Reunido de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires – UBA -, el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional – CIN – acordó por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795). “40 años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, subrayó el presidente de este Consejo, Oscar Alpa, para resumir el acuerdo de la totalidad de las instituciones universitarias nacionales presentes en el plenario. “Un decreto no puede suspender una ley”, completó el decano anfitrión, Leandro Vergara, asistente en representación de la UBA. “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”, agregó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci. El presidente de la nación había vetado la norma aprobada originalmente en agosto y el 2 de octubre la oposición logró ratificarla. Hoy la ley fue promulgada pero suspendida, cuestión que “viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”, afirmó Vergara. “Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, cerró Bartolacci. Además de la acción judicial, las y los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario. Fuente: https://vocesparalelas.com.ar/

Tal como sucedió con la Ley de Emergencia en Discapacidad, y a pesar de haber sido ratificadas por el Congreso de la Nación tras los vetos de Javier Milei, el gobierno libertario acelera la motosierra y se niega a aplicarlas. En medio de la debacle de su plan económico, y lejos de recalcular, el presidente Javier Milei acelera la motosierra y sigue profundizando el ajuste sobre los sectores más postergados de la sociedad. Luego de promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad (que había intentando sin éxito vetar) y de suspender su aplicación, el mandatario libertario ahora hizo lo propio con las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario. Así quedó plasmado en los Decretos 759/2025 y 760/2025 publicados este martes en el Boletín Oficial con las firmas Milei; el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (en el Decreto 759) y de Salud, Mario Lugones (en el caso del Decreto 760). De esta manera el Gobierno promulgó la Ley 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en la República Argentina por un año. Esta última norma tiene su origen en la profunda crisis que atraviesa el Hospital Garrahan. Cristina Kirchner y el Garrahan Sin embargo, con el mismo argumento que utilizó para dejar caer, otra vez, la ayuda al área de Discapacidad, el Gobierno suspendió la aplicación de estas normas por entender que los textos de las leyes no determinan sus fuentes de financiamiento. La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada tras la insistencia del Congreso de la Nación pese al veto Presidencial previo, apunta a sostener del presupuesto universitario en todo el país, la actualización de los gastos de funcionamiento y la recomposición de los salarios del personal docente y no docente. Javier Milei junto a Luis Caputo. En ese sentido, uno de los puntos centrales de la ley es la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, que deberán ajustarse bimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Por otro lado, la Ley de Emergencia Pediátrica, con el Hospital Garrahan como bandera del reclamo, busca garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud pediátrica; asegurar el funcionamiento de hospitales públicos de atención infantil; y fortalecer los sistemas de residencias médicas. Entre sus puntos principales, establece la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial, así como la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud que atiende a la población pediátrica. Además, prevé la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen actividades críticas, horas extras y guardias en efectores públicos y privados. Fuente: https://www.minutouno.com/

