Convocan además a una marcha para este viernes para pedir que continúe la búsqueda de los 44 tripulantes a un mes de la desaparición del submarino. Familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan se reúnen este miércoles en el Congreso con legisladores para crear una comisión que impulse con rapidez una investigación sobre la desaparición de la nave y el rol de la Armada y el gobierno nacional en el hecho y en el operativo de búsqueda. Convocaron además a realizar en todo el país movilizaciones este viernes a las 19 para reclamar que siga la búsqueda del ARA San Juan. “Nos toca una doble tarea, venir a exigir que se siga buscando con todos los recursos, algo que vemos que no está pasando. En paralelo, lo que queremos es saber la verdad. Para eso nos presentamos como querellantes en la causa en Caleta Olivia, para resguardar la verdad y saber qu pasó antes, durante y después. Y por eso venimos, para contactarnos con diputados para presentar este proyecto de ley. Es muy importante que se haga rápido para llegar a la verdad”, señaló desde la puerta del Congreso Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes. Marcela Moyano, esposa del jefe de máquina Hernán Rodríguez, dijo a Télam: “En este viaje a Buenos Aires buscaremos el respaldo para que se continúe con la búsqueda y que se verifique si hubo responsables en la desaparición del navío. Somos cerca de veinte representantes de las familias los que nos reuniremos para plantearles todas las inquietudes y buscar respuestas a muchas preguntas que desde la Armada no nos fueron contestadas”. Según explicó el diputado del Frente para la Victoria Guillermo Carmona, el encuentro será con legisladores del FpV, del bloque del Movimiento Evita, del Frente Renovador, del bloque Peronista y del Frente de Izquierda.

El organismo oficial, INDEC, informó que la escalada de precios ya superó por 4 puntos lo estipulado por el Banco Central para todo 2017, al alcanzar 21 por ciento en los primeros 11 meses de 2017, y, además, señaló que en los últimos 12 meses se acumuló un 22,7 por ciento de suba. Para diciembre, se espera casi un 3 por ciento. Tras el 42 por ciento del primer año de gestión de Mauricio Macri, parece que su segundo período de mandato tampoco terminará en paz en materia de inflación. Es que en lo que se suele configurar según los economistas como un clásico «mes de paso» –por tratarse de una época del año en la que virtualmente no se registran variaciones estacionales en los precios al consumo ni se verifican autorizaciones en el caso de los precios administrados-, la suba de precios del Indec se ubicó entre las más bajas del año, con 1,4 por ciento, pero, no obstante, la tasa acumulada en los primeros 11 meses del año superó por 4 puntos la meta techo que se fijó el Banco Central para todo 2017 de 17 por ciento, al ubicarse en 21 por ciento, y, además, alcanzó en los pasados doce meses un 22,7 por ciento. En cuanto a la desagregación de la inflación por categoría, el informe oficial arrojó 1,7 por ciento para los productos estacionales, 1,5 por ciento los regulados y 1,3 por ciento la núcleo, esto la no afectada por los componentes anteriores. Respecto del acumulado anual de esos índices, subieron 27,1 por ciento los regulados, producto de los tarifazos de la primera parte del año; 21,1 por ciento los cíclicos y 19,1 por ciento la núcleo. Por rubro, sobresalió el incremento de 3 por ciento del índice Transporte y 1,8 por ciento Restaurantes y hoteles. En el extremo opuesto se destacó la estacionalidad baja de Educación que determinó una suba de 0,3 por ciento; y 0,7 por ciento Comunicación y Recreación y cultura. A la mala noticia de haber superado ya por 4 puntos el 17 por ciento planificado por el Banco Central para todo el año, se suma que se espera que la tasa mensual de inflación de diciembre oscile en un rango de 2,3 por ciento a 2,8 por ciento por efecto de la suba de los combustibles y de las tarifas de los servicios públicos de luz y gas, más el componente estacional de las tarifas vinculadas con los servicios turísticos y los gastos por las fiestas de fin de año. Fuente: INDEC

