Por decreto, el Gobierno subió del 31% al 33% de las retenciones de harina y aceite de soja. Además creó un Fondo Estabilizador de Trigo. El Gobierno confirmó el aumento del 31% al 33% de las retenciones de harina y aceite de soja y la creación de un Fondo Estabilizador de Trigo, con la intención de controlar los precios domésticos, luego que el presidente Alberto Fernández declarara una «guerra contra la inflación» en el país. A través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial, el gobierno oficializó la suba de retenciones, suspendiendo hasta el 31 de diciembre un decreto de 2020 que reducía las alícuotas de exportación de harina y aceite de soja al 31% y volvió a establecer el valor del 33%. En otro decreto, el Gobierno anunció la creación un fondo «con el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos». Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja. Un alza de dos puntos en el impuesto implicaría una recaudación fiscal adicional de 425 millones de dólares para el Gobierno de Alberto Fernández, según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC). La tercera economía más grande de América Latina sufre desde hace años una elevada tasa de inflación, que en febrero alcanzó el 52,3% interanual, y apenas comenzó a recuperarse de tres años de recesión económica. «La inflación es un fenómeno histórico en la Argentina, casi una maldición con la que muchos y muchas hemos crecido. Ha sido un callejón recurrente del que pareciera ser imposible salir», dijo Alberto Fernández en un mensaje televisivo en la noche del viernes. Los ingresos provenientes de las tasas a los embarques de productos agrícolas y agroindustriales son una muy importante fuente de recursos para el Gobierno argentino. Argentina también grava los embarques del trigo y el maíz, en un 12%. En otro decreto, el gobierno anunció la creación un fondo «con el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos». La política oficial para el agro enfrentó a la gestión de Fernández con los productores agropecuarios, que sostienen una histórica tensa relación con los gobiernos peronistas debido a la tendencia de estos últimos de intervenir en los mercados. La medida generó el rechazo inmediato de diversos sectores de la industria. «Esto genera un clima de desconfianza e incertidumbre (…) Creo que va camino a una protesta nacional», dijo a La Nación+ Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el sábado tras conocerse la medida. Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) rechazó la suba de derechos de exportación para la harina y el aceite de soja por considerar que es una medida que «no tiene legalidad», desincentiva las exportaciones y atenta contra «la industrialización de la soja en el país». «Las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionar dicho derecho», dijo CIARA en un comunicado publicado en Twitter. Para intentar combatir la inflación, el Gobierno también intervino en mercados de exportación agrícolas en el 2020. El año pasado por unas semanas aplicó cupos a los embarques de maíz, mientras que las ventas al exterior de carne de res aún tienen límites. Entre las razones para tomar las medidas, el gobierno sostuvo que la invasión de Rusia a Ucrania ha afectado en forma significativa el abastecimiento global de productos agrícolas. «La nueva coyuntura internacional impone la toma de medidas urgentes que coadyuven a la estabilización de los precios internos de productos esenciales para la alimentación de los argentinos y las argentinas, así como mantener un volumen adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno», indicó el decreto. Fuente: https://www.ambito.com/

La creación de Parques Nacionales suele ser presentada como una respuesta positiva ante la crisis climática. Pero también existen aspectos silenciados: dinámicas extractivas donde intervienen megamillonarios, fundaciones, políticos funcionales e intereses globales que se imponen sobre los derechos de las comunidades locales. Prácticas coloniales con discurso verde. Por Carina Jofré* En Argentina se registra una política de creación de Parques Nacionales nacida de forma verticalista de la mano de ONGs filantrópicas conservacionistas, la mayoría con origen de fondos en Washington (Estados Unidos). Existe una iniciativa mundial para la creación de reservas naturales, pero también están presentes las resistencias a estas nuevas prácticas de conservación mundial irrumpiendo en pueblos y comunidades. El caso riojano y el Parque Nacional Famatina. El fantasma de la creación de un Parque Nacional en Famatina En la localidad de Chilecito, La Rioja, hace cinco años que