La divisa norteamericana sigue bajo presión en la antesala de los comicios, en un mercado atento a la intervención oficial y a las señales desde Washington. El dólar oficial opera casi en el techo de la banda, por lo que el Banco Central se alista para intervenir, mientras el minorista supera los $1.500 en los bancos, en los días previos a las elecciones generales. La demanda de divisas sigue firme, y el Gobierno multiplica anuncios optimistas en un intento por calmar a los inversores. Con este panorama, el dólar mayorista trepa a $1.490, un incremento de $15 respecto a la rueda de ayer. De esta manera, el tipo de cambio se encuentra a solo 0,1% del techo de la banda cambiaria, que este martes es de $1.491,1. Sobre este punto, el presidente Javier Milei reaseguró durante una entrevista este martes que los dólares del BCRA serán para «defender la banda cambiaria». De acuerdo a diversas fuentes del mercado, hay varias posturas vendedoras en el extremo superior de la banda por u$s100 millones, posiblemente del BCRA. De momento, el volumen operado es de u$s89 millones, una cifra menor a la de este lunes, y no se registran, de momento, intervenciones por parte del Tesoro de EEUU. En el Banco Nación, el dólar minorista se vende a $1.505, una suba de $10 contra el cierre de la rueda pasada. Por su parte, el dólar minorista promedio se vende a $1.513,04, de acuerdo al relevamiento diario que realiza el Banco Central. Dentro del sector financiero, la situación no muestra grandes fluctuaciones: el dólar MEP sube 1,5%, hasta $1.575,60, igual que el CCL, que se vende a $1.593,86. Por su parte, en las cuevas de la city, el dólar blue sube $25 (1,7%) hasta los $1.530. Mientras, el tipo de cambio «que nunca duerme», el dólar cripto, se vede a $1.566,57. En la plaza de futuros, la situación también es alcista, destacándose el incremento de 0,83% en el contrato de dólar para junio de 2026, que se estima en $1.830. Para fin de año, el mercado proyecta que el dólar valdrá $1.605, una suba implícita por encima del 8% respecto al valor actual. El mercado sigue demandando cobertura, en la previa electoral Una batería de anuncios que no logra frenar la presión alcista Tanto el gobierno argentino -y El BCRA-, como la administración de Donald Trump volvieron a la carga esta semana con nuevos anuncios vinculados al salvataje, con el fin de aplacar la dinámica alcista del dólar. El primero llegó el lunes, con la confirmación de un swap con Estados Unidos por u$s20.000 millones, de libre disponibilidad, aunque sin impacto en las reservas brutas. También se comunicó una recompra de deuda. Estas medidas, pese a ser positivas, no lograron contener la volatilidad cambiaria y los analistas anticipan que la inestabilidad persistirá en las jornadas previas a los comicios. En este sentido, durante esta mañana el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó el swap con el BCRA y justificó el auxilio a Argentina. El lunes, operadores cambiarios detectaron posturas de venta en el techo de la banda que podrían corresponder al BCRA. «La demanda por cobertura continúa sostenida, y así lo refleja un dólar mayorista por encima de los $1.470 que sólo intercala respiros ante las intervenciones de Bessent, las cuales últimamente ya no logran correr a la demanda privada, sino apenas morigerar el reacomodamiento al alza de la divisa, antes de que llegue al techo de la banda y deban activarse ventas del BCRA», planteó el economista Gustavo Ber. Así, una de las incógnitas es si se reforzará la intervención del Tesoro de EEUU para evitar que el dólar toque el techo y el Central empiece a drenar reservas o si se apostará a que aparezca algo de oferta privada. Lo cierto es que son ruedas de incertidumbre y el mercado busca cubrirse. Y este martes, se conocieron nuevos detalles del auxilio que otorgarían los grandes bancos de EEUU a Argentina. Encabezados por JP Morgan, que impulsa una suerte de reversión del «Plan Brady», el grupo también compuesto por Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup, busca garantías antes de prestar u$s20.000 millones al gobierno de Milei, tras mantener conversaciones con el Departamento del Tesoro liderado por Scott Bessent. Los bancos esperan indicaciones sobre los avales que podrían ofrecerles o si Washington respaldará la operación por su cuenta. Según Wall Street Journal, la banca norteamericana siente que no pueden actuar sin el respaldo del Tesoro y buscan asegurarse de recuperar su inversión frente a la volatilidad de Argentina. Fuente: https://www.ambito.com/

