La norma entró en vigor esta madrugada mediante la publicación del Decreto 177/2025 en el Boletín Oficial. Con esta medida, se busca anular a las grandes bandas criminales que se dedican al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas. Los detalles, en la nota. Este lunes, el Gobierno nacional promulgó la Ley 27.786, conocida como “Antimafias”, que endurece las penas para integrantes de organizaciones delictivas. De este modo, luego del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, entró en vigor esta medida que busca anular a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas. La norma quedó oficializada a través de la publicación del Decreto 177/2025, que promulga la Ley 27.786, que se considera organización criminal a un grupo de tres o más personas que operan de manera concertada para cometer delitos graves. Ley 27786 by gabrielalmendras2203 “La presente ley tiene como objeto brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de tres (3) o más que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”, destaca la normativa en su artículo 1°. De este forma, en el documento, se detalla que las investigaciones podrán ser llevadas a cabo por fiscales federales con la colaboración de fuerzas de seguridad y autoridades provinciales. Además, se endurece las penas para quien formen parte o colaboren con dichas organizaciones criminales. En ese sentido, las condenas podrían ir desde los 8 a 20 años. Asimismo, se eliminan las diferenciaciones de penas según el rol que tenga dentro de la mafia. De este modo, a partir de ahora todos los miembros recibirán condenas por igual. Es decir, desde el jefe hasta aquel miembro que recién ingresa en la organización delictiva. Esta legislación, que forma parte del paquete de medidas en materia de Seguridad del Gobierno nacional, fue aprobada con 38 vos por el Senado durante las sesiones extraordinarias. Además, en esa misma sesión, se aprobó otro proyecto impulsado por el Gobierno: la Ley de Reiterancia que pretende ponerle fin a la “puerta giratoria” de los criminales. Fuente: https://www.cronica.com.ar/

Los 485 empleados que se dedicaban a brindar ayuda estatal a zonas afectadas fueron echados o puestos en disponibilidad, y la dirección fue directamente cerrada como parte de la reducción del Estado ejecutada por Federico Sturzenegger. El temporal en Bahía Blanca, con sus devastadoras consecuencias sobre la población, dejó al descubierto la total falta de criterio de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tres días antes de que se desatara la tormenta despidió a todos los trabajadores de la Dirección Nacional de Emergencias -sus 485 empleados fueron echados o puestos en disponibilidad-  y la cerró, como parte de la reducción del Estado ejecutada por Federico Sturzenegger. La Dirección eliminada se ocupaba de dar asistencia en casos de catástrofes, enviando insumos y profesionales -médicos, psicólogos, asistentes sociales- para dar contención y atender a los damnificados. Si bien la Casa Rosada mandó a Bahía Blanca a los ministros de Seguridad y de Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, Pettovello no viajó -una decisión lógica, si se piensa en qué iba a poder hacer- y lo que despachó a la zona inundada -productos de limpieza e higiene, materiales para la construcción- llegó de la mano de las Fuerzas Armadas. En la provincia aseguran que en los aviones Hércules con los insumos de Pettovello había “80 colchones”, una cantidad ridícula para una ciudad de 300.000 habitantes donde la gran mayoría sufrió pérdidas materiales. En Capital Humano replican que fueron más, aunque sin dar números. En este momento lo que les preocupa no es tanto aclarar el punto como establecer que no mandaron alimentos, ni un kilo, a Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque quieren dejar en claro que no lo tienen. Es que a raíz de una nueva denuncia de Juan Grabois por los comedores populares, el Ministerio debe contestar, en un plazo de 48 horas, un requerimiento judicial que le exige informar qué alimentos mantiene guardados en sus depósitos. “No compramos más alimentos”, insistieron en decir ayer. Disuelta la Dirección Nacional de Emergencias, el argumento que dan en el gobierno nacional es que no hubo imprevisión: lo que pase en situaciones de catástrofe dejó de ser tema del ministerio de Capital Humano y pasó a ser tema de los ministerios de Defensa y de Seguridad, señalan. «Pasó justo, pero ya estaba decidido». La Dirección de Emergencias funcionaba en el edificio ubicado en Moreno 711 y tenía a su cargo equipos que, ante una catastrofe, viajaban a los lugares para colaborar. Para dar una idea de qué se perdió con su cierre, ayer fuentes