Según estudios de Correpi y Cels, en los dos primeros años de Cambiemos subió el número de víctimas ejecutadas por efectivos de las fuerzas de seguridad. El caso Chocobar reactivó la alarma por el amparo estatal a los abusos policiales. El encuentro ocurrió durante la mañana del jueves en el despacho principal de la Casa Rosada. «Quiero reconocer tu valentía y ofrecerte mi apoyo», le soltó Mauricio Macri al efectivo de la Policía Local de Avellaneda, Luis Chocobar. Este se sonrojó. Patricia Bullrich observaba la escena con una expresión entre cariñosa y comprensiva. Al día siguiente se viralizaron las imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en la esquina de Irala y Suárez, del barrio de La Boca. Allí se lo ve a Chocobar disparando por la espalda al ladronzuelo Pablo Kukoc, de 17 años, ya caído por un tiro previo que le quebró un fémur, después de asaltar y herir a puntazos, junto con otro pibe, al turista norteamericano Frank Joseph Wolek. La difusión de ese video derrumbo públicamente los elogios de Macri. Pero eso no opaca su hazaña: ser el primer presidente constitucional que recibe a un policía acusado de «homicidio por exceso en la legítima defensa». Claro que él ya supo manifestar su beneplácito al respecto en ocasión del reciente asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel. «Hay que volver a la época en que la voz de alto significaba entregarse», fueron sus palabras. Dicha postura coincide con otras prestigiosas voces que se hicieron escuchar en esos días; entre estas, la de Gabriela Michetti («El beneficio de la duda siempre lo tienen las fuerzas de seguridad»), la de Germán Garavano («La violación de las leyes va a tener sus consecuencias») y la de Bullrich («El Poder Ejecutivo no tiene que probar lo que hace una fuerza de seguridad»). Ella hasta fue más lejos al rubricar una resolución para que los uniformados «no obedezcan órdenes de los jueces si consideran que no son legales». Lo cierto es que en Argentina el «gatillo fácil» es ahora una política de Estado. Cabe resaltar que la «bendición» del presidente no solamente se limita a los matadores policiales. «Daniel es un ciudadano sano y muy querido», dijo el 15 de septiembre. Hablaba del carnicero de Zárate, Daniel Oyarzún, quien dos días antes había perseguido hasta atropellar con su Peugeot 306 a un hampón en fuga; esa faena fue completada por una cantidad indeterminada de vecinos que descargaron una lluvia de puñetazos y patadas sobre la víctima cuando, ya aplastado entre la camioneta y un semáforo, agonizaba con el cuerpo roto por dentro. «Daniel debería estar con su familia, más allá de lo que determine el Código Penal», remató Macri. Tal fue su visión de un asesinato oscilante entre dos modalidades: la «justicia por mano propia» y el «linchamiento». Tal vez la Historia lo recuerde como el Santo Patrono de las ejecuciones sumarias, ya sea en manos de «agentes del orden» o de ciudadanos armados y en banda. Si bien el final de la dictadura no evitó el ciclo de asesinatos policiales de civiles (en su mayoría, desde 1984, jóvenes varones y pobres fusilados en sus barrios o torturados en comisarías, penales y hasta patrulleros hasta morir), el caso que visibilizó semejantes crímenes fue la llamada Masacre de Budge, sucedida el 8 de mayo de 1987. Las víctimas, Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz, quienes bebían cerveza en una esquina próxima al Riachuelo. En aquellas circunstancias fueron acribillados por una patota de La Bonaerense al mando del sargento Juan Balmaceda. No es una exageración afirmar que partir de entonces el «gatillo fácil» atraviesa barrios y arrabales como un fantasma apenas disimulado. También hay que reconocer que se trata del único delito sin fines de lucro que comenten los uniformados. En términos numéricos, desde el comienzo de la era democrática hasta fines de 2015 hubo 4737 asesinados por fuerzas de seguridad; es decir, un promedio de aproximadamente 152 víctimas anuales. Del total, 2653 murieron en casos de «gatillo fácil» y 2084, en situaciones de cautiverio, mientras que otros 73 fueron matados durante movilizaciones y protestas. Pero bajo el régimen de Macri el conteo creció de modo exponencial: 725 víctimas entre comienzos de 2016 y fines de 2017. O sea, 362 víctimas por año, lo cual establece una muerte cada 23 horas, según cifras coincidentes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). De dicha cifra global, el 40% (144 casos anuales) murió en cautiverio y 44% (160 casos anuales) bajo la ley del «gatillo fácil». Y con una frecuencia de un fusilado cada dos días. En un 60% sus verdugos son policías, gendarmes y prefectos fuera del horario de servicio. Es notable que el aumento de tales casos sea inversamente proporcional a su difusión en los medios periodísticos. No sucedió así con Chocobar, en parte por su grado de exposición a raíz del «reconocimiento» presidencial. En materia de «justicieros civiles» –otro asunto alentado ahora desde las más altas esferas oficiales– su profusión no es menos alarmante. Junto al caso del carnicero Oyarzún, un remisero de José León Suárez desarmó a un muchacho que lo apuntaba con un revólver, antes de prodigarle cuatro tiros por la espalda. A tal hecho se le añadió el del médico Lino Villar Cataldo, quien una semana antes había ultimado con tres disparos –también por la espalda– a un adolescente que intentaba robarle un auto. Es decir, tres casos en sólo siete días. Desde lo estadístico, los episodios de «legítima defensa» con armas de fuego suman en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano –según fuentes judiciales– 40 muertes de presuntos ladrones durante los últimos cuatro meses. O sea, uno cada 72 horas; la mayoría –según esas mismas fuentes–, ocurrida cuando los asaltantes ya no representaban una amenaza para el «damnificado». Una tendencia creciente en la cual se desliza lo que se podría denominar «el gen criminal del ciudadano común». ¿Acaso es posible que las usinas

