En un comunicado apuntaron contra el juez por no entregar la documentación al hijo de los desaparecidos Iris Nélida García Soler y Enrique Bustamante. Mirá el texto completo. La asociación Abuelas de Plaza de Mayo denunció que el juez federal Claudio Bonadio rechazó el pedido de rectificación de documentación del nieto 122, hijo de los desaparecidos Iris Nélida García Soler y Enrique Bustamante y restituido el 18 de abril de este año. Bonadio argumentó su rechazo en que el pedido era improcedente porque el artículo 69 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación permite realizar el cambio “oportunamente y sin intervención judicial”. Sin embargo, las abuelas explicaron que «esa disposición aún no ha sido reglamentada, por lo que acudir a esa vía, en los hechos, es más problemático y lento que realizar el cambio por medio de una orden judicial». «Es preocupante que Bonadío utilice argumentos meramente formales desconociendo la práctica de los demás tribunales federales, que en los últimos tiempos invariablemente realizaban con celeridad los trámites para que los nietos y nietas puedan vivir con documentación que acredite su verdadera identidad», lanzaron desde la asociación defensora de los derechos humanos. El comunicado completo. Las Abuelas de Plaza de Mayo rechazamos enfáticamente la decisión del juez federal Claudio Bonadío, quien rechazó el pedido de rectificación de documentación del nieto 122, hijo de los desaparecidos Iris Nélida García Soler y Enrique Bustamante y restituido el 18 de abril de este año. El 17 de agosto pasado, tras conocer a su familia y la historia de sus padres, este nieto solicitó al Juzgado a cargo del caso que se anule su documentación actual y se lo inscriba como José Bustamante García. Tres semanas después, el juez Bonadío rechazó su pedido bajo el argumento de que “no se trata del momento procesal adecuado”. Resulta insultante que José deba seguir circulando con documentación falsa, que no refleja su verdadera identidad, cuando la justicia ya fue informada de que se trata del hijo de Iris y Enrique, nacido durante el cautiverio de su madre en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en julio de 1977. Enrique e Iris, embarazada de tres meses, fueron secuestrados el 31 de enero de ese año y, por testimonios, se supo que ambos estuvieron detenidos, primero en el Centro Clandestino Club Atlético y luego llevados a la ESMA. El juez Bonadío también sostuvo que el pedido era improcedente porque el artículo 69 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación permite realizar el cambio “oportunamente y sin intervención judicial”. Sin embargo, esa disposición aún no ha sido reglamentada, por lo que acudir a esa vía, en los hechos, es más problemático y lento que realizar el cambio por medio de una orden judicial. En este sentido, advertimos que en el Senado de la Nación existe un proyecto de reforma a la ley del Registro Civil, para adecuarla a esta normativa, pendiente desde el 2 de junio de 2016, por lo que reclamamos su pronto tratamiento. Es preocupante que Bonadío utilice argumentos meramente formales desconociendo la práctica de los demás tribunales federales, que en los últimos tiempos invariablemente realizaban con celeridad los trámites para que los nietos y nietas puedan vivir con documentación que acredite su verdadera identidad. Desde el 18 de abril último, José sabe que su verdadero apellido es Bustamante García, sin embargo, frente a cada trámite en el que se le requiere su identificación, es revictimizado al tener que presentarse con una identidad que no le pertenece. Ante esta arbitraria decisión, Abuelas de Plaza de Mayo acompaña a José en su apelación. Esperamos que la Cámara Federal permita que lleve en su documento, lo antes posible, el apellido que le corresponde: Bustamante García.

