Miles de personas protestan en Costa Rica contra el recorte presupuestario a las universidades públicas
Miles de estudiantes, sindicalistas y activistas sociales se movilizaron por las calles de la capital costarricense para manifestarse en contra del recorte presupuestario a las universidades públicas impulsado por el gobierno de la presidenta Laura Fernández.
Video aéreo de la multitudinaria marcha que salió de la Universidad de Costa Rica, pasó por el Mall San Pedro y ya va camino a la Plaza de la Democracia. Universidades públicas y organizaciones sociales se manifiestan hoy.
— Culturacr.net Noticias (@culturacr) October 20, 2026
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La marcha, que recorrió San José hasta llegar a las instalaciones de la Asamblea Nacional, expresó su rechazo a la reducción de casi 18 millones de dólares del Fondo Especial para la Educación Superior. De acuerdo con los manifestantes, esta disminución afectará de manera directa los programas de becas y reducirá los cupos de admisión para nuevos estudiantes.
Estamos aquí en la defensa de nuestra educación, de nuestro futuro y de nuestro presente. Sin universidad pública el país no prospera, el país no se desarrolla, afirmó Mariel Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Por su parte, María Carballo, estudiante de la Universidad Nacional, enfatizó que las demandas de la comunidad universitaria responden a «derechos básicos» y no a solicitudes caprichosas, advirtiendo que aunque en administraciones pasadas ya se habían aplicado recortes, «nunca se había llegado a este punto».
Creciente malestar social
Durante el recorrido, las y los manifestantes portaron pancartas con consignas como “No somos un gasto que recortar” y “A la paciencia del pueblo también le recortaron el presupuesto”.
Esta multitudinaria marcha se suma a una serie de movilizaciones recientes en contra de la mandataria conservadora, quien asumió el cargo en mayo y ha sido cuestionada por diversos sectores sociales y políticos.
Entre sus iniciativas más polémicas se encuentra una propuesta de reforma al Poder Judicial —al que la ejecutiva señala de inacción ante el aumento de la violencia vinculada al crimen organizado—, proyecto que la oposición considera un riesgo para la imparcialidad y la independencia de la justicia en el país.
