Se trata de dos grandes empresas que importan luces LED desde China y que armaron grandes negocios vendiendo la luminaria al Gobierno de la Ciudad y otros municipios. Con los contratos firmados se repartirán más de mil millones de pesos. Mirá los lazos directo con el Presidente y el jefe de Gabinete. Un nuevo escándalo surge al interior del Gobierno y se centra en la contratación millonario del Estado a empresas pertenecientes a familiares de Mauricio Macri y a Marcos Peña. Las dos firmas encargadas de importar luces LED desde China sellaron un millonario contrato para venderle sus productos al gobierno porteño y a distintos municipios. En búsqueda de renovar las viejas luminarias públicas y de reducir el gasto energético, el Gobierno que conduce el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta apuró en 2017 las licitaciones para el Plan de Alumbrado Eficiente. Lo mismo hicieron los municipios conducidos por Cambiemos: Nicolás Ducoté en Pilar, Ramiro Tagliaferro en Morón y el licenciado Jorge Macri en Vicente López. El punto en común es que en todos los lugares mencionados las licitaciones fueron obtenidas por dos empresas: General Lighting Systems (GLS) y Philco, ambas pertenecientes a familiares directos del jefe de Gabinete y el Presidente respectivamente. Según reveló diario BAE, GLS es una continuidad de GE Consumer & Industrial Argentina, una división de la estadounidense General Electric. La empresa fue adquirida por Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del ministro coordinador, en marzo del 2017 en sociedad con Peter Cremer Holding GmbH & Co. La empresa de Braun Peña se adjudicó una jugosa licitación de 1.000 luminarias por un valor de $238.594.496. A la contienda se habían presentado siete empresas pero terminó ganando la del primo del jefe de Gabinete. Pero no fue el único contrato con el Estado, también le vendieron luminarias al municipio de Ducoté por por otros $994.110. Por otro lado, Philco ha sido la empresa emblema de la familia Blanco Villegas, parte materna de Mauricio Macri. Su tío fue el fundador de la firma en Argentina y de los primeros en aprovechar los beneficios de la producción en Tierra del Fuego. La primera tajada que sacó Philco con el Estado fue con un contrato firmado junto a la municipalidad de Vicente López para renovar 20.000 luminarias LED por 149,5 millones de pesos. El exesposo de María Eugenia Vidal también benefició a la empresa del tío del Presidente con un pedido de 4000 artefactos para las calles de Morón. A través del Plan de Alumbrado Eficiente que se desarrolla en la órbita de la Secretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, que maneja Andrea Heins, el ministerio que conduce Juan José Aranguren ya desembolsó 503 millones de pesos y prevé destinar otros 500 millones en los próximos meses. Fuente: politicargentina.com    

El vuelo de Bariloche a Córdoba de la aerolínea Flybondy del sábado pasado llegó sin los equipajes. Según las quejas de los usuarios en Twitter, los pasajeros no habían recibido sus valijas al desembarcar en Córdoba ya que habían sido despachadas por camión y se esperaba que arribaran a destino hoy a las 11:00. Una pasajera, que viajó en ese vuelo y pidió no ser identificada, contó que el avión salió con una hora de retraso «con la excusa de que faltaban pasajeros», y que minutos antes de aterrizar en Córdoba, les comunicaron que las valijas llegarían por tierra y les pidieron que dejaran sus datos para coordinar la entrega. Según explicó desde la aerolínea le indicaron que no pudieron cargar el equipaje por la alta temperatura que hacía en Bariloche. «Pero yo vi vuelos que salieron en perfectas condiciones», cuestionó. El avión, un Boeing 737-800 que llegó a las 19:30 cuando estaba previsto a las 18:20, viajaba con pocos pasajeros, y su enojo no era sólo por el retraso del equipaje sino por no haberles avisado antes de salir. «Muchos estaban preocupados porque tenían llaves y plata en la valija; podrían haber sacado lo indispensable antes de despacharlas si les hubieran avisado. Yo estoy sin ropa desde el sábado», dijo la misma pasajera. La aerolínea hizo su descargo en un comunicado publicado hoy: «En todos los vuelos, Flybondi.com prioriza la seguridad de sus pasajeros ante cualquier otra