gremiales recordaban que en la última gran situación de catástrofe ocurrida en la gestión anterior, la de los incendios en Corrientes, la Dirección llegó con asistencia en las primeras 48 horas (llevó botellones de agua, kits de limpieza, colchones, frazadas, alimentos, ropa) y apagado el fuego viajaron equipos profesionales y asistentes sociales que hicieron relevamientos y gestionaron ayudas económicas para las familias. Es decir, hubo intervención tanto en el momento de la emergencia como el posterior, para ayudar a la reconstrucción. Estas tareas fueron coordinadas con los centros de referencia locales, también eliminados por el gobierno libertario. Tras el desembargo de Bullrich y Petri en Bahia Blanca, la gobernación bonaerense le hizo llegar a Pettovello un pedido de asistencia en el que detallaron la dramática situación que atraviesan las familias bahienses y le recordaron que en los últimos dos años hubo 50 municipios afectados por inundaciones que la administración de Axel Kiciloff debió auxiliar sin respuestas de la Casa Rosada.  En Capital Humano responden a las críticas sobre el desguace del Estado doblando la apuesta: “había superposición de áreas”, dijeron ayer al defender los cierres. Agregaron que a partir de ahora, de las situaciones de catástrofe se va a ocupar el Sinagir (Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo), que depende del ministerio de Seguridad. Se supone, entonces, que Patricia Bullrich cuenta con equipos equivalentes a los despedidos de Desarrollo Social. Fuente: https://www.pagina12.com.ar/

Se trata de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que podrá utilizar la intervención de bancos públicos para «agilizar» el proceso de venta de los inmuebles. El presidente, Javier Milei, modificó este lunes a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para permitir que entidades bancarias públicas y agentes financieros participen en tasaciones y subastas, con el objetivo de agilizar el proceso de venta de los inmuebles públicos. Así lo hizo el mandatario a través del Decreto 176/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial con su firma, la del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La medida indica que «resulta necesario ampliar los medios por los cuales se realizan las tasaciones y subastas, permitiendo que las entidades bancarias públicas, o entidades que actúen como agentes financieros del Estado, puedan intervenir en dichas operaciones». De esa manera, se busca «una gestión más ágil en la administración de los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL», mientras que se modifica la normativa que «impida contar con un procedimiento eficiente para la administración y disposición de estos bienes», agrega el decreto en sus considerandos. En ese sentido, el decreto establece que el canon a pagar por un inmueble del Estado «será establecido por el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN, por entidades bancarias públicas o entidades que actúen como agentes financieros del Estado, nacionales, provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, municipales o internacionales”. Hasta el momento, la normativa indicaba que el canon solo podía ser determinado por «entidades bancarias oficiales» de manera «excepcional» y con la «previa intervención» del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Por lo tanto, con la modificación de este lunes, el trámite se puede realizar más rápidamente. La misma modificación para agilizar el proceso, a través de la intervención de bancos públicos o agentes financieros del Estado, surge en cuanto al «precio base en las ventas inmobiliarias efectuadas mediante subasta o licitación pública» y en cuanto al monto del canon a pagar por inmuebles concesionados. La venta de los inmuebles del Estado En octubre pasado, el presidente Javier Milei firmó un decreto en el que se dispone la venta, disposición o transferencia de más de 300 inmuebles en manos del Estado Nacional. Entre los ejemplos de este desprendimiento se destacó un edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en la avenida Cerviño 3101, que finalmente se vendió en diciembre. Así lo dispuso el mandatario a través del Decreto 950/24 publicado en el Boletín Oficial. La iniciativa forma parte de «las medidas tendientes a eficientizar el rol del Estado» ya que, según se fundamenta en la norma, los inmuebles en cuestión «resultan innecesarios». En esta línea, desde el Gobierno consideraron que «mantener ociosos» estos bienes «genera costos y gastos que deben evitarse». Asimismo, indicaron que desprenderse de ellos va a «ayudar a superar la crisis que enfrenta la economía de nuestro país». Concretamente, la normativa habilita a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a impulsar «los procedimientos de enajenación» de un total de 309 propiedades. En esa extensa lista hay baldíos, cocheras, terrenos ferroviarios, portuarios o industriales, plantas de silo, campos y también edificios urbanos. Fuente: https://www.eldestapeweb.com/