la población está en alerta por los rumores de la creación de un Parque Nacional en el emblemático Cerro Famatina, sede de ancestrales luchas desde el siglo XVI y de las históricas resistencias sociales contra la megaminería iniciadas en 2006, las mismas que lograron imponer un freno a la política minera argentina en la provincia. En ese momento nació la consigna que unió a toda la población local: «El Famatina no se toca». En 2022, a 16 años de esa resistencia, los embates del neoextractivismo minero no han dejado de sentirse en localidades como Chilecito, Famatina, Vinchina y La Rioja Capital, donde las asambleas socioambientales locales alertan que existen cerca de una veintena de concesiones mineras que esperan formalizar sus prospectos en años venideros. La amenaza está latente y la población lo sabe. En ese contexto de lucha permanente por el asedio del Cerro Famatina, un proyecto de creación de un Parque Nacional prendió nuevamente la alarma en la población. Y aunque si bien la propuesta parece ir en línea con el rechazo al extractivismo minero, las estrategias de penetración en las comunidades locales para la inoculación de un “proyecto fantasma” -que nadie conoce a ciencia cierta y que nadie sabe cómo y quiénes lo propusieron- alarmaron a la población de una nueva dinámica expropiatoria más difícil de develar. En 2017 el rumor de la creación de un Parque Nacional se hizo más fuerte y se regó por La Rioja, seduciendo las expectativas de nuevas promociones turísticas y alentando ambiciones políticas para otros. En 2018, fui llamada por la Asamblea Chilecito por la Vida para ofrecer una charla pública en la comunidad de Chilecito que quería canalizar sus dudas respecto a las nuevas formas de patrimonialización en Argentina y así tratar de entender este nuevo proceso de avasallamiento que se hacía sentir con la imposición de un proyecto de creación de Parque Nacional. El proyecto era presentado a través de la cara visible del, por ese entonces, jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Marcos Peña, y de Emiliano Ezcurra, vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales (hoy director del Banco de Bosques). A nivel local, actores políticos como Paulo D’Alessandro (ex interventor del PRO en La Rioja) y Marcela Crabbe (diputada del Parlasur electa por la misma fuerza en 2015), fueron claves en la fuerza de esta propuesta llevada localmente en varias reuniones y visitas que el mismo Marcos Peña hizo a La Rioja por esa época. En una nota publicada el 9 de diciembre de 2017 por el diario La Nación se hizo pública una versión donde se intentaba instalar la idea de que la creación del Parque Nacional Famatina era una propuesta aparentemente impulsada por pobladores que fueron parte de la resistencia del Famatina No Se Toca. Ahí se empezó a alinear una supuesta narrativa de resistencia y protección, donde la creación del parque representaría una estrategia de defensa con el asecho de la minería, planteo promocionado por estas ONGs. En esa misma nota se menciona la visita a Famatina de Sofía Heinonen Fortabat, directora de, por ese entonces, The Conservation Land Trust (fundación del fallecido Douglas Tompkins), quien recorrió el lugar acompañada de actores políticos locales vinculadas a Cambiemos, como Paulo D’Alessandro y Marce Crabbe: “Ella entiende que avanzar con esta protección es la solución ‘a largo plazo’ para generar un salto propositivo para la región. Una propuesta superadora que cuida la naturaleza y promueve el desarrollo local con una comunidad integrada”, dice la nota. Una de las dudas que resonaban en Chilecito era si podían confiar en la gestión del presidente Mauricio Macri y la creación de un instrumento de protección del Famatina contra la minería. La respuesta era evidente para buena parte de la población, que además era consciente de la política de Parques Nacionales en lugares como Nahuel Huapi, donde la violencia estaba escalando a niveles de racismo genocida contra el Pueblo Mapuche. Se sumaba también la experiencia traumática que vivieron las comunidades diaguitas de Tucumán, durante la creación del Parque Nacional Aconquija en 2018, otro proyecto impulsado por estas ONGs y el gobierno de Mauricio Macri. Allí, el repudio de la Unión de Pueblos Diaguitas fue contundente frente a un proyecto “impuesto e inconsulto” con la población. El sabio mayor diaguita Marcos Pastrana visitó Chilecito también en 2019, en una charla abierta en el marco de UAC Regional (NOA-Cuyo). Allí Pastrana comunicó la difícil experiencia de creación del inconsulto Parque Aconquija y animó a la población a exigir procesos de consulta