El presidente de Brasil, Michel Temer, cuenta solo con el apoyo de 44 diputados para evitar que la Corte Suprema acepte la denuncia por corrupción pasiva en su contra que presentó la Procuraduría General, según publicó este domingo el periódico «Globo». De los 513 parlamentarios que componen la Cámara consultados esta semana por el diario carioca,solo 44 respondieron que votarían para el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia jurídica del país sudamericano, rechace la denuncia contra Temer. Además, 197 diputados se negaron a responder, mientras 74 se mostraron indecisos. «Una parte considerable de los diputados que se muestran indecisos o no quisieron responder la encuesta alegaron el desconocimiento de la magnitud de la denuncia y la necesidad de más tiempo para reflexionar al respecto», describió «Globo». Esta situación incluso se dio en las filas del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) de Temer, cuya bancada se mostró indecisa o no quiso responder la consulta. El oficialismo precisa de 172 votos en la Cámara Baja para frenar la denuncia por corrupción pasiva contra Temer que la semana pasada presentó ante STF el Procurador General, Rodrigo Janot. En cambio, para poder abrir una investigación criminal contra el presidente son necesarios 342 votos favorables de los diputados. En ese caso, la denuncia vuelve al STF, y el presidente debe dejar el cargo automáticamente por 180 días para ser juzgado. Si en el caso de un proceso, el STF declarase culpable a Temer, éste perdería la presidencia definitivamente. En ese caso le sustituiría el presidente de la Cámara de Diputados, que debería convocar al Congreso para elegir un nuevo mandatario hasta 2018, cuando termina el mandato presidencial actual.

Un atentado suicida en un campamento de refugiados en el oeste de Irak dejó 14 muertos, según informó un policía local y una fuente médica.   El kamikaze que hizo detonar sus explosivos en un campamento en la occidental provincia de Al Anbar, provocó asimismo heridas a otras 13 personas, añadieron las fuentes.

