El primer ensayo estatal de este tipo se realizará sobre 100 pacientes que padecen una forma severa de epilepsia. Un grupo de médicos del Hospital Garrahan llevara adelante el primer estudio estatal con Marihuana medicinal en pacientes que sufren de epilepsia refractaria,  el objetivo es determinar los beneficios de esa sustancia.  Según se informó desde la institución médica, son cien los pacientes que serán sometidos a los análisis quienes  padecen una de las formas más severas de epilepsia que se encuentran sin ningún tipo de tratamiento actualmente. El objetivo de la investigación es evaluar la eficacia y seguridad del nuevo fármaco, y contar con sustento médico y académico para su administración. La modalidad del estudio es ambulatoria y los controles se realizarán por consultorios externos. En el marco de un ensayo clínico ideado en el centro de salud porteño, el aceite se le aplicará a un adolescente de 15 años, mientras que se prevé que se incorporarán al programa ocho menores por mes en promedio. El programa, que arrancó 17 meses después de sancionada la ley que permite uso del aceite basado en el cannabis con fines medicinales, prevé estudiar a al menos cincuenta pacientes en el Garrahan y a otros cincuenta en centros de salud de otras provincias. «Nuestra misión es agotar todas las posibilidades para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Cuando todo fue probado y no hay respuesta favorable, entonces debemos investigar y buscar otras alternativas, en este caso el cannabis medicinal”, afirmó el presidente del Garrahan, Carlos Kambourian. Y destacó: “Esperamos que el uso del cannabis como fármaco compasivo permita a los pacientes y sus familias transitar la enfermedad de la mejor forma posible”. En tanto, Roberto Caraballo, jefe de Neurología y a cargo del estudio, explicó que “el uso del cannabis medicinal puede ser una esperanza para los pacientes y las familias”. Sin embargo, fue prudente y señaló: “Queremos entender el rol de este nuevo tratamiento para que nos permita dar un paso importante en el conocimiento del uso del fármaco”. Si bien la investigación está estimada para los próximos dos años, esperan tener las primeras conclusiones en marzo próximo. El Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis creado por la ley 27.350 sólo prevé el tratamiento con los derivados de esa planta a quienes padezcan epilepsia refractaria.

Matías Farías, Juan Pablo Ofiddani y Alejandro Maciel enfrentarán los cargos del fiscal Daniel Vicente que podrían derivar, para los dos primeros, en una condena a prisión perpetua por el hecho ocurrido en octubre de 2016. Tres hombres comenzarán a ser juzgados hoy bajo la acusación de haber intervenido, en diferentes roles, en la violación y asesinato de la adolescente Lucía Pérez, ocurrido en octubre de 2016. Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel enfrentarán los cargos del fiscal Daniel Vicente que podrían derivar, para los dos primeros, en una condena a prisión perpetua. Los dos primeros llegan al debate en calidad de detenidos, mientras que el tercero fue excarcelado. En ese marco, el Tribunal en lo Criminal N° 1 integrado por Aldo Carnevale, Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso escuchará también una postura extremadamente opuesta de la defensa, que apoya la hipótesis de una muerte involuntaria devenida del consumo de drogas y de relaciones sexuales consentidas. Un juicio, tres imputados y una sola gran verdad: la muerte de una adolescente. Lucía Pérez tenía 16 años y falleció dentro de la casa de Matías Farías, el mismo joven que el día anterior le había vendido marihuana en la puerta de una escuela. La investigación del caso se vio alterada por una labor polémica de la fiscal María Isabel Sánchez, quien de manera apresurada e inédita encabezó una conferencia de prensa en los primeros días en la que dio como probados sucesos que al día de hoy siguen siendo conjeturas. De hecho, su trabajo fue duramente cuestionado por la Justicia de Garantías y la Cámara de Apelaciones, e incluso el Fiscal General ordenó la disolución de su fiscalía N° 8. El contexto En los días siguientes a conocerse el hecho se sucedieron increíbles errores en la investigación de la fiscal María Isabel Sánchez, al punto tal que la Fiscalía General aprovechó una licencia concedida con anterioridad para “pasarle” la causa a la fiscal Andrea Gómez y que se hicieran correcciones de fondo, como por ejemplo desactivar la figura de homicidio criminis causa. Sánchez decía que a Lucía la habían matado para ocultar que la habían drogado y que los asesinos no habían elegido un arma de fuego, un estrangulamiento, un cuchillo sino el ataque sexual. Los motivos que llevaron a Sánchez a actuar mal son indescifrables pero su carrera -ya venía cuestionada en causas como Lario y Bello, entre otras- se precipitó. Hoy cumple funciones en una fiscalía menor, como es la de Flagrancia, donde sólo se tramitan expedientes que no requieren investigarse demasiado. Esos errores de Sánchez, desde hace mucho tiempo indiscutidos, fueron plasmados en el avance judicial de la causa “Lucía Pérez” a través de distintas crónicas que derivaron en una situación periodística siempre saludable aunque a veces antipática: controvertir lo políticamente correcto, lo establecido. En suma, se trató de un caso que tuvo de la prensa