circunstancia. El sábado 3/2/18 las altas temperaturas registradas en Bariloche redujeron la capacidad de carga de equipaje permitido que se puede transportar en las bodegas. Por este motivo, y para garantizar la seguridad del vuelo, nuestro equipo de operaciones decidió no embarcar el equipaje previsto para despachar», informó. «El sábado en la tarde tuvimos en Bariloche una combinación de alta temperatura con menor presión atmosférica, lo que redujo en 7000 kilos el peso máximo con el que podía despegar nuestro avión», sostuvieron. Flybondi comenzó a operar el 26 de enero pasado, y su vuelo de prueba tres días antes había tenido que regresar a los doce minutos por «una falla técnica menor». Las compañías low cost promovidas por el Gobierno han sido muy resistidas por los gremios aeronáuticos. Flybondi en particular ya había sido criticada por el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, quien denunció por Radio Mitre que a la aerolínea «le habían habilitado de taller un contenedor todo oxidado». Según Biró, el modelo negocio de las low cost «no es posible por falta de infraestructura». Fuente: La Nación

Los sueldos más golpeados de la región: En los últimos dos años los salarios retrocedieron en términos reales entre 4,1 y 10,8 por ciento, según el gremio y la inclusión o no de la cláusula gatillo. El sueldo mínimo perdió 6,1 de poder de compra, más que ningún otro en la región. La intención del Gobierno de que la suba de salarios esté en el 15 por ciento y así los ingresos vuelvan a perder frente a la inflación enfrenta un escenario complejo: en dos años, el poder adquisitivo de los trabajadores argentinos registra el mayor deterioro de la región. Entre 2016 y 2017, la caída de los salarios en términos reales va del 4,1 al 10,8 por ciento según el poder de negociación del gremio y la inclusión (o no) de la cláusula gatillo. El poder de compra del salario mínimo retrocedió un 6,1 por ciento, el mayor deterioro en la comparación con otros países de América del Sur, según datos de la Universidad de Avellaneda. Uno de los principales desafíos económicos para el Gobierno en el comienzo del año es moderar a la baja la negociación paritaria. En su concepción, es más importante acercarse a la pauta inflacionaria establecida por el Banco Central que la reactivación del bolsillo y, con ello, del consumo. Es una visión que considera al salario más como un costo que como un componente de la demanda, capaz de incentivar ventas e inversiones privadas. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tiene a cargo lograr una nueva caída del salario real. No lo dice explícitamente, pero el techo del 15 por ciento equivalente a la pauta inflacionaria oficial quedará por debajo de la suba real de precios, que las consultoras privadas ubican en 19,4 por ciento en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA. La otra premisa de Triaca es evitar la inclusión de la cláusula gatillo, que demostró ser una herramienta útil para el refugio de los salarios ante la suba de precios. El escenario salarial sobre el cual se monta esta negociación paritaria muestra un retroceso generalizado en dos años, a pesar de que los gremios más fuertes lograron un avance del poder adquisitivo el año pasado que igualmente no llegó a compensar la merma de 2016. Para todos los sectores de trabajadores, la inflación del 41 y 25 por ciento, respectivamente en 2016 y 2017, fue un escollo muy complicado de saltar. Un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda muestra que entre los gremios más grandes y mejor organizados la caída del salario real acumulada en dos años es del 4,1 por ciento (a partir de una baja del 6 por ciento en 2016 y una suba del 2 por ciento en 2017). Otro grupo de gremios con poco poder de negociación pero con cláusula gatillo perdió 8 puntos hace dos años y enfrentó un recorte del 1 por ciento el año pasado, con una baja acumulada del 8,9 por ciento. Los gremios con poco poder de negociación y sin cláusula gatillo perdieron 10,8 por ciento en dos años. Los sindicatos analizados son transporte, docentes, petroleros, estatales, trabajadores rurales, comercio, bancarios, camioneros, telefónicos, construcción y aceiteros. El mejor ubicado desde que asumió Cambiemos es el gremio de