libre, previa, informada y consentida. En esos encuentros públicos en Chilecito se explicitaron elementos concretos para reconocer por qué hoy en día la patrimonialización de los territorios de vida no garantiza su protección. La patrimonialización en Argentina es un proceso jurídico por el cual el Estado declara a sitios y lugares como bienes orden público. En términos más generales, esto involucra la expropiación de territorios en favor del Estado Nacional, y su conversión en nuevos espacios de reproducción capitalista para proyectos de conservación y desarrollo. En el caso de los Parques Nacionales incentivados por estas ONGs, el proceso de expropiación del Famatina sería realizado a través de la compra del cerro y su

A nivel nacional, se destacó que de diciembre a febrero se ha registrado «una circulación en un periodo del año no habitual para el virus respiratorio Gripe A» por lo que recomendó a la población «continuar con las medidas de prevención y cuidado vigentes para Covid-19». En San Juan, especialistas hacen recomendaciones específicas, sobre todo, en relación a los niños. Rosa Contreras, jefa de Infectología del Hospital Marcial Quiroga, destacó que «hemos atendido varios casos y estamos atentos a la circulación de influenza A H3N2. Eso nos lleva tomar especial atención a los grupos de riesgo como embarazadas, puérperas, menores de 24 meses o comorbilidades (inmunocomprometidos o enfermedades crónicas) que pueden llegar a una internación». Lo que señaló especialmente es «reforzar las medidas de higiene; no relajarse en lo que venimos haciendo. La gripe se transmite por gota y por partículas y la ventilación y el uso del barbijo en lugares cerrados, con mucha gente, es esencial. A su vez, no dejar de lado en lavado de manos». En el marco de la presencialidad total en las escuelas, Contreras destacó: «les pedimos a los padres que si los chicos tienen mucosidad no los manden a la escuela; que suelen hacerlo pensando que no es nada. Es algo que tenemos que cambiar porque tenemos algo contagioso. La gripe suele tener un comienzo agudo que incluye rinitis y secreción nasal, dolor de garganta, fiebre muy alta y dolor de cuerpo. Ese cuadro dura una semana. Por protocolos, se buscará descartar COVID por precaución». Recordó que el virus de la gripe cambia todos los años por lo que la vacuna también cambia. «A fines de mes o en abril llegaría la vacuna para personal de salud y también para la población de riesgo. Pero si podemos comprar la vacuna en farmacias, nos la colocamos sin problemas», expresó. Fuente:https://www.diariolaprovinciasj.com

El aumento será del 45%, en cuatro tramos: un 18 por ciento en abril, un 10 en junio, otro 10 en agosto y un 7 en diciembre, con revisión en agosto próximo, según se acordó en la reunión del Consejo del Salario. El salario mínimo, vital y móvil aumentará un 45 por ciento este año en cuatro tramos (hasta llegar a los 47.850 pesos en diciembre), según acordaron sindicalistas y empresarios bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo, aunque las partes podrán solicitar la revisión total de lo convenido a partir de agosto próximo. Sindicalistas y empresarios convinieron un aumento del ingreso mínimo del 45% hacia diciembre en cuatro tramos: 18 por ciento en abril, 10 por ciento en junio, 10 por ciento en agosto y 7 por ciento en diciembre, con revisión en agosto próximo, según confirmaron a Télam fuentes oficiales y gremiales de las tres centrales obreras. El Ministerio de Trabajo informó que cualquiera de los dos sectores podrá solicitar a partir de agosto próximo «un nuevo encuentro para revisar el acuerdo», atento a la marcha del proceso inflacionario y a la evolución del índice salarial y de precios. Según las fuentes oficiales y gremiales, el acuerdo se alcanzó por «unanimidad», con 31 votos afirmativos y la abstención de la CTA Autónoma de Ricardo Peidro. Los 32 sindicalistas y empresarios que integran el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil deliberaron durante poco más de dos horas de manera virtual y convinieron la actualización de ese ingreso, que desde septiembre último es de 33 mil pesos. La reunión fue inaugurada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y participaron la CGT, la CTA, su par Autónoma (CTAA) y directivos de las cámaras patronales. En el último encuentro del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, realizado el 27 de septiembre, las partes habían acordado un mínimo de 33 mil pesos para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa y un valor de la hora para los jornalizados de 165 pesos. Gremialistas y empresarios habían convenido elevar el