La Cámara Nacional Electoral frenó la intención de la Casa Rosada de mostrar un único conteo para mostrarse ganadora ante el gobierno de EE UU. El fallo llega después de un pedido de la oposición. La Cámara Nacional Electoral (CNE) ordenó este martes al Gobierno que difunda el resultado electoral de las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 octubre por distritos, contrariando la aspiración del Ejecutivo de aglutinarlos en un conteo nacional, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas. El fallo llega luego del pedido de la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ) para que el Gobierno ejecute el recuento de votos de las elecciones legislativas del próximo domingo solo por distrito y que no se incluya un resultado nacional. La resolución de los jueces Daniel Bejas, Alberto Ricardo Dalla Via y Santiago Hernán Corcuera, consideró que el Estado “tiene un interés eminente en preservar la ‘integridad’ del proceso electoral” y de asegurar que el derecho a votar no sea “menoscabado por la confusión o una influencia indebida en la voluntad de los electores”. En la acordada extraordinaria N°38, a la que accedió Tiempo, la Cámara remarcó que tal como se expresa en la Constitución Nacional y en la legislación electoral, “no hay margen de interpretación alguno que permita llevar adelante un escrutinio global de todo el territorio nacional, como el previsto para la elección presidencial”. Y señalaron que en comicios legislativos los resultados para cada cargo se cuentan por cada uno de los distritos electorales en los que se divide el territorio nacional, y que “por lo tanto, del mismo modo deben ser publicados los resultados provisorios por la Dirección Nacional Electoral”. Con ese argumento, ordenaron a la DNE del Ministerio del Interior que la publicación del escrutinio provisorio deberá respetar el criterio de división por distrito electoral. La intención de la Casa Rosada era mostrarse ganadora frente a la administración amiga de Donald Trump. Rumores de denuncia La oposición presentó amparos ante la Justicia Federal, con competencia electoral en doce provincias y, además, se rumorea que podría llegar a existir una denuncia penal contra la titular de la DINE, María Luz Landívar Según trascendió, varios partidos que integran la alianza Fuerza Patria criticaron que, en el simulacro electoral que realizó la DINE, en el Correo Argentino, se usaron criterios no explicitados cuando se anunciaron los resultados provisorios: “La metodología propuesta excede las responsabilidades de la DINE, cuya función debe limitarse a contar y hacer público los resultados oficiales de la elección», denunciaron. Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/

Hay una denuncia en San Isidro, otra en la Justicia electoral y una pendiente de sorteo en Comodoro Py. La dueña de la empresa láctea niega el aporte a la ex candidata presidencial del PRO y el vínculo con Fred Machado. La aparición de la firma Lácteos Vidal y sus propietarios en el mismo listado en el que figura el pago de 200 mil dólares a José Luis Espert de parte del empresario acusado de narco “Fred” Machado ya tiene eco en la Justicia. Son tres las denuncias en las que se pide investigar si existió un nexo delictivo entre ambas partes, y una de ellas pone el foco sobre un aporte económico a la campaña presidencial 2023 de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Tras el estallido del escándalo en torno al diputado libertario en uso de licencia, una de las cosas que llamó la atención es que no era el único argentino mencionado en la contabilidad paralela del fideicomiso vinculado a Machado. Según surge del expediente United States v. Mercer-Erwin, radicado en Texas, el empresario acusado de narco, que en los próximos días será extraditado a Estados Unidos, también habría tenido vínculo con la empresa láctea argentina. Lácteos Vidal está a cargo de la familia Bada Vázquez. Además de producir las mozzarellas que se usan en gran parte de las pizzerías porteñas y de otras ciudades, la firma es conocida por un conflicto con sus trabajadores que lleva años. Las denuncias radican en las malas condiciones laborales sumadas a aprietes de una patronal que salió a denunciar públicamente ser víctima de un bloqueo sindical. Ese conflicto escaló mediáticamente y fue usado por sectores de la derecha, principalmente por Bullrich, para criminalizar la organización de los trabajadores. Y fue el punto de inicio del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), apoyado en la figura de la actual ministra y de la abogada Florencia Arietto. Pero una de las derivaciones del caso