La empresa Pelambres había depositado en suelo sanjuanino 50 millones den toneladas de desechos mineros. El gobernador Sergio Uñac fue invitado a participar de la firma del convenio celebrado entre Jorge Marcelo Faurie, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y José Antonio Viera – Gallo embajador de Chile en Argentina, que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires.Las Partes se comprometieron a gestionar el otorgamiento de los permisos necesarios para la ejecución del Plan a fin que Minera Los Pelambres esté en condiciones de iniciar las obras el próximo 15 de diciembre de 2017. Los gobiernos de Chile y Argentina mantuvieron conversaciones con el objetivo de alcanzar una solución satisfactoria a la situación generada por el botadero “Cerro Amarillo” en la provincia de San Juan. Por eso, firmaron un acuerdo que contempló los siguientes puntos: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile iniciará conversaciones con la empresa chilena minera “Los Pelambres” para idear un plan de trabajo destinado a concretar el retiro de la Escombrera. Dicha situación, Argentina la ve como una solución definitiva y ambientalmente adecuada. Por su parte, “Los Pelambres” llevará adelante el Plan que contiene obras preventivas, medidas de remediación, canalizaciones y otras accesorias que sean pertinentes para la ejecución del Plan de acuerdo a los permisos otorgados. Para la ejecución del Plan aprobado por decisión judicial, el Gobierno de Chile autorizará a que se lleven a cabo las tareas necesarias en lo que resulte pertinente en territorio chileno, en el marco de su legislación interna, con el objeto de que Minera Los Pelambres retire el botadero “Cerro Amarillo” y transporte el material rocoso a un botadero ubicado en territorio chileno. Asimismo, el Gobierno de Argentina expresa la misma disposición en cuanto a la ejecución de las obras del Plan. También, el acuerdo destaca que El Plan y las actividades asociadas a éste se ejecutarán de acuerdo a legislaciones de ambos países y no deberán exigirse condiciones ni requisitos adicionales. Finalmente, el acuerdo menciona que los Gobiernos de Chile y Argentina se comunicarán mediante sus Cancillerías y podrán celebrar reuniones de consulta si así lo ameritan las circunstancias específicas.

Si bien, la producción se está activando, los pagos de las quincenas atrasadas siguen faltando. En el día de hoy, el secretario General de Sindicato Ceramistas Cristian Alvarado, indicó que solicitaron a la Subsecretaría de Trabajo convoque a los empresarios de Cerámica San José a audiencia de Conciliación para que presente un cronograma de cancelación de deuda. Alvarado, explicó» la empresa paralizó producción, presentaron un procedimiento de crisis con reducción de jornada, actualmente se está reactivando, nosotros priorizamos la conservación de las fuentes de trabajo pero no resignamos el salario. Esperamos poder consensuar un cronograma de pagos y que Trabajo agilice el procedimiento». Por otra parte reconoció que es compleja la situación de los extrabajadores de Cerámica Rojo, que cerró con grandes deudas, sin un programa de cancelación de indemnizaciones. El dirigente manifestó que la situación de la cerámica San Lorenzo, en este último mes va mejorando lo que va dando mayor tranquilidad a los trabajadores. Alvarado, reconoció que en la provincia el sector de la construcción no compra material de producción local, que es un gran problema. Destacó que solicitaron una reunión con las autoridades provinciales, para que haya una mayor demanda en la utilización de cerámicos en la construcción local, que sería una de las formas con una incidencia directa de mejora para el sector.  