El fiscal Gerardo Pollicita requirió al polémico juez Claudio Bonadio que llame a la ex presidenta a declarar, acusada de encubrimiento del atentado a la AMIA. El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió al polémico juez Claudio Bonadio que cite a declaración indagatoria a la expresidenta Cristina Kirchner, acusada de encubrimiento del atentado a la AMIA en base a la denuncia de Nisman. Según indicó el fiscal, nuevas pruebas producidas en la causa le permitieron pedir ahora la indagatoria de Cristina Kirchner como sospechosa. Además, el fiscal, vinculado al PRO desde los tiempos de Boca, requirió la indagatoria del ex canciller Héctor Timerman, el dirigente de La Cámpora Andrés «Cuervo» Larroque, el líder del partido MILES, Luis D Elía; el ex jefe de Quebracho, Fernando Esteche, además de algunos ex funcionarios de la Cancillería y de la agencia de Inteligencia del Estado. Según la denuncia del fallecido fiscal, el memorándum de entendimiento con Irán tenía como fin oculto lograr la impunidad de los acusados del atentado, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que causó 85 muertos. El memorándum implicaba conformar una «comisión de la Verdad» que revisara todos los aspectos del frondoso expediente y permitiera la indagatoria contra los acusados, algo a lo que Irán históricamente se negó y que impidió que la causa avanzara. El acuerdo, aprobado por el Congreso argentino, no se puso en práctica jamás ya que fue el propio Irán el que boicoteó su aplicación. Luego de esa presentación del ex titular de la UFI AMIA, el propio jefe de Interpol en 2013, Ronald Noble, desmintió a Nisman y afirmó en una entrevista a Página 12 que el Gobierno argentino había dejado en claro su voluntad de mantener vigentes las alertas rojas, que implican el pedido de captura internacional contra un ex presidente y altos funcionarios iraníes. La denuncia de Nisman, fallecido cuatro días después en circunstancias aun no definidas, fue rechazada en cinco oportunidades en la Justicia federal, hasta que, tras el cambio de Gobierno, la Cámara de Casación Penal se rectificó y abrió el expediente. Inclusive, llegó a abrirse una causa paralela por el fiscal Germán Moldes por el delito de «Traición a la Patria», que recayó en el juzgado de Bonadio y en el cual se basó para pedir unificar el expediente, que había recaído originalmente en las oficinas de Julián Ercolini.

La justicia dio lugar a la denuncia presentada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre contra el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por violación de los deberes de funcionario público. La entidad apunta a la existencia de un “pacto de silencio” de las autoridades nacionales en torno al caso. El fiscal Delgado efectuó el pedido de que se investigue al Ejecutivo por el accionar en el caso de la desaparición de joven chubutense, luego de que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre efectuara una denuncia contra el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por violación de los deberes de funcionario público. La causa estará a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien había dado vista del expediente ayer al fiscal. En esa línea, Delgado abrió una investigación acerca del presunto encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Por su parte, el abogado patrocinante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Eduardo Barcesat dijo a Página12: “Esta es una causa que no se superpone a la investigación por el paradero de Santiago, que se está llevando en la Justicia de Esquel, sino que apuntamos al encubrimiento de los funcionarios del Gobierno Nacional”. El fiscal advirtió que es “determinante conocer las actividades que llevó adelante el Estado Nacional y para ello la primera de las diligencias es compulsar el expediente judicial” y le exige al juez que le envíe un requerimiento al jefe de Gabinete para “que informe en un plazo perentorio, todas y cada una de las actividades que desplegó el Estado Nacional para dar con el paradero de Santiago Maldonado”. La denuncia presentada por la LADH apunta a la existencia de un “pacto de silencio” de las autoridades nacionales en torno al caso. En el texto presentado en la Justicia, al que tuvo acceso Página12, la entidad advirtió que que “las autoridades nacionales, en lugar de aportar al esclarecimiento y aparición con vida de Santiago Maldonado, han intentado deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social”.

El pasado 15 de julio, la fábrica textil Zoberano sufrió un voraz incendio que terminó con el 70 por ciento del edificio consumido bajo las llamas. Tras este hecho, la empresa de Zoberman acordó el despido de 70 empleados y trasladó la producción a un nuevo edificio donde funciona temporalmente hasta que la fábrica de calle Luna y Oro en Chimbas pueda quedar levantada nuevamente. Así lo confirmó la secretaria de Industria, Sandra Barceló quien explicó que aún la empresa no tomó ninguno de los préstamos que el Gobierno de San Juan le ofreció para para poder recuperarse.  «Después del procedimiento de crisis se decidió el despido de 70 empleados con el 70 por ciento de la indemnización. Eso se acordó con el gremio y en este momento está trabajando con una planta menor de personal en otro edificio hasta que reconstruyan el que se incendió», explicó la funcionaria. Según detalló, la empresa ya venía con un problema económico a raíz de la caída de las ventas producto de la importación. Este problema se acrecentó con el incendio de la fábrica y la pérdida de una gran cantidad de materia prima y de producción ya concretada. «Esta empresa trabajaba haciendo confección para grandes cadenas y por la importación venía con disminución. Luego se produjo el despido de las 70 personas y quedaron 200 empleados», informó Barceló. Ante este escenario, la funcionaria destacó que, pese a todo, el propietario de Zoberano no tomó ningún beneficio que otorga el Gobierno para las industrias. «Suponemos que a partir de ahora le daremos la ayuda. Hasta ahora no tomaron el prestamos de un dígito para reconstrucción de la planta ni para compra de maquinaria», finalizó Barceló quien detalló que se buscará que los 70 empleados despedidos puedan recuperar a partir de esto sus empleos.

