidras y cervezas, después de la presión ejercida por esos sectores. Se entiende como bebidas azucaradas a las analcohólicas, gasificadas o no, incluso aquellas con cafeína y taurina suplementadas o no. Los jugos frutales y vegetales, jarabes para refrescos, extractos y concentrados que, por su preparación, las aguas minerales aromatizadas o saborizadas y los jarabes, extractos y concentrados, destinados a la preparación de bebidas sin alcohol. Además, se aumentará el impuesto al tabaco. En el artículo 15 se estipula que «los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributarán sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen del setenta por ciento» y agrega que lo tributado o “no podrá ser inferior a veintiocho pesos por cada envase de veinte unidades». Respecto a la telefonía celular, el proyecto establece un impuesto del 5 por ciento sobre el importe facturado por la provisión del servicio al usuario, tanto celular como satelital.