repercusión internacional, al punto tal que motivó un paro de mujeres, ocasionado por la indignación producida tras conocerse la versión del hecho planteada por Sánchez, que luego fue cuestionada y aún en la actualidad lo sigue siendo. Drogas Lucía Pérez era menor de edad cuando ingresó a la casa de un dealer mayor de edad. Este corruptor de la adolescencia se llama Matías Farías, quien debería recibir una pena ejemplar solo por ello. Respecto a lo que sucedió dentro de la vivienda de la calle Racedo nadie lo sabe excepto Farías. Ni los fiscales que pasaron, ni la defensa, ni los peritos, ni los jueces anteriores, ni el Tribunal que juzgará. Mucho menos los periodistas. Todo lo que se haya dicho con grado de certeza es un exabrupto. Para algunos peritos Lucía fue abusada, vejada inhumanamente y asesinada; para otras médicas, murió por causas indeterminadas, sin empalamiento, ni ataque sexual. Lo que sí está claro es que Lucía no regresó a su casa, que Lucía no quería morir. Las posibilidades que se barajan son varias en términos de condena aunque está casi predefinido que ni Farías ni Juan Pablo Offidani saldrán por la puerta principal sin pena alguna. Es que el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores (artículo 11 de la ley 23.737) estaría casi probado, por más intentos de la defensa por relativizarlo. Los mensajes de texto de Farías demuestran una conducta sostenida en el tiempo al respecto. Sólo por ello, Farías y Offidani, podrían recibir de 6 a 20 años de prisión. El otro escenario de condena tiene relación con los hechos II y III, el primero atribuido a Farías y Offidani y el restante a Alejandro Maciel, quien era ayudante terapéutico del segundo, que intentaba recuperarse de su adicción a las drogas. El hecho II es el abuso sexual por acceso carnal agravado por el resultado muerte y el suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio. Este es el gran punto del debate: saber qué pasó con Lucía Pérez dentro de la casa de Farías y todo dependerá de la jornada del día 5 de noviembre, cuando se presenten los médicos y peritos. En caso de probarse el abuso sexual (algo que hasta el momento parece haber sido puesto en duda en el expediente por las peritos de la Suprema Corte bonaerense), el resultado muerte será casi automático, de modo que a Farías como autor responsable y a Offidani como partícipe secundario le impondrán prisión perpetua. El hecho III, que se desprende del II, implica el encubrimiento de lo ocurrido. En ese aspecto, se acusó a Maciel de lavar el cuerpo de Lucía para borrar las pruebas que permitirían esclarecer el caso. En el supuesto de que los jueces no vieran acreditado el abuso sexual ni se inclinaran por la hipótesis de la muerte provocada el hecho II se desmoronaría y, por lo tanto, el hecho III contra Maciel también.

El Gobierno estableció la medida a través de un decreto de necesidad y urgencia.   A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el Gobierno estableció que el próximo 30 de noviembre será feriado en el ámbito de Capital  Federal con motivo de la realización la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20). La norma, que llevó la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y todos los ministros, señaló que debido “a los diversos aspectos que involucra la organización de la Cumbre –logísticos, de seguridad, de transporte, entre otros– se impone la adopción de medidas que tengan como finalidad facilitar su organización y desarrollo”. Tras indicar que “el G20 es el principal foro de coordinación económica mundial con creciente gravitación en temas de naturaleza política, que está integrado por diecinueve países más la Unión Europea”, el Gobierno destacó que el “evento más importante” del encuentro es la Cumbre de Líderes, que tendrá lugar el viernes 30 de noviembre y el sábado 1 de diciembre. “Se estima que ocho mil personas concurrirán a la Cumbre, entre los Líderes y sus acompañantes, los sherpas, las autoridades ministeriales, las delegaciones, el personal de seguridad y la prensa”, se informó. “Por primera vez los Jefes de Estado y/o de Gobierno más importantes del mundo se reunirán en el país, constituyéndose por ello la citada Cumbre en uno de los eventos de política internacional más importantes de la historia argentina”, subrayó el Gobierno.

Hasta ahora su aplicación solo estaba dirigida para al ámbito hospitalario. Se venderá bajo receta archivada y estará disponible antes de fin de año. La ANMAT aprobó la venta. Se trata del Misop 200, un método no quirúrgico que cuenta con una droga específicamente para interrumpir la gestación. Se trata del Misop 200, un medicamento que hasta ahora se distribuía sólo en hospitales, pero ahora los ginecólogos la podrán recetar a sus pacientes en el consultorio cuando consideren que la mujer está bajo alguna de las circunstancias que prevé la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Según informó Clarín, el laboratorio que fabrica el medicamento prevé que «estará disponible en los comercios antes de fin de año». La interrupción del embarazo está autorizada sólo cuando representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios; si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer (entendida la salud como el bienestar físico, mental-emocional y social) y si el embarazo proviene de una violación.

