Juan Gentile, estaba a cargo de la Subsecretaría de Comunicación Pública de la Nación tenía 34 años y sufría de una enfermedad que padeció por varios años. El subsecretario de Comunicación Pública de la Nación, Juan Gentile, falleció hoy a los 34 años. Oriundo de la ciudad bonaerense de 9 de Julio, estaba a cargo de esa Subsecretaría desde la asunción del presidente Mauricio Macri el 10 de diciembre de 2015. Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina, Gentile también cursó estudios en la Universidad Complutense de Madrid y en The George Washington University. Entre 2008 y 2012 se desempeñó como jefe de prensa del bloque de diputados de PRO en el Congreso de la Nación. Luego, entre 2012 y 2015, desarrolló la misma tarea al frente de la oficina de prensa de PRO.
Gobierno rompe el acuerdo con petroleras y libera el precio de naftas
Desde octubre los precios de los combustibles se regirán por el mercado. Es que el Gobierno dio por concluido de manera unilateral el acuerdo de precios que mantenía con las petroleras y de esta manera queda cancelada la suba programada para el próximo mes. El ministerio de Energía ya cursó una nota a las empresas con firma del ministro Juan José Aranguren. «Dentro de lo previsto en el acuerdo, un aumento de los precios internacionales (la cotización del Brent superó hoy los 58 dólares) permitiría la liberación de los precios internos y de ese punto en adelante, mantener la paridad con los mismo con un funcionamiento pleno de las reglas del mercado», establece la misiva que publicó en principio el sitio especializado Econojournal. «En el marco de las distintas variables que intervienen en el mercado hemos observado que, con fecha del 13 de septiembre de 2017, se ha satisfecho la condición enunciada por el punto 9 del acuerdo. En consecuencia, los compromisos asumidos en el acuerdo quedarían suspendidos a partir del 1º de octubre de 2017», expresa la nota. Hace un mes el ministro de Energía, Juan José Aranguren, había afirmado que desde 2018 el valor de las naftas se regiría por el precio internacional. «Estamos estableciendo un sendero para poder converger a los precios internacionales de combustibles y petróleo crudo», aseguró Aranguren al exponer en el Consejo de las Américas. «Es altamente probable que esté a fin de año», había adelantado. Se posponía el año que viene, pero tras esta decisión la liberación se producirá el próximo mes. Hasta ahora, el precio de las naftas y el gasoil se revisa trimestralmente en función de una fórmula polinómica, que tiene en cuenta entre otras cosas el precio del dólar. Pero con la modificación en la metodología anunciada por Aranguren, el valor de los combustibles quedará atado al del barril de crudo en el mercado internacional. El funcionario recordó que el precio del barril criollo está «cerca de la paridad» con el resto del mundo. En ese entonces Aranguren dijo que la tendencia hacia la convergencia de los precios la había iniciado levemente el Gobierno anterior y la administración de Mauricio Macri la profundizó, para que sea la ley de oferta y demanda la que establezca los valores.
Organizaciones indígenas acampan en el Congreso por la prórroga de la ley que frena desalojos
El proyecto de ley para prorrogar la ley 26160 que frena los desalojos de comunidades indígenas se tratará este miércoles en el Senado. El gobierno prometió que apoyará el proyecto. Las organizaciones indígenas iniciaron un acampe frente al Congreso Nacional para exigir que el Senado apruebe la prórroga de la ley 26.160 que frena los desalojos en los territorios que ocupan los pueblos originarios. La ley sancionada en 2006, y prorrogada en varias oportunidades, ordena al Estado realizar un relevamiento en los territorios de las comunidades. Sin embargo, los relevamientos no fueron concluidos en la mayoría de las provincias y la última prórroga que se dictó a esta norma vencerá el próximo el 23 de noviembre. El Senado deberá tratar el proyecto esta semana. Ayer, los referentes indígenas participaron de un acto junto a los trabajadores y trabajadores de Pepsico que también mantienen un acampe frente al Congreso. Octorina Zamora, integrante del pueblo wichí de Salta mencionó que “de no ser prorrogada la ley, los pueblos estaríamos en peligro de ser desalojados de nuestros territorios.” “Hace falta que los pueblos indígenas de todo el país juntos con los argentinos pudiéramos unirnos para luchar contra este gobierno opresor imperialista que nos quiere hacer desaparecer a los indígenas, a los pobres, a las organizaciones”, apuntó. Fuente: Farco
