04-03-2021 El gobernador de Chubut, junto a la Cámara Alta de la provincia, buscan sancionar y aprobar en el día de hoy el proyecto de zonificación minera que habilita la explotación en la meseta chubutense. Desoyendo las masivas movilizaciones ocurridas a finales del año 2020, el gobierno provincial busca avanzar en la legislación de la actividad. Ante estos hechos dados a conocer en las últimas horas, las asambleas por el agua y los movimientos sociales se encuentran en estado de alerta. Contra reloj, con los votos justos, sin haber esperado el informe de la universidad nacional y en la primera sesión del año, Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, quiere que la Legislatura apruebe a primera hora de mañana el proyecto que avala la megaminería en la meseta. La comisión de Recursos Naturales de la Legislatura chubutense se reunió al mediodía y aprobó el dictamen con seis votos a favor, dos en contra y un ausente y pidió que se incorpore el proyecto al Orden del Día de la sesión de mañana que se celebrará de manera virtual. Entre quienes votaron a favor, está el presidente de la comisión, el diputado Sebastián López, expulsado del Pro luego del escándalo que develó una cámara oculta en la cual pedía 100.000 pesos para votar a favor de la minería. López no negó el hecho, sólo dijo en su favor que no era diputado en ese momento, sino que cumplía funciones en la Anses. Por esta razón fue expulsado del Pro, partido por el cual fue elegido, y no tuvo ni siquiera el decoro de abstenerse de votar. “No está bien recurrir al voto de diputados que han aceptado coimas de empresas mineras. Los corruptos no deberían estar en el gobierno. No nos representan. No está bien traicionar el compromiso electoral que ustedes asumieron cuando, en campaña, hace poco más de un año, prometieron luchar contra la megaminería. No está bien ampararse en la pandemia y aprovechar las sesiones virtuales para no dar la cara en la Legislatura, al momento de levantar la mano. No está bien burlarse del pueblo”, dice una carta que le enviaron a Arcioni desde la agrupación Trabajadorxs de la Ciencia, la Educación y la Salud de Chubut. Los movimientos sociales y ambientales de la provincia, que en 2003 consiguieron frenar el avance de la megaminería en Esquel, convocaron a distintas acciones para tratar de impedir que se apruebe el proyecto mañana. La ATECH (Asociación de Trabajadores Chubutenses) y la CTA convocaron para mañana a un paro y movilización y las organizaciones preparan actos en varias ciudades de la provincia. Aunque el envío del proyecto fue en noviembre, se convirtió en uno de los temas que más afectaron la gestión, ya horadada por la falta de pago de sueldos a los estatales de Arcioni. Con el dictamen de hoy, por primera vez se habilita el tratamiento de un proyecto pro minero en el recinto de la Legislatura chubutense. Una sesión extraordinaria prevista para inicios de febrero había fracasado porque el oficialismo no contaba con los votos necesarios y seguía la discusión sobre la conveniencia de abordarlo en un año electoral, tal como lo contó Infobae. Es por eso que en el gobierno no quieren que se dilate más el debate y pretende hacerlo en la primera sesión ordinaria del año, aun sin el informe de la Universidad Nacional de la Patagonia, que había sido requerido por el Poder Ejecutivo provincial luego de un lapidario informe del Conicet-Cenpat que desaconseja la megaminería en la zona. La iniciativa oficial busca permitir la minería metalífera química, de plata, cobre y plomo, en algunas zonas de la provincia, como Telsen y Gastre, y es activamente resistida por buena parte de los movimientos sociales chubutenses. Se trata de la reglamentación de la Ley 5.001 que prohíbe la megaminería con uso de cianuro en la jurisdicción, pero que en uno de sus artículos permite que se determinen áreas en las que podría permitirse. Quienes se oponen al proyecto oficial, hecho casi a la medida de la empresa candiense Pan American Silver que espera hace 11 años explotar el proyecto Navidad en la meseta, sostienen que está vencido el plazo para realizar la zonificación ya que la ley data de 2003 y había 180 días para reglamentarla. Al mismo tiempo sostienen que la compañía, que busca explotar plata y plomo del yacimiento, usará un método distinto al cianuro pero no menos nocivo: el xantato. Para evitar las prohibiciones legales provinciales al uso de cianuro en la megaminería, las compañías aseguran que usarán un método más amigable con el ambiente: se trata de un proceso de flotación que usa reactivos y detergentes a los que se pegan los minerales. El xantato y la policriamida son dos de los reactivos rechazados por los vecinos por su potencial contaminante. Al reaccionar con la poliacrilamida, el xantato genera bisulfuro de carbono que es un compuesto del cual se puede obtener ácido sulfúrico. Aunque no existe una normativa que en la Argentina prohíba el uso de esta sustancia, hubo un proyecto en el Senado en 2015 que nunca prosperó. A pesar del debate ambiental que genera la megaminería, los cambios en el proyecto oficial no están relacionados con esa cuestión. Según publica ADN Sur, se eleva el bono compensador minero al doble del monto original y se crea un canon inicial de entre 5 y 10 por ciento de la inversión total de cada proyecto. Además, se da participación a sindicatos y se eleva el monto para municipios que apoyen la iniciativa. Y se reservan fondos para pago de deuda provincial. Para poder aprobar el proyecto, se necesita una mayoría simple. Eso significa que 14 de los 27 diputados deberían votar a favor. Sin embargo, hoy se especulaba con ausencias y hasta con fallas de wifi como excusas para poder conseguir con 13 votos asegurados habilitar la megaminería en la provincia. El proyecto Navidad El proyecto Navidad es un yacimiento de plata, cobre y plomo que Pan American Silver adquirió en 2009, a 35 kilómetros de Gastre. El bloque principal abarca cuatro áreas –Navidad Oeste, Navidad Este, Navidad Oeste 1 y Navidad Este 1–