Las fuerzas de seguridad trabajan en las zonas más afectadas. Mientras tanto, continúan las tareas de asistencia y se suspendieron las clases. El fuerte temporal que se produjo en la ciudad de Bahía Blanca dejó, hasta ahora, 16 muertos de los cuales 12 están identificados y más de 1.400 evacuados, informó el Ministerio de Seguridad bonaerense en un parte. Además, las autoridades informaron que están buscando a dos menores (las hermanas Delfina y Pilar Hecker, de 1 y 5 años) y a un mayor. La municipalidad de Bahía Blanca, junto con la provincia de Buenos Aires, las Fuerzas Federales de Seguridad, la Armada y el Ejército Argentino, continúa con las tareas de rescate y asistencia en las zonas más afectadas por el temporal que arrasó a toda la ciudad. En total, hay aproximadamente 1.450 personas entre autoevacuados y evacuados, 1.296 que se encuentran alojados en 13 centros. Las clases de los días lunes y martes están suspendidas, y se decretaron 72 horas de duelo. Fuente: https://www.datadiario.com/

Diputados de la Coalición Cívica denunciaron ante la justicia a la hermana del presidente de ser quien coordinó las reuniones entre el Presidente y los promotores de la polémica cripto. Los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro presentaron una denuncia penal en Comodoro Py contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por «cohecho, tráfico de influencias y por infringir la ley de Ética Pública» a raíz del escándalo de las criptomonedas.   «Desde el día viernes 14 de febrero por la noche, ocasión en que se conoció la participación del mandatario en la posible defraudación a través de $LIBRA, personas vinculadas, y que han quedado señaladas, han expresado en chats privados -luego difundidos- que la denunciada era la que pedía sobornos», señalaron los denunciantes sobre Karina Milei, según informó la Agencia Noticias Argentinas.    Y consignaron que «no de los que primeros en hacerlo fue el trader Hayden Davis«, el creador de Libra.    «En la Justicia de Estados Unidos, la nombrada está acusada de ser quien coordinó las reuniones entre el Presidente y los promotores de la polémica cripto«, ampliaron los legisladores en la denuncia.  Además consignaron que «el empresario Diógenes Casares ratificó que un alto funcionario recibió dinero para que el Presidente difundiera $LIBRA. Aquí, el nombrado, por segunda vez, señala sobre el conocimiento del pago de dinero, a un integrante del Gabinete nacional, a cambio que Javier Milei hiciera el posteo en X publicitando la criptomoneda. Volvió a reiterar haber visto los chats en los que Hayden Davis aseguró haberle pagado a Karina Milei», añadieron.   «Más allá del escándalo de las criptomonedas y la participación presidencial y de su entorno, también personas ajenas a esto expusieron públicamente sus experiencias personales, sobre el rol de posible ‘cajera’ de la Secretaria General«, agregaron. Al respecto, los denunciantes expusieron: «Se puede suponer que la nombrada le dio reiteradas entradas a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos, para reunirse con el Presidente de la Nación, a todos los implicados en lo que se diera en llamar ‘Crypto $LIBRA’ y que haya sido tarifado de uno u otro modo». «Los ingresos (nueve) según registros oficiales, de Mark Hayden Davis datan del día 11 de junio del año 2024. El día 16 de julio del año 2024 ingresó nuevamente con Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy», sostuvieron los legisladores. Hayden Davis, el impulsor del token $LIBRA y quien dice tener en su poder más de U$S 100 millones que pertenecen a la Argentina fue el primero en señalar a «El Jefe»: en chats con terceros que trascendieron poco después de la estafa con la criptomoneda que involucra al Presidente, escribió que tenía “control total” sobre Milei.   “Genial, también podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción. Yo controlo a ese nigga”, escribió en esos mensajes. “Eso es una locura”, le responde su interlocutor. “Le envío $$ a su hermana y el firma lo que digo y hace lo que quiero. Una puta locura”, agregó Davis.  El exabrupto de Davis forma parte de un grupo de chats que tienen dos características importantes: por un lado, fueron escritos un par de meses atrás para ser difundidos en privado sin prever que algún día iban a ser publicados. Por el otro, el hecho de que sean varias las fuentes que están presentando los diálogos, diversos y cronológicamente separados, indica que Davis tenía en mente un modo de operación.  Karina se encuentra acusada ante la justicia en otra causa impulsada por la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, en la que recientemente pidió el secuestro de su celular, el de su hermano Presidente, y el de Manuel Adorni.   Fuente: https://www.tiempoar.com.ar

