«Las comisiones que les pagamos a las tarjetas representan entre un 15 y un 20 por ciento neto del total de nuestro margen de ganancia sobre la venta de combustibles», cuestionaron desde las bocas de expendio manejadas por Pymes. El conflicto no alcanzaría a los locales que pertenecen en forma directa a las petroleras. Una asamblea plenaria de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) decidió suspender en forma paulatina desde del 1 de enero el uso de tarjetas de crédito para pagar las cargas de nafta y gasoil. «Las comisiones que les pagamos a las tarjetas representan entre un 15 y un 20 por ciento neto del total de nuestro margen de ganancia sobre la venta de combustibles», explicó a La Nación Carlos Gold, presidente de Cecha. El empresario detalló que «a eso se le suma un 30 por ciento más que nos retienen impositivamente» y añadió: «Si bien es un costo financiero, en muchos casos se transforma en económico, porque las estaciones de servicio tenemos constante saldo a favor en impuestos, sin posibilidad de utilizarlo». Cuando un cliente paga con tarjeta de débito, las estaciones de servicio deben abonar 1 por ciento de comisión y reciben los fondos a las 48 horas. Pero, cuando la operación se realiza con tarjeta de crédito, las comisiones oscilan desde el 1,3 al 1,5 por ciento, de acuerdo con las pymes. En consecuencia, los dueños de las estaciones de servicio buscan meter presión a Prisma -empresa dueña de Visa , Banelco, Pagomiscuentas y Monedero, entre otras marcas- y a las tarjetas de crédito para que les reduzcan las comisiones a los expendedores. De esa manera, los estacioneros quieren mejorar su margen de ganancia, que en la actualidad -según aseguran- varía entre 10 y 12 por ciento de cada litro de combustible que venden. La medida apunta también a acelerar los plazos de acreditación de fondos. De acuerdo con Gold, desde el momento en que el operario pasa la tarjeta de crédito por el lector y la acreditación del pago en la cuenta de las bocas de expendio, transcurren 28 días hábiles. «Es una barbaridad. Con este panorama, decidimos que si este mes no recibimos alguna propuesta superadora de la situación actual, a partir del 1º de enero de 2018 empezaremos a no recibir tarjetas de manera escalonada y progresiva», afirmó el titular de Cecha. En el caso de YPF, ACA y las estaciones que pertenecen a las petroleras, no tienen previsto sumarse a la medida por lo que seguirán aceptando todos los medios de pago. Fuente: telefenoticias.com.ar

Un brutal ajuste se posa sobre el Correo Argentino. El Gobierno dispuso el despido de 1.700 empleados y espera negociar 0% en paritarias. El Gobierno viene analizando la idea de hacer un fuerte ajuste en el Correo Argentino desde hace meses y hoy lo dejó trascender a través de La Nación, uno de sus voceros favoritos. El plan que filtraron prevé recortar el rojo de la empresa postal estatal en 2018 y obtuvo el visto bueno de la Casa Rosada. En el Correo no sólo se encarará en los próximos meses una gran reducción de los gastos operativos, sino que también se recortarán unos 1700 empleos, entre propuestas de jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios y bajas de personal temporario. Además, se eliminarán aportes a los gremios y se planteará una paritaria sin aumentos de salarios. Con unos 16.600 empleados, el Correo Argentino es una de las empresas del Estado que más dinero le está demandando al Tesoro. En 2016, la empresa había recibido transferencias por $2016 millones y se calcula que este año demandará otros $3500 millones. “Lo que más le importa al Gobierno es que la empresa no le pida más plata”, explicó una fuente del Gobierno al tanto de los detalles al diario de Mitre. Pero quienes conocen de cerca el negocio ya advierten que el plan con el que el Gobierno apunta a conseguir el equilibrio financiero de la empresa postal para 2019 será de muy difícil aceptación para los gremios, a quienes recién se les notificará la semana próxima. Por empezar, está previsto que la empresa reduzca el aporte especial que hace a los gremios del 7,5% a cero y también dejaría de pagar las licencias gremiales. Son dos medidas que podrían ser difíciles de digerir para los delegados de las cuatro federaciones que agrupan a los 96 gremios del Correo. Aunque tampoco será fácil comunicarles a sus bases que el aumento salarial del 5% previsto para enero será postergado hasta mayo, según el plan del Gobierno. Mientras que, para 2018 la idea es que los empleados del Correo acepten una paritaria sin aumento, lo cual implicará un ajuste real de por lo menos un 12%, bajo el supuesto de que se cumpla -cosa poco probable- la meta de inflación prevista por el Banco Central (BCRA). Los recortes de personal, que ya habían comenzado en 2016 a razón de unos 35 puestos por mes, se elevarán a partir del nuevo plan a unos 100. También se darían de baja los contratos de 500 personas que están bajo el régimen de personal temporario (ya se habían eliminado unos 2500 en dos años). Por lo cual, para fin de 2018 la plantilla se reduciría en poco más de un 10%. La idea, además, es rebajar gastos operativos e incrementar las horas de trabajo semanales. Fuente: www.infogremiales.com.ar