Los empleados de ITEC harán asambleas frente a la fábrica debido a la falta de pagos atrasados
Luego de que se postergara la audiencia en la Subsecretaría de Trabajo, se instalaron frente a la fábrica hasta que tengan una solución. Es la segunda vez que se posterga la audiencia en la Subsecretaría de Trabajo para conocer cómo se liquidará la deuda salarial a los empleados de la fábrica de mazos de cables para autos, ITEC, generó malestar entre los empleados. Por esto esta mañana se convocaron en el Sindicato de Plásticos y no tuvieron las respuestas esperadas. Por ello, desde el mediodía se apostarán frente a la fábrica hasta que haya una explicación oficial sobre el camino de las negociaciones. Incluso harían una olla popular y se rotarían en turnos para permanecer todo el día. Los empleados de ITEC esperaban conocer cuándo Fiat y Peugeot iban a depositar dinero que debían a la empresa y que se iba a destinar en totalidad al pago de sueldos adeudados. La audiencia en Trabajo por este tema se iba a realizar el pasado viernes y se pasó para este lunes. Hoy, les notificaron que se realizará el 2 de octubre. «Quedaron de pagar el Repit y el Repro y cancelar nuestra deuda. La semana pasada lo único que se logró fue cobrar $4600. El viernes nos iban a informar los avances de todas las tratativas que vienen, pero nos avisaron que se postergaba para este lunes y después, nos dijeron que pasa para el 2 de octubre» dijo Baigorria, uno de los trabajadores. «En el gremio nos dijeron que «no había plata» por eso, no conformes con eso es que nos trasladamos acá. Necesitamos que aparezca el síndico y nos dé una respuesta concreta. Por ejemplo, en la fábrica han cortado la luz y no sabemos qué pasará con lo laboral. Queremos buscar soluciones fuera de la provincia también», agregó. A los trabajadores se les adeuda dos meses y medio de sueldos y el ingreso promedio es de $18.000 mensuales. «Estamos luchando por continuar, pero necesitamos saber si la fábrica va a cerrar e indemnizar o tendremos continuidad laboral», dijo.
Sergio Maldonado confirmó que la familia ya tuvo contacto con el nuevo juez que reemplazó a Otranto
El hermano de Santiago Maldonado comentó que el juez Gustavo Lleral que asumirá la investigación por desaparición forzada ya se comunicó con la familia. «Llamó a mis padres primero, habló conmigo y con mi otro hermano, me pareció un gesto muy humano», puntualizó. Luego del apartamiento del juez Guido Otranto, Sergio Maldonado -hermano de Santiago- comentó que el nuevo juez a cargo de la causa Gustavo Lleral ya se comunicó con la familia del joven desaparecido tras una brutal represión de Gendarmería a una comunidad mapuche en la ruta 40 el último primero de agosto. «Ya tuve contacto con el juez, llamó a mis padres primero, habló conmigo y con mi otro hermano. Me pareció un gesto muy humano, mis padres lo necesitaban, estaban con otro ánimo ayer. Me pareció una buena señal», relató Sergio en diálogo con Radio Continental. El hermano de Santiago comentó que están conformes con el apartamiento de Otranto «pero no fue por lo que nosotros pedíamos». Además, agregó que tuvo «poco contacto con el juez» y que «el último fue el allanamiento patético en el que no me dejó pasar». Por último, señaló que «se sabe quiénes fueron» los gendarmes que actuaron en la represión que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado y pidió que todos los miembros del poder judicial «deberían ser revisados porque la información que hay no se utilizó».