El máximo tribunal provincial se expidió sobre la norma sancionada en 2014, que permitía descansar a los empleados de comercio los domingos y que regía en Rosario desde 2016. Festejan los grandes supermercadistas. La Corte Suprema de Santa Fe declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Descanso Dominical que prohibía a los grandes supermercados abrir los domingos, por lo que volverán a abrir en Rosario desde el domingo próximo. Esta ley fue sancionada en 2014 por la Legislatura santafesina, y estableció la obligatoriedad de adhesión de los concejos deliberantes para que la norma entrara en vigencia en cada jurisdicción, y en Rosario esa adhesión ocurrió en 2016. La norma, declarada inconstitucional con el voto del integrante de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Abraham Luis Vargas, quien había sido elegido por sorteo para desempatar la paridad que había entre los seis miembros de la Corte, regulaba el cierre los domingos de los supermercados con grandes superficies. Establecía que los comercios con superficies mayores a los 1.200 m² debían cerrar los domingos para propiciar el descanso de sus trabajadores y para activar las ventas en los pequeños comercios. La ley, que contó con el aval de supermercadistas locales, fue resistida por las cadenas como Carrefour y Coto, que la cuestionaron judicialmente, y tras conocer el fallo dictado ayer, anunciaron “que ahora están habilitados para abrir desde el domingo próximo”. Por su parte, el abogado de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, impulsora de la norma, Nicolás Mayoraz, adelantó “que presentará un recurso extraordinario federal para habilitar a que la Corte Suprema de la Nación se expida sobre la cuestión de fondo”. El camarista Vargas, que desempató la paridad. Los jueces Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi y Eduardo Falistoco se habían pronunciado a favor de la constitucionalidad, y los otros tres, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez y Mario Netri, lo habían hecho en contra. Fuente: www.infogremiales.com.ar

El máximo tribunal declaró inconstitucional la ley provincial de educación. La religión tampoco podrá formar parte del plan de estudios. La Corte Suprema, en un fallo dividido, declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial de educación de Salta, por lo que las escuelas públicas de esa provincia no podrán dar educación religiosa en el horario escolar ni podrán incluir esta materia en el plan de estudios.   La ley educativa salteña contemplaba a la enseñanza religiosa como parte de los planes de estudio, su dictado dentro de los horarios de clase y el aval de la autoridad religiosa a los contenidos.   A favor de la inconstitucionalidad de la ley votaron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda; Horacio Rosatti consideró que es constitucional, mientras que Carlos Rosenkrantz no suscribió la sentencia, ya que al momento de promoverse la acción de amparo era miembro de la Asociación por los Derechos Civiles, coactora en estas actuaciones.   En la causa se cuestionó el artículo 49 de la Constitución provincial que establece el derecho de recibir educación religiosa en la escuela pública. La norma fue considerada como válida, pero la Corte cuestionó el inciso «ñ» del artículo 27 de la ley de educación salteña. En él, se contempla la enseñanza religiosa dentro del horario escolar y en los contenidos curriculares. En ese sentido, también se rechazó la Disposición n° 45 de la Dirección de Educación Primaria de la provincia, que prevé la obligación de entregar un formulario en el que los padres deben manifestar si desean que sus hijos reciban «educación religiosa» y, en ese caso, en qué creencia desean que sean instruidos.   La Corte declaró ambas normas inconstitucionales porque consideró probado que en numerosas escuelas públicas de Salta se enseña y practica la catequesis de un solo culto -el católico apostólico romano- y ello es «discriminatorio y afecta la privacidad de los alumnos».   Sobre la privacidad de cada persona, la Corte pronunció: «Aceptar como principio que alguien pueda ser obligado a revelar sus creencias religiosas, por más insignificante que pudiera parecer en algunos supuestos, es abrir una grieta en el sistema de derechos fundamentales».   En el fallo, se promueve «el principio de neutralidad religiosa» en las escuelas públicas. Los jueces exhortan al acceso a una formación neutral en el que las religiones se presenten como parte de fenómenos históricos y culturales, y no con preferencia de una sobre otra. Asimismo, anuncia la la posibilidad de que, quienes lo desean, puedan recibir instrucción religiosa fuera del horario escolar.   El único voto disidente fue de Horacio Rosatti. El juez consideró que la educación religiosa en las escuelas públicas primarias prevista en la constitución y la ley salteña constituye una elección que expresa el «margen de apreciación provincial».