mínimo de 29.160 pesos a los actuales 33 mil en tres tramos: 9% en septiembre, 4% en octubre y 3% en febrero último, es decir, la mejora significó un aumento anual del 52,7% y, a diciembre, aplicará ahora otro 45%. Las fuentes laborales habían señalado la semana anterior la posibilidad de que el incremento del mínimo se ubicara alrededor del 40%, aunque la CGT y la CTA de Hugo Yasky sostuvieron a Télam que «es preciso un mínimo del 45». En tanto, la CTA Autónoma (CTAA), que lideran Peidro y Hugo Godoy, ratificó su «postura histórica», exigió «un primer y fuerte aumento ante el avance de la inflación y un plan progresivo para que ese ingreso no pierda más valor», por lo que se abstuvo y no acompañó la propuesta final que votaron cámaras, CGT y CTA. El monto mínimo por desempleo es de 9.167 pesos y el máximo de 15.278 pesos, y será elevado a partir del nuevo acuerdo, en tanto las sucesivas mejoras alcanzan también a más de un millón de trabajadores y beneficiarios de programas sociales. En el encuentro participaron por el sector trabajador los dirigentes Carlos Acuña, Héctor Daer, Pablo Moyano, Antonio Caló, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Sergio Romero, José Luis Lingeri, Roberto Fernández, Noemí Geminiani, Gabriela Pérez, Noemí Ruiz, Romina Santana, Peidro y Hugo Yasky, indicó Trabajo. Por los empresarios lo hicieron Daniel Funes de Rioja, Juan Etala, Julio Cordero, Guillermo Moretti, Horacio Martínez, Carlos Etchezarreta, Jorge Hulton, Ricardo Diab, Carlos Achetoni, Abel Guerrieri,. Paulo Ares, Alberto Frola, Verónica Sánchez, Javier Bolzico, Juan Gabbi y Jaime Campos, según informó la cartera laboral.. La CTA, la CGT y los empresarios votaron de forma unánime el nuevo aumento en cuatro tramos y señalaron que en «un difícil contexto se alcanzó el acuerdo», aunque las centrales obreras señalaron su pretensión de mejorarlo en agosto. La CTA Autónoma de Peidro y el estatal Hugo Godoy se abstuvo y sostuvo en un inmediato documento su «disconformidad», porque «el aumento no atiende de ningún modo la pérdida del 23,5% del salario real durante el gobierno de Mauricio Macri y del 15,5% en los últimos dos años», dijeron los dirigentes. También señalaron que «el Consejo no atendió la propuesta de la central de determinar un plan que incluya a los sectores no alcanzados por el organismo, como el personal público provincial y municipal, de casas particulares, rural y de cuidados comunitarios», y exigió un inmediato incremento del 53%. FUENTE: telam.com.ar

La sesión de debate en la Cámara alta está convocada para este jueves a las 14. Con el apoyo de la bancada opositora, el Frente de Todos confía en que el proyecto obtendrá amplia mayoría. El Senado se encamina a sancionar este jueves el proyecto de ley que autoriza al Gobierno a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el refinanciamiento de la deuda de más de 44 mil millones de dólares contraída en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri. La sesión La sesión para discutir la norma, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, fue convocada para las 14 a través de un decreto firmado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con el apoyo de la bancada opositora, el bloque del Frente de Todos (FdT) que conduce José Mayans confía en que el proyecto que avala el acuerdo con el FMI obtendrá amplia mayoría, según informaron fuentes parlamentarias de ese espacio. El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC), que conduce Alfredo Cornejo, comunicó además a Mayans que su espacio aportará los números necesarios para el quórum requerido en la apertura de la sesión. El proyecto De acuerdo al reglamento interno del Senado, la iniciativa que recibió el martes dictamen favorable unánime en la comisión de Presupuesto recién podía ser llevada al recinto la semana próxima, cuando está previsto el primer vencimiento de uno de los pagos que debe hacerse al FMI. Los senadores de la oposición se reunieron durante media hora y resolvieron luego de breves exposiciones de Martín Lousteau, Alfredo De Angeli, Humberto Schiavoni y Cornejo, habilitar el debate sobre tablas y coincidieron en la importancia de que Argentina «no entre en default» con el organismo internacional. El martes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta que preside el senador del FdT por La Rioja, Ricardo Guerra, consiguió firmar dictamen unánime de sus 17 integrantes en favor del proyecto de ley que fue sancionado por Diputados la semana pasada. Solo dos senadores del FdT, la bonaerense Juliana Di Tulio y la santacruceña Ana María Ianni, suscribieron el texto en disidencia. Senadores