El Frente de Todos se divide en el Senado para frenar el avance de la Corte y Juntos por el Cambio en el Consejo de la Magistratura. Cómo queda conformado cada bloque y la reacción opositora. El Frente de Todos movió sus fichas para frenar el avance de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura y dividió su bloque en el Senado para conservar un lugar clave en el órgano, ahora que tiene la primera y la tercera minoría. De este modo, conformó el Frente Nacional y Popular, con 21 senadores y la conducción de José Mayans; y Unidad Ciudadana, presidido por Juliana Di Tullio. La estrategia del oficialismo para ganar tiempo en comenzó con un pedido del jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, al Presidente de la Cámara baja, Sergio Massa para que no designe consejeros hasta tanto se defina de manera correcta las minorías que deben representarse en el Consejo de la Magistratura. Luego, poco antes de la medianoche del martes, el bloque del Frente de Todos en el Senado se dividió en dos para quitarle al PRO del Senado la condición de segunda minoría dejando al cordobés Luis Juez sin la el lugar al que aspiraba. Es posible que algo similar ocurra en Diputados. Tras la decisión, el espacio oficialista en la Cámara alta quedó conformado por el “Frente Nacional y Popular” -que cuenta con 21 senadores y la conducción de Mayans– por un lado y “Unidad Ciudadana” -con 14 senadores y la conducción de Juliana Di Tullio– por el otro. Quiénes integrarán el Frente Nacional y Popular Además de Mayans, el «Frente Nacional y Popular» será integrado por Guillermo Andrada, Daniel Bensusán, María Eugenia Catalfamo, Maurice Closs, Lucía Corpacci, Carlos Espínola, María Teresa González, Ricardo Guerra, Edgardo Kueider, Claudia Ledesma Abdala, Marcelo Lewandowski, Cristina López Valverde, Sandra Mendoza, Gerardo Montenegro, José Neder, María Pilatti Vergara, Antonio Rodas, Adolfo Rodríguez Saa, José Uñac y Pablo Yedlin. Un dato curioso, que se puede leer en clave con la interna que continúa en el oficialismo: Pilatti Vergara es muy cercana a la vicepresidenta, pero quedó en el bloque de senadores más cercanos a los gobernadores. Eso sucede porque ella ya es consejera de la Magistratura, por lo que si quedaba en el bloque de Unidad Ciudadana, la oposición podía alegar que no le correspondía el cargo. Quiénes integrarán el Frente Unidad Ciudadana En tanto, Di Tullio estará acompañada en “Unidad Ciudadana” por Carlos Linares, Mariano Recalde, Guillermo Snopek, Anabel Fernández Sagasti, Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Claudio Doñate, Silvina García Larraburu, Nora del Valle Giménez, Ana Ianni, Matías Rodríguez, María Eugenia Dure y Sergio Leavy. La reacción de la oposición tras la división del bloque del Frente de Todos en el Senado Dirigentes de la oposición criticaron este martes por la noche la división en dos del bloque del Frente de Todos, Patrícia Bullrich, presidenta del PRO, cuestionó la decisión del espacio oficialista y publicó vía Twitter: «Patético, cobarde y siniestro. ¡Basta, Cristina Fernández! Deje a la Argentina en paz». “Vergonzosa e impostada división del Bloque de senadores del Frente de Todos para intentar robarse un lugar en el Consejo de la Magistratura”, manifestó el presidente del Interbloque de Senadores de JxC, Alfredo Cornejo.