02-03-2021 Una veintena de organizaciones ecologistas y de derechos humanos demandan justicia tras cinco años de perpetrado el asesinato de la lideresa social hondureña. En la madrugada del 2 de marzo de 2016, unos hombres armados entraron en la casa de la activista ecologista Berta Cáceres. Sabía que cualquier día podía pasar. Todas las semanas, las personas que se oponían al proyecto hidroeléctrico Agua Zarza recibían amenazas y cuatro de ellas ya habían sido asesinadas. En otra habitación de la vivienda de la dirigente indígena, en La Esperanza (Honduras), dormía el activista ecologista Gustavo Castro. —¿Quién está ahí?, alcanzó a decir antes de que le dispararan. Lo dieron por muerto, pero solo le habían herido en una oreja. No fallaron a la hora de acabar con su verdadero objetivo: Berta Cáceres se había convertido, con una gran proyección internacional, en un serio obstáculo para la represa planeada en un río sagrado para el pueblo lenca, un proyecto que contaba con el apoyo de la élite empresarial del país y la financiación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés y la empresa pública finlandesa Finnfund. La policía hondureña intentó endosar el crimen a los compañeros de lucha de Berta Cáceres, pero la ola de indignación y la repercusión mundial que tuvo el caso consiguió poner las cosas en su lugar y apuntar directamente a los directivos de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), la compañía responsable de la represa. Cinco años después, el caso está lejos de ser resuelto. El 2 de diciembre de 2019, siete personas -dos de ellos vinculados a la compañía y cuatro al ejército- fueron declaradas culpables y condenadas por el asesinato de la cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Sin embargo, hasta ahora, solo el presidente de DESA, David Castillo Mejía, está acusado de ser el “autor intelectual” del asesinato, a pesar de que el informe del Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) señala a otros altos cargos de la compañía. Frente a los intentos de los abogados de Castilla Mejía de enfangar y retrasar el proceso judicial, los firmantes piden a la diplomacia española que intervenga para que el Estado hondureño garantice “los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación para la familia de Berta Cáceres”. También piden a González Haya que presione al gobierno de Honduras para que el proceso contra Castillo Mejía sea “rápido”, “exhaustivo” y “transparente”, con presencia de periodistas y observadores. La indefensión de los activistas de derechos humanos, ecologistas e indígenas en Honduras, el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, según Global Witness, es otro de los motivos de preocupación para estas ONG. Según señalan, Honduras sigue sin firmar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental, el primer instrumento internacional vinculante que permite la protección de los activistas ecologistas y defensores del territorio. “La firma del Acuerdo sería un primer paso hacia un camino en el que Honduras respete y resguarde el rol de quienes están en el centro de la lucha en contra de la inminente crisis ambiental”, señalan en la carta. El reconocimiento del trabajo que realiza el COPINH, la organización a la que pertenecía Berta Cáceres, así como la protección de sus integrantes y la defensa del pueblo lenca, es otra de las peticiones de esta veintena de organizaciones para la ministra española de Exteriores. Mientras avanzaba la investigación del asesinato de Cáceres, el COPINH presentó hasta 35 denuncias ante la Fiscalía sobre agresiones a la comunidad indígena lenca y ninguna de ellas ha tenido ningún tipo de consecuencia para los supuestos agresores. La implicación del ejército en el asesinato de Cáceres, al que pertenecían cuatro de los condenados, está lejos de ser esclarecida. Según Global Witness, el nombre de Berta Cáceres aparecía en una lista negra de las fuerzas armadas poco antes de su asesinato. Un ex miembro de una unidad de élite del ejército hondureño entrenada por Estados Unidos, entrevistado en The Guardian, declaraba que se les entregó una lista que incluía los nombres y fotografías de decenas de activistas sociales “con órdenes de eliminar a todos esos objetivos”. En septiembre, continúa esta ONG internacional, el COPINH descubrió a un espía militar que estaba informando sobre las actividades de la dirigencia de la organización. El propio presidente ejecutivo de DESA, David Castillo Mejía, según Global Witness, fue agente de inteligencia militar y empleado de la empresa energética estatal. Este ex militar, implicado en diversos casos de corrupción, seguía recibiendo