Es el tercer juicio en la provincia, hay 21 imputados, incluido Antonio Olivera, quien fue recapturado en enero pasado. El represor intentó involucra a la jueza Margarita Camus en su última declaración. Este lunes, San Juan retoma el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que tiene a 21 imputados en perjuicio de 205 víctimas, en jurisdicción del área militar 332, que dependía del III Cuerpo de Ejército, con quien fuera inteligencia del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22, Jorge Antonio Olivera, recapturado en enero pasado. «La jueza le habría ofrecido que declarara en contra mío a cambio de favorecerlo en sus salidas transitorias y libertad condicional», manifestó el represor en su declaración a comienzos de agosto sobre la jueza Margarita Camus. «En el 2008 tuve la opción de poder ejercer mi propia defensa como abogado en causa porpia. Me lo permitió el juez Rago Gallo. Concurría día por medio al juzgado para trabajar en la causa. En una de esas oportunidades que voy al Juzgado me encuentro con la declaración del señor Grecco que manifestaba que me había visto en el penal y me mencionaba como que yo fui uno de los torturadores», comenzó relatando Olivera frente al tribunal federal que lleva el juicio en el edificio del rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. El represor contó que un día cuando regreso del Juzgado Federal, después de haber leído la declaración de Grecco, se acercó al alambrado del Penal de Chimbas para hablar con éste. Allí le preguntó por qué había declarado en su contra y él le manifestó que «no era un tema personal y que tenía que comprender la situación que se encontraba, que llevaba muchos años preso y que la jueza le habría ofrecido que declarara en contra mío a cambio de favorecerlo en sus salidas transitorias y libertad condicional». Recordamos que en país se llevan a cabo nueve juicios más por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar: –En Córdoba, el lunes 18 de septiembre, el Tribunal Oral Federal 2 comenzará a escuchar los alegatos de la querella en el primer juicio que se realiza en la provincia contra cuatro ex magistrados por encubrimiento de crímenes de lesa humanidad. –En Jujuy, también el lunes, está previsto que el Tribunal Oral Federal continúe con en el proceso que sigue a seis ex policías provinciales imputados por secuestros, torturas y otros delitos de lesa humanidad cometidos contra seis víctimas de la represión en la ciudad jujeña de San Pedro, durante la última dictadura. –En la ciudad de Buenos Aires, el martes 19, el Tribunal Oral Federal 2 continuará las audiencias con el alegato de las querellas en el tercer tramo del juicio por crímenes cometidos en los ex centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo (ABO III), que tiene nueve imputados por delitos cometidos contra 352 víctimas.   –En Bahía Blanca, el martes 19 y miércoles 20, el Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción comenzará a escuchar las últimas palabras de los acusados en el juicio contra 37 imputados por crímenes en los centros clandestinos de detención «La Escuelita», situada en el predio del Cuerpo V del Ejército; «El Galpón» y el Gimnasio del Batallón de Comunicaciones 181; «El vagón de tren», «El Galpón ferroviario» y la División Cuatrerismo, dependientes de la Policía bonaerense, y la Unidad Penal 4 del Servicio Penitenciario Bonaerense.   –En Neuquén, el martes 19, el Tribunal Oral Federal 1 comenzará con las declaraciones indagatorias en el quinto juicio por delitos de lesa humanidad contra ocho ex jefes militares y de fuerzas de seguridad, que actuaron en la región durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino de detención conocido como «La Escuelita». –En los tribunales porteños de Comodoro Py, el miércoles 20 y jueves 21 continuará el juicio con mayor cantidad de víctimas (789) por la «Megacausa ESMA», con las réplicas a los alegatos. –En Santiago del Estero, el jueves 21 continuarán las audiencias en la «Megacausa III», que juzga al ex fiscal federal Santiago Olmedo De Arzuaga y a otros once acusados entre militares, policías y un civil, por delitos de lesa humanidad en esa provincia, en el primer debate en el que se sientan en el banquillo de los acusados a responsables civiles de la última dictadura. –En Mendoza, también el jueves, el tribunal Oral Federal 1 continuará con las audiencias en el proceso denominado «Causas unificadas» por delitos cometidos contra 86 víctimas en centros clandestinos de detención dependientes de la Fuerza Aérea, con 24 acusados, entre ellos, el multicondenado Luciano Benjamín Menéndez. –En Chaco, el viernes 22 continuará el juicio de la causa conocida como «Caballero II» o «Caballero Residual» con las indagatorias a los imputados y la incorporación de pruebas en el debate que juzga a 11 ex militares y ex policías por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Brigada de Investigaciones de Resistencia.