San Juan: empresarios de colectivos pedirán que se aumente el boleto escolar
En la evaluación de costos que presentaron a Transporte, la modificación de la escala de los pasajes incluye a los estudiantes. Si bien Transporte afirmó que este año no se revisarán las tarifas de los boletos de colectivos, los empresarios anticipan detalles de lo que pretenden lograr para que el servicio les sea rentable. Por ello, retocaron las cifras del boleto único y también del escolar. Ernesto Moyano, presidente de ATAP explicó que «seguimos actualizando nuestros estudios de costos y nuestras estimaciones coinciden con las de otras provincias que tienen las mismas problemáticas que nosotros. Es decir, el sistema de subsidios no nos permite afrontar todos los gastos y tememos que haya más recortes». «Lo que planteamos es que el boleto único debe superar los $10 como ya se ha implementado en otras provincias. Y en ese cuadro también hay que subir el boleto escolar ya que es muy difícil mantenerlo o hacer una suba mínima, en estas condiciones. Hablamos técnicamente del 30 al 40», detalló. Empresarios y Transporte siguen con reuniones para evaluación de costos y en enero, se definirá el nuevo cuadro de tarifas. Fuente: Diario La Provincia
Mendoza: Ya es oficial, dan de baja al proyecto minero San Jorge
A través de uno resolución conjunta de Ambiente y Minería, anulan la reformulación del proyecto minero. Si la empresa insiste, debe realizar todo desde cero. El Gobierno hizo oficial el rechazo a la reformulación del proyecto minero San Jorge y, ahora oficialmente, dio por terminada una larga historia que atravesó a la política, al sector empresario y a la comunidad de Uspallata, donde se iba a instalar la mina. La resolución fue firmada el jueves pasado. SE trata de una norma conjunta, avalada por la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental que da por caído definitivamente a San Jorge y los proyectos de reformulación. «Rechácese la presentación de Actualización del Informe de Impacto Ambiental del proyecto Minero «Planta de concentración de Cobre Minera San Jorge S.A.», dice la resolución 1027. La actualización a la que se refiere consistía en extraer el mineral sin procesar del yacimiento en Mendoza, transportarlo a San Juan para su procesamiento. La empresa pretendía usar el mismo estudio de impacto ambiental del proyecto original y adecuarlo. El Gobierno lo rechazó. Si el consorcio ruso formado Soldway y Aterra, que tienen los derechos, insisten en desarrollarla, deben comenzar desde cero. San Jorge era un proyecto minero para extraer cobre en Uspallata. Fue el único emprendimietno minero que completó el proceso institucional establecido por la ley 7722. Luego de que el Poder Ejecutivo aprobara la Declaración de Impacto Ambiental, con más de 100 sugerencias, la Legislatura lo rechazó por unanimidad y así el proyecto quedó descartado. Entonces, el propietario era la empresa canadiense Coro Minig, una firma junior en el mundo de la minería. Tras el fracaso, fue vendido a un grupo ruso. Una larga historia En enero del 2011 el Gobierno de Celso Jaque fue el que aprobó el proeyecto. En agosto de ese año, y en medio de un duro contexto electoral, la legislatura lo rechazó. «Recházace en todos sus términos el proyecto», dice la resolución de la Legislatura. Un punto clave ocurrió en noviembre del 2015. Antes de dejar el poder, el gobernador Francisco Pérez dio curso a la actualización de la DIA, dándole una posibilidad de viabilidad a la resurrección de San Jorge sin «empezar desde cero». Con el cambio de gobierno el proyecto fue reevaluado y volvieron las tensiones entre la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Economía. Es que ambas reparticiones emitieron dictámenes contradictorios. Entonces, el tema terminó en Asesoría de Gobierno. Esa repartición, que cuida la legalidad de los actos del Ejecutivo, ratificó la vigencia de la ley 7722 y cuestionó duramente las decisiones del Gobierno anterior que habían dado luz verde a la reformulación de San Jorge y recomienda la anulación de la resolución emitida por el Gobierno de Pérez «por lo grosero de su vicio, careciendo de presunción de legitimidad». Por eso la norma de ese gobierno «carece de efector jurídicos». En la resolución se aclara que «el Proeyecto Minero de Minera San Jorge SA deberá tramitar un nuevo procdedimiento de Evaluaciónd e Impacto Ambiental» según lo previsto en la ley 5961 y el Decreto 820. Fuente: http://www.mdzol.com
Apareció el nieto 122: tiene 40 años y acaba de recuperar su verdadera identidad