Hoy a las 11:30 horas de la mañana,  se llevó adelante el desalojo del camping Yapay Peñi en el Parque Nacional Los Alerces, Chubut. Móviles y efectivos de Gendarmería Nacional esta concretando la orden del el juez Guido Otranto en el predio que administra la familia de antiguos pobladores Cardenas Alarcon Coronado. El comunicado emitido aclara que no avanzaría sobre la viviendas pero los pobladores advierten que la medida favorece al turismo de los “grandes resorts y mega-complejos. https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F1109331944%2Fvideos%2F10210915061328415%2F&show_text=0&width=560 Ayer se difundió un comunicado que informaba sobre la orden de desalojo al camping Yapay Peñi que administra la familia originaria Cardenas Alarcon Coronado. La medida fue dictada por el juez federal Guido Otranto y expresa; “El Juzgado Federal de Esquel informa que el día 12 de diciembre se restituirá la posesión del camping “Yapay-Peñi” -denominado también “Bahía Solís”- a las autoridades de la Administración de Parques Nacionales del “Parque Nacional Los Alerces”. A tal efecto, se hará presente en el lugar el Oficial de Justicia de este juzgado federal, quien contará con el apoyo de la Sección Villa Lago Futalaufquen de Gendarmería Nacional Argentina en caso de que resulte necesario acudir al auxilio de la fuerza pública para desalojar el predio. Se estima oportuno aclarar que el desalojo requerido por la Administración de Parques Nacionales no afecta en modo alguno al lote que ocupa la familia Alarcón en virtud de su condición de antiguos pobladores del Parque Nacional Los Alerces. Se encuentra circunscripto únicamente al predio donde funciona el camping cuya ocupación había sido concedida para la explotación de servicios turísticos. El inmueble debe ser devuelto al Estado nacional por haber finalizado el plazo de duración de la concesión establecido por la administración».(…) Mientras la familia, que permanece en el lugar desde hace un siglo, ha padecido la acusación de “usurpadores” por Parques Nacionales y de la cual ha sido sobreseída hace unos días por un fallo de primera instancia del Juzgado Federal de Esquel a cargo de Guido Otranto, quien dictó el sobreseimiento de Liliana Alarcón, por los delitos de usurpación y desobediencia a un funcionario público. Ahora en las redes sociales la familia manifestó: “El juez Otranto, en su comunicado nos dice que a pesar de tener derechos y garantías igual puede arbitrariamente la administración de parques quitarnos nuestro esfuerzo. Que esta decisión es el principio de un antecedente peligroso, dado que demás pobladores han construido cabañas, dormis, y demás emprendimientos turísticos. Se ve que quieren otro tipo de turismo, el de los grandes RESORTS y Mega complejos. Desde ya muchas gracias a todos los que nos han mandado mensaje de aliento y que en estos momentos están viniendo a acompañarnos al camping ante el inminente atropello del Estado Nacional.

Fue tras una reunión de Peña y Dujovne con la Coalición Cívica de Carrió, que había puesto reparos sobre el proyecto. Mañana se discutirá en comisiones y se votaría el próximo martes. “Convencimos a la Coalición Cívica, vamos a avanzar sin cambios”. La voz, de un importante funcionario, desbordaba confianza al cabo de una reunión en Casa Rosada. Es que hoy, en medio de cuestionamientos de distintos sectores, el Gobierno cerró filas puertas adentro y decidió avanzar en Diputados con la reforma previsional sin introducirle modificaciones, tal como fue aprobada en el Senado. Así, el oficialismo convocó para mañana a la tarde al plenario de comisiones y planea llevar el proyecto al recinto el martes de la semana que viene. En un encuentro que encabezó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y se prolongó por casi dos horas, la Casa Rosada se aseguró de despejar las dudas de los legisladores, especialmente los que responden a Elisa Carrió; que había manifestado críticas días atrás. Para contener a la tropa, el Ejecutivo desembarcó con sus actores clave en este tema: los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Nicolás Dujovne (Hacienda), el titular de la ANSeS Emilio Basavilbaso y Fernando Sánchez, flamante incorporación de la Jefatura de Gabinete y ariete de Mario Quintana. El lilito fue el nexo con sus ex colegas. Pero fue Dujovne quien terminó de convencer a los diputados: les aseguró, tal como publicó Clarín ayer, que según sus cálculos las jubilaciones aumentarán en 2018 alrededor de un 5 por ciento por encima de la inflación. Con esta definición de