aceiteros, con una suba en términos reales del 3,2 por ciento. En el otro extremo quedó transporte, con una baja acumulada de 8 puntos en términos reales. La comparación frente a otros países de la región también arroja resultados negativos. Los economistas de la Undav confeccionaron una canasta homogénea de bienes de consumo básico, como aceite de girasol, harina, arroz, fideos, papas, azúcar, pan, pollo, huevos, leche, algunas verduras y frutas. Midieron la evolución de esos precios en varios países frente al avance nominal del salario mínimo. El resultado es que en la Argentina el ingreso mínimo cayó en dos años un 6,1 por ciento, a raíz de una baja del 7,2 por ciento en 2016 y una suba del 1,2 en 2017. En Paraguay la merma acumulada es del 4,7 por ciento; en Brasil, de 3,4 y en Perú, del 1 por ciento. En tanto, hubo subas en Uruguay (4,9 por ciento), Chile (6,2) y Bolivia (8,2 por ciento). Si la medición se realiza calculando el salario mínimo en dólares (sin tener en cuenta el poder de compra), en la Argentina la baja acumulada es del 0,5 por ciento, sólo superada por Brasil, con el 1,3 por ciento. Hay mejoras en Bolivia (2,9), Chile (1,5), Perú (0,8), Uruguay (0,7) y Paraguay (0,4). A pesar de ese desempeño, el salario mínimo en dólares argentino sigue siendo el más alto de la región. Fuente: Página/12

Se tratarían de medio centenar de cargos «acomodados» en el sindicato intervenido. Reproducimos los once casos más exponenciales. El caso de Sandra Heredia, la empleada en negro despedida por el flamante ministro de Trabajo Jorge Triaca, era solo la punta del iceberg. El caso de la intervención del SOMU sigue dando de qué hablar, aunque el duranbarbismo quiera correr el eje. El escándalo dejó a la luz las irregularidades de un Gobierno que hace alarde de una transparencia que no existe: las designaciones a dedo de familiares, amigos y militantes de la mano de los principales funcionarios del gabinete macrista. En el caso del sindicato de trabajadores marítimos, hasta el propio juez que dispuso la intervención del organismo tuvo oportunidad de acomodar a sus familiares. Luego de la intervención, en el SOMU ingresaron poco más de 200 personas. Según un informe previo, ya se habían denunciado serias irregularidades en el nombramiento de varias personas. En el día de ayer, el portal de noticias El Destape Web publicó una investigación en la que, a partir de la lista de designados en el sindicato, se tratarían al menos de 50 personas que tienen vínculos políticos y personales con el ministro de Trabajo, así como con la exinterventora (y hoy senadora nacional oficialista) Gladys González. Según el informe, estos serían los casos más paradigmáticos de la escandalosa intervención del sindicato: Roberto José Porcel: designado director general del sindicato. Se trata del abogado de confianza del ministro. Fernando Rodeles: durante la gestión de González se desempeñó como asesor comunicacional; hoy en día continúa como asesor externo. Se trata de un militante cambiemita que inauguró la Fundación Pensar en Avellaneda y figura como empleado del Congreso de la Nación. Luis Abdeneve: amigo personal del humorista Miguel del Sel, ha realizado campaña política al lado de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Cristian David Eben Austin: expolicía de Chubut, integrante de las boletas de Cambiemos en la provincia y responsable financiero de la última campaña electoral del oficialismo en aquellas tierras. Hernán Trigo Gutierrez: concejal oficialista en Necochea, militante activo del Gobierno. Ricardo Martínez Sirera: vocal de Cambiemos en el municipio de Campana, de la provincia bonaerense. Gustavo Pretzch: excandidato a diputado de la coalición oficialista en la provincia de Chubut. Nadia Zilli: radicada en Tierra del Fuego, la militante de Cambiemos ha realizado activa campaña en la provincia austral. José Romano: se trataría del «hijo de una persona que hace arreglos» en la casa del cuñado del ministro Triaca, según afirmaron desde el entorno del ministro. El Destape consultó al entorno del ministro de Trabajo acerca de estas designaciones, desde donde respondieron que: «Todos tienen afiliación política porque es una intervención política, no se puede intervenir un sindicato sin gente de confianza».

