El Gobierno presiona por el tratamiento del régimen penal juvenil, tras el crimen del nene de tres años en manos de un menor. La vicepresidenta Gabriela Michetti reclamó la «evaluación a fondo» de los cambios al régimen penal juvenil, en medio de la grave situación de inseguridad que atraviesa, principalmente, el conurbano bonaerense. Michetti consideró «razonable» la baja a 14 años de la edad de imputabilidad por asesinato, tras el crimen de un nene de tres años en manos de un menor de 16, que lo mató después de asaltar a su papá en Lomas de Zamora. «Es bastante razonable que tengamos una diferencia en términos de delito en las edades, que tengamos esto de los 14 años como edad de imputabilidad del asesinato. Son cosas razonables», consideró la presidenta del Senado. «Las dos cosas son tareas muy importantes que hay que hacer a la vez», dijo Michetti, que habló de «evitar que (los menores) lleguen al delito y la segunda, que es mucho más rápido de hacer, ya discutir el régimen penal». «El Senado está preparado para dar esta discusión, no podemos dar la excusa de que hay un tema de tiempo electoral». «Esto hay que hacerlo sí o sí. Hay varios proyectos presentados hace tiempo que van en ese sentido, es muy necesario que evaluemos esto a fondo», dijo la funcionaria en una entrevista radial. Michetti dijo además que el ministro de Educación, Esteban Bullrich, trabaja en un proyecto para «buscar» a los menores «para que vuelvan a clase, para que puedan volver a reinsertarse en el sistema educativo», debido a que «la mitad de los chicos no terminan el secundario». «Es realmente estar fuera de toda posibilidad», advirtió la vicepresidenta, que agregó: «Es muy importante este proyecto, al cual el ministro de Educación le está poniendo muchísima fuerza».

El Gobierno está dando de baja pensiones a personas con discapacidad. A partir de este mes, y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social decidió aplicar un olvidado decreto de 1997 que establece más exigencias y condiciones que deben reunir quienes buscan acceder a una pensión. – se quitó la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación, incluida si es la mínima. – también sufrieron la baja de sus pensiones personas con dificultades para manejarse de manera independiente en caso de que cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, cuyo familiar tenga un ingreso formal de $ 21.000. El ministerio que comanda Carolina Stanley reflotó el decreto 432 que dictaminó Carlos Menem en 1997 para sacar las pensiones graciables a las personas con ‘invalidez’. “Es un agrave error lo que están haciendo, invocan a esa resolución que establece una ayuda asistencial solo en casos de “extrema indigencia”, lo que se contradice con tratados internacionales, leyes nacionales y sobre todo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo”, dijo a Clarín Gabriela Troiano, vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad y diputada nacional por el partido Socialista, que presentará una demanda en la Defensoría del Pueblo. En el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación confirmaron a Clarín que están revisando todas las pensiones. Entrecruzan datos y automáticamente dan de baja muchas de ellas. No quisieron revelar cuantas. “Estamos ajustándonos a la ley”, dijo a Clarín la vocera de Stanley, Emilia Frigerio. ¿Por qué si la ministra asumió hace un año y medio recién ahora decide aplicar la ley?, preguntó Clarín a la portavoz. “Eso no lo voy a contestar”, respondió. Otras fuentes oficiales confirmaron que la decisión de eliminar pensiones reflotando un viejo decreto está vinculado con el pedido de Mauricio Macri de achicar el gasto para cumplir la meta de 4,2% de déficit fiscal. “La mitad de lo que recauda el Estado se lo lleva la Anses, así no hay plan de reducción de déficit que sea viable”, señalan en el Ministerio de Hacienda. “Este tema es sensible de tratar antes de las elecciones, pero la revisión de todo el universo de pensiones se discutirá también en el consejo del Salario el 27 de junio”, dijo una fuente de la cartera laboral. La pensión de discapacidad mínima es $ 4.400 pero la mayoría cobra $ 7.000. Es el promedio, confirmaron a Clarín en el Ministerio de Trabajo. Hace un año había otorgadas 1.056.504 pensiones por “invalidez”, como las denomina el Gobierno Nacional. Alguno de los criterios que se usaron para retirar pensiones no contributivas fue que el beneficiario posea bienes, por ejemplo, un auto, siendo este bien una necesidad para muchos que no pueden movilizarse en transporte público. “Los que con dificultad tienen un techo para vivir también se quedaron sin pensión”, agrega Troiano, quien considera objetable legalmente que el ministerio omitiera realizar estudios socio ambientales a los pensionados, antes de quitarle la ayuda Clarín recibió numerosos casos de personas que dicen haber pedido explicaciones a la Anses y al Ministerio de Desarrollo Social pero no les dieron una respuesta concreta. “Hace 15 años mi hija con síndrome de down cobraba una pensión por discapacidad pero se la quitaron porque mi sueldo excede los tres salarios mínimos”, se queja Roberto. Actualmente el salario mínimo vital y móvil se encuentra en $ 8.060. Quejas como las de Roberto, que pide preservar su identidad, se multiplican por estas horas en las redes sociales. También se repiten los casos de matrimonios en los que uno de sus miembros perdió este mes su pensión por discapacidad porque su pareja percibía una jubilación mínima, incluso en los casos en los que entre ambos no llegan a cubrir la canasta básica.