un sueldo del ejército tras haber abandonado la institución. Según un informe de esta organización de derechos humanos, la empresa DESA tiene también importantes conexiones con la élite económica hondureña. El secretario de la empresa, Roberto Pacheco Reyes, fue ministro de Gobernación y Justicia. El segundo de la compañía, Jacobo Nicolás Atala Zablah, es presidente del Banco de América Central (BAC Honduras) e integrante de “una de las familias empresariales más adineradas de Honduras”. La impunidad en el caso Berta Cáceres es una invitación a que las multinacionales recurran a las amenazas, a las agresiones y a los asesinatos como herramientas para deshacer la oposición a los megaproyectos. “La falta de identificación y acusación de todas las personas responsables del asesinato de Berta Cáceres pone en peligro a otros defensores y defensoras, y deja impune a quienes son responsables del crimen”, indican en la carta a la ministra. Fuente: Martín Cúneo para El Salto Diario

01-03-2021 El debate quedó en suspenso gracias a la movilización social. El gobernador Arcioni adelantó que se tratará durante las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. Sin embargo, muchos dudan que se discuta el tema durante un año electoral La enorme movilización social, un informe científico y la dilación de la Justicia suspendieron, por el momento, el debate para habilitar la megaminería en Chubut. El gobierno provincial, encabezado por Mariano Arcioni, pretendía aprobar un proyecto de zonificación que permitiera la extracción de plata y cobre en plena meseta. Pero no tuvo éxito. El gobernador reconoció, en declaraciones públicas, que la discusión se dará en algún momento del período ordinario de sesiones de la Legislatura chubutense, aunque las voces consultadas por Infobae dudan de que avance en este año electoral. “La prioridad es el inicio de clases, la zonificación minera puede esperar”, dijo Arcioni a la prensa local desestimando una nueva convocatoria, como la que fracasó el 5 de este mes. Y también indicó que continúa “el debate [sobre el proyecto oficial] y el mejoramiento, dando los tiempos que nos han requerido, porque somos respetuosos”. El Ejecutivo provincial presentó un proyecto de zonificación que, en rigor, es parte de la reglamentación de la ley 5001, que prohíbe la megaminería y el uso de cianuro para separar el mineral de la roca. La iniciativa del gobierno chubutense, pensada a medida de la empresa canadiense Pan American Silver, busca que se desarrolle la explotación a cielo abierto del proyecto Navidad, uno de los depósitos de plata más grandes del mundo. La compañía espera desde hace 11 años que se revise la normativa para empezar con la producción. “Ahora se le pone más difícil el debate. Siempre digo que la minería es ‘piantavotos’ y lo demuestra el hecho de que hasta el propio Arcioni para ganar la elección se declaraba antiminero. Es un año electoral y se les va complicar, por eso querían acelerar el debate para evitar esta situación. Pero nuestra lucha continúa porque, al mismo tiempo, la Legislatura está obligada a debatir antes de julio la iniciativa popular que propone un modelo de desarrollo sin minería química”, explicó Pablo Lada, miembro de la Unión de Asambleas de la Comunidades de Chubut. Con este análisis coinciden al menos tres diputados consultados por Infobae, que pidieron reserva de su identidad. Lada destaca la oposición de la comunidad a la minería química ya que se pretende instalar en la opinión pública, como sucedió en Mendoza entre 2008 y 2013, que el proceso de extracción será más amigable con el ambiente porque no se utilizará la lixiviación con cianuro, sino que se hará mediante la técnica de flotación que utiliza detergentes y xantatos. Los xantatos Para poder sortear las prohibiciones de las leyes provinciales, como la de Mendoza o la de Chubut, las mineras proponen como técnica la flotación que utiliza agua, detergentes y reactivos para poder rescatar el mineral (plata, cobre, molibdeno) y separarlo de la roca. Uno de esos reactivos es el xantato. En este proceso se genera una molienda que se mezcla con reactivos y espumantes para armar las burbujas a las cuales quedarán “pegados” los minerales. El proceso de explotación en Chubut terminaría con un concentrado que podría ser exportado por Puerto Madryn, a unos 320 km de la mina. En Mendoza, el debate fue muy similar hace unos años. “El xantato y la policriamida son dos reactivos que, según la empresa, no estaban incluídos en la prohibición de la 7722 [de Mendoza], pero nosotros demostramos técnicamente que al xantato se lo puede encasillar dentro de las otras sustancias. Se puede incluir en las sustancias tóxicas. Al reaccionar con la poliacrilamida, el xantato genera bisulfuro de carbono que es un compuesto del cual se puede obtener ácido sulfúrico”, detalló a la prensa, hace poco menos de un mes Federico Soria, técnico en administración de Parques Nacionales, licenciado en turismo y técnico en Conservación de la Naturaleza, es uno de los referentes de las asambleas. Los ejecutivos de la compañía argumentan que el proyecto Navidad puede crear 200 empresas y 800 empleos directos, además de 2800 puestos indirectos y asegura que se trata de un esquema cerrado que no usa cianuro, donde “la roca se separa de la plata con una sustancia biodegradable”. Durante