Dujovne, los lilitos Paula Olivetto, Juan Manuel López y Fernando Iglesias manifestaron su conformidad, según confirmaron al menos tres protagonistas de la reunión. “Los vi a todos convencidos”, dijo un funcionario. Esta tarde, y como señal de apoyo final, el bloque de Cambiemos sacó un comunicado en el que respaldaba sin vueltas el proyecto oficial de reforma previsional. El parte llevaba la firma de Nicolás Massot, del radical Mario Negri y de Elisa Carrió que así despejó cualquier duda acerca de su posición a favor del proyecto. “Los bloques que integran Cambiemos en Diputados manifestamos nuestro apoyo a los acuerdos logrados entre el Gobierno nacional, las fuerzas políticas del Senado y 23 gobernadores sobre el proyecto de reforma previsional que tiene media sanción”, dice el comunicado. La mención a los gobernadores no es menor. Muchos habían puesto en duda su apoyo si Carrió, integrante del oficialismo, no daba garantías de respaldar la votación. Más allá del apoyo de Lilita, el Gobierno admitió que con la fórmula nueva la suba de marzo será menor: cerca de 6%, contra más de 14% que daría con la fórmula aún vigente. Pero, sostiene, esa diferencia se compensará luego. Según los especialistas no existe tal compensación. Carrió ya había dado cierta tranquilidad el sábado, cuando al cerrar un encuentro de militantes juveniles defendió la iniciativa y sostuvo que “incluye la mejor fórmula que pueda existir para que las jubilaciones no pierdan contra la inflación”. Fue luego de advertir que se debían “estudiar cuestiones relativas al momento en que comenzará a regir la nueva fórmula de cálculo”, lo que generó un cimbronazo dentro de Cambiemos: es que, de hacerle cualquier modificación, el texto debe volver en revisión a la Cámara Alta, lo que choca con la pretensión del jefe del Bloque PJ Miguel Pichetto, que jugó a fondo para convencer a su tropa y no quiere volver a tratarlo. La reunión de hoy fue trazada por el Gobierno ante la inquietud que vibró dentro de su propio interbloque. Dudas que se reflejaron en el debate mediático: como pocas veces, fueron contadas las espadas parlamentarias que salieron a defender la iniciativa. En parte, por temor al escarnio público; y, otro tanto, por cierto desconocimiento de los alcances del proyecto. Por eso, Peña citó hoy al grueso de los referentes en Diputados. Además de los diputados lilitos, estuvieron el jefe del bloque PRO Nicolás Massot y sus colegas Luciano Laspina, Silvia Lospennato, Daniel Lipovetzky, Carmen Polledo, Eduardo Amadeo y Alejandro García. Mientras que desde el radicalismo participaron su jefe, Mario Negri, Miguel Bazze y Facundo Suárez Lastra. Peña, además de evacuar las dudas de los legisladores, encomendó la confección de un “resumen” para sus legisladores. Una suerte de “speech” o “instructivo”, nutrido con información técnica y datos de gestión, que los legisladores ya estudian para el debate en el plenario de comisión.

El valor del trámite para obtener el pasaporte pasó de 550 a 950 pesos, lo que representa un incremento del 73 por ciento, confirmó el Registro Nacional de las Personas (Renaper). A través de la disposición 2352-E/2017, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno comunicó que «a los fines de sostener la eficiente prestación de los servicios brindados a través del Pasaporte Electrónico, en sus diferentes modalidades, corresponde actualizar las tarifas que se perciben para la emisión de los mismos». El registro justificó la medida al señalar que el nuevo valor es correlativo al costo que tiene el documento electrónico, que contiene información biométrica del ciudadano, y recordó que estuvo casi dos años sin modificarse su precio. Juan José D’Amico, director del organismo señaló: «Para estar a la altura de las exigencias internacionales en cuanto a documentos de viaje es necesario contar con la tecnología que se utilizan en este sentido, lo que hace que tengamos que estar todo el tiempo invirtiendo en maquinarias y capacitación». El pasaporte, que continuará tendiendo una vigencia de 10 años y cuyo costo no se actualizaba desde enero de 2016, costará 950 pesos en su tramitación regular, mientras que el trámite exprés será de 2.100 pesos y el de resolución inmediata será de 950 pesos más 200 dólares. «El E-Pasaporte argentino está adecuado y sujeto a las recomendaciones y normativas de la Organización de Aviación Civil (OACI), que es el organismo internacional que según normas de seguridad emite sugerencias para la emisión de los documentos de viaje», indicó en un comunicado el Renaper.