Frente a un mercado cambiario cada vez más demandante, el Banco Central debió intensificar este jueves las ventas de divisas, y se desprendió de u$s 123 millones, con el fin de contener al dólar, que cerró casi estable a $ 20,69, un centavo menos que en la jornada previa, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. Fue en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa retrocedió cuatro centavos a $ 20,39, después de que la autoridad monetaria salió a vender para controlar una incipiente escalada en momentos en que la moneda norteamericana avanzaba hasta los $ 20,47. Por tercera vez esta semana, el Banco Central tuvo que salir a frenar la suba del dólar en medio de una mayor demanda de bancos y empresas privadas por coberturas. En total, desembolsó u$s 173 millones durante tres días. La moneda norteamericana operó con tendencia mixta que respondió a la influencia de las intervenciones del Banco Central en el mercado: los precios tuvieron su pico máximo en el primer tramo pero encontraron después un sendero bajista direccionado por las ventas oficiales. La demanda por cobertura se mantuvo vigente en el primer segmento de la jornada llevando los valores del dólar a alcanzar nuevos máximos históricos en los $ 20,47. La insuficiencia de la oferta provocó la aparición de la autoridad monetaria, con ventas que fueron atendiendo en forma sucesiva los pedidos de compra pendientes de ejecución. La acción oficial fue empujando bajas sucesivas en la cotización que sobre el final le hicieron tocar mínimos en los $ 20,37, diez centavos por debajo de los máximos de la fecha. «Sólo la reiterada presencia de la autoridad monetaria en el mercado, supliendo la insuficiencia de la oferta genuina, pudo generar una corrección del tipo de cambio interrumpiendo una secuencia de subas que lo había llevado a nuevos máximos históricos», destacó el analista Gustavo Quintana. Agregó que «la decidida acción oficial abortó una nueva fecha con alzas en el valor del dólar y emitió una señal que debe interpretarse como el límite establecido para el avance de los precios en la semana». La oferta de la divisa, en simultáneo, «sigue reducida tanto de los cerealeros que registran en estos días una liquidación diaria de u$s 60 millones. El resto proviene de otras industriales y algunos pocos inversores». El volumen operado subió un 20% hasta los u$s 822 millones. «Esto avala la teoría de que tuvo que intervenir la autoridad monetaria con más cantidad de ventas para lograr bajar el precio», resaltaron desde ABC Mercado de Cambios. En el mercado de dinero entre bancos, el «call money» operó estable a un promedio del 25,25% TNA y en «swaps» cambiarios se pactaron u$s 227 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes y el lunes. Las Lebac en el mercado secundario se operaban al plazo de 13 días a 26,55%TNA y la de 258 días al 25% TNA. En el mercado de futuros del Rofex, donde se operaron u$s 404 millones, más del 40 % se operó para fin de mes a $ 20,62 con una tasa implícita de 20,27% TNA y el plazo más largo fue julio a $ 22,119 a una tasa del 21,75% TNA. Los plazos operaron con bajas promedio de cuatro centavos, acompañando la baja del spot. En la plaza paralela, a su vez, el blue cayó tres centavos a $ 20,65, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el «contado con liqui» subió tres centavos a $ 20,45. Por último, las reservas del Banco Central cayeron este jueves u$s 92 millones, hasta los u$s 62.518 millones. Fuente: www.ambito.com
Masiva marcha por el 8M, el movimiento feminista sigue creciendo
Una multitud de mujeres se movilizó desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso. Allí leen ahora el texto con sus principales reclamos, que son igualdad salarial, aborto legal y fin de la violencia de género. En el cierre de una jornada histórica protagonizada por 500 mil mujeres, lesbianas, trans y travestis que marcharon desde Plaza de Mayo hasta la Plaza de los Dos Congresos en el marco del Paro Internacional Feminista, la locutora y periodista Liliana Daunes fue la encargada de leer el documento conjunto que insistió en el reclamo del aborto legal, seguro y gratuito, en un basta a las violencias femicidas y travesticidas y se pronunció en contra de los despidos el ajuste del gobierno nacional. «Contra todas estas crueldades, hemos desarrollado asambleas en las escuelas secundarias, en los lugares de trabajo, en los territorios en conflicto, en los hospitales, en las villas», destacaron el camino