el intento de cambiar la ley chubutense en 2014, Horacio Gabriel, gerente de sustentabilidad de Pan American Silver dijo: “Tenemos un yacimiento de plata asociada a un 1% de oro, se utilizan otros métodos de separación distintos a la cianuración, sino con detergentes simples, porque la mejor forma de separar al mineral de la roca es a través de este método de burbujeo”, dijo. Y realizó una polémica declaración respecto de los movimientos populares: “Impiden totalmente todo hasta el detergente para las amas de casa, confío en que no se va a aprobar porque carece de sentido común”. Pero para poder dimensionar el grado de afectación al ambiente también es necesario analizar las características del proyecto Navidad, un yacimiento que Pan American Silver espera explotar hace 11 años. El estudio preliminar estimaba una producción de 15.000 toneladas diarias, en promedio, considerando una vida útil de la mina 18 años. Según el mismo análisis, publicado en la página web de la compañía, la producción de la planta de procesamiento iba a ser de 20 millones de onzas anuales durante los primeros cinco años y luego, un promedio de 16,5 millones de onzas de concentrados de plata-cobre y plata-plomo, que serían exportados para su refinación. “Los concentrados de plata de cobre se embolsarán y colocarán en contenedores y probablemente se transportarán por camión 320 km al este hasta Puerto Madryn en la provincia de Chubut, en el Atlántico. El concentrado de plomo-plata a granel será transportado en camiones o en remolques de contenedores hasta los puertos de Argentina o Chile. Los concentrados se exportarán para su tratamiento y recuperación del metal contenido, ya que en Argentina no existen instalaciones adecuadas de fundición y refinería”, indica el análisis de la empresa. Para Lada, el xantato es tan dañino como el cianuro e insiste en que se discuta la iniciativa popular.

28-02-2021 Carlos Astudillo había sido denunciado por mobbing en la Justicia Federal cuando era director de la Industrial.  La Cámara de Apelaciones de Mendoza confirmó que Carlos Astudillo, hoy ministro de Minería, incurrió en acoso laboral cuando se desempeñó como director de la Escuela Industrial. Por ese motivo, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) fue condenada a desembolsar poco más de medio millón de pesos a la persona damnificada. El pago fue concretado a mediados de mes luego de que un planteo de la casa de altos estudios en la Justicia no prosperara y la condena fuera confirmada. Fuentes calificadas indicaron que la causa por mobbing (acoso laboral) que provocó Astudillo no es la única ya que hay una segunda en vísperas de resolución. Los conflictos de Astudillo en la Escuela Industrial estallaron en 2012 cuando el director recibió cuatro denuncias por maltrato, acoso laboral y violencia psicológica, las que fueron presentadas en el Rectorado. A esas denuncias se sumó un presunto manejo discrecional de fondos de la institución, lo que motivó a que el Consejo Superior instruya a la máxima autoridad de la casa de altos estudio, Oscar Nasisi, a que tome cartas en el asunto. Con las denuncias en su contra y las sospechas de irregularidades en los recursos, la UNSJ abrió un sumario interno contra Astudillo y en febrero de 2013 intervino la Industrial. Si bien las fuentes indicaron que los sumarios internos no arrojaron resultados contra Astudillo, el directivo no regresó a la institución educativa ya que fue trasladado a la Facultad de Ingeniería. En cambio, las denuncias que se presentaron en la Justicia avanzaron y por lo menos una tuvo resultado, confirmando el mobbing. Según la Justicia, quedó acreditado que el hoy ministro dañó a la damnificada produciéndole una afección psicológica como depresión, crisis de angustia frecuente y ansiedad generalizada, lo que fue plasmado en la pericia psicológica. Según figura en la denuncia, lo que fue ratificado por los testigos de la causa, el director «tenía aptitudes hostiles contra la persona, tales como dirigirse a ella de forma despectiva, no respetaba su cargo e ignorarla». Además, le solicitó que cumpla con abultadas tareas en tiempo récord y así buscó excusas para sancionarla. Por otro lado, separó a la persona damnificada de sus funciones sin justificación y no asignándole tareas, dejándola sin hacer nada. Un punto grave que fue denunciado, es que en varias oportunidades Astudillo se refirió a la persona como «flaca histérica, flaca depresiva». Todo en un periodo de seis año, continuos. Fuentes calificadas indicaron que la condena que pagó la UNSJ abre una puerta judicial contra el ministro Astudillo. Es que, si bien el sumario interno no arrojó resultados sobre el acoso laboral, las arcas de la casa de altos estudios (del Estado Nacional) se han visto perjudicadas por el accionar del exdirector, ya que por su culpa tuvo que hacer frente a la indemnización. En esa línea, algunos entienden que la UNSJ tiene la obligación de iniciar una acción legal contra el ministro, para que asuma el costo pagado y si no lo hace será, la propia Universidad es la que estará incurriendo en una falta grave. Consultado sobre ese tema, el titular de Asuntos Legales de la entidad, José Luis Miolano, no lo descartó e indicó que debe ser analizado. Un punto clave sobre ese punto es que la UNSJ ya agotó la vía judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le rechazó un recurso extraordinario presentado para tratar de revertir el fallo, por lo que fue ratificado no solo por la Cámara de Apelaciones sino por el máximo tribunal. > CLAVES DEL ACOSO LABORAL Acoso moral Mobbing es «cualquier manifestación de una conducta abusiva y, especialmente, los comportamientos, palabras y actos que atenten contra la integridad psíquica en el ámbito laboral». Relación asimétrica Una característica es que la parte hostigadora tiene más recursos, apoyos o posición superior a la del trabajador hostigado. Los presuntos agresores se valen de algún estatuto de poder. Manifestación Las acciones agresivas se manifiestan por la repetición de comportamientos hostiles, técnicas de desestabilización contra un trabajador, quien desarrolla problemas psíquicos duraderos. Monto Poco más de 500 mil pesos fue lo que depositó la UNSJ a la persona damnificada por el daño moral ocasionado. El monto fue liquidado este mes, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones confirmara el fallo de primera instancia. Denuncias 4  Fueron las causas contra Astudillo. De ellas, dos fueron administrativas, el resto judiciales. Periodo Carlos Astudillo estuvo al frente de la Escuela Industrial desde septiembre de 2006 hasta febrero de 2013, cuando la institución fue intervenida. Accedió al cargo a través de un concurso. Su reemplazante fue Jorge Gutiérrez, actual directo de la institución. Fuente: Juan Facundo Olivera para Diario de Cuyo

Se trata de una plataforma que está online a partir de hoy y permitirá recabar información de la cantidad, localización e identidad de las personas que trabajan en establecimientos educativos para la organización de la logística y aplicación de las vacunas por parte del sistema de salud en todo el país. El Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Innovación Pública anunciaron hoy el comienzo del registro online del personal de establecimientos educativos para organizar el proceso de vacunación en todo el territorio nacional. El objetivo de este registro es actualizar y contar con la información real de la cantidad, localización e inserción laboral (modalidades, niveles, funciones) de personas que trabajan en establecimientos educativos, con voluntad de vacunarse, para que las autoridades sanitarias puedan organizar la distribución de las vacunas en todo el país de acuerdo a la demanda que se exprese en el relevamiento y las prioridades acordadas por el Consejo Federal de Educación (Resolución N° 386/2021).  Registrarse no implica solicitar un turno ni una reserva para aplicarse la vacuna. Una vez que las dosis estén disponibles y el cronograma de vacunación esté confirmado, las personas inscriptas recibirán una notificación de las autoridades de su jurisdicción. De acuerdo a los registros del último censo 2014 y datos 2019, la cantidad de personas que trabajan en establecimientos educativos en todo el país (en funciones con y sin designación docente) asciende a 1.458.084. Este total incluye al personal de todos los niveles y modalidades educativas, supervisores, personal de institutos del nivel superior y del sistema universitario. Las cifras se desagregarán según jurisdicción con el objetivo de programar la logística federal de distribución de las vacunas contra el COVID-19. A su vez, al interior de las jurisdicciones se estimó la cantidad de personal a vacunar en cada uno de los grupos de prioridad establecidos por resolución del Consejo Federal de Educación nro. 386/2021: Grupo 1 Personal de dirección y gestión; ii) personal de supervisión e inspección; iii) docentes frente a alumnos y alumnas de Nivel Inicial (incluye ciclo maternal), Nivel Primario, primer ciclo (1°, 2° y 3° grado) y de Educación Especial. Grupo 2 Personal de apoyo a la enseñanza; ii) todo otro personal sin designación docente pero que trabaja en establecimientos educativos de la educación obligatoria en distintas áreas y servicios Grupo 3 Docentes frente a alumnos y alumnas de Nivel Primario, segundo ciclo (4° a 6°/7°). Grupo 4 Docentes frente a alumnos y alumnas de Nivel Secundario, de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos en todos sus niveles e instructores de formación profesional Grupo 5 Docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades Las provincias de Buenos Aires, San Luis y Tucumán realizarán sus propios registros sin la utilización de esta plataforma. El desarrollo de la plataforma comenzó en noviembre 2020, momento en que se tomó la decisión de priorizar la vacunación al personal que integra las instituciones educativas. En el mismo trabajaron en conjunto los equipos de la Secretaría de Innovación Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete en coordinación con la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación y la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación. Fuente: Argentina.gob.ar Accesos: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/docentes https://www.argentina.gob.ar/noticias/comienza-hoy-el-registro-de-vacunacion-contra-el-covid-19-para-el-personal-de

