La cámara baja tendrá sesión especial este jueves para aprobar el presupuesto del año próximo y los acuerdos alcanzados por el Gobierno para introducir modificaciones tributarias y previsionales. Las proyecciones contemplan un crecimiento anual de 3,5 por ciento del PBI, un aumento de 12 por ciento para la inversión y una inflación anual promedio de 15,7 por ciento. Diputados volverá a sesionar este jueves en lo que será la última participación de los miembros de la cámara baja en el año, para aprobar el presupuesto 2018, prórrogas de impuestos hasta 2022, el consenso fiscal y de reforma de Responsabilidad Fiscal, acordado entre el gobierno y las provincias. Esta votación será simple para el interbloque Cambiemos que cuenta con el respaldo del bloque Argentina Federal -referenciado en los gobernadores del PJ-, del Frente Renovador (con disidencias parciales) y de otros bloques minoritarios con anclaje en provincias gobernadas por otros signos políticos (Neuquén, Misiones, Santiago del Estero). El presupuesto 2018 contempla un crecimiento anual de 3,5 por ciento del PBI, un aumento de 12 por ciento para la inversión y una inflación anual promedio de 15,7 por ciento, consistente con las metas del BCRA, de 10 por ciento con una variación en más o en menos del orden de 2 por ciento. Además, prevé un dólar en $19, un aumento del consumo de 3,3 por ciento y un aumento de obras de infraestructura en un 17 por ciento. Marcos Peña acumulará aún más poder ya que el artículo 37 permitirá al Jefe de Gabinete reestructurar partidas hasta un tope del 5 por ciento en lugar del 7,5 como se estableció para este año. Por otra parte en el proyecto se contempla un gasto primario de casi 2,5 billones de pesos, recursos tributarias por más de 2 billones y una reducción del déficit de 4,2 a 3,2 por ciento. Antes de que se trate en comisión, el bloque oficialista emitió dictamen favorable a los proyectos aprobados en el Senado sobre consenso fiscal y reforma de la ley de Responsabilidad Fiscal y sobre prórrogas de impuestos de ganancias, débitos y créditos bancarios, bienes personales, monotributo y cigarrillos que se votará mañana y se enviará en revisión al Senado.

Retro: ofrecen pagar bono de fin de año en Ticket Canasta La degradación del mercado laboral no cesa. Ahora la municipalidad de Junin ofreció un ticket canasta de entre $1.000 y $1.500 como bono de fin de año. La medida del intendente de Cambiemos fue rechazada por el Sindicato Municipal de Junín. A tan sólo cinco días de las fiestas, son muchos los gremios municipales bonaerenses que no pudieron resolver aún el cobro de un bono de fin de año para los trabajadores, que sirva para paliar el poder adquisitivo erosionado por la inflación. En ese contexto, el gobierno de Junin, a cargo de Pablo Petrecca, descartó el pedido de los trabajadores municipales –que reclamaban un plus salarial de $3.000- y ofreció un ticket canasta de entre $1.000 y $1.500 para que los empleados puedan comprar en supermercados locales. La medida del intendente de Cambiemos fue rechazada por el Sindicato Municipal de Junín, Gabriel Saudán, por considerarlo “insuficiente”. Además, desde el gremio se recordó que la recaudación en concepto de tasas municipales, fue superior a la prevista para el año en curso. Por su parte, el secretario de Hacienda Ariel Díaz afirmó que “hemos estado buscando alternativas, en estos momentos estamos en negociaciones para hacerle entrega de órdenes de compra a cada empleado, para utilizar en distintos supermercados de la ciudad”. Fuente: www.infogremiales.com.ar

