Una investigación especial revela que el objetivo del Gobierno es la lenta muerte del plan que con la ayuda del Estado permitía a jóvenes con pocos recursos completar su formación profesional.
Johana no trabaja, tiene 20 años y estudia para ser maestra jardinera de niños con discapacidad en el instituto Carolina Tobar García. El Plan Progresar, programa impulsado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2014 e instrumentado con Anses para que jóvenes desempleados, contratados informalmente o con salarios por debajo del mínimo vital y móvil pudieran completar su formación merced a una ayuda económica del Estado, es el único ingreso que tiene para asegurarse la posibilidad de adquirir apuntes. Sin embargo, fue suspendida del plan.
Micaela fue mamá a los 18 años. Ahora tiene 23 y cursa el tercer año de Radiología en el Instituto Ramón Carrillo. Manifiesta que, sin el dinero, no va a poder terminar su último año de carrera. Ya es el segundo año consecutivo en que la dan de baja.
Al igual que ellas, miles de estudiantes rebotan como pelotitas de pingpong entre las ventanillas del banco y las oficinas de Ansés, sin respuesta. El proceso de bajas masivas se desató hace un mes: en la fan page del plan, cuya administración asume el Gobierno nacional a través de Facebook, se publican cientos de consultas por suspensiones diarias pero nunca una respuesta oficial. En el muro, sobreabundan publicaciones propias sobre los potenciales beneficios que la Casa Rosada otorga a los estudiantes, mientras que los pibes desahuciados aprovechan el espacio para pasarse solidariamente los pocos datos que tienen. Todos, suspendidos sin ninguna razón.
El titular de Ansés, Emilio Basavilbaso, mantuvo un contacto con los responsables de la publicación y desmintió que se estuviera produciendo un cierre del plan por goteo. “De ninguna manera se están dando bajas masivas ni se plantean recortes del plan”, dijo el funcionario.
Sin embargo, desde las universidades del conurbano, advierten que los estudiantes experimentan “frustración” y “desgano” cuando dejan de percibir el beneficio, además de la bronca. “Aunque no cierren el programa de forma inmediata, lo vacían con estas prácticas que estrangulan la demanda del beneficio”, sostuvo un dirigente estudiantil.
Según revela Kamchatka, frases como “errores en la carga de datos”, que “no se cumple con el requisito de aprobar dos materias anuales como mínimo” o, incluso, la derivación de la responsabilidad en los establecimientos educativos por no enviar la información académica correspondiente se convierten en muletillas ante cualquier canal de comunicación para reclamos.
Ante las nuevas suspensiones aleatorias, irregularidades en el pago, imprecisiones en las respuestas a solicitudes y falta de atención a los alumnos damnificados, la revista realizó una encuesta exclusiva para los usuarios del beneficio. En 48 horas, fue respondida por 480 personas de todas las provincias del país. La alta premura en la respuesta da cuenta de la importancia de este aporte económico mínimo para los estudiantes que están tratando de salir adelante.
De los 480 consultados, 433 sufrieron la suspensión del plan aleatoriamente. Al 24% le sucedió este año por primera vez y para el 48,5% es la segunda vez en 12 meses. Del 76,2% a los que se les interrumpió el pago el año pasado, a más del 50% no se les pagaron los meses interrumpidos, inclusive cuando el 25% presentó reclamo formal ante Anses.
Además, alrededor del 30% del total de los consultados nunca recibió el monto retenido de 1600 pesos, una suma que se entrega en junio y julio contra presentación de la certificación de la regularidad en la cursada. Al no abonarla, el gobierno elude el giro de aproximadamente 400 millones de pesos. Todo esto, sumado a que el 23,7% reconoce una modificación en el medio de pago sin aviso previo: se vuelve para algunos el cobro del plan una proeza al no saber dónde reciben el dinero.
Por otra parte, sale a la luz que existen distintos valores a la hora de cobrar: el 3,4% recibió como máximo menos de 700 pesos por mes, mientras el 4,3% más de 720. El 92.3% cobra entre 700 y 720. El Gobierno se jacta a través de la página oficial diciendo que “Progresar cumple dos años” y abona “$900 por mes para estudiar” (sic).
El plan Progresar toma como beneficiarios a estudiantes regulares de 18 a 24 años que cursen nivel primario, secundario, terciario o universitario, y exige una cantidad de materias aprobadas por ciclo. Pueden solicitarlo sólo quienes habiten un hogar en el que se cobren menos de 3 salarios mínimos vitales móviles por mes. No pueden ser beneficiarios de ningún plan más, ni pensionados.