recorrido desde el anterior 8M y celebraron: «La marea feminista sigue creciendo como una fuerza internacionalista.» La madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas flanqueó a Daunes. Ambas estuvieron rodeadas de un amplio abanico de legisladoras de distintos partidos políticos, representantes sindicales y delegadas de fábricas y organismos de gobierno que luchan frente a los despidos y el ajuste estatal. «Venimos produciendo este tiempo de desobediencia al patriarcado y al capitalismo que acumula fuerza en los territorios, revoluciona las casas, las camas y las calles», reivindicaron y convocaron «a todas las centrales sindicales la convocatoria al paro y la organización de asambleas». El movimiento feminista denunció «cómo este gobierno intensificó la represión, las cacerías contra militantes y la criminalización de la protesta» e insistieron en el pedido de justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. En ese tono, destacaron que se puso fin al silencio sobre la violencia machista, a pesar de que «la violencia femicida y travesticida sigue descontando vidas. Anahí Benítez, Araceli Fulles, Micaela García, Vanesa Castillo, Camila Borda», enumeraron algunos de los nombres «que gritamos este año». Con la presencia de Cortiña y otras referentes de organismos de derechos humanos sobre el escenario, el documento feminista también se pronunció sobre «el engranaje entre la familia patriarcal y el terrorismo de Estado» y rechazaron que «se les conceda prisión domiciliaria, libertades y amnistías a los represores. Nosotras volvemos a gritar que la única casa de los genocidas es la cárcel». «No olvidamos ni nos reconciliamos», subrayaron antes de celebrar que «desde el feminismo estamos construyendo una casa contra todas las formas de crueldad con que el capitalismo quiere aterrorizar nuestras desobediencias». Fuente: www.pagina12.com.ar
8M en San Juan: una multitud se hizo presente en la marcha, el movimiento feminista hace historia
Al igual que en todo el país, San Juan dijo presente una vez más en la marcha por el día internacional de la mujer. Una marcha, un movimiento que hace historia en el mundo. Mira las primeras imágenes de la movilización en nuestra provincia. [wpvideo Kg4aVvOU] La convocatoria a la marcha estaba programada a las 19hs en «Plaza 25 de Mayo» para luego concluir con un cierre, con un festival a partir de las 20hs en la «Plaza Hipólito Yrigoyen».
Latam deja de volar a San Juan: se cae una de las pocas acciones que hizo «cambiemos» por San Juan.
En la empresa confirmaron que la decisión se basó específicamente en la ecuación de ingresos y costos. Latam Argentina decidió dar de baja dos bases en el país y anunció que desde el 31 de mayo ya no volará a San Juan y a Bahía Blanca, informó el diario La Nación. «Los vuelos desde y hacia esos destinos, tanto domésticos como regionales, dejarán de operarse. Esta decisión, la primera de estas características dentro de la extensa trayectoria de la compañía en el país, apunta a garantizar la sustentabilidad de Latam en el mercado doméstico local y obedece estrictamente al desbalance entre costos operativos e ingresos generados», comunicó la empresa. El cierre definitivo de los destinos San Juan y Bahía Blanca afecta, también, a un vuelo internacional que une la capital cuyana con Santiago de Chile. Las razones son claras. En la empresa confirmaron que la decisión se basó específicamente en la ecuación de ingresos y costos. Según los números de la compañía, mientras los primeros subieron 7,6%, los segundos aumentaron 35%. «El mercado no convalida subas de boletos superiores al 7,6%. Si se aumenta más, baja la ocupación, que actualmente es de 70%, algo bajo si se lo compara con los otros destinos de la empresa», dijo una fuente de Latam. De acuerdo con la información de la línea aérea, Latam «priorizará la fuente laboral de todos los empleados que hoy desempeñan tareas en las locaciones afectadas y buscará su relocalización en otras bases de la compañía». Todos los pasajeros que hayan adquirido tickets para volar a esos destinos luego del 31 de mayo de 2018, tendrán la posibilidad de realizar cambios de fecha y lugar, o solicitar la devolución del importe abonado. Latam (antes Lan Líneas Aéreas) se radicó en el país en 2005. Entonces, en el inicio de la operación, se hizo cargo de los empleados de Líneas Aéreas Federales (Lafsa), una aerolínea estatal que nunca voló y que fue creada en los últimos días del gobierno de Eduardo Duhalde.