El condicionante, claro está, existe y es concreto: ganarle las elecciones bonaerenses a Cristina Kirchner, y de ese modo terminar con las dudas de empresarios y políticos, aquí y fuera del país. Optimista en relación con lograr ese triunfo que le otorgue el ansiado respaldo político, el Gobierno prepara una batería de medidas posteriores a las elecciones legislativas, un conjunto de leyes y medidas «para los próximos veinte años de la Argentina», como lo definió el propio presidente Mauricio Macri en su encuentro con empresarios chilenos, el martes pasado en Santiago de Chile. Reformas tributaria, fiscal y previsional; reforma política que incluye cambios en el financiamiento de campaña; cambios en la ley de Etica Pública, en los organismos de control y en el Poder Judicial, son algunas de las modificaciones «de largo plazo» que la Casa Rosada imagina poner en práctica luego de superado el «obstáculo electoral» que hoy representa derrotar en las urnas a la ex presidenta. La obsesión presidencial por el empleo para bajar los índices de pobreza va de la mano con una exigencia compartida por el empresariado: «bajar el costo argentino» para favorecer inversiones, según lo definió el propio Presidente el jueves, en el encuentro de CAME. En ese sentido, los ministros Nicolás Dujovne (Hacienda) yJorge Triaca (Trabajo) trabajan en una amplia reforma tributaria que elimine impuestos, aportes y contribuciones, incentive las contrataciones en blanco y aplique multas para los empresarios que contraten empleados «en negro», según contaron desde ambos ministerios. «La dejamos para después de octubre por el ruido electoral que genera», afiron fuentes del palacio de Hacienda. Aquí, como en las demás iniciativas, será fundamental el apoyo del PJ, en especial de los gobernadores que la Casa Rosada considera «cercanos», para conseguir votos en el Congreso y apoyo político para iniciativas que pueden despertar polémica y críticas. Triaca también tiene en carpeta una ambiciosa «reforma previsional» del que se conocen pocos detalles, y que no incluirían por el momento una suba en la edad jubilatoria. Dujovne, con la ayuda del ministro del Interior, Rogelio Frigerio , prepara junto a los gobernadores una nueva ley de responsabilidad fiscal, que apunta a la reducción del gasto provincial o, al menos, mantenerlo estable hasta 2023, y un artículo que prohíbe la contratación de personal a los mandatarios a partir de los últimos seis meses de mandato. Además de las reformas vinculadas a la economía y el mercado laboral, el Gobierno prepara otro paquete de reformas «más duraderas» vinculadas al desarrollo institucional del país. En la Jefatura de Gabinete relacionan el ingreso a sus filas del diputado Fernando Sánchez, leal a Elisa Carrió, con estos cambios que se vienen. La reforma política trabada en el Congreso, que incluía la boleta electrónica y la homogeneización del calendario electoral, será reimpulsada una vez obtenido el apoyo del electorado. Se le sumarían la derogación de las PASO (anunciada por el Gobierno esta semana a través del jefe de gabinete, Marcos Peña) y un nuevo régimen de transparencia en el financiamiento de campañas en base a recomendaciones de ONG como Cippec y Poder Ciudadanos, frenada por la campaña electoral. «No podemos cambiar las reglas en mitad de una elección», repitió el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, que tiene en su despacho el borrador de los cambios en el financiamiento electoral, enviado por el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez. Se suman a este paquete algunas normas hoy trabadas en el Congreso, como las reformas a la ley de ética pública y la norma de responsabilidad penal empresaria, que apoyan «los empresarios honestos que no quieren pagar más coimas», según definió Sánchez. Otras reformas judiciales, que incluirían una reforma del Consejo de la Magistratura y cambios en los tiempos procesales de las sentencias, se mantienen aún bajo llave en los despachos más importantes. Carrió y Sánchez vienen discutiendo estos cambios con Peña y Mario Quintana, uno de los vicejefes de gabinete. «En un país serio hay oficialismo y oposición, pero tiene que haber responsabilidad de ambas partes», afirma Sánchez en un adelanto de lo que será su rol de «coordinación» entre el Ejecutivo y parte de la oposición peronista, con el objetivo de concretar muchos de estos proyectos que el Gobierno se prepara para lanzar horas después festejar lo que espera sea un triunfo en las elecciones de medio término.

El papa Francisco pidió el «fin de la violencia» en Venezuela al expresar su deseo de que haya «una solución pacífica y democrática» a la crisis institucional y política que atraviesa el país caribeño. «El 5 de julio será la fiesta de la independencia de Venezuela. Aseguro mi oración por esta querida nación y expreso mi cercanía a las familias que perdieron a sus hijos en las manifestaciones callejeras», dijo en referencia a las víctimas de los enfrentamientos entre partidarios del gobierno de Nicolás Maduro y grupos opositores. «Hago un llamado para que se ponga fin a la violencia y se encuentre una solución pacífica y democrática a la crisis», agregó el Pontífice en línea con el pedido de la diplomacia vaticana para que se celebren elecciones en Venezuela. Hace unas semanas, Francisco recibió a un grupo de obispos venezolanos y renovó varias ocasiones el pedido de «respetar los derechos humanos» con «paz y reconciliación» en Venezuela que lanzó en el Ángelus del pasado 30 de abril. El viernes, el Ministerio Público de Venezuela anunció la muerte de un joven herido el pasado 13 de junio durante una manifestación en el estado occidental de Mérida, con lo que subió a 81 la cifra de muertos en la ola de protestas iniciada a principios de abril último. «Que Nuestra Señora de Coromoto interceda por Venezuela. Y todos nosotros le rezamos», pidió hoy el Papa al reiterar su preocupación por el país caribeño, en el que el año pasado la Santa Sede actuó como «facilitadora» del diálogo entre el gobierno y la oposición sin resultados concretos.