El Fiscal General de la Corte destacó que se han dictado 65 sentencias en un mes y que el 60 por ciento de los aprehendidos tenía antecedentes. Con estos números cargó las tintas contra quienes quieren «volver atrás con el sistema». Eduardo Quattropani se refirió al hecho que amenaza al aceitado sistema de Flagrancia y fue muy duro al decir que: «No hay margen para que la Corte chacoteé con el innovador sistema». Fiel a su estilo no se guardó nada argumentando: «Conozco el tema que está en la corte y creo que no hay margen político, jurídico ni social para volver atrás con el sistema. Flagrancia no se inventó en San Juan, es una decisión política y lo que estamos discutiendo ahora lo venimos haciendo». Por otro lado, aseguró que por los resultados obtenidos hasta el momento los llevan a planificar que a fin de año se amplíe el sistema para otro tipo de delitos. Antes esto era una puerta giratoria, y ahora tenemos resultados positivos. Está la Policía trabajando con el Ministerio Público Fiscal en perfecta convivencia. A fin de año pedirán que se amplíe la cantidad de delitos que recibe el sistema, porque está funcionando perfecto. La Justicia salió de sus despachos, de aquellos que la gente cree que son majestuosos, pero que en realidad son una porquería. Vamos a evaluar las estadísticas para ampliar la cantidad de delitos que recibe el sistema acusatorio» concluyó.

Gracias a la forma de convenio con departamentos, el director del Lote Hogar adelantó que San Juan volverá a tener viviendas de este tiempo. San Martín, 25 de Mayo, Jáchal, Calingasta y 9 de Julio. El director del Lote Hogar Pablo Zabala se refirió a la posibilidad de construir nuevas viviendas del Lote Hogar en varios departamentos de la provincia. Los primeros serán San Martín, 25 de Mayo, Calingasta y 9 de Julio mientras que Valle Fértil y Sarmiento son las comunas que continuarían. «Los fondos están y todos los pasos se están dando y esperamos que antes de fin de año podamos llamar a licitación. Nosotros hemos firmado convenio con estos municipios. Las intendencias nos van a proveer de terrenos y construir», dijo Zabala en Levantate. Asimismo, explicó que «los municipios nos mandarán las listas de posibles adjudicatarios. Esto tiene que ver con la cercanía de los municipios a sus propias comunidades. Tengamos en cuenta que son comunidades de tipo rural.

Según informó Sandra Barceló, este miércoles se llamó a concurso y en los próximos días se elegirá un representante. ‘Se necesita seguir de forma ordenada mientras está la cautelar de la justicia que obliga a cumplir el contrato’, manifestó. Con la medida cautelar de la Justicia aún vigente, la empresa PCA, ex ITEC, llamó este miércoles a concurso de acreedores y la semana que viene se formará un síndico. Así lo explicó la secretaria de Industria de la provincia, Sandra Barceló quien señaló que esta medida abre la posibilidad de que la semana que viene se cuente con un referente que canalice la administración de la empresa. «Esperamos la semana que viene contar con un síndico con el cual la administración de los ingresos de la planta van a estar dirigidos al esfuerzo de adquirir materia prima para continuar produciendo para PCA y para el pago de salarios. Necesitamos ese paraguas como todos los acreedores de la planta para poder seguir de una forma ordenada, mientras sabemos que hay una cautelar dictada por la justicia de San Juan que obliga a PCA a dar cumplimiento con el contrato», señaló Barceló. Según informó, los fondos de la provincia, que se transfirieron al pago del sector de los empleados, quedaron embargados por once medidas interpuestas por AFIP. «Los trabajadores son el gran sostén de la empresa. Sin estas 163 familias sería imposible llegar a sostener esta empresa y tener algún tipo de negociaciones. Somos los primeros agradecidos a ellos porque están sosteniendo una empresa privada y una situación que no es fácil», finalizó.