San Juan: «Expofrut» despidió a 45 empleados y vendió su finca
No tienen notificación oficial, verbalmente les explicaron que la finca se vendió a la empresa Almana y achican la planta de personal. Desde este lunes, empleados de la empresa Expofrut, que trabajan en la finca de Albardón, se presentaron a trabajar pero no les permitieron el ingreso al predio. Los trabajadores manifestaron que personal de Recursos Humanos, les comunicaron verbalmente que no tenían acceso por no pertenecer más a la empresa, porque que todo había sido vendido a Almana SRL y reducían personal. Los empleados, reclaman definciones sobre su situación laboral, pago de haberes e indemnizaciones. Fuente: diariolaventana.com
El gobierno de Salta lanza comida desde un helicóptero y la gente se desespera por los alimentos
Ocurrió en Las Vertientes, en la zona de Santa Victoria del departamento salteño de Rivadavia. La crisis económica tomó su máxima expresión en Salta. En la provincia gobernada por Juan Manuel Urtubey utilizan helicópteros para arrojar alimentos que son disputados por distintos integrantes de pueblos originarios. En un video grabado por el cacique Timoteo Ñato de la comunidad wichi que vive en Las Vertientes, se puede apreciar el trato inhumano que sufren los integrantes de la comunidad, cuando se ven obligados a entrar en una feroz disputa a la hora de poder acceder a un alimento. La comunidad vive en Las Vertientes en Santa Victoria, zona recientemente afectada por las inundaciones. En declaraciones a la prensa, el propio gobernador Urtubey había afirmado “perdieron todo y a la vez no perdieron casi nada, porque no tenían casi nada”. Desbordados por la desesperación, los ciudadanos se ven obligados a luchar por la mercadería que es lanzada por el helicóptero provincial. Néstor Ruíz de los Llanos, Secretario de Protección Civil del gobierno de Salta, catalogó el episodio como una «excepción» y defendió la asistencia que se está llevando a cabo a través de los puentes aéreos. «Desde el 30 de enero se están llevando a cabo los vuelos de forma interrumpida. Cuando se sale se aprovecha cada lugar despejado para que no se acerquen. En el caso del piloto se deja la asistencia para que alguien colabore», explicó, en diálogo con El Destape. En este sentido, Ruíz de los Llanos remarcó que es fundamental la asistencia de los referentes de la comunidad: «Nosotros necesitamos la colaboración. Hay muchas familiares y es demasiada la asistencia para el piloto que viaja solo». Además, el funcionario remarcó la no colaboración del cacique que grabó el video. «El caso de la vertiente es un caso excepcional, salvo un día todos los días estamos volando. No hemos tenido una situación así.En la zona de Santa Victoria el encargado de hacer la distribución era el Cacique Timoteo», concluyó. Fuente: www.eldestapeweb.com
8 de Marzo: día de lucha
Se espera que miles de mujeres salgan a las calles este jueves para reclamar por sus derechos y protestar en contra de la violencia machista en todas sus formas. Un paro de alcance global que permite visibilizar el estado actual de la lucha feminista. La tierra va a temblar mientras al mundo lo atraviese una sola bandera pidiendo por el fin del patriarcado. Cientos de miles de mujeres participarán este jueves del Paro Internacional con el que se manifestarán en contra de la violencia machista y de la vulneración de sus derechos y por la igualdad de oportunidades. Como un efecto solidario y combativo, el movimiento de mujeres en la Argentina cobró fuerza y creció ampliamente en los últimos tres años. «Si nos tocan a una, nos tocan a todas», fue una de las frases que se internalizó y generó una aguerrida empatía entre miles de mujeres que eran víctimas de la violencia machista. La necesidad de hablar, de contar y sobre todo de cambiar el rumbo de la vida política y social es enorme, por eso el hecho de que se haya visibilizado en las calles fue el primer indicador de que el mundo está listo para cambiar su rumbo hacia una igualdad de géneros real y concreta. Un día la historia debía cambiar. El dolor por la muerte de una joven en manos de su novio (Chiara Pérez), en mayo de 2015, fue el disparador de un basta colectivo. El 3 de junio se realizó una marcha multitudinaria que se replicó en todo el país. Catorce meses después, en octubre de 2016, otra muerte sacó a la calle otro