La falta de presupuesto obligó que el Ejército intercambie cuatro camionetas a cambio de insumos sanitarios para refaccionar baños. «Al horno», dijo Feinmann. A raíz de una situación que expone las dificultades presupuestarias del Estado, la Dirección de Remonta y Veterinaria del Ejército adjudicó una licitación que permite la permuta de cuatro camionetas oficiales a cambio de inodoros, bidets, griferías y cerámicos para refaccionar baños en sus instalaciones de Palermo. Licitación insólita Según el expediente EX-2025-05393930-APN-DRV#EA, bajo la Licitación Privada Nº 84/13-0083-LPR25, este ‘intercambio’ se justifica ante la falta de fondos para la obra de mantenimiento. Además, que los vehículos «ya no son de utilidad». En ese marco, las cuatro camionetas involucradas son: * Chevrolet TFR54HDL – Valor estimado: $4.047.680 * Chevrolet S10 2.8 HDI 4X4 – Valor estimado: $5.015.650 * Ford Ranger DC 4X4 XL Plus 3.0 – Valor estimado: $8.263.880  * Ford Ranger DC 4X4 Super Duty 3.0 – Valor estimado: $8.612.660  En total, fueron tasados en $25.940.000, lo que representa solo entre el 50% y el 60% de su precio original. En base a ello, surgió la incertidumbre sobre si la permuta fue una decisión acertada o si el Gobierno terminó perdiendo dinero tras la operación.  A cambio, el adjudicatario deberá entregar: 20 inodoros, 9 bidets, 22 griferías para vanitory, 620 metros cuadrados de cerámica, 14 mingitorios y otros materiales sanitario. Pese a que se destaca que los productos deben ser de «primera marca y calidad», la licitación no detalla el costo de mercado, ni siquiera la transacción fue equitativa. Fuente: https://urgente24.com/

García-Mansilla, Rosenkrantz y Rosatti se opusieron a que asuma en la Corte sin renunciar a su cargo como juez en Comodoro Py. Por estas horas, la resolución aparece solo firmada por estos tres jueces y para que sea válida falta aún la firma en decidencia de Lorenzetti, el promotor de la candidatura de Lijo.  La Corte Suprema rechazó, este jueves, la licencia de Ariel Lijo como juez federal, una instancia previa necesaria para que el magistrado pudiera asumir como integrante de la Corte Suprema. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla votaron en contra de darle la licencia y solo Ricardo Lorenzetti votó a favor. Por estas horas, la resolución aparece solo firmada por estos tres jueces y para que sea válida falta aún la firma en decidencia de Lorenzetti, el promotor de la candidatura de Lijo.  El pedido de Lijo obedeció a que la designación que establece el decreto 137/2025 es para integrar el tribunal hasta noviembre próximo y, de no contar con el acuerdo del Senado, podría tener que retomar sus funciones en el juzgado federal de Comodoro Py donde se desempeña actualmente. El magistrado estará ahora frente a una encrucijada: puede quedarse como juez federal y desechar la posibilidad de ser magistrado de la Corte o renunciar a su cargo como juez para asumir en el máximo tribunal. El riesgo de dejar su actual cargo es que el Congreso rechace su nombramiento por decreto y entonces se quedaría sin la Corte y sin el juzgado federal. En este contexto, El Destape supo que la decisión de Lijo es la de no renunciar a su cargo de juez federal en Comodoro Py y que, por lo tanto, esperará a que su pliego sea aprobado por el Senado. De este modo, no será designado en comisión como establecía el decreto de Javier Milei. Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, recibió la aprobación unánime por parte de la Cámara Federal del pedido de licencia que solicitó para poder asumir en comisión en la Corte. Los detractores de esa iniciativa sostienen que la licencia otorgada por la Cámara Federal carece de validez, ya que solo la Corte está facultada para otorgar licencias extraordinarias. Con la decisión de este jueves, el máximo tribunal no le deja a Lijo más alternativa que renunciar formalmente a su Juzgado de Comodoro Py para asumir en la Corte o esperar al acuerdo del Senado. Fuente: https://www.eldestapeweb.com