y diputados nacionales del FdT mantuvieron en las últimas horas una reunión con el economista y politólogo de origen belga Eric Toussaint, presidente del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Durante la reunión, que se hizo en el despacho del senador oficialista neuquino Oscar Parrilli, Toussaint analizó los principales aspectos del acuerdo del gobierno argentino con el FMI y recordó la sanción en Bélgica de la ley contra los Fondos Buitre. La norma puso freno al accionar de esos fondos al impedir que los especuladores obtengan en ese país más de lo que habían pagado para recomprar deuda, incluso habiendo obtenido una sentencia judicial a su favor en un tribunal extranjero. Del encuentro participaron, además de Parrilli, los senadores María Inés Pilatti Vergara, Guillermo Snopek y Matías Rodríguez y los diputados Paula Penacca, Gabriela Estévez, Florencia Lampreabe e Itaí Hagman. La reunión se llevó a cabo horas después de que la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta dio dictamen favorable al proyecto que avala el acuerdo. Entre los senadores que apoyaron el dictamen se encuentran los oficialistas Guerra, Edgardo Kueider (Entre Ríos), María Teresa González (Formosa), Antonio Rodas (Chaco), Maurice Closs (Misiones), Marcelo Lewandowski (Santa Fe), Carlos Linares (Chubut) y Flavio Fama (Catamarca), así como uno de sus aliados, Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro. Por JxC estamparon su firma el chaqueño Víctor Zimmermann, el riojano Julio Martínez, los porteños Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, el chubutense Ignacio Torres y el salteño Juan Carlos Romero. El texto aprobado por los senadores contiene solo un artículo en el que se indica: «Apruébase de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la ley 27612 las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el FMI para la cancelación del acuerdo Stand By celebrado en 2018 y para apoyo presupuestario». La seguridad en la zona Para la sesión de este jueves en el Senado, se colocarán vallados en las inmediaciones del Palacio Legislativo, con el objetivo de evitar que se repitan incidentes como los ocurridos la semana pasada durante el debate en la Cámara de Diputados, durante los cuales se apedrearon despachos de la Cámara alta. Fuente:https://www.telam.com.ar/

Se espera que durante los últimos días de esta semana se difunda una batería de anuncios para frenar el aumento de los precios, en especial de los commodities agrícolas. El Gobierno nacional analiza una batería de medidas para contener la inflación, en especial los aumentos en los precios de los alimentos, tras el fuerte salto que pegaron en las últimas semanas los valores de los commodities a causa del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Fuentes oficiales señalaron que las medidas serán dadas a conocer en los últimos días de esta semana. Uno de los principales temas que buscará contener el Gobierno es el aumento del precio de los alimentos, en especial del de los commodities agrícolas. El trigo, por caso, es uno de los que exhibió mayor volatilidad con impacto directo en los principales productos de consumo, ya que su precio internacional escaló de US$ 322 la tonelada un día antes de que se produzca la invasión a más de US$ 400 en la actualidad, aunque supo cotizar por encima de los US$ 500 la tonelada. Ante esta situación, el Gobierno buscó amortiguar su efecto con la concreción de un fideicomiso de 800.000 toneladas de trigo para la elaboración de harina 000 y fideos secos dentro del plan +Precios Cuidados. Además de esto, planea poner en funcionamiento otras herramientas, a partir de la obtención de recursos vía eliminación del diferencial en los derechos de exportación que beneficia a los subproductos de la soja, como los son el aceite y la harina, sin necesidad de aumentar las retenciones a los granos. Tras la suspensión del Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) concretada el domingo pasado, el presidente Alberto Fernández se reunió este lunes con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. El domingo hizo lo propio con el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán; con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y con el secretario de Comercio, Roberto Feletti. Allí analizaron una serie de medidas que se podrían anunciar en los próximos días, entre los que se encuentran la modificación del decreto con el subsidio para la exportación del aceite y harina de soja, que de esta forma pasaría del 31% al 33%, para ampliar el fideicomiso del trigo en alrededor de US$ 450 millones. Fuente:https://www.telam.com.ar/