El exsecretario General de Interpol, Ronald Noble pateó el tablero de la dinámica judicial local y abandonó su queja vía Twitter para pasar a la ofensiva y solicitar formalmente que la justicia tome su declaración contra los procesamientos dictados por la firma del Memorándum con Irán. La presentación cursada por el propio exfuncionario complicó la resolución de Claudio Bonadio y agregó un obstáculo para que la Cámara Federal confirme las acusaciones por encubrimiento agravado y traición a la Patria. Fue maratónica la audiencia de quienes apelaron también las prisiones preventivas dictadas por el magistrado, que sigue cosechando críticas hasta de Human Rights Watch, entidad de defensa de derechos humanos de prestigio internacional. «Le adelanto que mi testimonio no coincidirá con la denuncia. Argentina y sus representantes siempre le expresaron a Interpol que las notificaciones rojas debían mantenerse», sostuvo Noble, apuntando al corazón de la denuncia del fiscal Alberto Nisman que tuvo su epílogo en la ristra de procesamientos algunos con prisión- dictados por el juez. Noble sostuvo que su testimonio debe ser tenido en cuenta por la Sala II de la Cámara Federal que debe resolver sobre el procesamiento de los acusados por encubrimiento, entre ellos la expresidente Cristina de Kirchner (con pedido de desafuero y detención) y del excanciller Héctor Timerman (con domiciliaria). Firmada desde Dubái, donde Noble pasó a la actividad privada tras 14 años al frente de la policía internacional, se anunció que «se pone a disposición para declarar como testigo», ya que Nisman afirmó en su denuncia original que él mismo había impedido el levantamiento de las alertas rojas contra los iraníes acusados por el atentado. Reiteró gran parte del alegato que había adelantado vía su cuenta oficial de Twitter apenas conocido los procesamientos, y recordó que en 2013, Timerman envió a Interpol una nota protocolar conjunta con Irán «donde específicamente se requería que se mantengan» las circulares rojas. Y reveló que fue él mismo quien agregó una leyenda a las alertas para evitar que los iraníes insistieran en que debían ser levantadas tras la rúbrica del Pacto. «Creo que es importante que los jueces de la Cámara de Apelaciones que revisen su decisión puedan tener en cuenta la posibilidad de contar con mi testimonio para proseguir con la investigación», afirmó. A su vez, consideró una serie de enredos por los cuales no hubo chance de contactarlo cuando los fiscales argentinos Gerardo Pollicita y Eduardo Taiano requirieron sus datos a través de las oficinas centrales de Interpol. «También lamento que nunca recibí una comunicación del juzgado en los teléfonos y las direcciones de mi oficina en Dubai, información de contacto que está en la web de mi compañía y es de dominio público», ironizó. Envió copias del correo a los camaristas con un anexo reservado donde dejó datos personales de contacto directo. Así, ofreció declarar en la embajada, ratificar el escrito o responder preguntas por video conferencia y advirtió que no se ampararía en ninguna inmunidad por su rol de jefe de Interpol. «Sería un error que el señor Juez ponga en duda mi profesionalidad e imparcialidad por el tono informal de mi correspondencia con algunas de las partes», aclaró Noble al referir que tuvo «estrecha relación» con Nisman y que deseaba que se esclarezcan las circunstancias de su muerte. «La negativa a cancelar las notificaciones rojas no fue el resultado de mi actividad personal, sino la decisión oficial de Interpol», sostuvo para culminar que «Argentina, ni oficialmente ni extraoficialmente pidió que se modificaran». También por anexo, incluyó documentación, detalle de reuniones y datos complementarios que consideró que deben ser tenidos en cuenta en el expediente, dejando en aprietos la hipótesis central de la causa. La irrupción de Noble (ahora de manera formal) fue celebrada por todos los imputados que difundieron la declaración en momentos en que están tramitando las apelaciones. La Cámara se debatía la forma de quitar de plano el exótico enfoque de Bonadio para incluir el delito de traición a la Patria sin desandar los procesamientos. La duda será por las prisiones, que generaron ruidos internos por la sobreactuación de Comodoro Py con las prisiones preventivas. Timerman publicó ayer una columna en el diario norteamericano The New York Times. La tituló «Soy un prisionero político». Human Rights Watch directamente consideró «descabellado» el pronunciamiento del juez. «Socava aún más la credibilidad del Poder Judicial argentino en relación con las investigaciones del atentado a la AMIA», afirmó su director para las Américas, José Miguel Vivanco.