Espert incluye el apellido de los propietarios de Lácteos Vidal. En el documento 554-4 del caso 4:20-cr-00212-ALM-BD, que investiga la trama narco en la que habría tenido participación Machado y donde aparece mencionado Espert, también hay 15 menciones a los Bada Vázquez. Esas menciones están vinculadas, en varios ítems, a domicilios que tienen en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría de las veces, el que aparece nombrado es Vidal Bada Vázquez. Sin embargo, también figura su hermana Alejandra Bada Vázquez, la mujer que supo ponerse al frente de una gran cantidad de reportajes periodísticos para denunciar los bloqueos en su empresa. Además de esas menciones, el periodista Adrián Murano reveló en El Destape que en el expediente radicado en Texas también hay un detalle de giros de dinero entre Bada Vázquez y el fideicomiso Wright Brothers, de Machado y su exsocia Débora Mercer-Erwin, condenada por narcotráfico. Esos giros incluyen montos que oscilan entre los 20 mil y 400 mil dólares. Las tres presentaciones Todo ese panorama ahora fue llevado a la Justicia: hay una denuncia en la Justicia Federal de San Isidro, una en la Justicia electoral y otra a punto de sortearse en Comodoro Py. En San Isidro, el Juzgado a cargo de Lino Mirabelli, que investiga a Espert por presunto lavado de activos, también quedó sorteado para entender en una presentación formulada por el abogado Antonio Liurgo. El documento al que accedió este medio apunta a Machado, Alejandra Bada Vázquez y la ministra Bullrich. En ese último caso, la vinculación aparece a partir de un aporte económico que la dueña de Lácteos Vidal le hizo en la campaña presidencial del 2023. Sobre ese punto puso el foco una presentación firmada por la exdiputada nacional Myriam Bregman en la Justicia electoral. En el marco del expediente sobre control del informe de la campaña presidencial 2023 de Juntos por el Cambio, Bregman se hizo eco de un aporte de 400 mil pesos que hizo Alejandra Bada Vázquez en favor de la agrupación Juntos por el Cambio Orden Nacional, que llevaba como candidata a la actual ministra de Seguridad. Ese aporte está registrado ante la Cámara Nacional Electoral (CNE). “Es relevante (que) se investigue si resulta lícito el origen de los fondos con los que se hicieron el aporte señalado más arriba”, planteó la referente del Frente de Izquierda y los Trabajadores en su presentación, donde esgrimió que dichos elementos “podrían importar un complejo entramado de narcotráfico, lavado de activos y financiamiento a campañas electorales”. Luego de la presentación, la jueza federal María Servini, que entiende en la causa, le corrió vista al fiscal electoral Ramiro González para que analice el planteo. La tercera presentación tuvo origen en una causa contra Lácteos Vidal radicada en la Justicia Laboral, pero tras una desestimación pasó al Fuero Federal. Allí, el abogado Julián Martín Coronel denunció que el grupo empresario controlado por los Bada Vázquez forma parte “de un grupo vinculado al narcotráfico con vínculos en la República Argentina, constatando operaciones dinerarias mediante transferencia entre empresas investigadas en la causa que tramita en los EEUU y el grupo económico constituido por la demanda”. El juez José Ignacio Ramonet rechazó la incorporación de ese elemento como “hecho nuevo”, pero remitió la presentación a la Cámara Penal Federal “para que se investigue el posible ilícito de acción pública al que se hace referencia en el escrito”. Resta ahora que se sortee qué juzgado de Comodoro Py entenderá en la presentación. El rechazo de Lácteos Vidal Pero antes de hacerlo le corrió traslado al representante de Lácteos Vidal para que opine. En esa calidad, el abogado Eduardo Jorge Darriba no solo rechazó el planteo por “improcedente, falto de todo sustento jurídico y fundado en meras elucubraciones mediáticas”, sino que también negó las acusaciones contra sus clientes. “Niego que mi representada -Lácteos Vidal S.A.- mantenga relación alguna, directa o indirecta, con actividades ilícitas, con el narcotráfico o con cualquier grupo o persona investigada en causas penales dentro o fuera del país. Niego que existan ‘transferencias dinerarias’ con empresas investigadas, como absurdamente se afirma”, expresó en un escrito al que accedió Tiempo. En otro de los párrafos, el abogado de Lácteos