El equipo económico del Frente Renovador, encabezado por el diputado Marco Lavagna, junto a bloques de diputados del Partido Justicialista, Libres del Sur y el Partido Socialista, entre otros, informó que la inflación alcanzó 1,4 por ciento en noviembre, registrando un acumulado de 20,9 por ciento durante los primeros once meses de 2017 (1,7 por ciento de promedio mensual). Las principales subas del mes estuvieron explicadas por equipamiento y mantenimiento del hogar y transporte. En tanto, los alimentos subieron 1,3 por ciento.  Pese a que en noviembre la inflación mostró el menor valor desde junio, el informe señala que se espera un importante repunte para el último mes del año (pudiendo incluso llegar al 3 por ciento), traccionado principalmente por la suba anunciada en las tarifas de servicios públicos. En tal sentido, tal como se viene mencionando en los últimos comunicados, y en función del dato del último mes del año, la inflación de 2017 finalizaría en torno de 24 por ciento-25 por ciento. Por ende, no sólo preocupa la fuerte suba mencionada de diciembre en sí misma, sino también por el traspaso de los mayores costos en el resto de los precios, y en consecuencia, por el efecto en la dinámica de la inflación del primer trimestre del 2018. Con el nivel de inflación en 2017, este año el haber mínimo jubilatorio recuperaría sólo la mitad de lo perdido el año pasado, quedando todavía más de 3 puntos por debajo del poder adquisitivo que tenía en diciembre de 2015. El informe señala cada vez más necesario abordar el problema inflacionario de manera integral, y no basándose únicamente en el manejo de las tasas de interés, que hasta el momento ha tenido más impacto en el pago de intereses de Lebacs y el carry trade que en los precios.

Las sesiones extraordinarias se extenderán desde el lunes 11 de diciembre al 31 de este mes. El temario no incluye el pedido de desafuero de CFK, pero sí el Presupuesto 2018, acuerdo fiscal con gobernadores y reformas jubilatoria y tributaria. Finalmente, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, firmó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias en el Congreso nacional, que se extenderán desde el próximo lunes hasta el 31 de diciembre. En el temario se incluyen temas como las reformas que impulsa el Ejecutivo pero no está el pedido de desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, ordenada ayer por el juez Claudio Bonadío. En declaraciones a la prensa acreditada en Casa Rosada, Marcos Peña adelantó que se convoca a sesiones extraordinarias desde el lunes 11 de diciembre al 31 de ese mes, donde se tratarán el Presupuesto 2018, la reforma tributaria y el acuerdo fiscal pactado con los gobernadores. El Jefe de Gabinete no descartó la reforma laboral pero rechazó que el Ejecutivo tenga facultades para incluir el pedido de desafuero de CFK. Además, Peña adelantó que seguramente habrá nuevas sesiones extraordinarias en febrero,un mes antes del período ordinario que comienza el 1 de marzo, porque «es probable que haya temas que estén incluidos, pero que quizás no se lleguen a tratar» en el Parlamento. Cambiemos intenta aprovechar al máximo la nueva composición de las Cámaras que le otorga una mayor cantidad de legisladores propios. El debate en el Congreso será acalorado. La reforma jubilatoria ya tiene media sanción en Senado y Diputados buscará apurar su tratamiento para aprobar la ley en las próximas semanas. De hecho, la semana que viene podría tratarse en un plenario de Comisiones para lograr el dictamen favorable. Otros proyectos que buscarán acelerar son la reforma tributaria, acuerdos fiscales y Presupuesto, con el objetivo de sancionarlos el 19 en la Cámara Baja para que el 20 o 21 sean convertidos en ley por el Senado, según adelantó Ámbito Financiero.