Se publicó en el Boletín Oficial los montos que abonará la ANSES para jubilados, asignaciones familiares y Asignación Universal. Finalmente, Mauricio Macri publicó el decreto que establece un magro bono «compensatorio» para todos los afectados por el recorte propuesto en la reforma previsional: jubilados, asignación universal, pensiones y asignaciones familiares. El decreto, que lleva el número 1058, establece un pago por única vez, en el mes de marzo de 2018, de 750 pesos para aquellos jubilados que hayan adquirido su haber con 30 años de aportes y tengan un haber mensual menor a 10 mil pesos. A su vez, ese «subsidio extraordinario» será de solo 375 pesos si se trata de un jubilado que haya ingresado a alguno de los regímenes de moratorias de los últimos años, siempre y cuando su jubilación sea de menos de 10 mil. El mismo monto es el que le corresponde a los pensionados por vejez o invalidez. Si una persona percibe dos haberes, como jubilado y pensionado, recibirá este beneficio una sola vez. Para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, el monto que les será abonado de forma extraordinaria asciende a 400 pesos. El bono se pagará exclusivamente en el mes de marzo y no se incorporará al haber, por lo que en los meses abril y mayo volverán a tener un haber recortado. Tampoco se sumará a los aumentos subsiguientes. El mal llamado bono compensatorio fue parte del acuerdo con el peronismo cuasi oficialista del interbloque Argentina Federal como forma de mostrar que se reparaba el daño del «empalme» por el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria. De esta forma, el Gobierno busca ahorrar unos 100 mil millones de pesos de la ANSES para darle a los gobernadores y compensar el monto que se la dará a la provincia de Buenos Aires por la actualización del Fondo del Conurbano, de unos 65 mil millones de pesos.

Con otra votación de madrugada, la cámara baja aprobó el proyecto que plantea una reforma fiscal. La medida que aumentará el tributo que pagan las cervezas obtuvo 146 votos afirmativos, 77 negativos y 18 abstenciones. Duras críticas de los diputados Lavagna y Kicillof. El proyecto de reforma tributaria impulsado por el Poder Ejecutivo ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados tras una nueva votación durante la madrugada. El proyecto fiscal que tuvo un gran consenso con los gobernadores fue aprobado pero no evitó las críticas de los diputados de la oposición. El proyecto que tuvo modificaciones en comisión por el reclamo de los gobernadores cuyanos por el nuevo tributo que se quiso aplicar al vino, castiga a las cervezas que sufrirán un aumento del 8 por ciento al 17 por ciento en el tributo que paga al Estado. Además, las empresas no pagarán aportes patronales hasta una remuneración bruta de 12.000 pesos para 2022, en una escala que comienza el año próximo con 2.400 pesos, sigue en 2019 con 4.800 pesos, en 2020 con 7.200 pesos y en 2021 con 9.600 pesos. Según argumentan los técnicos de Cambiemos, el proyecto tiene el objetivo de que en 2022 la presión tributaria caiga en al 1,5 por ciento del PBI con el objetivo de alentar la inversión y la creación de empleo. Según el diputado Luciano Laspina se trata de «la reforma más ambiciosa y profunda de las últimas décadas». Según el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda los objetivos del proyecto del Ejecutivo es «incentivar la inversión», «formalizar el mercado laboral», «mejorar la competitividad», «mejorar la equidad y la eficiencia del sistema tributario» y «luchar contra la evasión». Otro punto clave de la votación fue cuando el oficialismo debió acceder al reclamo presentado por todos los bloques de la oposición para que el Impuesto a las Ganancias no alcance a las mutuales y cooperativas, tal como establecían los artículos 23 y 24 del proyecto original. «Esta ley forma parte del ‘paquetazo’ de reformas neoliberales que el Gobierno tuvo escondido toda la campaña, y que sacó a la luz ni bien terminaron los comicios. Le perdona impuestos a los que más ganan e intenta trasladar la carga tributaria a los consumidores y a los pobres», denunció el diputado del FPV-PJ Axel Kicillof. Por su parte Marco Lavagna apuntó a que no se cambia «la matriz impositiva de la Argentina» por lo que esta reforma «no trata el tema de fondo». Además cuestionó que se rebajen aportes patronales «sin tener en consideración el efecto que puede tener sobre el sistema previsional».