La gran mayoría de están atados a la inflación porteña y otros tantos se crearon durante sus dos mandatos como jefe de gobierno. Durante los últimos años de su segundo mandato, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, trató de instalarse como principal candidato de la oposición marcando “supuestas” diferencias con varios de los anuncios realizados por el Gobierno nacional. Oponerse al confinamiento escolar durante el pico de contagios más alto en el distrito porteño es, quizá, lo más recordado; pero también se enfrentó al Consenso Fiscal que empujó Nación, se puso en contra a la iniciativa de sumar una hora más de clases en escuelas porteñas, también se opone al revalúo de la AFIP sobre las propiedades; en las últimas semanas manifestó su oposición a seguir brindando la Asignación Universal por Hijo y diferentes planes y programas sociales, para aquellos que cortan las calles y, obviamente, también se opuso a que el Gobierno nacional, devuelva los puntos de coparticipación que Macri había quitado a Provincia y cedido al distrito porteño. En las últimas horas el alcalde porteño, también se ubicó en la vereda de enfrente a la iniciativa de la «renta inesperada» que propone el Ejecutivo nacional que sólo afectará a empresas privadas con ganancias netas imponibles altas, superiores a los mil millones de pesos en el año; esto representa apenas el 3,2 por ciento de las empresas del país. “Ante las intenciones del Gobierno Nacional de crear un nuevo impuesto o subir uno existente que gravaría la “renta inesperada”, quiero dejar claro que estamos absolutamente en contra y que cuando la iniciativa llegue al Congreso lo vamos a rechazar”, aseguró el jefe de Gobierno en sus redes sociales. “La Argentina no soporta un impuesto más”, sumó Larreta y agregó: “No hay más margen para aumentarles tributos a los que trabajan, quieren invertir y generar empleo. Es exactamente al revés, hay que dejarlos producir, crecer y poner en movimiento la rueda”. Sin embargo, el mismo Rodríguez Larreta, tiene más de 30 impuestos volcados sobre quienes producen y generan puestos de trabajo en el distrito porteño, la mayoría sobre empresas constructoras, pero también sobre vecinas y vecinos que quieren montar un emprendimiento propio. Los más conocidos e históricos son: el impuesto a la Obra nueva, la ampliación y/o modificación con o sin demolición parcial; la demolición total y obra nueva; el registro de instalación nueva de prevención contra incendios; también el registro de instalación eléctrica nueva; el de instalación nueva de elementos guiados de transporte y el registro de instalación sanitaria. A esta larga lista de gravámenes y cargas impositivas se le suman, el registro de instalación térmica, el de instalación electromecánica, el registro de instalación nueva de ventilación mecánica y el de instalación nueva de inflamables; al mismo tiempo que sus respectivos ajustes a la instalación eléctrica, de inflamables y el ajuste de instalación térmica. Los impuestos más recientes son: el Certificado Urbanístico, el gravamen a la Consulta de Usos y la Obligatoria General; el pago a la Consulta Obligatoria para Inmuebles en APH o Catalogados, y la Interpretación Urbanística, entre otros tantos. El más polémico de todos los impuestos creados por Rodríguez Larreta, fue el conocido como el Impuesto de Sellos, que se concentra sobre las tarjetas de crédito, carga impositiva que se cobra a todos los que realizan compras en la Ciudad de Buenos Aires con las diferentes tarjetas bancarias y que se implementa desde enero de 2021. El monto ronda en el 1,2 por ciento del total de la factura y, los argumentos para implementar este nuevo tributo,  fueron, la supuesta “quita” de la coparticipación federal y el estado de emergencia sanitaria durante la pandemia. Larreta había asegurado que el impuesto a las tarjetas de crédito iba a tener una duración de un año, pero el PRO, en la Legislatura porteña, sobre finales de diciembre del año pasado aprobó su continuidad. También siguen presentes el  Impuesto a la ganancia mínima presunta que se cobra de manera anual y representa el 1% que se aplica a los bienes que valen más de $200.000; el Impuesto a las transacciones bancarias, que se aplica a los créditos y débitos en cuentas de instituciones financieras locales, donde entran todos los movimientos de fondos y el porcentaje general aplicado es del 0,6%; el Impuesto a la transferencia de inmuebles, que tiene un tope del 1,5% y se aplica a la transferencia de un inmueble ubicado en la Argentina de propietarios residentes o no residentes, cuando la transferencia no esté sujeta al impuesto a las ganancias; y también Impuestos internos, aplicables a fabricantes e importadores de algunos bienes de consumo y servicios específicos con diferentes tasas. Los principales productos son: tabaco, alcohol, naftas y lubricantes, vino, oro, pieles y seguros patrimoniales entre otros. Los tarifazos porteños Durante la campaña de elecciones intermedias en 2021, el jefe de gobierno