Por 24 horas, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo realizan su habitual ronda de los jueves alrededor de la Pirámide de Mayo. Acompañadas por sindicatos, organizaciones políticas y sociales, el acto de cierre será hoy a las 17. Una nueva edición de la  Marcha de la Resistencia comenzó este jueves pasadas las tres de la tarde y culminará hoy con un acto central previsto para las 17 contra el paquete de reformas del Gobierno nacional, la detención de dirigentes políticos de la oposición y represión a protestas, entre otros reclamos. La histórica Marcha de Madres y Abuelas consiste en realizar la clásica ronda a la Pirámide de Plaza de Mayo pero por 24 horas. Ayer a la tarde, acompañadas por trabajadores, organizaciones sociales y políticas, Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora señaló que «se resiste a la impunidad que hoy está en manos de este Gobierno y de la Justicia”. Por su parte, Hebe de Bonafini, señaló que estos «son días tristes, amargos, pero tenemos que estar felices a pesar de todo porque somos capaces de todos los días llenar una plaza”. Además, remarcó  que “Cristina conducción” es “siempre una esperanza” y advirtió que “si la tocan se va a desatar una tormenta de diez plazas llenas como ésta, el pueblo la va a desatar, así que ojito Macri”. La Marcha de la Resistencia coincidió ayer con una multitudinaria convocatoria que se concretó vía redes sociales para repudiar las detenciones de Luis D’elía, Carlos Zannini, Héctor Timerman, Fernando Esteche y el pedido de desafuero y detención de Cristina Fernández de Kirchner, ordenados por el juez Claudio Bonadío al acusarlos de «traición a la Patria». Por su parte, Nora Cortiñas advirió que “ante la violencia, los ataques a los trabajadores, y el ajuste, la resistencia” y quejó del “disparate” de “la andanada de presos sin proceso, sin garantías, arbitrariamente. Es un abuso de autoridad de parte de la Justicia». «Convocamos a todas y todos los que quieran vivir en una sociedad donde se respeten de garantías constitucionales a comprometerse con su patria y defender sus derechos”, sumó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Desde Alberto Fernández hasta el Frente de Izquierda se pronunciaron contra de las detenciones arbitrarias. Rafael Correa, ex presidente de Ecuador: La judicialización de la política. El mismo libreto en todos lados: Dilma, Lula, Jorge Glas, Cristina. Y los traidores no pierden la “esperanza” de que pronto sea yo. El verdadero “delito”: haber dado justicia y dignidad Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete: “Esto es un problema de los ciudadanos. Convoco a toda la ciudadanía a ponerse en estado de alerta, es gravísimo. Hay que despertarse, hay que defender el estado de derecho, le costó la vida a miles de personas. Y los jueces que son un poder independiente y no tienen el poder de hacer lo que les plazca por sus odios personales de cada uno”. «Si Cristina Kirchner quiso encubrir a los iraníes entonces (Raúl) Alfonsín quiso encubrir a los genocidas con la obediencia debida y nadie se animaría a decir eso de Alfonsín», dijo. Además, consideró «injusto lo que están haciendo con Cristina Kirchner» y advirtió que «esto no es un problema de la política, es un problema de los ciudadanos». «El Memorádum fue una de las decisiones más desacertadas de Cristina Kirchner, pero hablar de encubrimiento y de traición a la patria es un disparate», evaluó. Y agregó que «hoy le toca a Cristina Kirchner y mañana le puede pasar a cualquiera de nosotros». «No hay que ver cómo reaccionan los políticos, hay ver cómo reacciona la sociedad», puntualizó. Fernanda Vallejos, diputada del Frente para la Victoria: “Hoy impera una especie de ley de la selva. Quieren anular a Cristina”. Felipe Solá, diputado del Frente Renovador: «¿Traición a la Patria? Una locura que solo un no-juez como Bonadío puede usar para hacer los deberes. Y vengarse». Sostuvo que el memorándum de entendimiento con Irán tuvo «pobreza de resultados» y que fue una «pésima idea» creando «una comisión de la verdad absurda». Movimiento Evita: «Expresamos nuestro absoluto repudio ante las detenciones arbitrarias que se vienen llevando a cabo, porque no respetan el debido proceso y carecen de sustento legal. Se encuadran en el marco de una persecución sistemática contra líderes de la oposición política, social y sindical, violando las garantías elementales que fija nuestra Constitución Nacional. Junto a los Movimientos Populares estamos en estado de alerta y movilización, a fin de definir las medidas pertinentes para exigir el fin de la represión, el cese de las persecuciones judiciales/políticas, la no criminalización de la protesta social y la libertad de todos los presos políticos». Marcelo Ramal, el dirigente del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT): «Estamos ante la construcción de un estado de excepción» y consideró que la cuestión del memorándum de entendimiento con Irán es un tema «político» no judiciable. «Nosotros en su momento criticamos el memorándum con Irán», aclaró Ramal, aunque señaló que ese «es un debate político» en el que no debe intervenir la Justicia. Evaluó que «la decisión de criminalizar la decisión política de un Estado es parte de un estado de excepción». Florencio Randazzo, Partido Justicialista: La imputación a Cristina Fernández por un Memorándum que fue público y ratificado por el parlamento nacional es absolutamente un disparate