vendaval de mujeres. Esta vez la manifestación incluía un paro de una hora en sus lugares de trabajo. Fue entonces cuando nació el Paro Internacional de Mujeres, un movimiento de base organizado por mujeres, lesbianas, travestis y trans de distintas partes del mundo, cuya organización permitió el 8 de Marzo de 2017 pegar un grito colectivo que enmudeció el seno del patriarcado en sus diferentes ámbitos. «Ustedes están tremendas ahora», dicen en tono de humor muchos hombres. Y es un índice más que interesante, teniendo en cuenta el crecimiento de un movimiento que exige e instala la necesidad de un nuevo paradigma. La historia está cambiando y son las mujeres quienes están a cargo de ese cambio. Este año y luego de algunos sucesos mundiales que se impusieron en ámbitos donde antes los temas vinculados al género no eran tenidos en cuenta, se amplió el espectro de participación de mujeres, lo que muestra la necesidad de replantear la situación en esos ámbitos. Uno de esos casos fue el #MeToo, que redundó el miles de denuncias de acoso sexual. El impacto de la campaña, además de visibilizar estos casos, generó una gran expectativa para este 8M. En la mayoría de los países se decidió un paro económico y de tareas de cuidado de un día o de algunas horas. «Sugerimos formas abiertas de protesta según las posibilidades de cada región donde se encuentren», expresan desde el sitio. «En caso de que no puedas parar en tu trabajo, te sugerimos usar elementos de color violeta como ropa o cintas de ese color, símbolo del feminismo.» Nuestras consignas Fueron hasta ahora cinco las asambleas (mañana se realiza otra) donde se discutieron acaloradamente los puntos del paro del jueves. Los debates de los diferentes colectivos tuvieron como acuerdo general la consigna de «Paro Internacional de Mujeres, Travas, Lesbianas y Trans. Basta de ajustes y despidos».Basta de precarizar nuestro trabajo, las mujeres trabajamos trece horas más que los varones y no hay remuneración, queremos acortar la brecha salarial, queremos poder llegar a más puestos ejecutivos y de poder. La concentración será a las 19 en Plaza 25 de Mayo, para marchar hacia la Plaza de la Joroba, donde se realizará la lectura del documento y habrá un festival con artistas locales. Los países llaman «El Paro Internacional de Mujeres presenta una gran oportunidad y juega un papel importante para fortalecer nuestra pelea común contra el patriarcado.», expresa el documento del Movimiento de Mujeres de Kurdistan. Desde Paraguay, afirman: «Cansadas de la doble explotación, de la opresión, de la violencia, el acoso sexual y el laboral, vamos a parar en todos los espacios en los que trabajamos». En Perú, llamaron «a revertir todas las estructuras de poder que generan desigualdad». En Nicaragua, el Movimiento Autónomo de Mujeres decretó duelo nacional por la cantidad de femicidios en el último año, y llamaron a una masiva movilización y huelga. «
Murió Bignone, el último dictador
El genocida y último presidente de facto de la Argentina murió a los 90 años en el Hospital Militar. Antes de verse obligado a convocar a elecciones en 1983 y entregar el poder, dictó una ley de autoamnistía con la que intentó lograr la impunidad por las desapariciones, asesinatos y secuestros. Estaba en prisión, condenado por delitos de lesa humanidad. A los 90 años murió en el Hospital Militar Reynaldo Benito Bignone, el genocida y último militar que estuvo al frente del último gobierno de facto de la Argentina. Fue el presidente que en 1983 hizo el inevitable llamado a elecciones democráticas, ante una dictadura jaqueda tras la derrota de Malvinas, la debacle económica y la resistencia popular. Con el advenimiento de la democracia fue juzgado y condenado a prisión perpetua por allanamientos ilegales, secuestros, torturas y homicidios, todos delitos de lesa humanidad a los que le sumó el saqueo de las pertenencias de sus víctimas. Bignone fue el cuarto y último en la zaga siniestra de presidentes-dictadores iniciada por Jorge Rafael Videla en 1976. El 10 de julio de 1982, días después del fin de la guerra de Atlántico Sur, sucedió en el poder de facto al autor de esa aventura, Leopoldo Fortunato Galtieri, quien antes de abandonar la Casa Rosada luego de la masiva movilización popular tras la rendición ante Gran Bretaña en junio de 1982 había dicho que las urnas estaban