Nació en la ex Esma y es hijo de Iris Nélida García Soler y de Enrique Bustamante, secuestrados en 1977 por la última dictadura cívico-militar. El hijo de Iris Nélida García Soler, nacido en la ex Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar, separado de su madre y apropiado, recuperó su identidad y se convirtió en el nieto 122 de la historia de búsqueda y lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo y los familiares de desaparecidos. El joven es hijo de García Soler, una joven mendocina, y Enrique Bustamante. Según Abuelas de Plaza de Mayo informa en su registro de nietos buscados, Soler y Bustamante fueron secuestrados por personal de la Policía Federal en enero de 1977 en la pensión en la que vivían, en la ciudad de Buenos Aires. Eran militantes de Montoneros. Ella estaba embarazada de tres meses. Ambos fueron vistos en el centro clandestino de detención Club Atlético, que funcionó dentro de la órbita de la Federal en el cruce de Paseo Colón y San Juan. A Iris su familia la llamaba «Tita» o «Pajarita», pero durante su cautiverio su apodo cambió. La «Lobita», la identificaron compañeros de encierro, por su vínculo con Enrique, a quien en la militancia se lo conocía como el «Lobo». Durante el cautiverio, el embarazo de Iris llegó a término; fue llevada a la ex Esma para dar a luz. Parió un varón y fue separada de él. El bebé fue uno de los 400 niños y niñas apropiados durante la última dictadura y buscados por Abuelas de Plaza de Mayo hasta hace algunos días. Ella, al igual que Enrique, permanecen desaparecidos. Ayer, trascendió que, producto del trabajo de décadas de las Abuelas, se convirtió en el nieto recuperado número 122. El joven tiene 40 años, dos hijos y no vive en la ciudad de Buenos Aires. Por el momento, está en proceso de recuperar su identidad y el contacto con su familia biológica, algunos de cuyos miembros supieron de la noticia y la celebraron. «Quiero compartir esta emoción e indescriptible alegría que acabo de vivir al conocer la noticia que ha sido encontrado mi sobrino apropiado», escribió Alicia, prima hermana de Iris. «Imaginarán la enorme felicidad de toda la familia al saber que pronto este joven que vive en el interior, podrá conocer a su familia biológica después de una larga espera y quizás una eterna búsqueda», continuó. Fuente: Pagina/12
Medios comunitarios contra las cuerdas: informe lapidario de investigadores de cinco universidades sobre la política de comunicación oficial
El Gobierno se mostró activo en el sector de la comunicación a través de medidas que favorecieron a los grandes grupos mediáticos. La contracara es la situación crítica de los sin fines de lucro. El informe de las universidades denuncia “persecución y ahogo financiero”. l gobierno se ha mostrado activo en el sector de la comunicación a través de una serie de medidas que favorecieron a los grandes grupos mediáticos, como extensión de licencias, facilidades para transferir licencias y fusionar sociedades, flexibilización de límites a la concentración de mercado y otorgamiento de espectro sin licitación. La contracara de ese proceso es la difícil situación que atraviesan los medios comunitarios, populares y alternativos. Un trabajo realizado por un grupo de investigadores de cinco universidades nacionales advierte que “la actual gestión del gobierno argentino restaura las políticas que privilegian a las grandes empresas audiovisuales y de telecomunicaciones en desmedro de las radios y televisoras del sector social”. El documento se titula “Regresión. Las nuevas políticas para medios comunitarios en Argentina” y forma parte de una investigación realizada por María Soledad Segura (Universidad Nacional de Córdoba), Verónica Longo (Universidad Nacional de San Luis), Emilia Villagra (Universidad Nacional de Salta), Ana Laura Hidalgo (Universidad Nacional de San Luis), Natalia Traversaro (Universidad Nacional de Córdoba), Alejandro Linares (Universidad Nacional de La Pampa), Larisa Kejval (Universidad de Buenos Aires) y Natalia Vinelli (Universidad de Buenos Aires), con financiamiento del Conicet y de la Defensoría del Público. El texto comienza destacando que las políticas de comunicación en el país contribuyeron históricamente a construir una posición de profunda desventaja en términos de sostenibilidad económica de los medios comunitarios con respecto a los medios de propiedad privada con fines de lucro y a los de propiedad estatal. La ley de Radiodifusión 22.285 establecida por la última dictadura militar en 1980 vedaba la posibilidad de las organizaciones sin fines de lucro de ser licenciatarias de servicios de comunicación audiovisual. Pese a ello, en los primeros años de la transición democrática múltiples movimientos populares –de derechos humanos, género, ambientalistas, pueblos originarios, etc.– montaron radios y televisoras comunitarias de modo ilegal para acompañar los reclamos de esas organizaciones al mismo tiempo que plantearon el debate por el reconocimiento de sus derechos comunicacionales. Desde ese lugar de resistencia, cuestionaron las políticas de comunicación de los sucesivos gobiernos que posibilitaron los procesos de concentración y trasnacionalización del sistema mediático. A su vez, como parte de ese proceso las asociaciones que agrupan a las radiodifusoras comunitarias fueron protagonistas de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, alianza que propuso los 21 puntos por una Radiodifusión para la Democracia, en base a los cuales se formuló el proyecto que en 2009 se convertiría en la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. La lucha de los medios comunitarios contó con el respaldo de numerosos organismos intergubernamentales, como la ONU, la OEA y la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, ya que, como destaca el informe de las universidades, “los medios sin fines de lucro son centrales para garantizar el derecho a la comunicación en sociedades democráticas en un doble sentido. Por un lado, su presencia contribuye a configurar sistemas de medios más plurales y diversos, dado que se multiplican los sectores que participan de él. Por otro lado, constituyen