porteño, prometió que su gestión no iba a crear nuevos impuestos ni a aumentar los existentes, promesa que tampoco cumplió. Desde enero el peaje aumentó un 45% promedio, con un valor para el tránsito liviano en horario pico. Para el estacionamiento medido, en tanto, desde  el 24 de enero se incrementó un 50%, y pasó de $ 30 a $ 45; también la realización de la VTV tuvo una suba del 51% para los propietarios de los automóviles que pagan $ 4.023 en vez de los $ 2.665 de 2021, mientras que para las motos la tarifa será de $ 1.513 contra los $ 1.002 anteriores. Por último, el Impuesto Inmobiliario, comenzó con aumentos mensuales y progresivos que van de la mano con la inflación porteña. Con este aumento, Larreta prevé recaudar más de $56.646 millones que representa el 6,7% del total de los ingresos. Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/

La oposición salió duro al cruce de las medidas que anunciaron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, que intentan compensar las pérdidas del poder adquisitivo por la inflación. Distintos referentes de la oposición salieron hoy a rechazar la propuesta que lanzó el Gobierno Nacional sobre crear un nuevo impuesto sobre las “rentas inesperadas” de las grandes empresas. Las repercusiones llegaron desde todo el arco político, luego de que confirmara que hará una convocatoria a todos los sectores para tratar de implementar el proyecto, ya que eso requiere de un proyecto de ley a tratarse en el Congreso. La iniciativa que pretende la Rosada alcanzaría a empresas de ganancias anuales de más de 1.000 millones de pesos, detalló Guzmán, quien aclaró que sólo “el 3,2%” de las firmas del país tienen esa clase de ingresos. El titular del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, expresó en diálogo  que “la Argentina no puede soportar nuevos impuestos”. La líder del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo en Twitter: “Presidente: ¡no basta con parches, hay que cambiar el rumbo!. El Estado debe reducir drásticamente sus gastos improductivos, alentar la inversión en vez de castigarla. Debe rebajar impuestos en vez de aumentarlos”. El diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires Emilio Monzó señaló que “el único plan del Gobierno ante la crisis es la creación y el aumento permanente de impuestos a sectores productivos, cuando lo que se necesita es una reforma del sistema tributario”. “Queremos dar ese debate, pero rechazamos que se siga presionando a los que trabajan y dan empleo”, subrayó el ex titular de la Cámara baja. Por la UCR, Alfredo Cornejo sostuvo: “Tenemos el gobierno de los bonos y el apriete impositivo. No se les cae una idea productiva ni un plan serio”. Fuente: https://www.diarioelzondasj.com.ar/

Una decena de civiles, militares y policías retirados, entre ellos Miguel Etchecolatz y Jaime Smart, fueron procesados por violaciones a los derechos humanos de personas travestis y trans durante el terrorismo de Estado. La decisión la tomó el juez federal Ernesto Kreplak en el marco de la investigación por delitos cometidos en centros clandestinos del sur del conurbano bonaerense. El represor multicondenado por crímenes de lesa humanidad Miguel Osvaldo Etchecolatz junto a una decena de civiles, militares y policías retirados fueron procesados por perseguir, secuestrar, torturar y abusar de personas travestis y trans durante la última dictadura cívico militar. La decisión la tomó el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak en el marco de una serie de procesamientos que involucraron más de un centenar de víctimas en las causas que investigan los delitos del terrorismo de Estado sucedidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El infierno, centros clandestinos que funcionaron en el sur y sureste del conurbano bonaerense. Es la primera vez que el ataque sistemático contra el colectivo travesti y trans es tenido en cuenta dentro del accionar del terrorismo de Estado. Se espera que los hechos sean tratados en el juicio oral que se desarrolla desde hace más de dos años sobre las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en aquellos escenarios del horror. En el Pozo de Banfield “se cometieron diversos crímenes que tuvieron por víctimas a personas en razón de su orientación sexual e identidad de género autopercibida al tiempo de los hechos, evidenciando una situación de palmaria discriminación que, hasta la fecha, no ha sido puesta debidamente de manifiesto en el marco de las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura cívico-militar”, puntualizó Kreplak en uno de los tres autos de procesamiento que emitió en las causas que investigan los crímenes de “las brigadas”, como suele identificarse a los campos de concentración que funcionaron en la ex División Delitos Contra la Propiedad y Seguridad Personal de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y las Brigadas de Investigaciones de la bonaerense en Quilmes y Lanús. Las resoluciones de Kreplak atienden y acompañan a un trabajo conjunto de la Fiscalía federal, las querellas que representan a sobrevivientes, familiares de víctimas y al Estado, al que se sumó personal del Juzgado de Instrucción Federal 3 de La Plata, que tuvo como objetivo completar el mapa de violaciones a los derechos humanos perpetradas en esos tres centros clandestinos: casos que habían quedado incompletos y, por lo tanto, no habían podido ser incorporados al juicio que se está desarrollando. “Incorporamos casos nuevos, sumamos responsabilidades a casos que ya integraban la causa y sumamos a un imputado. La idea es tratar todo esto en el actual debate para no tener que hacer otro más adelante”, apuntó Ana Oberlin, auxiliar fiscal que trabajó en los expedientes.  