Los datos surgen del informe “Celular en el aula: uso, distracción y aprendizajes”, del Observatorio de Argentinos por la Educación y evalúa a estudiantes de 15 años. Los países con mayores niveles de distracción por usar dispositivos reportan peores desempeños en Matemática. Que la presencia de los celulares en las aulas es disruptiva no es una novedad. Que el problema es global, tampoco. Pero un estudio muestra que la situación en Argentina es más acuciante. El relevamiento indica que el 54% de los estudiantes de 15 años en el país se distrae por el uso del teléfono móvil durante la clase. Es el porcentaje más alto entre los 80 países analizados. Los datos surgen del informe “Celular en el aula: uso, distracción y aprendizajes”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, a partir de respuestas de quienes participaron en las últimas pruebas PISA en 2022. Los datos muestran –como era de esperarse- una correlación entre la distracción por el uso del celular y el mal desempeño en Matemática. “Los países con más estudiantes distraídos tienden a obtener puntajes más bajos. Argentina (54%), Uruguay (52%) y Chile (51%) tienen los niveles más altos de distracción y desempeños relativamente bajos, mientras que Japón (5%) y Corea del Sur (9%) presentan baja distracción y altos puntajes en Matemática”, contrastó el informe. Pero no es solo el celular: los autores señalan que “hay factores como la regulación del uso de la tecnología, las estrategias pedagógicas y el nivel socioeconómico de los estudiantes que pueden influir en esta relación”. Online en clase Lo que sí tienen en común las mediciones en los distintos países es que en casi todos creció el uso diario del celular en la escuela. Y los resultados evidencian que en los países con más restricciones al uso de celulares en la escuela los niveles de distracción tienden a ser menores. Japón, Corea del Sur y Macao (China) combinan bajas tasas de distracción con mayores restricciones al uso de dispositivos en las aulas. El relevamiento también reportó cómo impactan las notificaciones y la presión por estar online durante las clases. De los países participantes en PISA, Estonia (41%), Palestina (39%), Arabia Saudita (38%), Jordania (38%) y Argentina (38%) registran la mayor proporción de estudiantes que nunca desactivan las notificaciones en clase. Por el contrario, Turquía (15%), Irlanda (15%), Japón (13%) y Corea del Sur (9%) muestran los valores más bajos. Un dato extra: Argentina fue el único país de los diez latinoamericanos evaluados en el que el porcentaje de mujeres que se sienten presionadas para responder mensajes es mayor al de varones. Argentina, en el podio “Argentina lidera por casi 10 puntos porcentuales el podio latinoamericano de notificaciones activadas durante las clases. El hecho de que ‘solo’ el 54% de los adolescentes de 15 años usaran su celular todos los días en la escuela sugiere que si más estudiantes hubieran tenido más celulares disponibles, los valores en distracción y/o rendimiento habrían sido peores”, apuntó Andrea Goldin (CONICET y Laboratorio de Neurociencia, Universidad Torcuato Di Tella), una de las autoras del informe junto con María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén (Observatorio de Argentinos por la Educación). “De esto se desprenden dos posibilidades –señaló Goldin- fomentar la prohibición de uso de dispositivos en las escuelas o, en cambio, dedicar tiempo a acompañar a los adolescentes en el aprendizaje del uso, con autonomía y responsabilidad de estas herramientas que actualmente tienen a mano y que, sin dudas, seguirán usando en el futuro”. “Las investigaciones son contundentes: la presencia del celular en el aula tiene efectos distractivos y perjudiciales. Si acordamos limitar su uso a momentos puntuales donde la actividad lo justifique, surge un desafío importante: ¿cómo se gestiona y controla el no uso? Esto nos lleva a la necesidad de definir políticas institucionales claras. ¿Dónde se custodian los dispositivos? ¿Se recogen en una caja o bolsa? ¿Quién asume la responsabilidad de esa tarea?”, se preguntó Fabio Tarasow, coordinador del Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías (PENT) de Flacso. Y agregó: “Sin estrategias institucionales bien definidas y un respaldo activo a docentes y directivos para implementarlas, el problema persiste”. «Estamos atravesando un período de turbulencias psicosociales incubadas por la presión del FOMO (miedo a perderse algo), la insana socialidad digital, en donde los que más sufren son las infancias y adolescencias”, alertó Alejandro Artopoulos, director del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés. “Pero no hay que perder de vista que la escuela debe asumir la responsabilidad de dotar a nuestros chicos de las capacidades para sus proyectos de vida y ejercer la ciudadanía digital con autonomía. Regular el uso –aclaró- no es sinónimo de abstinencia”. Fuente: https://www.tiempoar.com.ar