bien guardadas. Al último dictador se lo recuerda por su imagen en el traspaso de los atributos presidenciales a Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, pero antes de ello intentó lograr impunidad para él y sus secuaces cuando dictó los decretos que ordenaron la supuesta destrucción de los archivos de la represión de Estado y el otro de «amnistía» y «pacificación nacional», que tenía el fin de «reconciliar» a la sociedad. Nunca se arrepintió de los crímenes que mandó a ejecutar ni de los que fue cómplice. Por el contrario, se defendió de todas las acusaciones en su contra y justificó las matanzas en cuanta oportunidad tuvo. «La lucha contra el terrorismo en los sesenta y en los setenta se trató de una guerra contra integrantes de grupos subversivos que no eran ni demasiado jóvenes ni idealistas», sino que tenían el objetivo de «la toma del poder por la fuerza subversiva», dijo. Entre tantas otras frases siniestras se lo recuerda por haber sostenido en una entrevista televisiva que los desaparecidos fueron “sólo fueron ocho mil”. También dijo que en el país se había librado una guerra que “fue iniciada por las organizaciones terroristas”. Además, arengó a quienes en democracia reivindican la dictadura. En 2006 se conoció una carta que le envió a una agrupación llamada Argentinos por la Memoria Completa, destinada a defender el terrorismo de Estado. A sus integrantes los llamó “modernos Quijotes”, los convocó a “arremeter” contra aquellos que “cargados de odio, deformaron la moderna historia argentina” y les dejó un encargo macabro: “Terminen lo que nosotros no pudimos terminar”. Bignone fue jefe del Estado Mayor y más tarde comandante de Institutos Militares, el organismo encargado de formación de oficiales. Recibió conscriptos, varios de ellos desaparecidos bajo bandera, y estuvo al frente de Campo de Mayo -lugar el gobierno de Mauricio Macri pretende convertir en un Parque Nacional-, donde funcionó uno de los tres grandes campos de concentración junto con La Perla, en Córdoba, y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En los juicios por los crímenes cometidos en Campo de Mayo se lo halló responsable de los asesinatos y desapariciones de “colimbas” que hacían el servicio militar. También fue condenado por detenciones ilegales en el Hospital Posadas, de Morón, cuando se desempeñó como responsable de ese centro sanitario en su rol de delegado de la Junta Militar en el área de Bienestar Social. Quedaron comprobadas también sus responsabilidades en el Plan Cóndor, con el que las dictaduras del Conosur persiguieron, detuvieron ilegalmente y mataron a militantes identificados como tales en sus países de origen. Juró proteger a sus camaradas criminales hasta la muerte. Ante el tribunal que lo juzgó por los delitos en Campo de Mayo dijo: “Para el momento supremo de dejar este mundo, resulta preferible el juzgamiento que el repudio unánime de mis superiores, camaradas y subalternos”. Fuente: www.pagina12.com.ar
Cambiamos: El servicio penitenciario elaboró un informe con casi 100 genocidas que podrían ser excarcelados
Organismos de derechos humanos advirtieron sobre el informe elevado al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. Figuran Jorge “Tigre” Acosta y el ex capellán castrense Christian Von Wernich, entre otros. Casi un centenar de represores integran un listado de presos y presas en condiciones de abandonar las cárceles federales bajo los beneficios de la libertad condicional o la prisión domiciliaria. El listado, en el que figuran genocidas como Jorge “Tigre” Acosta y el ex capellán castrense Christian Von Wernich, fue elaborado por el Sistema Penitenciario Federal y enviado al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, según confirmó a este diario su presidente, el juez de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos. “No es tarea del sistema definir sobre los casos particulares” de los presos y presas, aclaró Hornos sobre el listado que le llegó a principios de año a ese ente en el que jueces, defensores, fiscales, miembros del Congreso de la Nación y organizaciones de la sociedad civil monitorean la situación de los presos y presas en cárceles federales. Organismos de derechos humanos advirtieron por ésta situación y remarcaron que “es mentira” que mandando a la casa a imputados y condenados por delitos de lesa humanidad se va a solucionar el hacinamiento de los penales. “No son ni el 1 por ciento de la población”, apuntó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud. “El único lugar para un genocida es la cárcel”, insistieron desde Hijos. Hornos confirmó a este diario que en calidad del presidente del Sistema de Coordinación recibió a fines de enero pasado un listado en el que el SPF enumeró a 1111 presos y presas en condiciones de recibir la libertad condicional o de cumplir condena en su domicilio. 