25-02-2021 El lunes 22 de febrero, a través del Decreto 123/2021, se oficializó la creación del Consejo Federal para la Prevención y el abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, dentro de la órbita del Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial este lunes 22/2/2021. El nuevo organismo se crea con el fin de “establecer un ámbito de trabajo interinstitucional que garantice un abordaje integral, eficaz y articulado por parte de los distintos organismos involucrados del Estado Nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios, travesticidios y transfemicidios y de otras violencias extremas”. El Consejo estará integrado por los titulares de los Ministerios de Seguridad, de Justicia y de Derechos Humanos y de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Estos deberán dictar un reglamento interno. Además, se invita a las Provincias a incorporarse. Entre las funciones del Consejo se menciona “elaborar en forma conjunta los lineamientos para una política federal integral y unificada de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios, travesticidios y transfemicidios” y “elaborar estándares, herramientas de gestión, protocolos, guías y criterios rectores generales de actuación teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio”. Además, el Consejo deberá unificar los sistemas de registro y gestión de la información y promover mecanismos y circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos de violencias por motivos de género promoviendo la coordinación de acciones entre los organismos judiciales, de seguridad y las áreas de género con competencia en la materia a nivel nacional y local. Adicionalmente, el Consejo tendrá que promover el fortalecimiento de los dispositivos locales de asistencia integral de situaciones de violencia por motivos de género. Otra de las funciones será organizar mesas de trabajo locales con participación de los gobiernos locales, integrantes del Poder Judicial y Ministerios Públicos con competencia en cada jurisdicción, referentes de la sociedad civil, asociaciones de apoyo a las personas en situación de violencia y expertos en la materia. Asimismo, deberá redactar y elevar un informe anual de las acciones que se tomaron en las distintas provincias y en el ámbito nacional en el marco del Consejo, el que deberá ser enviado al Congreso de la Nación. El Consejo Federal para la Prevención y el abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios tendrá una Coordinación Ejecutiva a cargo de los titulares de los nombrados ministerios. Así, la Coordinación Ejecutiva convocará al Consejo, como mínimo, una vez cada 6 meses. Como modalidad de funcionamiento, adoptará un esquema de trabajo por regiones que facilite el intercambio entre sus integrantes y permita elaborar estrategias acordes a las características de las distintas provincias. Por último, en el Decreto se recomienda a las provincias “jerarquizar y fortalecer las áreas de género provinciales y promover el fortalecimiento de las áreas de género municipales responsables de la asistencia y protección integral a las personas en situación de violencia por motivos de género” como también  “mejorar los mecanismos de coordinación y criterios de actuación conjunta entre las provincias y los municipios, en especial en casos de alto riesgo, e informar de manera regular al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad sobre los recursos y lugares existentes en cada jurisdicción destinados a la asistencia y protección a personas en situación de violencia por motivos de género”. También propone que se generen mecanismos que faciliten la realización de denuncias administrativas ante casos de violencias por motivos de género que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad. Finalmente, recomienda que en los establecimientos de salud se cuente con equipos interdisciplinarios que aseguren un adecuado abordaje de los casos de violencia por motivos de género, incluyendo el registro de las intervenciones sanitarias vinculadas a estas situaciones, en articulación con los organismos competentes en la materia. Fuente: Erreius

25-02-2021 La de ola femicidios acontecidos en el país desde comienzos del año, ha llevado a colocar el foco de atención en las diferentes reparticiones estatales encargadas de prevenir estos crímenes que dejan a una mujer muerta por día. En este contexto, integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación ha tomado cartas en el asunto con el caso de Eduardo Cáceres, diputado sanjuanino por el PRO, quien esta denunciado por violencia de género. Al menos quince diputadas pidieron que la Cámara suspenda al sanjuanino Eduardo Cáceres, procesado judicialmente por “lesiones leves agravadas por el vínculo” luego de ser acusado por violencia de género por su ex pareja, y que regresó a su banca el 12 de febrero, al fin de la licencia por 60 días que había tomado cuando comenzó el proceso judicial. “Como diputadas de la Nación, tenemos el deber y la obligación de implementar todos los mecanismos necesarios para sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, señalaron las legisladoras en un escrito dirigido a la presidencia de la Cámara. El texto refiere entre sus fundamentos, además del reglamento propio del cuerpo, las convenciones internacionales ratificadas por el Estado nacional argentino y la Ley Micaela, de capacitación en género obligatoria para agentes estatales, que el procesado Cáceres propuso modificar, justamente, en cuanto regresó de su licencia. Cáceres es del Pro y las quince firmantes del pedido de suspensión