La inactividad empezaría el viernes 9 y se extendería hasta el martes 13 de febrero, inclusive. El paro que anunciaron los empleados  bancarios en todo el país para el viernes 9 de febrero, de cumplirse, podría dejar a los argentinos cinco días sin banco. Es que el viernes 9, fecha del paro, hay que sumarle el sábado 10, domingo 11 y los feriados de carnaval; lunes 12 y martes 13 de febrero. Los bancarios reclaman un porcentaje de actualización salarial acorde a la inflación, mientras que el sector patronal ofreció solo el 9 por ciento.

Una mujer murió aplastada por una pared como consecuencia de las graves inundaciones con desborde de ríos y aludes de agua y barro que jaquean a la provincia de Salta, donde esperan una gran crecida del río Pilcomayo, a raíz del caudal de agua que trae desde sus cuencas en Bolivia. Una mujer murió aplastada por una pared como consecuencia de las graves inundaciones con desborde de ríos y aludes de agua y barro que jaquean a la provincia de Salta, donde esperan una gran crecida del río Pilcomayo, a raíz del caudal de agua que trae desde sus cuencas en Bolivia. La caída inusual de lluvia y granizo afectó al norte del país y generó el desborde de arroyos, muy especialmente en la provincia de Salta, que vive momentos de drama y tensión tras el paso de un fuerte temporal que provocó el anegamientos en las calles y obligó a suspender las clases. En el norte de la provincia se desmoronó un dique y una mujer murió aplastada por una pared. La ruta nacional 68 quedó cortada en varios tramos por la corriente de barro, a la altura de Cafayate. En ese marco, Nicolás Kripper, Subsecretario de Emergencia de Salta, habló en el programa «El ojo de la tormenta», en Radio Latina 101.1. «Cayeron 44 milímetros de lluvia en muy poco tiempo y eso ha provocado muchísimas situaciones caóticas en la ciudad de Salta y también en el interior de la provincia», comenzó relatando el funcionario. «Fue el mes de enero más lluvioso de los últimos siete años», continuó diciendo Kripper, quien luego comentó: «Estamos poniendo en práctica los planes de contingencia para estar a la altura de las circunstancias para brindar seguridad a los vecinos». Consultado por las consecuencias directas sobre la gente, Kripper comentó: «En Salta capital no hemos tenido víctimas, y en el interior -lamentablemente- producto del derrumbe de una vivienda precaria, cayó el revoque sobre una joven que perdió la vida». En la provincia hay cerca de 500 evacuados. En tanto, ayer regía el alerta máxima por la gran crecida del río Pilcomayo, a raíz de la cual la provincia de Salta prepara una evacuación de unas diez mil personas, al extremo que algunos salteños se refugiaron en el Paraguay, informaron fuentes de esa provincia a La Capital. «El panorama es de emergencia absoluta y para esta noche (anoche) se espera una crecida histórica del Pilcomayo», abundó un vocero. El Comité de Emergencias ordenó la evacuación preventiva de cinco comunidades de Santa Victoria Este, donde la gente comenzó ayer a autovacuarse, y pidió asistencia a la Nación. El río Pilcomayo alcanza los seis metros en algunos tramos en Bolivia y hasta ocho metros en Santa Victoria Este, donde no se veía una crecida semejante desde hace diez años. El desborde del Pilcomayo.

A través del decreto 95/2018 el Gobierno nacional dispuso nuevos cambios en las estructuras de los distintos ministerios y la liquidación de la Lotería Nacional de la Sociedad del Estado donde se destaca el cierre del histórico Prode. Además se modificó la Carta Orgánica del Banco Nación para reducir la cantidad de miembros en su directorio. El Gobierno nacional cierra la semana con un nuevo decreto que establece modificaciones en las estructuras del Estado y que además ejerce otras disposiciones como la liquidación de Loteria Nacional, el cierre del histórico Prode y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Nación. En el marco de las medidas anunciadas por Macri esta semana para «desburocratizar el Estado» y achicar «1 de cada 4 cargos políticos», con cambios en las competencias de ciertos programas referidos al Ministerio de Salud, como responsabilidades del Ministerio del Interior que irán a Desarrollo Social. Uno de los puntos que generó mayor impacto fue la liquidación de la Lotería Nacional al considerar que carece de un ámbito territorial y jurisdiccional propio donde llevar adelante su cometido, y por ello «pierde todo sentido su continuidad bajo la forma societaria». El final de un juego histórico de todos los argentinos «A la fecha, en materia de juegos de azar, Lotería Nacional mantiene únicamente bajo su jurisdicción el billete preimpreso denominado «La grande de la nacional», (…), las competencias (…) respecto de la explotación del juego de Concurso de Pronósticos Deportivos (PRODE) y las potestades de fiscalización en materia de promociones que supongan la intervención del azar a través de los medios de comunicación masiva, así como las atribuciones vinculadas al contralor de las rifas y colectas», explicó el Gobierno para anunciar el final del PRODE. La medida tampoco debe tomarse como aislada, desde que los privados tomaron el control de la trasmisión y explotación del fútbol argentino se viene barajando la posibilidad de crear un nuevo sistema de apuestas deportivas que generen una nueva ola de ingresos para la Superliga. Los dirigentes desesperados por más dinero ya dieron su visto bueno a una vieja idea del difunto Julio Grondona.