Se implementarían una nueva cláusula de revisión para compensar la inflación, buscando que los acuerdos contengan un compromiso de reabrir la paritaria en caso de ser necesario. La negociaciones paritarias apenas están comenzando a negociarse en los distinto ámbitos, pero el esquema salarial para 2018 que se proponía alcanzar el Gobierno de Mauricio Macri parece haberse repensado. Todo parecía indicar que la Casa Rosada avanzaría con un modelo de incrementos salariales del 15 por ciento sin revisiones, pero ahora, de la mano de la alta inflación que terminó arrojando el 2017, se impulsan cierres paritarios oficiales del 15 por ciento, pero con revisión. Pero esa revisión no consistiría en una cláusula gatillo, como la que incluyeron en las paritarias 2017, sino que significaría apenas un compromiso de ambas partes para volver a negociar en caso de que la inflación supere el incremento salarial. La cláusula gatillo que se aplicó el año pasado establecía que si el índice de precios al consumidor superaba el cierre paritario, el sector patronal debía incrementar la diferencia de manera automática. Según el Gobierno, una paritaria con cláusula gatillo alentaría a los empresarios a subir los precios de sus actividades por encima de la paritaria «para cubrirse». Según su punto de vista, con con el esquema de revisión eso no sucedería.

Las autoridades viales indicaron que el alud es consecuencia de un desborde del río Mendoza por lluvias en alta montaña. Un alud de lodo que cayó durante todo el domingo sobre la ruta 7 en la alta montaña mendocina y obligó a interrumpir el tránsito en el corredor internacional Cristo Redentor, que comunica con Chile, informó Gendarmería Nacional. El deslizamiento, de unos 100 metros de ancho por 1 de alto, se produjo en el kilómetro 1.165 de la ruta internacional a la altura de Quebrada Seca, entre las localidades de Uspallata y Punta de Vacas, detalló el informe. Las autoridades viales indicaron que el alud es consecuencia de un desborde del río Mendoza por lluvias en alta montaña y que personal del organismo trabajaba para liberar la ruta. Autoridades chilenas del complejo fronterizo Los Libertadores informaron que debido al alud en Mendoza se procedió a “la suspensión temporal del tránsito por este corredor internacional, a la espera de evaluación de la situación por parte de Vialidad argentina”

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina, la cantidad de personas que se quedaron sin trabajo durante el último mes duplicó la cifra de diciembre y la de enero del año pasado. El documento detalla además, que más de la mitad de las cesantías se registró en la administración pública. Según informó el Centro de Economía Política (CEPA), enero acumuló 6.639 nuevos despidos y suspensiones. La cantidad de personas que quedaron sin empleo en el, además, duplicó a la de diciembre y la de enero de 2017. Esta nueva ola de cesantías se enmarca en la decisión del Gobierno de impulsar un fuerte ajuste en la administración pública nacional. El 58 por ciento de los despedidos fueron trabajadores del sector público. Este ajuste había sido anunciado en los últimos meses del año por el Ministerio de Modernización, que preparó el terreno para los despidos estableciendo un plan de “dotaciones óptimas” de ministerios y organismos del Estado. El detalle de sector por sector revela que los despidos en los entes descentralizados: el INTI (260 despedidos), Coros y Orquestas del Bicentenario (240), Radio Nacional (233), la Televisión Pública (170), el Hospital Posadas (150), el Senasa (138), el Ballet Nacional de Danza Clásica (50), la Superintendencia de Seguros de la Nación (16). Hubo también despidos en los ministerios de Agricultura, Producción y Trabajo. Los intendentes macristas que recortaron sus plantas municipales fueron Ramiro Tagliaferro, en Morón –donde más de 500 trabajadores fueron desvinculados–, Diego Valenzuela, en Tres de Febrero –con 400–, y Martiniano Molina, en Quilmes –otros 400–. Hubo además bajas en las ciudades de La Plata y Lanús. Sumadas, las municipalidades originaron 1700 despidos. Enero fue también el mes en que el macrismo desarmó los medios de comunicación públicos, con 425 despedidos entre la TV Pública, Radio Nacional y el Canal de la Ciudad. Además, en empresas de capital estatal como YPF, los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) se produjeron 695 casos. El informe analiza, por otra parte, lo sucedido en el sector privado, donde la expulsión de trabajadores sigue centrada en la industria. De los 2761 despidos en empresas, el 82 por ciento (2.253 casos) correspondió al sector industrial. Más especificamente, el rubro alimentos y bebidas encabezó los despidos, con cerca de mil cesantías. También fueron afectadas las fábricas de autopartes (350 bajas) y la actividad textil, con 300 suspensiones