Tras la detención de cuatro extranjeros en la marcha contra la media sanción del Presupuesto en Diputados volvieron a activarse discursos xenófobos en parte de la dirigencia política, encabezados por el senador Miguel Ángel Pichetto. En ese contexto, el gobierno nacional pretende impulsar un endurecimiento de la ley migratoria para “hacer foco en los inmigrantes ilegales y en aquellos que delinquen”. En un informe publicado en el blog Pescado fresco, de la Red de Investigadores/as Argentinos/as sobre Migraciones Internacionales Contemporáneas (IAMIC), la académica María Inés Pacecca, profesora de Facultad Filosofía y Letras de la UBA y responsable de estudios de la Comisión de Apoyo a Refugiados y Migrantes (CAREF), desmintió muchos de los lugares comunes para justificar los discursos xenófobos. Aunque trabajen más, sus trabajos son casi siempre precarios e informales. Hay 20 puntos de diferencia entre el trabajo registrado de los/as argentinos/as y el trabajo registrado de las y los migrantes. Cuando el desempleo baja, baja para todos: argentinos/as e inmigrantes. Es decir que la nacionalidad de la fuerza de trabajo no guarda relación directa con el empleo o el desempleo. ¿Será entonces que el trabajo tiene que ver con otro tipo de decisiones políticas y económicas? En relación a quiénes estaban en las cárceles en 2017: de 85.300 personas detenidas, solo 5.100 eran extranjeras. Entre los argentinos, 55% estaba condendado y 45% procesado. Entre los extranjeros, 40% estaba condenado y 60% procesado. (Fuente: Base de datos SNEEP). Otro lugar común refiere a “los países serios”, cuyas políticas migratorias son más “serias”. Prueba de esa seriedad es que “no entra cualquiera ni te dan el documento así nomás”. Curiosamente, esos países serios con políticas serias tienen gravísimos problemas directamente vinculados con esas políticas. Como expresó en 2016 el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes en su informe ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: “si se coloca una barrera entre los factores de expulsión y los de atracción para prevenir la movilidad, pero no se responde a la necesidad de los trabajadores de abandonar el país, se favorece la creación de un mercado laboral clandestino floreciente. Cualquier intento de sellar las fronteras sin ofrecer vías más accesibles, regulares, seguras y asequibles para la inmigración seguirá siendo un fracaso de enormes proporciones” (A/71/285, párrafo 12). En términos bastante claros, el Relator señaló que el conjunto de situaciones que preocupa a los Estados [serios] es resultado de la acumulación de diversas políticas, incluidas las migratorias, que construyen las barreras con las que se sellan las fronteras. Su conclusión: “el status quo no es sostenible”.

Un Procurador Federal ante la CSJN dijo que es inconstitucional la norma que prohibe la minería a cielo abierto. El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Víctor Abramovich, opinó que es constitucional la Ley 9.526 de la provincia de Córdoba que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto, la actividad minera de minerales nucleares como el uranio y el torio, y el uso de determinadas sustancias químicas contaminantes, tóxicas y/o peligrosas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico. En primer lugar, consideró que la provincia dictó esa norma en ejercicio de su competencia en materia ambiental y a fin de complementar las normas nacionales que protegen el ambiente en el ámbito de la minería. En segundo lugar, advirtió los efectos graves e irreversibles que las actividades prohibidas conllevan a la integridad del ambiente, a la salud de la población y al acceso al agua y, en ese marco, entendió que las medidas adoptadas son coherentes con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad, que guían el derecho ambiental. El caso se había iniciado a raíz de una acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba (CEMINCOR) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) contra la Ley provincial 9526 que establece las prohibiciones referidas. Las accionantes habían señalado en su demanda que la ley avanza sobre aspectos regulados en el Código de Minería y en la Ley Nacional 24.804 de Actividad Nuclear, lo que implica la afectación de las facultades delegadas por las provincias a la Nación. Además señalaron que las restricciones estipuladas a la actividad minera vulneran sus derechos de trabajar, ejercer toda industria lícita y el de propiedad, garantizados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional. El procurador fiscal dictaminó que correspondía confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba que había rechazado la demanda impugnatoria de la ley provincial 9526. El tribunal local había considerado que esa norma fue dictada en ejercicio de competencias de la provincia en materia ambiental y que no se encuentra en contradicción manifiesta con el Código de Minería. Además, había señalado que la ley local es razonable en tanto constituye una medida de tutela esencialmente preventiva. El representante del Ministerio Público recordó, en primer lugar, que el artículo 41 de la Constitución Nacional “reconoce en materia ambiental competencias al Estado Nacional y a las