Acostumbrado a tomar decisiones irrevocables y al límite de lo que dicen los libros, Donald Trump reconoció a la ciudad de Jerusalén como la capital del Estado de Israel y exigió que se inicien los preparativos para trasladar allí la embajada de Estados Unidos.   De esta manera, el republicano desoyó por completo las advertencias de expertos internacionales dando un vuelco de 180 grados en la política exterior de los Estados Unidos y desatando una inminente crisis en Medio Oriente. «Llegué a la conclusión de que es el momento de reconocer Jerusalén como capital de Israel», señaló en un discurso ofrecido en la Casa Blanca al tiempo que ordenó al Departamento de Estado que inicie los preparativos para el traslado de la embajada desde Tel Aviv. «Ese proceso comenzará de inmediato, aseguró, en lo que definió como un mero «reconocimiento de la realidad» que existe en Israel. Con el traslado «reconocemos finalmente lo obvio: que Jerusalén es la capital de Israel», añadió el mandatario. El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel es una decisión que va en contra de la política seguida por la comunidad internacional, que buscó evitar hasta último minuto que Trump adoptara esa decisión. Los temores se fundan en una potencial desestabilización en la región. Lo cierto es que la comunidad internacional no reconoce a Jerusalén como capital del Estado de Israel porque es una de las cuestiones más espinosas del conflicto y espera que el futuro estatus de la ciudad se defina en negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. Los palestinos quieren como capital de su futuro Estado la parte oriental de la ciudad, ocupada desde 1967 y posteriormente anexionada por Israel. Por su parte, Israel reclama la ciudad como su capital indivisible. El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y el traslado de la embajada supone el cumplimiento de una promesa de campaña del político republicano, pero también una ruptura con la política seguida por su país en las últimas décadas. El Congreso aprobó en 1995 una ley que prevé ese traslado, pero hasta ahora todos los presidentes han retrasado su implementación alegando daños a la seguridad nacional y el plazo se va postergando cada seis meses. Trump no lo firmó la última vez.

En compañía de los legisladores del Frente para la Victoria-PJ, la expresidenta apuntó además contra el juez Bonadio que la procesó con prisión preventiva y la embargó por 50 millones de pesos. La ex presidenta Cristina Kirchner calificó como un «exceso» el pedido de prisión preventiva previo desafuero por parte del juez federal Claudio Bonadio a partir de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del memorándum con Irán. “Todo esto es un despropósito y un verdadero exceso. Buscan generar un daño personal y político a los opositores a sus ideas y no tiene nada que ver con la democracia, no me van a disciplinar», remarcó. Asimismo, agradeció el apoyo de los demás sectores de la oposición que “se han solidarizado” por la persecución que emprendió el juez Bonadio. La senadora nacional ratificó que “es absurda la indagatoria por traición a la patria que se trata de un acto de política exterior no judiciable que mereció el tratamiento del parlamento argentino” y advirtió que “la causa está basada en hecho que nunca se produjeron y que no existieron”. “no hay causa y no hay delito”, advirtió y apuntó contra el presidente Mauricio Macri al acusarlo de ser el “máximo y principal responsable de presidir una corporación política y judicial para perseguir a la oposición”. Y sentenció: “Macri es el es director de la orquesta y Bonadio ejecuta la partitura judicial”.

El juez federal lo determinó en el mismo fallo que ordenó la detención de Zannini y D´Elia. Utiliza la figura de «traición a la Patria» por la denuncia de Nisman en la firma del memorándum con Irán. En una mañana de detenciones, Claudio Bonadio también ordenó la detención y el desafuero de la flamante senadora Cristina Fernández de Kirchner bajo la carátula de «traición a la Patria» por la firma del memorándum con Irán aprobado por el Congreso nacional que según Alberto Nisman tuvo como fin encubrir la voladura de la AMIA en 1994. Además, Bonadío dispuso el procesamiento con preventiva para el excanciller Héctor Timerman, aunque le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria como consecuencia de su delicado estado de salud. En cuanto al desafuero de Cristina, se debe tratar en el Senado y en caso de que la cámara alta avance se necesitarán 2/3 de los votos.