Entre los casos preexistentes que sumaron nuevas imputaciones y aquellos que fueron incorporados en estos autos, son unas 300 las víctimas por las que la quincena de represores, entre civiles, militares y policías retirados deberán responder ante la Justicia. Aquello significó un trabajo monumental dentro del que se destacan alguna cuestiones. Por un lado, “se amplió el criterio de imputación” sobre el ejercicio de la violencia por medios sexuales que los represores llevaron a cabo contra mujeres cis, travestis y trans. Y aquí hay un apartado que es “fundacional” en el tratamiento judicial de los crímenes de lesa humanidad, destacó Oberlin: el procesamiento de una decena de represores por secuestro, torturas y violaciones a siete travestis y trans. “Es la primera vez que en el ámbito judicial se considera al colectivo travesti y trans como objetivo a atacar dentro del Plan Sistemático”, expresó la fiscal. La persecución A partir de un trabajo de hormiga encabezado por Oberlin, se logró hallar a las siete víctimas para que contaran su historia en el marco del expediente que hoy las considera víctimas de delitos de lesa humanidad. Muchas de ellas viven en el exilio, al que acudieron en calidad de refugiadas tras secuestros, torturas y abusos. A través de sus relatos, el Juzgado Federal de Kreplak pudo saber que fueron secuestradas en situación de prostitución, golpeadas y trasladadas al centro clandestino que funcionó a pocos kilómetros de Puente La Noria, en la localidad de Banfield. Entonces, todas eran muy jóvenes –algunas adolescentes–. Al llegar al centro clandestino las “tiraron como animales, con hambre, frío, maltrato, corte de pelo, violadas, tratadas malísimamente”, relató una de ellas. Recordaron maltratos físicos, insultos sobre su identidad de género, sometimiento a la servidumbre, abusos sexuales –eran obligadas a mantener relaciones sexuales a cambio de comida o abrigo–. “Tales crímenes no resultan aislados sino que se enmarcan en un contexto de discriminación histórica y estructural, ahondada por las acciones desplegadas durante el terrorismo de Estado”, remarcó Kreplak en el documento en el que consideró responsables de esos hechos a nueve de los 14 represores procesados por los hechos del Pozo de Banfield. El magistrado consideró que “el constante hostigamiento y criminalización sufrido estructural e históricamente por las disidencias sexo-genéricas (…) alcanzó niveles de intensidad y sistematicidad mayores en la época” de la última dictadura. Hasta ahora, la causa que investiga los hechos del Pozo de Banfield contaba con un solo caso de la comunidad travesti trans en la lista de víctimas querellantes que llegaron a juicio: el de Valeria del Mar Ramírez. En el país, no hay otros que hayan llegado a juicio y son poquísimos los que integran un expediente judicial de lesa humanidad. Ninguno, a excepción del de Ramírez, cuenta con personas procesadas por esos hechos. En este caso, Kreplak responsabilizó, con diversos grados de participación y responsabilidad, a Jaime Smart, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Jorge Antonio Bergés, Roberto Balmaceda, Alberto Candioti, Carlos María Romero Pavón, Juan Miguel Wolk, Héctor Di Pasquale y Luis Horacio Castillo por los secuestros, las torturas y los vejámenes de Valeria y las otras siete víctimas recientemente incorporadas. “Lo que sucede aquí sienta precendente no solo en el país, sino en la región ya que se

Para jubilados serán $ 12 mil que se suman a los $ 6 mil ya otorgados. Monotributistas y no registrados recibirán dos pagos de $ 9 mil. El ministro Martín Guzmán hará el anuncio en Casa Rosada.  El Gobierno anunciará bonos de 18 mil pesos para 13 millones de jubilados, monotributistas y trabajadores informales. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dará los detalles de la medida en Casa Rosada, a partir de las 18. Por un lado monotributistas y no registrados recibirán 18 mil pesos y los cobrarán en dos cuotas de 9 mil pesos cada una. Y a los jubilados y jubiladas se les darán 12 mil pesos en una cuota que se suman a los 6 mil ya entregados. Además de Guzmán, estarán en el anuncio del ministro de Trabajo, Claudio Moroni y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Ellos brindarán una conferencia de prensa en Casa Rosada en la que anunciarán medidas destinadas a mejorar los salarios frente a la inflación. «No se va a llamar IFE», confirmaron desde Economía y llegará a trabajadores informales, no registrados, monotributistas y jubilados.  