Darío Rafael Zoilán declaró esta mañana junto a otros tres gendarmes. El cabo había reconocido que realizó «uno o dos disparos» a un manifestante al que identificó como «una sombra» y aseguró que logró cruzar el Río Chubut. Esta mañana, los cabos Aníbal Cardozo, Diego Ramos y Darío Rafael Zoilán y el primer alférez Emmanuel Echazú se presentaron ante el Juzgado Federal de Esquel para prestar declaración testimonial ante el juez Guido Otranto en la causa que investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Los gendarmes ingresaron al edificio judicial hoy a las 9 de la mañana, donde eran esperados por el juez Otranto, la fiscal del caso, Silvina Ávila, y la abogada que representa a la familia de Maldonado, Verónica Heredia. Zoilán había reconocido que había efectuado «uno o dos disparos» con postas de goma a un manifestante, al cual identificó como una «sombra», a seis metros de distancia. Según el gendarme, el manifestante logró cruzar el Río Chubut y huyó junto a otro en dos caballos. Por su parte, el gendarme Echazú, escopetero, volvió de ese operativo con fractura de pómulo, señaló el diario La Nación. A 46 días de la desaparición forzada del joven de 28 años, ya declararon 15 gendarmes que participaron del operativo del 1 de agosto que culminó en represión a un grupo de la comunidad mapuche. Aún no testificó Armando Neri Robledo, el gendarme que admitió en una investigación interna de la Gendarmería haber agredido con una piedra a un manifestante que habría logrado cruzar el río Chubut. Por su parte, el abogado de Gendarmería, Gustavo Dalzone, negó en declaraciones a Télam que la fuerza «haya utilizado armas en el operativo de desalojo [de la protesta]» y también destacó que «todo consta en la investigación interna de Gendarmería». Fuente: Política Argentina

Así busca evitar una discusión con los gobernadores por el destino de ese tributo. El proyecto de prórroga del impuesto al cheque enviado hoy por el Poder Ejecutivo Nacional a la Cámara de Diputados contempla que el 70 por ciento de la recaudación se destine a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), con lo cual buscará evitar una discusión con los gobernadores sobre la distribución de este tributo. El impuesto a los créditos y débitos -creado en 2000 como un tributo de emergencia- se mantendrá en vigencia, ya que es considerado un gravamen clave, dado que es el tercer tributo que más ingresos aporta al sistema impositivo. Con esta medida el Gobierno busca evitar que el impuesto al cheque, que vence a fin de año y busca prorrogar hasta fines de 2019, que se convierta en motivo de tironeo con los mandatarios provinciales, como sucedió en otras ocasiones, ya que ahora 70% que se queda la Nación irá a financiar el sistema previsional.

El abogado de Gendarmería, Gustavo Dalzone, negó en declaraciones a Télam que la fuerza «haya utilizado armas en el operativo de desalojo (de una protesta mapuche en la ruta 40, el 1° de agosto) y que todo consta en la investigación interna de Gendarmería». Los gendarmes Emmanuel Echazú, Diego Ramos, Dardo Zoilán y Aníbal Cardozo ingresaron pasadas las 9 a los tribunales de Esquel, para prestar declaración testimonial ante el juez federal Guido Otranto en la causa en la que se investiga la desaparición de Santiago Maldonado, cuyo paradero se desconoce desde el 1° de agosto. Echazú es el gendarme que resultó con heridas en la cara en el operativo realizado en la comunidad mapuche Resistencia Cushamen, por lo que investigadores creen que podría haber reaccionado en forma violenta ante una agresión. Los cuatro gendarmes ingresaron al edificio judicial ubicado en 25 de Mayo y San Martín, donde también se encuentran la fiscal del caso, Silvina Ávila, y la abogada que representa a la familia de Maldonado, Verónica Heredia. El abogado de Gendarmería, Gustavo Dalzone, negó en declaraciones a Télam que la fuerza «haya utilizado armas en el operativo de desalojo (de una protesta mapuche en la ruta 40, el 1° de agosto) y que todo consta en la investigación interna de Gendarmería». Fuente: Telam