revistan en el Frente de Todos. Sin embargo, los reclamos internos de intervención que generaron el regreso de Cáceres, y su intento de convertir en ley la “noción” de que “la violencia no tiene género”, son transversales, como consignaron diputadas de distintas identidades partidarias, inclusive del mismo Pro -que integra Cáceres-, en diálogo con este diario. El fin de semana, de hecho, hubo reuniones para tratar el tema, y la participación no diferenció entre bloques. “Es una mirada transversal, no política partidaria. Es de género, de nosotras. No debería ser así. Porque la violencia debiera evitarse en todos los sentidos, debiera ser de defensa de los derechos. En cuanto a las diputadas, es un tema que une a todos los bloques”, advirtió a este diario una de las participantes. De hecho, el lunes de esta semana la Secretaría Nacional de Mujeres del PRO emitió un comunicado en el que afirmó que es preciso “acompañar a quien alza su voz”. “Acompañamos a Gimena Martinazzo en su denuncia y solicitamos que el Cuarto Juzgado Correccional de San Juan se expida lo antes posible. No desconocemos que hay varones que sufren violencia, pero es desafortunado que quien presenta un proyecto en este sentido, se encuentre hoy en medio de una causa judicial por violencia de género. Pareciera ser un abuso de su posición”, señaló el comunicado distribuido por las cuentas oficiales de Pro Mujeres en redes sociales.”Denunciar no es fácil, por eso debemos acompañar a quien alza su voz y evitar impactos negativos mientras la causa avanza, que intentan llevarnos nuevamente al silencio”, añadieron las políticas. Suspender al procesado es preciso para defender “el rol que la ciudadanía nos ha asignado y la necesidad de proteger y cumplir con la legislación para erradicar todo tipo de violencia de género”, aseguran la diputada sanjuanina Graciela Caselles, las bonaerenses Jimena López, Mónica Macha, Liliana Schwindt, Liliana Yambrun, la porteña Mara Brawer, las salteñas Verónica Cáliva, y Alcira Figueroa, la jujeña Carolina Moisés, la fueguina Carolina Yutrovic, la santafesina Patricia Mounier, la chubutense Estela Beatriz Hernández, la pampeana Melina Delú, la formoseña María Graciela Parola, y la puntana Victoria Rosso. Cáceres, en tanto, se afana en agitar en entrevistas y por redes sociales su proyecto para penalizar “falsas denuncias o escraches sociales”, al que denomina “Ley Alejo”, en referencia al joven Alejo Oroño, asesinado a mediados de febrero de una puñalada por su ex novia, Nadia Navarro Montenegro. El texto ingresó la semana pasada por mesa de entradas con las firmas de otras 14 legisladoras y legisladores, todas nombres de representantes que, en sus respectivos mandatos, intentan construir sus perfiles en base a aferrarse a la agenda de oposición a derechos de mujeres, disidencias y diversidad. En la página web del legislador, renovada días atrás, la iniciativa quedó destacada como contenido único de sus “proyectos para el país”, que se diferencian de sus “proyectos para San Juan”, una pestaña algo más poblada. A principios de esta semana, entrevistado por la señal televisiva oficial de la Cámara, el diputado procesado pidió hablar de su última iniciativa, a la que definió como “un proyecto que habla de la justicia, habla de un tema tabú que es quizá la violencia de género contra el hombre”. “Sin poner el hombre arriba de la mujer, trata de equiparar en los alcances de la Ley Micaela, que es la concientización de la violencia de género hacia la mujer, para que sea la violencia de género hacia toda persona. Es decir, incluir a mujeres, varones, trans, transexuales y transgénero. Me parece algo importante porque es solamente concientizar y (está) basado en algunas estadísticas que hablan que también existe violencia bidireccional”, aseguró, tal vez en referencia a publicaciones incluidas en los fundamentos del texto, que mantienen vínculos casi íntimos con los apologistas del “Síndrome de Alienación Parental”, oficialmente definido como “falacia carente de rigor científico” en un pronunciamiento que el Gobierno dio a conocer a mediados de 2020. En la misma entrevista de Diputados TV, Cáceres también aseguró que “la misma organización de Naciones Unidas entiende y reconoce que la violencia de género se da tanto en mujeres como en hombres”. “El 30 de noviembre del 2020, se autorizó por pedido del Diputado Cáceres su desafuero y la Diputada Nacional Graciela Caselles solicitó que se lo licenciara, para que la justicia local pudiera acceder a todas las herramientas necesarias que permitieran aclarar y proceder conforme a derecho, ante la denuncia por violencia de género agravada por el vínculo realizada por parte de la ciudadana sanjuanina, Gimena Martinazzo”, recordó el pedido de suspensión de Cáceres, que añadió que luego de eso el legislador resultó procesado. Fuente: Página 12