Con ellos llegaron a 105 las personas identificadas en el Pozo de Vargas, la fosa común clandestina de 3 metros de diámetro por 40 metros de profundidad que fue utilizada por la dictadura cívico militar para desaparecer a sus víctimas. Aún queda trabajar sobre los 7 metros más profundos del pozo. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) identificaron los restos de otras 19 personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura cívico militar y estaban sepultadas en el Pozo de Vargas. Entre los identificados se encuentran Armando Archetti, Dardo Exequiel Arias, Julio César Campopiano, René Armando Castellano, Alba Luz Consentino, Federico Aldolfo Furth, Néstor Ubaldo Herrera, María Trinidad Iramain, Félix Daniel López, Angel Vicente Manfredi, Julio Antonio Martín y Angel Alfonso Madina. También fueron identificados Ricardo Alberto Pisculichi o Rolando Jesús Pisculichi -hermanos, siendo indistinguibles desde el punto de vista genético- Humberto Rubén Ponce, Pedro Rodoletto, María Teresa Sánchez, Juan Carlos Trejo y Hugo Arnaldo Vega. Uno de los integrantes del CAMIT, Ruy Diego Zurita, explicó que con ellos «suman 105 las personas identificadas en el denominado Pozo de Vargas», una fosa común clandestina de 3 metros de diámetro por 40 metros de profundidad que fue utilizada para ocultar los cuerpos de personas detenidas y asesinadas en Tucumán desde el comienzo del Operativo Independencia, en 1975, y durante la última dictadura, hasta 1979 aproximadamente. «Del Pozo se han sacado una gran cantidad de restos óseos y, además de los que ya fueron identificados, hay alrededor de 30 restos más que siguen siendo analizados» indicó Zurita, quien agregó que por ello «es necesario que los familiares que tengan una persona desaparecida y que puedan haber pasado por Tucumán o sean de la provincia acerquen sus muestras de sangre a la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas».  

Se trata de una trama de corrupción dentro de la Contaduría General del Ejército para desviar fondos a través de cuevas financieras donde se cambiaba el dinero que se habría destinado para pagar la defensa de los genocidas envueltos en causas vinculadas a la última dictadura. La AFIP ya le elevó un informe al juez Martínez De Giorgi. La denuncia estalló en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, cuando un particular de nombre Pablo Pildaín, denunció una trama de corrupción al interior de la Contaduría General del Ejercito que terminaba en dinero destinado a financiar los abogados de vario genocidas que afrontan causas por delitos de Lesa Humanidad. El denunciante relató que entre los años 2012 y 2016, todos los meses retiraba los cheques de la Contaduría, los cambiaba en una cueva ubicada en Corrientes al 300, y regresaba con el efectivo. A cambio se quedaba con una comisión, al igual que la financiera. El juez Martínez De Giorgi comenzó con la investigación hace dos meses, desde entonces ya hizo dos operativos en el Ejército y relevó información de varios organismos. Fue la AFIP la encargada de obtener un dato clave al detectar facturas apócrifas en la Contaduría del Ejército. «Las facturas se habrían utilizado para justificar los cheques que se cambiaban en las cuevas», aseguraron desde la investigación al portal Infobae. Según relató el denunciante, cambiaba alrededor de un millón de pesos mensuales. Los cheques siempre provenían de la Contaduría, pero el detonante habría sido un cheque de Nación Seguros que no se pudo cambiar. Pildaín que se auntoincriminó afirmó que le entregaba dinero en efectivo a los coroneles Alberto Martínez Azzolina, hoy retirado, y Ricardo Belusci, también en proceso de retiro. Además de estos, el listado alcanzaría a varios represores que utilizaban el dinero para pagarle a los abogados que los defienden en las causas por delitos de Lesa Humanidad. De todos modos hay que tener en cuenta que Pidaín llegó a Comodoro Py acosado por una serie de acreedores a los que les debe dinero, según él mismo contó en un reportaje que le hizo Rolando Graña en América 24. Los acreedores, de hecho, contrataron a una empresa que se especializa en perseguir morosos. El denunciante dice que invirtió esos fondos en una «mesa de dinero» paralela que funcionaba en la Contaduría del Ejército y que esa mesa se dedicaba a otorgar créditos al personal de la fuerza. El jefe del Ejército Diego Suñer ordenó una auditoría interna y además puso al Ejército como querellante en la causa. Fuente: Política Argentina