provincias, que se organizan bajo el principio de complementariedad”. Agregó que “De acuerdo con ese reparto, el gobierno federal tiene facultades para definir los presupuestos mínimos de protección, y los gobiernos locales para complementar esos presupuestos, aumentando el nivel de protección ambiental establecido por el piso de protección inderogable fijado por la Nación”. Sobre la base de ese principio de complementariedad, explicó que las provincias se encuentran autorizadas a establecer, por encima de los contenidos mínimos, regulaciones más estrictas que las nacionales, pues lo que se busca es la optimización de la tutela ambiental en resguardo de las características específicas, geográficas, climáticas, poblacionales y socioculturales del entorno provincial. Bajo esas premisas, entendió que la ley 9526 se adecuó a las previsiones del artículo 41 de la Constitución Nacional, pues maximizó la protección ambiental establecida a nivel nacional en la Ley General del Ambiente y en el Código de Minería. Además, afirmó que la ley provincial cuestionada no avanza sobre las facultades exclusivas del Congreso de la Nación para dictar el Código de Minería. Al respectó, distinguió que ese código regula los derechos, obligaciones y procedimientos para adquirir, explotar o aprovechar las sustancias minerales, mientras que la ley local establece ciertas condiciones técnicas para la realización de la actividad minera en base a criterios de protección ambiental. Puso de relieve que el propio artículo 233 del Código de Minería, inserto en el título “Condiciones técnicas de la explotación”, prevé que los mineros deben respetar las normas vinculadas a la conservación del ambiente dictadas por la Nación y por las provincias en  los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional. Además, estimó que esa previsión del artículo 233 era aplicable en materia de minería nuclear. En segundo lugar, señaló que las restricciones establecidas en la ley local resultan razonables y no afectan derechos de las empresas mineras, si se tiene en cuenta los efectos nocivos e irreversibles que las técnicas y actividades allí prohibidas le causan al medio ambiente y, en especial, al agua, en la provincia de Córdoba. En particular, destacó que las medidas adoptadas por la ley local resultan coherentes con los  principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad, que guían el derecho ambiental y se encuentran prescriptos en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. Recordó que esos principios deben imperar ante la creación de un riesgo de efectos desconocidos y, por tanto, imprevisibles, y que cuando lo que se persigue es la tutela del bien colectivo, como los derechos de raíz constitucional al ambiente y al agua, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro. Entre algunos de esos efectos, trascribió los que surgen del debate parlamentario de la ley, donde se expuso que la minería metalífera a cielo abierto remueve cientos de toneladas de tierra y roca “agravando los procesos de desertificación, alterando el normal escurrimiento de las aguas y por consecuencia de cuencas completas” y que “los procesos de lixiviación y flotación con sustancias tóxicas emplean millones de litros de agua que se contaminan por el aporte de las sustancias tóxicas que utilizan: cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, entre otras. Estos gigantes volúmenes de agua, recurso de altísimo valor para la vida, no será apta nunca más para el consumo humano, ni de ganado, ni de cultivos”.  El representante del Ministerio Público Fiscal ponderó además estudios técnicos presentados en la causa, y los informes de la auditoría de cierre de la mina de uranio Schlagintweit (“Los Gigantes”) que fue explotada en la provincia

El ministro de Economía defendió el cuestionado Presupuesto en el Senado, luego de que obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados. El debate continuará mañana con la presencia de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social y el miércoles irá el ministro de Producción, Dante Sica. Tras obtener media sanción en la Cámara de Diputados, el proyecto de Presupuesto 2019 se comenzó a debatir en la Cámara de Senadores con la presencia del ministro de Economía, Nicolás Dujovne. El funcionario defendió el pryecto y destacó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sobre el acuerdo con el FMI y su relación con la «ley de leyes», manifestó:»En las circunstancias que atraviesa la Argentina donde no hemos terminado de corregir los desbalances heredados, sin el apoyo del Fondo el ajuste fiscal tendría que ser mucho mayor». Esto fue luego de que la senadora Magdalena Odarda trajera a colación el tema: «Tenemos que reconocer que lo que está haciendo este presupuesto es blanquear el acuerdo con el FMI: es un presupuesto que profundiza la desigualdad en un país donde ya tenemos índices del 27 por ciento de la población bajo la línea de pobreza». El debate continuará mañana con la presencia de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social y el miércoles irá el ministro de Producción, Dante Sica. Además, el martes 6 expondrá Rogelio Frigerio, ministro del Interior, quien estuvo encargado de las negociaciones con los gobernadores.