20-02-2021 Aunque había sido condenado a prisión perpetua por su participación en los crímenes cometidos por la CNU, estaba con arresto domiciliario por su precaria salud. Desde hace unos días lo habían internado en una clínica local. Gustavo Demarchi, el ex fiscal federal general y candidato a intendente de General Pueyrredon que cumplía una condena a perpetuidad por los crímenes cometidos por la CNU (Concentración Nacional Universitaria), murió en las últimas horas a causa del Covid. La información fue confirmada por gente del entorno de Demarchi, quien permanecía internado en la clínica 25 de Mayo de esta ciudad. Demarchi había sido beneficiado con la prisión domiciliaria en diciembre de 2019 a causa de la precariedad de su estado de salud y así cumplía con la condena perpetua que le habían aplicado en el año 2016 (sin sentencia firme). Demarchi contaba con 74 años y había sido juzgado por su responsabilidad al frente de la agrupación peronista de ultraderecha de los años ’70. Se lo consideró coautor de 6 homicidios perpetrados a mediados de la década del ’70, 5 de ellos cometidos el 21 de marzo de 1975 en la sangrienta “Noche del 5×1”. En esa madrugada, como venganza del crimen de Ernesto Piantoni ocurrido el día anterior, por entonces líder de la CNU en Mar del Plata, fueron asesinados Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg. Según lo que pudo reconstruir la Justicia más de 40 años después, Demarchi había asumido la dirección de la agrupación y encabezó la masacre desde la no investigación de los hechos. Demarchi además fue condenado por la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y el homicidio calificado de la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica María del Carmen “Coca” Maggi, y por el delito de asociación ilícita. Maggi fue secuestrada el 9 de mayo de 1975 y sus restos aparecieron el 23 de marzo del año siguiente. La historia En el año 1974 Demarchi fue designado como fiscal federal general de Mar del Plata por el gobierno ya encabezado por María Estela Martínez de Perón. Su pertenencia a la CNU fue confirmada y también su rol como integrante de esa articulación como fuerza parapolicial que desplegó acciones como la del 5×1. En los años de la dictadura Demarchi fue secuestrado por el poder militar y liberado, y en el año 1983 fue candidato a intendente por el peronismo en Mar del Plata, pero fue derrotado por el radical Angel Roig. Su continuidad profesional en la ciudad estuvo ligada a su labor como abogado penalista y participó en numerosos procesos judiciales en ese rol. En 2010, al reactivarse las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad cometidos en los años ’70, fue procesado y en el mes de octubre se fugó del país hacia Colombia, tras salir por la frontera con Paraguay. El 12 de noviembre de ese año se registró su ingreso en la oficina de Migraciones de Bogotá como turista y recién al día siguiente se libró un pedido de captura desde la Justicia de Mar del Plata. En enero de 2011 pidió que se lo considerara en condición de refugiado político pero un mes después fue detenido por Interpol. En julio el presidente colombiano Juan Manuel Santos autorizó su extradición y recién en el año 2016 se realizó el juicio en el que fue condenado a prisión perpetua. Demarchi estuvo preso en la cárcel de Marcos Paz hasta que, después de varios intentos rechazados, en diciembre de 2019 le fue otorgada la prisión domiciliaria por su frágil salud. Varias organizaciones de derechos humanos reclamaron por esta situación, pero la medida jamás fue revocada porque la Justicia entendió que estaba justificada. Fuente: La Capital. Mar del Plata

De acuerdo a los Observatorios Feministas (Mumalá; Observatorio Ahora que Si nos Ven) que llevan adelante el seguimiento de casos de violencia patriarcal, en lo que va del año 2021 se han registrado más de 50 casos de femicidios, siendo el crimen hacia Úrsula Bahillo el de mayor impacto por la trama de impunidad que rodeo su caso, tras ser asesinada por su ex pareja, un policía bonaerense. En el día de hoy se confirmó el femicidio de Ivana Módica. La mujer, de 47 años, fue asesinada por su pareja y su cuerpo fue encontrado luego de la confesión del femicida, Javier Galván, tras ocho días de búsqueda en la Falda, Córdoba. ¿Hasta cuándo esta guerra silenciosa que se lleva cada un día a una mujer, trans, travesti, lesbiana, y que ahora avanza hacia las infancias? Romper el silencio impune es nuestra lucha. Pedir ayuda. No estás sola, nos apoyamos y nos cuidamos entre nosotras/es. Líneas y sitios donde recurrir si sufrís violencia de género en San Juan: -Línea Rosa Nacional: 0800 666 6351 o al 144 En San Juan: -Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género. Ubicado en esquina de Calle Rivadavia y Alem, microcentro de capital. Teléfono: 4281589 -Asamblea Ni Una Menos San Juan. -Dirección de la Mujer. Ubicado en calle 25 de Mayo 451 (oeste). Teléfono 4222713

20-02-2021 Tras darse a conocer la existencia de un «vacunatorio vip» en las instalaciones del Ministerio de Salud de la Nación, el presidente Alberto Fernández, por medio del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, solicitó la renuncia inmediata del ministro de Salud Ginés González García. El hecho se dio a conocer tras los dichos de Horacio «el Perro» Verbitsky en el programa radial «El Destape», donde afirmó : «Decidí vacunarme. Me puse a averiguar donde hacerlo, llame a mi viejo amigo Ginés González García-a quien conozco desde mucho antes que fuera ministro- y me dijo que tenia que ir al Hospital Posadas (…) Cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna». Tras los dichos, se ventiló una «lista» con otras personas del ámbito que habían recibido las vacunas en las mismas condiciones. Mientras tanto, Carla Vizzoti es la nueva ministra de Salud.