Se trata de parte del plantel jerárquico de empresas contratadas por la Central Nuclear Atucha IV, en Zarate. “Anunciaron hacer la III y ahora nos dejan afuera a nosotros cuando prestamos asistencia a la II y a la III y en el obrador de la IV”, denunciaron representantes gremiales apuntando contra Macri. La «economía en marcha» y los «brotes verdes» parecen no ser hechos observables en Zarate, y menos para los trabajadores de Atucha. Es que a partir del 1 de julio, 137 trabajadores de la Central Nuclear Atucha IV, ubicada en ese distrito bonaerense, perderán su empleo y, según denuncian, la medida podría alcanzar a otros 400 operarios. Como consecuencia de esto, la semana que viene habrá movilizaciones de los trabajadores en repudio de los despidos que se multiplicaron en varias fábricas e industrias de la zona. Según un artículo del portal LetraP, la notificación a los 137 trabajadores despedidos llegó a fines del mes de mayo, cuando el personal jerárquico que presta servicio en la Central Nuclear Atucha IV a través de las empresas Adecco S.A. y de Burreau Veritas Argentina S.A., recibió la noticia de que sus contratos no serían renovados. “137 trabajadores recibimos telegramas de preaviso donde nos informaban que a partir del 30 de junio quedábamos cesantes”, aseguró a ese portal Juan Carlos González, representante de la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA). En esa línea, González explicó: “Es grave la situación en la zona, porque se están cerrando muchas fábricas. Es grave porque no hay salida laboral en la zona, no hay otra alternativa porque están cerrando varias fábrica”. La referencia a la situación general de la región tiene que ver con el impacto que produjeron el cierre de la química Atanor, los despidos en Ingredion y los recortes en Germaiz, Dontos y BRF de Baradero, y los despidos en Quipro y Carboclor de Campana, entre otras. “Si nos despiden a nosotros, también corren riesgo de perder el trabajo otros 400 trabajadores de la UOCRA por efecto dominó”, agregó en ese sentido, comentando el riesgo de que la salida de trabajadores se extienda. Asimismo, González apuntó contra el gobierno nacional y, específicamente, contra el acuerdo alcanzado por el presidente Mauricio Macri con su par chino en el que se selló un convenio para la construcción de Atucha III, a partir de enero del 2018, en localidad de Lima, partido de Zárate, justamente cerca de Atucha II: “Anunciaron hacer la III y ahora nos dejan afuera a nosotros cuando colaboramos en poner en marcha Atucha II, porque estamos en la Unidad de Gestión, prestando asistencia a la II y a la III y en el obrador de la IV”. “Sabemos que el plan nuclear es un hecho, somos defensores del plan nuclear, pero no entendemos esta determinación”, sostuvo el trabajador, y agregó que están pidiendo la “intervención del Ministerio de Energía y de cualquier ente que tenga injerencia para que dialoguemos y podamos revertir esta situación”. González además señaló que hicieron una presentación ante el Concejo Deliberante para “que tome cartas en el asunto» porque son «trabajadores de la zona”. En esa línea, el diputado del FpV Marcelo Torres presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense expresando su repudio a los despidos. “Es necesario visibilizar la problemática y transformarla en iniciativas para resistir la destrucción productiva de nuestra región», señaló el legislador mediante un comunicado. Los trabajadores de Atucha junto a operarios de otras fábricas de la zona movilizarán el viernes 16 por las calles de Zárate en repudio al cierre de fábricas, despidos y suspensiones.