96 de esos más de mil son imputados o condenados por delitos de lesa humanidad, como el Tigre Acosta, como Von Wernich; como “El Turco” Julián Simón, el médico naval Carlos Capdevilla, los ex espías Antonio Pernías y Raúl Gulielminetti. El SPF envió el nuevo listado con el argumento de responder a un reclamo de la Corte Suprema que buscaba dar “una solución” a la sobrepoblación de la unidad penitenciaria 28, ubicada en Comodoro Py. “No nos corresponde hacer nada con eso, ya lo hemos dicho en otra ocasión, no es tarea del Sistema decidir sobre los casos particulares”, indicó Hornos, quien apuntó que “tampoco” saben la razón por la cual el SPF remitió el listado que ya había enviado en dos oportunidades, por lo menos, durante 2017. Este diario intentó sin éxito comunicarse con esa institución que, según un comunicado que circuló ayer, aclaró que la lista enviada “solo implica compartir información con el Poder Judicial de aquellos que están en condiciones objetivas de ser evaluados para el acceso” a los beneficios. En ese sentido, Iud calificó de “curioso” que sea el mismo Ejecutivo que impulsó leyes de mano dura el que se preocupa por solucionar el sobrepoblamiento carcelario. “Las cárceles no están saturadas por los casos de lesa humanidad. Por el contrario, hay una tendencia creciente a otorgarles domiciliarias. El grupo de los represores condenados e imputados no representan ni el 1 por ciento de la población carcelaria del SPF”, remarcó Iud para indicar que “es una falacia absoluta presentar que la prisión domiciliaria para los represores va a desagotar las cárceles”. Además, apuntó, “una buena cantidad (de los genocidas) están detenidos en la cárcel de Campo de Mayo en condiciones de claro privilegio”. En Marcos Paz y en Ezeiza, los presos por crímenes de lesa humanidad cuentan con un pabellón exclusivo. Por su parte, Giselle Tepper de Hijos remarcó que “no es posible” la justificación de “ningún beneficio” a genocidas que implique su salida de la cárcel. “El único lugar para un genocida es a cárcel”, insistió. “Nos preocupa el retroceso que implica el mensaje que se le está dando al Poder Judicial, el ‘consejo’ de que se mande a la casa a delincuentes que no son comunes, que se empiece a relativizar nuestro reclamo de cárcel común y efectiva –completó–. Un apropiador no deja de ser apropiador como Hidalgo Garzón no deja de ser un apropiador, un violador como el Tigre Acosta no dejar de ser un violador, no pueden volver a sus barrios”. Meses antes de que culmine el año pasado, integrantes del organismo de control de unidades carcelarias mantuvieron una reunión de carácter “interministerial” en el Ministerio de Justicia en la que participó el SPF. “Nos preocupa la sobrepoblación de las cárceles, hay en la actualidad el doble de personas detenidas que hace 15 años”, apuntó el director general de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria Nacional, Ariel Cejas Meliare. En ese encuentro, la Procuración pidió al PSF que enlistara a los detenidos y detenidas en condiciones de recibir el beneficio de la prisión domiciliaria o la libertad condicional. Obtuvo la respuesta en diciembre, con un documento que circuló por medios de comunicación alternativos y que enumeraba a más de cien represores e imputados en condiciones de dejar los penales entre más de mil presos y presas comunes. En la lista figuraban el genocida de la bonaerense Miguel Etchecolatz y el ex agente de inteligencia y apropiador Carlos Hidalgo Garzón, entre algunos otros que todavía no habían obtenido el beneficio de cumplir condena en sus casas. La Procuración Penitenciaria confirmó a este diario que realizó presentaciones judiciales para que esos beneficios se agilizaran en más de un centenar de casos. No hubo pedidos por genocidas o imputados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Fuente: www.pagina12.com.a
