La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, pidió al juez Lleral que se realicen los entrecruzamientos de llamados de los teléfonos de Noceti, ya que estuvo en Esquel el 1 de agosto, día de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
La querella de la Asociación de Ex – Detenidos Desaparecidos presentó un escrito ante el juez Gustavo Lleral, al frente de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, solicitando medidas que apuntan al Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, por su responsabilidad en la desaparición forzada del joven de 28 años.
Entre las medidas solicitadas están el secuestro de los aparatos de telefonía de Noceti y la investigación exhaustiva de su participación en el operativo represivo del 1 de agosto, donde fue visto por última vez Santiago.
“Conforme surge de la causa, sumado a publicaciones periodísticas, se ha determinado que el Jefe de Gabinete de Bullrich, se encontraba en la zona donde ocurrieron los hechos investigados los días 31 de julio y 1° de agosto de 2017. Incluso existe información sobre una reunión previa entre el funcionario y jefes de distintas fuerzas de seguridad apostadas en la zona e incluso algún funcionario judicial, a fin de unificar criterios para intervenir en el conflicto mapuche”, señalan en el comunicado y agregan: “Se ha determinado que Noceti se habría comunicado con oficiales jefes de Gendarmería en forma previa, concomitante y posterior a los acontecimientos investigados.”
En declaraciones, la integrante de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, Margarita Cruz explicó que piden la intervención sobre los dos teléfonos de Noceti, una medida que ya había sido solicitado la Fiscalía y fuera rechazada por el Juez Guido Otranto.
“Se trata de un teléfono personal y otro que utiliza en la función que desempeña “, agregó Cruz. El pedido de la querella apunta a que el juez solicite dicha información a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, dependiente de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina.
“No solamente queremos saber lo que quedó de los celulares, sino también si se borró información de los mismos”, explicó.
“Se requiere determinar el tipo, frecuencia y contenido de las comunicaciones entre Noceti y los jefes de Gendarmería, debido a la cantidad de irregularidades cometidas por esa fuerza, que indica una clara voluntad de encubrir y que habría tenido información de medidas judiciales antes de que éstas se llevaran a cabo”, detallan en el documento de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.
Cruz añadió que por todos estos elementos que aparecen en la causa presumen que “estuvo montado un comando estratégico en relación a cómo iban a resolver el conflicto mapuche en esos días, porque evidentemente no fue algo que surgió de la nada. Estuvieron investigando a la comunidad mapuche por un lado, y por otro, mientras iban realizándose las acciones Noceti estaba comunicado con los jefes de Gendarmería”.
Sobre el motivo de la presentación Cruz señaló que “es necesario saber que pasó ahí para dilucidar que paso con Santiago Maldonado.”
“La desaparición forzada de personas es un delito contra la humanidad. Conlleva efectos individuales y efectos sociales. Nos afecta como pueblo. El Estado y los gobiernos que lo administran son responsables de garantizar la plena vigencia y ejercicio de todos los derechos. Cuando no lo hacen, y, por el contrario, los violan, son culpables y deben ser juzgados y castigados”, concluyen en el documento.
Fuente: Farco