escenarios de participación ciudadana que permiten la intervención de sujetos, temas y perspectivas que no suelen tener cabida en los medios privados-comerciales ni estatales”. La prohibición a los medios comunitarios comenzó a revertirse en 2003 cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del artículo 45 de la ley 22.285 que impedía a los medios no lucrativos prestar servicios de radiodifusión. En 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Congreso Nacional sancionó la ley 26.053 que sustituyó ese artículo y permitió que personas jurídicas sin fines de lucro sean titulares de licencias de radiodifusión. Luego llegó la sanción de la ley 26.522 que les reservó a los sin fines de lucro un tercio del espectro radioeléctrico, no les impuso restricciones de alcance ni financiamiento, estableció un fondo de fomento del 10 por ciento del gravamen recaudado por la autoridad regulatoria, les dio representación en el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Cofeca) y agregó la posibilidad de otorgar licencias de modo directo a emisoras de baja potencia en zonas de no conflicto. Desde entonces, aún con demoras y problemas, la situación de los medios comunitarios comenzó a mejorar. Entre 2012, cuando AFSCA puso en marcha el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca), y 2015, el organismo realizó 18 concursos públicos y concedió 380 premios a los equipos técnicos, infraestructura tecnológica, la producción de radio y televisión y la gestión de los medios comunitarios. Los Fomeca le permitieron a los medios del sector social equiparse para avanzar en la transición digital, producir contenidos gratuitos y abiertos y regularizar la gestión de radios, canales y productoras audiovisuales. El trabajo de las universidades describe luego cómo esos avances se detuvieron en diciembre de 2015. “Todas las políticas desarrolladas desde entonces se caracterizan por la persecución y el ahogo financiero, mientras el Estado incumple con su obligación de legalizar y fomentar a estas radios y televisoras”, se remarca. “Las nuevas políticas se expresan, por un lado, en decomisos e intimidaciones a emisoras comunitarias que padecen la ilegalidad en diferentes puntos del país y, por otro, en la dilación en la ejecución de fondos de fomento, intimidaciones por supuestas irregularidades en la rendición de fondos y desprestigio del fondo y de las radios y emisoras comunitarias”, agrega el escrito que fue presentado por la doctora Soledad Segura, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora del Conicet, en el último Encuentro de Carreras de Comunicación que se realizó en la ciudad de Paraná entre el miércoles 13 y el viernes 15 de este mes. En el documento de las universidades se destaca también que a abril de 2017, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) adeudaba pagos de cuotas a más de 200
Cambiemos: Miguel del Sel fue declarado culpable de corrupción y no podrá ejercer cargos públicos
La justicia electoral de Santa Fe encontró culpable al humorista PRO y exembajador argentino ante Panamá de manejos turbios de dinero público en campaña durante 2011, por un balance económico en que es imposible conocer el «origen y destino de los fondos de campaña». Quedó inhabilitado para cargos y candidaturas. Parece que la rendición de cuentas públicas del PRO estuvo carente de papeles en algunos distritos, como Santa Fe, en las elecciones disputas en los últimos años. Es que el humorista macrista y exembajador argentino ante Panamá Miguel del Sel fue encontrado culpable de corrupción con fondos públicos durante la campaña electoral 2011, por lo cual fue inhabilitado para ejercer cargos y ser candidato por 6 meses. El juez electoral santafecino Reynaldo Rodríguez inhabilitó a Del Sel y otros dos dirigentes del Pro santafecino para ejercer cargos públicos. La razón de la sanción es un balance donde es imposible conocer el «origen y destino de los fondos de campaña». La pena tiene una duración de seis meses para ejercer cargos públicos y ser candidato, y junto al Midachi macrista deberán cumplirla el intendente de Funes, Diego Barreto, y Norberto Principato, tesoreros del partido. La causa por la cual fue condenado el humorista está vinculada con el balance 2012 del Pro santafecino, que lleva la firma del ex embajador en Panamá y de los tesoreros. En este sentido y según el juez, la presentación «impide conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos de la campaña». «El PRO no presentó los extractos bancarios de las dos cuentas declaradas y registradas en el Banco de la Nación Argentina, por lo que no se pudo hacer un análisis de las mismas», aseguró Rodríguez, y resaltó que faltan la «acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos por parte del presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de la campaña». El magistrado advirtió que los líderes del Pro en Santa Fe no corrigieron las observaciones formuladas por la Cámara Nacional Electoral y omitieron informar partidas pendientes de cobro provenientes de aportes públicos del 2011 por más de $50000 pesos. De la misma forma, no explicaron el destino de los aportes públicos para boletas de diputados por más de $213.000, aportes por diferencia de Campaña Diputados Primaria por la suma de $5188,88 y un listado de aportes privados de $5004. Fuente: Politica Argentina