Los monotributistas que recibirán el bono son los de las categorías más bajas. La A y la B. ¿Y bono a privados? «Ahora estamos en medio la discusión paritaria. Si vos le metés un bono ahora va a ser mas difícil para paritarias», dijo una fuente de Economía a El Destape. Así, el gobierno descartó bono a trabajadores registrados. «Seguramente se avance con eso después. Lo que quiere el Gobierno es que la paritaria sea la mejor posible contra la inflación», informaron a este portal. Hoy Alberto Fernández, durante el contacto que mantuvo con la prensa junto con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo: «La economía tiene tres pilares básicos: la producción, el trabajo y la distribución. La producción y el trabajo siguen creciendo. Todos los datos que tenemos muestran claramente esto que estoy diciendo. Tenemos un problema en la distribución derivado de la inflación». «Los salarios no logran alcanzar a la inflación. Y estamos trabajando en eso. Hoy a la tarde, el ministro (Martín) Guzmán, el ministro (Claudio) Moroni y el ministro (Juan) Zabaleta, van a hablar del tema», precisó el Presidente en respuesta a una consulta periodística. Dentro del equipo de Guzmán estarán en el anuncio Ramiro Tosi, subsecretario de financiaciamiento, y el secretario de Política Económica, Fernando Morra. «Este fin de semana Martín estuvo trabajando en Chapadmalal con los equipos de Economía», le contaron a El Destape desde esa cartera. No responderán preguntas los ministros en la conferencia de prensa pero sí hay un set armado en el Patio de las Palmeras de la Casa de Gobierno para hacerlo allí post anuncio. Contaron que Guzmán le había dicho a Alberto hace días que «con estos niveles era necesarios mejorar el salario y focalizado al sector informal en este contexto». Y destacó el ministro que «tuvimos una política de la Tarjeta Alimentar de 50 por ciento y un bono de 6 mil pesos a jubilados».  El proyecto para gravar la renta inesperada Además, el Gobierno Nacional impulsará un proyecto de ley para que las empresas que lograron «rentas inesperadas» durante el conflicto entre Rusia y Ucrania sea gravada esa abultada ganancia.  Con ese dinero recaudado se espera otorgar sueldos complementarios para trabajadores no registrados que no tienen paritarias. Todo para afrontar la alta inflación de los últimos meses en Argentina. «Todo va por dos carriles diferentes: el gasto se dará por decreto y esta financiación es un proyecto para que se debata en el Congreso», dijo una persona del entorno de Guzmán en Economía. Confirmaron que entre las que tengan que pagar ese impuesto serán muy pocas empresas: «No solo es el campo; también entra el energético, digitales, empresas que ganaron muchísima plata», aseguraron a El Destape desde esa cartera sobre este gravamen que «va a tener algo que ver con los impuestos a las ganancias». Aún no está confirmado si este proyecto será anunciado hoy por Guzmán o en algunos días.  Guzmán, a Washington Termina la conferencia y el ministro de Economía, Martín Guzmán, viajará esta noche a la ciudad de Washington para participar de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), informaron fuentes del Palacio de Hacienda. En el Gobierno esperan poder ofrecer balances fiscales en línea con lo acordado para la primera revisión del organismo, aunque se especula con recalibrar objetivos en el corto plazo. La delegación también estará integrada por el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz, quien oficiará de gobernador de la silla Argentina en el Banco Mundial, y el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello. El ministro buscará recalibrar el acuerdo en el marco de la coyuntura local y al contexto pospandemia en el que se sumaron las severas consecuencias para la economía mundial de la guerra entre Rusia y Ucrania. En este marco, Guzmán asistirá presencialmente a la cumbre en Washington, mientras que aún no estaba confirmada la participación «virtual o presencial» del titular del Banco Central. Los funcionarios argentinos se entrevistarán durante la semana con el staff del FMI, unos días después de la creación de un nuevo Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad, al que Argentina podría aspirar a obtener algún beneficio, por tratarse de un país de ingresos medios. El nuevo fondo es a 20 años de plazo con tasas más bajas, y tendrá en el arranque una capitalización de US$ 45.000 millones para todos los países que puedan calificar. El monto total de la capitalización suma apenas un poco más que todo el préstamo que la Argentina acaba de renegociar con el FMI. Si bien no hay nada definido para la Argentina, la titular del organismo multilateral, Kristalina Georgieva, adelantó que estará operativo a partir del 1 de mayo próximo.  Fuente: https://www.eldestapeweb.com/