Por DNU: el Gobierno modificará el Código Civil y Comercial
Se notificó en el Boletín Oficial la creación de la comisión para dicha tarea, a pesar de que se trata de normas que fueron modificadas hace solo 2 años. Por decisión del Gobierno se crear por decreto una comisión que modificará el Código Civil y Comercial, a pesar de que se trata de normativas aprobadas hace solo 2 años. La comisión será integrada por los juristas Julio César Rivera; Ramón Daniel Pizarro; Diego Botana; Agustina Díaz Cordero, quien se desempeñará como secretaria académica; y Marcelo Alejandro Rufino, quien actuará como secretario «ad hoc». «Los miembros de la Comisión desarrollarán su tarea ‘ad honorem’», aclara el decreto. El ejecutivo argumentó la medida: «Transcurridos dos años de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, a partir de su aplicación y de la dinámica constante de la realidad, se evidencia la necesidad de efectuar ciertas modificaciones en su articulado, reformando algunos aspectos e introduciendo otros que no fueron considerados al tiempo de su redacción». Desde el Gobierno se enfatizó que un equipo de especialistas convocados y reunidos en el ámbito del Programa Nacional de Coordinación General de Derecho Privado trabajó en la iniciativa Observatorio del Código Civil y Comercial del Programa Justicia 2020 y «concluyó que resulta necesario efectuar ajustes puntuales al Código vigente». Foto: políticargentina.com
Histórico: América Latina aprueba el primer tratado para proteger a líderes ambientales
Después de ocho años, en San José (Costa Rica) 25 países de la región le dieron el visto bueno a un acuerdo que busca fortalecer la democracia ambiental en la región. Después de seis años de intenso trabajo y constantes reuniones, en la noche de este sábado 3 de marzo, en San José, Costa Rica, 25 países de América Latina y el Caribe llegaron a un acuerdo histórico: aprobaron el tratado que materializa el Principio 10, un instrumento que, en pocas palabras, busca fortalecer la democracia ambiental en la región. Tras intensas jornadas de negociación, que se habían llevado a cabo desde el miércoles 28 de febrero, las comisiones de los países llegaron a varios consensos. La idea es que, con los compromisos adoptados, los gobiernos empiecen a resolver de una mejor manera sus conflictos ambientales. En términos muy breves y sin entrar en detalles técnicos, eso implica que garanticen la adecuada participación social, el acceso a la información y el acceso a la justicia. En palabras de Natalia Gómez, investigadora de la organización Ambiente y Sociedad y representante del público en la negociación, se trata de un acuerdo histórico que “sienta las bases para que los defensores ambientales tengan mayor protección” y para que exista más democracia ambiental en América Latina. “Es el primer acuerdo que hace mención expresa a esa posibilidad. Los países se comprometieron a garantizar condiciones para que estos líderes puedan ejercer su labor, sin violencia sin amenazas”, dice Gómez. Pese a que Colombia se había opuesto en algunos puntos esenciales, como lo reveló El Espectador, la comisión nacional finalmente aceptó adoptarlos. El más discutido, quizás, fue un artículo referente a la posibilidad de que hubiese reservas en el tratado. Es decir, la probabilidad de que un país tomara “reservas” en caso de que considerara que no podía cumplir alguna de las metas. Finalmente, como lo pedía la mayoría de países, se prohibió. “De haberse aprobado ese artículo no habría un estándar regional de cumplimiento”, advierte Gómez. Otro de los artículos esenciales que había generado dificultades fue el referente a la creación de un comité de facilitación y seguimiento del acuerdo. Al final se acordó la creación de ese grupo, aunque no fue aprobada la propuesta que sugería que la sociedad civil le enviara comunicaciones en caso de que algún Estado estuviese incumpliendo el pacto. Aunque en principio el pacto lo habían firmado 24 países, en las últimas horas fue incluida Nicaragua que tan solo hacía presencia en calidad de observador. Para que este pacto, mpulsado por la Cepal, entre en vigor, debe ser ratificado por once naciones en los próximos dos años. En el caso colombiano, la tarea estará en manos de la Corte Constitucional y el Congreso de la República. Fuente: www.elespectador.com